Jurisprudencia

Los camaristas remarcaron que “el enfermo debe darlo antes de que la práctica médica sobre su cuerpo se concrete, sin presiones que vicien su expresión de voluntad libre (art. 897 del Cód. Civil, discernimiento, la intención y la libertad)”, debido a que “tanto la información sesgada o cuando habiendo alternativas -que harían que el paciente desistiera del acto-, no han sido informadas o, cualquier forma de presión médica o administrativa debidamente comprobadas, invalidarían el acto”.

A su vez, los magistrados remarcaron que “la jurisprudencia tiene resuelto que de tenerse por acreditado que la información no se brindó o no se brindó del modo suficiente, de manera que el paciente no hubiese decidido la operación en tales circunstancias, debe demostrar que la incapacidad resultante por la que se reclama es mayor que la que hubiese sufrido de haber rehusado la vía elegida por el médico”.

Tras remarcar que “la llamada doctrina del consentimiento informado sostiene que el médico cirujano responde por las consecuencias dañosas sobrevinientes, aunque no haya habido mal arte en la práctica médica, porque el estándar es objetivo”, los magistrados sostuvieron que “lo que debe analizarse es si una persona prudente puesta en lugar del paciente, que ha sido debidamente informada de todos los peligros significativos de la práctica que se le aconseja, hubiera decidido rechazar o no el tratamiento médico que se indica”.

En la sentencia del 18 de noviembre del presente año, la mencionada Sala explicó que “el consentimiento informado tampoco libera al profesional de las consecuencias de una conducta negligente o imprudente, pero sí lo exime de responsabilidad por la ocurrencia de un riesgo informado al enfermo y que ocurriera pese a la buena práctica”.

En base a lo expuesto, y teniendo “probado en el caso que N. R. y P. E. L., quien estuvo presente y firmó como familiar o acompañante en el acto, fueron informados de las circunstancias que rodeaban la operación”, los jueces resolvieron que “no se configura responsabilidad alguna por la que pueda reclamarse”, ya que “no se trató de una situación de urgencia, sino programada lo cual brinda la posibilidad y el tiempo para la reflexión sobre su conveniencia”.

Consideran que la Prueba Testimonial Resulta Suficiente para Acreditar las Horas Extras Trabajadas en Exceso de la Jornada Máxima Legal

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo de horas extras laboradas en exceso de la jornada máxima legal, al considerar que la prueba testimonial producida por el trabajador resultaba suficiente para demostrar que había realizado trabajos en exceso de la jornada legal.

En la causa “Giacoponello Claudia Estela c/ Jardin del Pilar S.A. s/ despido”, la actora apeló la sentencia de grado que rechazó su reclamo sobre las horas extras realizadas en exceso de la jornada máxima legal.

La recurrente había intimada a su empleador a abonar las horas extras realizadas los días sábados, domingos y feriados como también las realizadas los días de semana.

Los jueces que integran la Sala X explicaron que “las horas extras constituyen un hecho más que debe ser probado por quien afirma su existencia y como hecho que es, le son aplicables las normas de la Ley Orgánica que se refieren a la prueba”.

Los camaristas sostuvieron que “ninguna norma adjetiva impone que la valoración deba ser realizada con mayor estrictez o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para demostrar cualquier otro hecho litigioso”.

En base a ello, la mencionada Sala concluyó que “la prueba testifical producida en autos resulta suficiente para demostrar que la actora realizó trabajos en exceso de la jornada legal (arts. 90 L.O.y 386 C.P.C.C.N.)”.

Al pronunciarse en tal sentido, los jueces sostuvieron que “los testigos propuestos por la parte actora (Martínez -fs. 206-, Augusto -fs. 222-, Negri -267-) resultan concordantes en afirmar que la actora prestaba tareas de lunes a viernes de 9 a 18 hs., que este horario se extendía hasta después de las 18 realizaba entrevistas a los clientes y que efectuaba guardias los días sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs. y que estas guardias eran determinadas por la propia demandada”.

En la sentencia del 31 de octubre del presente año, los jueces remarcaron que “las declaraciones testimoniales merituadas provienen de compañeros de trabajo de la actora que han tomado conocimiento directo de los hechos que relatan, lo cual me lleva a desestimar las impugnaciones formuladas por la demandada y a otorgarles valor probatorio a sus dichos puesto que incluso no se advierten -en general- contradicciones ni imprecisiones entre los testimonios”.

A raíz de lo anteriormente explicado, los jueces consideraron que “al hallarse acreditado que la actora laboró en exceso de la jornada máxima legal (art. 1º ley 11.544) corresponde modificar el fallo y condenar a la demandada a abonar las horas extras demostradas”.

Impiden al Fisco Requerir el Pago de la Tasa de Justicia a los Letrados a Pesar de que la Alícuota del Pacto de Honorarios Supera el 20 Por Ciento
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que aunque la alícuota del pacto de honorarios supere el 20 por ciento, corresponde dejar sin efecto lo relativo a la facultad del Fisco de requerir el pago de la tasa de justicia a los letrados de la parte actora si aquellos pactaron expresamente en el pacto de honorarios que estaban eximidos de responsabilidad por las costas.

En el marco de la causa “Cuevas César Nicolás c/ Reali Alejandro Juan Rubén y otro s/ beneficio de litigar”, la juez de grado admitió en forma total la franquicia requerida por el actor, pero con sustento en el artículo 4 de la ley 21.839, le hizo saber al representante del Fisco que, al superar el convenio de honorarios presentado en autos el tope del 20% establecido en la norma citada, le podrá reclamar a los letrados del promotor del incidente, el pago de la tasa de justicia.

Al pronunciarse en tal sentido, la magistrada de grado destacó que la estipulación entre las partes, referida a la eximición de los profesionales al pago de las costas, no puede serle impuesta al legitimado por ley para reclamar la cancelación del sellado.

Los jueces que integran la Sala G, explicaron ante la apelación presentada por los letrados, que “no obstante la alícuota del 30% convenida entre el cliente y los letrados, al encontrarse expresamente eximidos los últimos de la responsabilidad de las costas que se deriven del reclamo (v. cláusula cuarta del convenio de fs. 32), la entidad recaudadora ha expresado que en supuestos como el de autos, ha dejado de propiciar en sus dictámenes la exigibilidad del pago de la tasa de justicia a los profesionales, en razón del precedente de la CSJN, citado por los quejosos en la expresión de agravios”.

En base a ello, en las sentencia del 22 de noviembre del presente año, decidieron dejar sin efecto lo relativo a la facultad del Fisco de requerir el pago de la tasa de justicia a los letrados de la parte actora.

Destacan Exigencia de Fundamentación Adecuada de Toda Providencia Denegatoria
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una resolución de primera instancia que la solicitud, en los términos del artículo 260 inciso 2 del  Código Procesal, de la producción ante la alzada de la prueba confesional, al considerar que dicha apertura a prueba pretende garantizar el cumplimiento del principio constitucional de la defensa en juicio y actuar como contrapeso de la inapelabilidad que instituyen los artículos 379 y 386, del Código Procesal en materia probatoria.

En el marco de la causa “Fernández Fabio Héctor c/ Bodo Roberto s/ds. y ps.”, la parte actora había solicitado en los términos del artículo 260 inciso 2 del Código Procesal, la producción en la alzada de la prueba confesional que fue desestimada por el juez de grado.

Los jueces que componen la Sala M sostuvieron que “la apertura a prueba que dispone el artículo 260 del citado código con relación a aquellas medidas que hubieren sido denegadas en primera instancia, pretende garantizar el cumplimiento del principio constitucional de la defensa en juicio y actuar como contrapeso de la inapelabilidad que instituyen los artículos 379 y 386, del Código Procesal en materia probatoria”.

Tras remarcar que en autos se trata de determinar la ocurrencia del hecho que fuera negado por el demandado, los camaristas explicaron que “la apertura a prueba armoniza con la garantía de la defensa en juicio y no obstante el lacónico texto en el cual se fundó la petición en estudio, aquélla debe ordenarse ante la menor duda acerca de la posibilidad de emitir un pronunciamiento injusto, de atenerse únicamente a los elementos de juicio ya agregados en la causa”.

A su vez, los jueces resaltaron que “no  puede dejar de señalarse que al desestimar la prueba confesional, la Sra. Juez "a quo" lo hizo, sin pronunciarse sobre si la misma le resultó manifiestamente improcedente, superflua o dilatoria respecto de la pretensión procesal esgrimida circunstancia que afecta la exigencia de fundamentación adecuada de toda providencia denegatoria”.

En base a lo expuesto, y garantizando debidamente el derecho de defensa, la mencionada Sala concluyó en que corresponde admitir el planteo formulado por la parte actora, citando al demandado a absolver posiciones en esta instancia.

M. 158. XLV.
M. 140. XLV.
RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
19.982/05).
-1-
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
Vistos los autos: “Machado, Jorge José c/ Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte. 19.982/05)”.
Considerando:
Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos
expuestos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen que
antecede, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de
brevedad.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia
apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a
fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento
con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal.
Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI (según su
voto)- CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI -
CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA
VO-//-
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M. 158. XLV.
M. 140. XLV.
RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
19.982/05).
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y
DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1º) Que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, en sesión plenaria y por
mayoría, impuso al actor la sanción de exclusión de la matrícula:
(i) en razón de haberse violado los arts. 6º, incisos a y e, 44,
incisos a, g y h de la ley 23.187, y los arts. 10, inciso a, 19,
inciso a, 22, incisos a y b, y 26 y 27 del Código de Ética; y
(ii) en función de lo preceptuado en los arts. 45, inciso e,
apartado 2º, y 47, párrafo 3º, de la ley 23.187, y en los arts.
26, inciso b, y 27 del Código de Ética.
Para así decidir, tuvo en cuenta, primordialmente, que
el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 había impuesto al actor la
pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y la
inhabilitación especial por el mismo tiempo, por el delito de
estafa en grado de tentativa —sentencia que se encontraba firme—.
Ponderó, asimismo, que “el delito fue cometido en el ejercicio de
la profesión” y que la conducta examinada comportaba una grave
infracción tanto a las normas que rigen la abogacía, cuanto al
decoro y a la ética profesional. A ello añadió que el actor no
tomó los “mínimos recaudos de identidad respecto del reclamante
de los servicios profesionales”, ni tampoco “la precaución de
hacer un acuerdo, o, al menos, firmar un escrito simple en el que
se volcaran las condiciones del arreglo”. Al mismo tiempo,
remarcó que “…tratándose de cheques en los que no figura como
beneficiario el portador, deben extremarse las precauciones de
atención del caso […] la Ley Nº 24.452, la que resultó
complementada por el dictado de la Ley Nº 24.760, leyes éstas que
deben reputarse conocidas por un especialista del derecho. Tales
reformas hicieron perder al portador la calidad de legitimidad
para actuar…”.
-4-
Contra esa decisión, el actor interpuso recurso
directo de apelación en los términos del art. 47 de la ley
23.187.
2º) Que la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la
sanción.
Tras desestimar las defensas de prescripción de la
acción y de caducidad temporal para el dictado de la decisión
apelada, sostuvo, en cuanto aquí más interesa, que: (a) el art.
10 del reglamento de procedimiento del tribunal de disciplina
exige la celebración de una audiencia de vista en función de la
prueba recibida, pero dicha audiencia no resulta necesaria
cuando, como ocurre en este caso, sólo se ordenó la agregación de
prueba documental y se denegó la producción de prueba testimonial
ofrecida por el actor, sin que se haya replanteado su
reproducción en la alzada; (b) las sanciones impuestas por el
tribunal de disciplina remiten a la definición de faltas
deontológicas es decir, infracciones éticas más que jurídicas, en
cuyo diseño no juegan enunciados generales, que si bien no
resultarían asimilables en un sistema abstracto fundado en una
situación de supremacía general cabe perfectamente bajo un
régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la
disciplina interna de la organización como por la cercanía moral
de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado,
interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos; (c) la
subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de
la infracción es, como principio, resorte primario de quien está
llamado a valorar comportamientos que precisamente puedan dar
lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión
judicial a las hipótesis en que ha mediado indefensión o la
decisión resulte manifiestamente arbitraria.
3º) Que contra ese pronunciamiento, el actor interpuso
recurso extraordinario, que fue concedido en cuanto se halla en
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Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
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juego la interpretación de normas federales y denegado respecto
de la arbitrariedad alegada, lo cual dio lugar al recurso de
hecho M.140.XLV.
4º) Que, en cuanto aquí importa señalar, el actor
sostiene la nulidad del procedimiento llevado a cabo en el
Tribunal de Disciplina y del acto sancionatorio, sobre la base de
dos pilares argumentativos que habían sido expuestos con claridad
ante la cámara. En efecto, por un lado señala que está
debidamente probado que la audiencia de vista de causa no tuvo
lugar durante el desarrollo del procedimiento ante la sala
interviniente de aquel tribunal. Por otro lado, expresa que a
pesar de que ello fue así, todos los miembros de ese tribunal que
estuvieron presentes en la sesión plenaria, afirmaron que dicha
audiencia se había producido y que en su transcurso se había
escuchado la cinta magnetofónica.
5º) Que el recurso extraordinario es admisible, en
tanto el referido agravio del actor configura cuestión federal
pues se relaciona con la violación de las garantías
constitucionales de defensa en juicio y debido proceso adjetivo
consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional.
6º) Que resulta útil poner de relieve que al apelar la
decisión sancionatoria, el actor, con invocación del art. 10,
inciso e, del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de
Disciplina, planteó “la nulidad de la sentencia por inexistencia
de vista de causa”. Dicha disposición prescribe que “A las
audiencias fijadas deberá concurrir personalmente el letrado
denunciado bajo apercibimiento de que la incomparecencia
injustificada podrá ser considerada presunción en su contra —
salvo prueba en contrario…”.
El actor señaló que, durante la tramitación del
procedimiento, el Tribunal de Disciplina soslayó el cumplimiento
de un recaudo esencial determinado por la reglamentación
-6-
aplicable, como es la referida audiencia de vista, con afectación
del debido proceso adjetivo, toda vez que el acto así dictado se
encuentra viciado de nulidad.
Sin perjuicio de tales fundamentos, alegó que el acto
sancionatorio contenía una falsedad al afirmarse que “se deja
constancia que todos los abajo firmantes hemos escuchado la cinta
magnetofónica de la audiencia de vista de causa que se celebrara
en la Sala III”, dado que en la causa disciplinaria no se celebró
dicha audiencia; además —indicó—, él no fue notificado ni
anoticiado de su existencia. Enfatizó, asimismo, que como no se
trata “de una sanción menor sino de la máxima sanción”, los
integrantes del Tribunal de Disciplina “debieron efectuar el
máximo análisis diligente de la causa y del procedimiento”.
A partir de esas premisas, concluyó en la siguiente
afirmación: “…sin norma previa autorizante, el Tribunal omitió la
audiencia de vista de causa, y posteriormente, falseó su
existencia. Ello, vicia el procedimiento de nulidad y viola el
debido proceso” (fs. 107/125).
Al contestar el traslado de la apelación, el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal manifestó que la
audiencia de vista de causa no se realizó porque era innecesaria,
ya que no había testimonios y “bastaba con la prueba instrumental
aportada para evaluar los hechos” (fs. 145/151). La misma
posición fue reiterada al contestar el recurso extraordinario
(fs. 183/190 vta.).
7º) Que si bien es cierto que las facultades
disciplinarias conferidas al Colegio Público de Abogados por la
ley 23.187 persiguen el objetivo de asegurar el correcto
ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación
profesional (Fallos: 318:892; 321:2904), ello no lo habilita a
actuar de manera irrazonable, con desconocimiento de las reglas
procedimentales establecidas al efecto.
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Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
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8º) Que de la reseña que ha sido efectuada en los
considerandos precedentes, se advierte, por un lado, que la
cámara no ponderó adecuadamente el planteo del actor sobre la
inexistencia de la audiencia de vista de causa, y, por otro, que
el demandado se limitó a reconocer en forma tardía que el
Tribunal de Disciplina no había realizado la audiencia de vista
por resultar innecesaria, soslayando toda explicación de la razón
por la cual, a pesar de ello, dejó expresa constancia de su
realización al dictar el acto sancionatorio. Esa conducta
comporta una clara inobservancia de las elementales garantías
constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso
adjetivo, imprescindibles para el ejercicio de la facultad
disciplinaria que ha sido atribuida por la ley 23.187, que podría
afectar la validez del acto sancionatorio impugnado y del
procedimiento que lo precedió.
Tales circunstancias no fueron ponderadas debidamente
por el tribunal a quo, el cual, sobre la base de consideraciones
genéricas, convalidó la actuación del Tribunal de Disciplina,
que, como se vio, compromete las referidas garantías
constitucionales.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, con el alcance indicado, se hace lugar a la queja, se
declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto
la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal
de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte un
nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja
al principal, notifíquese y, oportunamente, remítase. RICARDO
LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
Recurso de hecho interpuesto por el Dr. Jorge José Machado, con el patrocinio
del Dr. Pedro Aberastury.
Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Jorge José Machado, con el
patrocinio del Dr. Pedro Aberastury.
-8-
Traslado contestado por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal,
representado por el Dr. Eduardo González Ocantos.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III
Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F.
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Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la
Nación ingrese a:
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/monti/feb/4/m_jorge_m_158_l_xlv.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/definitivos/3/machado_jorge_m_140_l_xlv.pdf

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Trámite del juicio. Art. 53 Ley 24.240 (texto según Ley 26.361). Interpretación. Facultades del juez. Ausencia de pedido expreso del interesado de imprimir al proceso un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo. Irrelevancia. Exigüidad de los plazos dispuestos para la tramitación de un proceso sumarísimo. Aplicación de la excepción prevista por el Art. 53 LDC. Tramitación del juicio por la vía ordinaria

“La ley 26361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08, que resulta modificatoria de la ley 24240, en su artículo 26 sustituyó al art. 53 antes referido, disponiendo que se aplicaría el proceso de conocimiento más abreviado, a menos que, a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Tal norma resulta de orden público (art. 65 ley 24240). Esta modificación importa la facultad del juez para otorgarle a procesos en los que se reclama con base en la ley de defensa al consumidor -N° 24240- y a pedido de la parte, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual.”

“…aún cuando no media pedido expreso del interesado, este Tribunal juzga debidamente fundadas las razones invocadas por el sentenciante de grado para que en autos se siga el trámite del juicio ordinario. Ello, en tanto se estima manifiesto que los breves plazos dispuestos para la tramitación de un proceso sumarísimo, resultan exiguos en un proceso de la índole de la especie. Tales consideraciones hacen que sea prudente aplicar en el sub lite la excepción prevista por el art. 53 ley 24240, sustituido por el art. 26 de la ley 26.361, confirmando que el presente juicio tramite por la vía ordinaria (conf. esta CNCom, esta Sala A, 30.12.10, "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco Itaú Argentina SA s/ Sumarísimo"; íd, 2/10/09, "Campos Guillermo Osvaldo c/ Equity Trust Company (Argentina) SA s/ ordinario").”

 

Despido y carga de la prueba

El Colegio de Abogados tiene que probar si discrimina o no
La Corte Suprema consideró que la prueba sobre un despido no discriminatorio debía producirla la parte demandada. El caso fue planteado por una mujer que interpuso un amparo contra el Colegio Público de Abogados de la Capital para que se declare nula su desvinculación y se la reinstale en su puesto de trabajo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de Cámara que había rechazado el amparo de una trabajadora, contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que se declare la nulidad de su desvinculación y se la reinstale en el cargo. La actora sostuvo que el despido era discriminatorio pues obedecía a su vinculación con la actividad sindical.
El Alto Tribunal sostuvo que en los supuestos de despido discriminatorio "resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia".
En consecuencia, "corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación", precisó luego el Máximo Tribunal. Además, señaló que "la evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa".
La decisión de la Corte fue adoptada con el voto de los Ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
En el caso, una mujer interpuso un amparo por despido discriminatorio, contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), y solicitó la nulidad del distracto y la reinstalación en su cargo. La actora sostuvo que el motivo real de la desvinculación era su conexión con la actividad sindical.
La Cámara del Trabajo rechazó el reclamo de nulidad del despido y el pedido de reinstalación en el cargo pues consideró que no existía discriminación y que el esfuerzo para probar lo contrario debía recaer únicamente sobre la trabajadora. Entonces, la demandante interpuso un recurso extraordinario.
Para comenzar, la Corte realizó un extenso análisis de la normativa internacional sobre discriminación y destacó que según la OIT "uno de los problemas de procedimiento más importantes" es el relativo a la carga de la prueba respecto del motivo discriminatorio y que esto "puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido".
Luego, el Máximo Tribunal indicó que las normas internacionales y el bloque de constitucionalidad ratificaban la "necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y, ciertamente, su interpretación y aplicación, deben atender, y adecuarse, a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos".
Asimismo, dicha normativa "pone de relieve los serios inconvenientes probatorios que regularmente pesan sobre las presuntas víctimas, nada menos que en litigios que ponen en la liza el ominoso flagelo de la discriminación, cuya prohibición inviste el carácter de ius cogens", enfatizó el Alto Tribunal.
Acto seguido, la Corte explicó que en caso de despido por discriminación a la actora le bastaba con probar indiciariamente los hechos en que sustentaba su pretensión, mientras que correspondía " al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación"
Dicho eso, el Máximo Tribunal señaló que tal solución "no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio un acto pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquella la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido".
"Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión de la carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto, al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique descartar el prima facie acreditado", precisó el Alto Tribunal.
Por lo tanto, la Corte Suprema admitió el recurso extraordinario interpuesto por la trabajadora del CPACF y revocó la sentencia de Cámara que había rechazado la petición de nulidad del despido y reinstalación formulada por la mujer, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde con la doctrina elaborada en este fallo judicial.
"Pellicori Liliana S. c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/amparo".-


Exorcizando la Prueba en el Mobbing - Acoso Laboral.

Ref. Doctrina. Exorcizando la prueba del mobbing. La prueba en el Mobbing. Testigos. La prueba por excelencia en el mobbing o acoso laboral. Daños. Acontecimientos. Comportamientos. Cómo debemos probar. Medios ordinarios de prueba. Pruebas dinámicas. Presunciones. Indicios. Por la Dra. Alicia Apreda.


Introducción

Como principio general antes de adentrarnos en la temática propuesta debemos definir que es la prueba. Prueba es el andamiaje que definimos, la estructura donde asentaremos el argumento de nuestra verdad, de nuestra proposición o el suceso de un hecho.

Es importante destacar, que la mirada del abogado, deberá inclinarse sobre los medios probatorios más convictivos, es decir, deberá seleccionarlos priorizándolos por su efectividad probatoria, en la intención de desmistificar la invisibilidad de la agresión.

Como se entiende, los sutiles actos del ataque, se evidencian, se patentizan en el derrumbe moral y psicofísico, en notas, en las acciones que demuestran la degradación de la jerarquía funcional, un abuso del ius variandi, en todos los significados que distingan una conducta desvalorizante y discriminatoria.

Estos detalles, no de poca importancia, serán los que con más vigor llevarán a una convicción de certeza al discernimiento del Tribunal y coadyuvarán a formar su sana crítica y la justa resolución.

La experiencia nos dice y esto es sociología organizacional a tener en cuenta en la selección de medios probatorios testimoniales, que el personal de staff medio y superior, se comporta como estrecho compañero, sin compromisos por la relación de dependencia cuando es despedido, es decir, cuando está fuera de la esfera potestativa del empleador.

Las presiones de la Empresas y las prácticas desleales de los empleadores son tan fuertes, que se justifica que el derecho laboral, sea actualizado en tal sentido impidiendo los testimonios de aquellos que pueden ser sospechados de falso testimonio, por su dependencia con los empleadores o admitiendo los testigos con reserva de identidad, porque si no el esfuerzo de los jueces es burlado cuando tratan de descubrir la verdad y seguramente, obteniendo resultados injustos.

La prueba testimonial no puede enervar la eficacia de la prueba documental, de las presunciones y los indicios.

Influenciado por el desuetudo de formación seguramente entre los medios probatorios, de los que entiende como indiscutibles el letrado para dar fuerza al argumento de la violencia laboral, dará preeminencia a la prueba testimonial, siendo este uno de los resabios del procedimiento inquisitorial de alta sospecha en el proceso civil y laboral.

La evolución de las sociedades y el devenir de la historia, sepultó el viejo adagio francés: "termoins passent lettres (los testigos por sobre la escritura) sustituyéndolo por el apotegma: "escritos vencen testigos", reconocido hoy en todas las legislaciones.

En la evolución del empleo de la prueba por testigos, encontramos la restricción de su uso en las obligaciones de cierto valor, en casi todas las legislaciones, puntualmente señalada en nuestro art 1193 del CCiv.

Es cierto, que la prueba testimonial es de delicadísima apreciación, pues, la mendacidad de los testigos, constituye una seria amenaza para la obtención de la verdad y esto compromete la sabia confianza del Juez, pero no es menos cierto, que lejos de prescindirse de ella, resulta indispensable cuando no existieran otras probanzas, pues en definitiva, es el Juez quien hará mérito de la credibilidad de los testigos, sus dichos y su crédito de fe.

No obstante vale la pena recordar el dicho de Montesquieu: "una escritura es un testigo que difícilmente se corrompe".

TESTIGOS

La palabra testigo proviene del vocablo latino testis: "El que asiste" que es el aquella persona llamada al debate por la parte, a quien favorecerá y depone sobre lo que sabe y ha presenciado o a escuchado del relato de terceros sin ser parte en el juicio.

Los Códigos de Procedimientos ajustan los principios generales y para dar razón a los dichos de los testigos se deben dar los siguientes presupuestos:

a) que los hechos los perciban por sí, por ver, oír, sentir, entendiendo aquellos que han sido captado por sus sentidos no por dichos de terceros ni por inducciones o referencias.

b) y que la declaración sea precisa de secuencia lógica expresada sobre hechos ciertos no sometidos a comprobación ulterior.

c) de forma tal que debe estar seguro de algún hecho o persona o no no es posible la manifestación dubitativa.

Por ende no puede haber fracciones de certeza o de duda. "Framarino Dei Malatesta Nicola Lógica de las Pruebas Bogotá".

d) además es necesario que el testigo por su edad capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar el acto y que sea probo y sea imparcial dándose esto en teoría.

Esto nos hace entender, que el testimonio para que pueda valorarse debidamente, debe emanar de persona digna de fe, que sea persistente, uniforme y principalmente, que el Juzgador apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Es por ello que debe tenerse presente, que en materia de este daño, de especialísimo rango, no siempre es posible producir una prueba directa sobre el perjuicio padecido. La índole espiritual y subjetiva del ataque y menoscabo, suelen ser insusceptibles de esta forma de acreditación.

De allí la importancia que adquiere en estos casos, la prueba de indicios y presunciones hominis, la que se realiza a partir de la acreditación por vías directas de un hecho del cual se induce (o presume) indirectamente, otro distinto desconocido, en virtud de una valoración lógica del juzgador (relación fácticocoherente), basada en las reglas de la sana crítica.

La prueba mediante indicios fundantes de una presunción, la cual en general siendo una construcción intelectual es de cuidadosa evaluación y puede propiciar al error, debe ser elaborada con suma cautela, es viable sólo cuando es unívoca, en el sentido que la conjetura que comporta sea de tal naturaleza que razonablemente signifique patentizar los datos empíricos sobre los que se asienta el reclamo o sea, de tal naturaleza, que razonablemente casi no queda otra posibilidad que hacer lugar a la pretensión intentada.

Un testigo no puede formar por sí solo, plena prueba pero sí, gran presunción, cuando es hábil conteste con sus dichos. No obstante se tendrá por prueba suficiente, cuando a juicio del juzgador declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos según las circunstancias especiales del caso

Sabido por todos es que el juez ha de apreciar las pruebas testimoniales, en base al sistema de la sana crítica. Este sistema de apreciación de las pruebas, se fundamenta en que el juzgador valorará los testimonios en base a reglas de la lógica, de su experiencia y de sus conocimientos personales.

Los jueces deben apreciar el testimonio teniendo en cuenta todo lo que tienda a aumentar o disminuir la fuerza de las declaraciones. La función de testigo, es una carga pública que se hace bajo juramento, de decir, la verdad y el que es citado como testigo debe comparecer, si no concurre, puede ser obligado por la fuerza pública. El que fuere exceptuado de comparecer en razón del cargo de la condición de la persona o por imposibilidad física, debe declarar por escrito a través de un oficio.

En el mobbing los testimonios resultarían insuficientes, si no estuvieran sostenidos en la secuencia fáctica. Esto porque puede no haber quedado rastros de lesión psíquica y sí haber daño a su integridad y proyecto de vida y la testimonial de seguro ser depuesta por testigos amordazados, estrangulados por la sumisión o con amnesia aguda, quienes manifestarán un universo sin pasado y con tibio presente, analfabetos estructurales; "No sé…No recuerdo…No presencié nunca…"

Esto nos lleva a aconsejar, que el letrado deberá relacionar fácticamente los sucesos de manera coherente, ordenada, que lleven a la convicción de certeza argumental al tribunal, prescindiendo de todo medio probatorio, que aún formal pueda resultar ineficaz u inoficioso en tiempo u operatividad.

Si bien destaco, que en el alegato podrán significarse las declaraciones, aún las comprometidas comprensiblemente por aquellos que deponen bajo presión de la dependencia con el atacado en el debate y salvo que los testigos resulten indubitables en sus dichos, a favor de la parte dañada, el escenario secuencial de los hechos que describan la situación de humillante orfandad, bastará de suficiente crédito.

De tal manera, bastaría con probar la rotación de tareas, el exceso de éstas, la asignación de aquellas no apropiadas con la categoría y formación del agente, denegación de logística técnica, de implementos de desempeño (acceso a computadora o a páginas de consulta), la discriminación frecuente por edad, impedimento al acceso a concursar etc. etc. Recomendándose distinguir la acción, del proceso de presión intencionado.

La doctrina aplica la valoración de las pruebas dinámicas, que no es otra cosa, que hacer recaer en la parte más fuerte, la responsabilidad de sostener el argumento con el que pretende resistir. La doctrina construida judicialmente, va recogiendo el concepto que el daño en la violencia laboral, presión laboral tendenciosa, como magistralmente cerrara conceptualmente el Dr. Gimeno Lahoz en su tesis, no necesita ser probado cuando se ve lesionado el honor, la integridad, la vida y la honestidad de las personas; esto exime al dañado de la prueba de la lesión.

¿Como debe un abogado desempeñarse en un interrogatorio? - sobre todo frente a aquellos que presenta la contraparte y él no ha podido instruirlo y valorando que siempre los testigos, favorecen a la parte que los propuso.

Samuel Leibowitz, uno de los mejores criminalistas de la historia del derecho estadounidense, escribió un libro "Sala de Jurados", definiendo la actuación en sede penal del abogado, pero que puede perfectamente considerarse aplicable para todos los fueros sobre las condiciones de un eficaz interrogatorio.

El libro "Sala de Jurados" de su mano expresa sobre las técnicas de un buen interrogador, destacando que no se puede lograr si el letrado permanece como un espectador.

Enseña como se debe obrar y dice, como reza una célebre frase de Mohamet Alí: "rápido como una abeja y astuto como una serpiente", en cuanto a exponer e interrogar, dominar y cuidar la actuación gestual, hasta aprovechar el mínimo dejo de flaqueza o debilidad del testigo, de manera concreta, nos enseña a conducir un interrogatorio distinguiendo aquello que no se aprende en las universidades, pero si en una sala de juicio con la practica.

Destaca que los abogados deben ser agudos casi hasta tener un "sexto sentido", que en los juicios no se debe descartar cualquier circunstancia por más absurda y ridícula que sea. El abogado es el único participante activo en un juicio para quien la ignorancia de la ley y de la técnica aprendida son inexcusables.

Estudiar derecho no es difícil, sólo hay que estudiar el código y el procedimiento, pero la cosa cambia cuando tenemos que aplicar los contenidos de los códigos, con la ayuda de las herramientas legales y la pericia para emplearlas oportunamente en la oralidad. Dicha pericia debe ponerse de manifiesto al momento de proceder al interrogatorio de los testigos de la contraparte.

Con diestros interrogatorios, valiéndose del conocimiento la dramatización y la fuerza de su postura presencial, el abogado puede dar vuelta el testimonio del contrario. Ello, sin correr la mirada de que "Cuando la prueba es principalmente circunstancial, debe no sólo ser consistente con la responsabilidad del demandado, sino que debe excluir dentro de una certeza moral, toda razonable hipótesis de inocencia" principio que es de la ética del ejercicio profesional.

Se debe poner especial cuidado en como una débil y sencilla mentira puede voltear un argumento contundente de un reclamo, por medio de testigos que no dicen la verdad real de los hechos, que la ocultan o, ensombrecen el panorama el arma eficaz; es un interrogatorio agudo, sin pausa ni espera, que busque la contradicción que la provoque entre lo que se ha dicho y lo que se pretende afirmar.

Cuando se está frente a un testigo hostil, de quien tiene uno la seguridad de que está mintiendo, el único modo para combatirlos es el interrogatorio. El interrogatorio es la mejor arma contra una declaración incierta, si un testigo ha sido intimidado por su empleador o un tercero o, si se le ha prometido alguna consideración económica o de mejora situacional en pago de un testimonio favorable, no se puede sacar eso a la luz, sino por medio del interrogatorio.

El objeto del interrogatorio es doble: primero sacar a reducir más verdades que favorezcan a la parte que se defiende y segundo desenmascarar al testigo.

Imponer al testigo del peso de la ley y su penalidad, por falso testimonio, no disuade al mendaz y debemos asumirlo como un axioma. La sociedad, el testigo y el letrado saben que la penalidad no prospera hasta el punto de desconocerse condena alguna por falso testimonio, en sede laboral, aún con progreso de acciones legales. La manifestación formal y solemne en las audiencias, sirve como una compensación moral judicial sin efecto. Bibliografía "Sala de Jurados" Samuel Leibowitz. Edición 1923 Estelin Antonio Alcántara Castillo.

La síntesis nos hace concluir que la deposición del testigo de la parte contraria, bien interrogado, llevará al tribunal, a la suspicacia, a un presagio de desconfianza, si es acertadamente requerido de su verdad por el letrado. Si bien su declaración para tener plena eficacia, debe acreditar hechos que vio sintió u oyó, no siempre despejan la parcialidad del relato, cuando provienen de aquel comprometido por el vínculo laboral con quien a su favor se expresa.

PRUEBA POR EXCELENCIA EN EL MOBBING O ACOSO LABORAL

1) DAÑOS. No son determinantes pueden haberse redimido

2) ACONTECIMIENTOS. Debemos probar los hechos encadenados, sucesivos, acaecidos sin rémora, sin descanso, debemos centrarnos en los acaeceres, en el devenir del proceso de violencia, en lo fáctico.

3) COMPORTAMIENTOS el ataque de manifestación pública.

Es necesario dirigir nuestra mirada, no a la lesión psicofísica, que puede haberse redimido o haberse superado, sino a todo aquello que convenza al Juez de que efectivamente las circunstancias han sido abusivas.

¿COMO DEBEMOS PROBAR?

1. MEDIOS DE PRUEBA ORDINARIOS

Por todos los medios que pueda contar la parte a su alcance.

Sin lugar a dudas, es más sencillo probar el mobbing en los casos en que la persecución tiene su origen en cambios políticos, en la administración pública, cuando ésta es la empleadora. ("Jurisprudencia Argentina" fascículo del 12.8.05)

2. PRUEBAS DINÁMICAS

La evolución en la accesibilidad a la verdad objetiva y la preservación del principio de legalidad, en los procedimientos, nos ha proporcionado una herramienta que la doctrina ha priorizado en las alegaciones del menos favorecido, esa elasticidad que nos brinda la dinamización del debate moderno, que no es moderno, sino, que los procesalitas de luxe de principios de siglo y cuna italiana denominaron flexibilización de la prueba, las que nos permite patear la pelota fuera y buscar los argumentos y las fundamentaciones que deberán recaer, en el que está con mayor "facilidad" y que cuente con mayor "disponibilidad" (principios del dinamismo de la prueba) de llevar convicción al saber del Juez.

No es posible mantener la idea, que una de las partes litigantes, tenga la carga de probar aquello que pueda perjudicarle y que si no lo hace, pueda colocarlo desfavorablemente en la resolución definitiva.

3. PRESUNCIONES

Consideramos efectos diferentes en la carga de la prueba, en el "thema Probandi" según se trate de presunciones:

a) Iuris et de juris, son autosuficientes, no admiten prueba en contrario, una vez probado el hecho sustantivo. Excluyen la prueba de un hecho considerándolo veraz.

b) Iuris Tamtun. Son las que admiten prueba en contrario y obliga a probar a quienes pretendan desvirtuarlas.

Así a la parte favorecida por una presunción solo le cabe probar el indicio del que se deduce el hecho presumido por medio de un lazo causal.

A la parte en posición desfavorable, por la acreditación de la presunción, le cabe la posibilidad de demostrar la falsedad de tal afirmación, ya se trate de la ausencia de nexo causal o la ineficacia del indicio.

Las presunciones liberan a la parte que las alega, a la prueba de éstas, si bien no las exonera de forma total, sólo ha de probar el hecho que se deduce de aquel que se presume. (Ej. Presunción de vulneración del principio tuitivo protectorio al que se encuentra constreñido el empleador cuando se vulneran derechos sustantivos del empleado, sanciones incausadas, postergación arbitraria en ascensos, retrogradación salarial).

El amparo de los derechos fundamentales, derecho a la intimidad, a la honra, a la dignidad y a la propia imagen, vulnerada por el descrédito, eximen de prueba, puesto que el daño se presume ilegítimo si se acredita la grosera lesión de estos.

INDICIOS

Al decir de Alsina "indicio", es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido.

Cabe entonces distinguir el indicio de la presunción. El indicio es una circunstancia que por si sola, no tiene valor alguno, en cambio, cuando se relaciona con otras y siempre que sean graves precisas y concordantes, constituye una presunción. Por lo tanto la presunción, es la consecuencia, que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.

La tarea del que reclama y alega, es hacer que jueguen a su favor, las presunciones y los indicios que se hagan incuestionables, para la evaluación de la prueba que no vulneren el principio de coherencia y hagan favor al criterio del juez.

Este concepto, voltea pilares rígidos de la fuerza probatoria, que aún con pretensión de fidedignos, limitaban la potestad del Juez, hoy con más libertad. S.S deja, aparta de lado, la prueba rígida o tasada la que es postergada, como regla en los procesos sociales y pasa a tener relevancia la "sana crítica".

De esta manera el argumento suficiente, sostenido, obliga a la parte que compromete, a demostrar que su obrar fue diligente protectorio, oportuno y al Juez a estimar lo circunstanciado, en base a su experiencia de vida, al sentir colectivo y la lógica. (sana crítica, buen saber)

¿Podremos romper el estigma " es dificil la prueba en el acoso"? ¿podremos exorcizar su impunidad ? es tan difícil como en cualquier otro debate, depende de cómo elaboremos sus prioridades, como discernir su importancia y posibilidad de apreciación por el tribunal. Que rango axiológico le damos a la testifical, no obstante, su alta fama en la práctica del mobbing, considerando que se trata de un medio de admisión limitado, que debería ser excepcional, al lado de otras modalidades probatorias de mayor impacto, por ello, es que Benthan indica: "El arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas".

“D., E. E. y Otro c/ Consorcio De Prop. Edif. “Las Torres” s/ Daños Y Perjuicios” – CÁMARA DE APELACIONES DE TRELEW (Chubut) – 02/11/2011
PROPIEDAD HORIZONTAL. HECHO DELICTIVO EN UN EDIFICIO. Sustracción de un automóvil estacionado en la cochera. DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS ENTABLADA CONTRA EL CONSORCIO. RECHAZO. Espacio de propiedad exclusiva del accionante. Demandado que no asume la responsabilidad civil por la custodia de los automóviles allí estacionados. Inexistencia de contrato de garaje. TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Sentencia apelada que encuadra el caso en base a la responsabilidad refleja por el hecho del dependiente (portero/sereno). Escrito de demanda basado en otro supuesto de responsabilidad contemplado en el mismo artículo. Grave contradicción. Análisis de los diversos supuestos de responsabilidad contemplados en el Art. 1113 del Código Civil. Alcances. Diferencias. CORRESPONDE REVOCAR LA SENTENCIA APELADA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO DEMANDADO

“Fincar la responsabilidad del demandado en una responsabilidad indirecta, encuadrada en el primer párrafo del art. 1113, cuando se demandó invocando el carácter de guardián de la cosa –ya que la otra pretensión es incomputable en autos por su forma de introducción-, implica una severa violación del principio de congruencia, que afecta las garantías de defensa en juicio y debido proceso del demandado, por cuanto el mismo contestó la demanda, se defendió y siguió adelante los avatares del juicio en base a un factor de atribución que, de improviso, en la sentencia le fue drásticamente cambiado. Ello implica la violación de los arts. 34 y 163 del CPCC, específicamente, en cuanto a la exigencia de un pronunciamiento congruo con lo alegado y planteado por las partes se refiere.”

“La demanda no contiene, ni siquiera en forma secundaria o accesoria, un relato concreto de los hechos y circunstancias que habrían dado lugar tanto a la responsabilidad del consorcio como “guardián” – ya que no se describe el marco fáctico, la mecánica de los acontecimientos ni el factor causal de atribución de responsabilidad en tal carácter a la demandada – ni tampoco se narran los pormenores fácticos referidos a la mentada la “culpa in vigilando” que abonarían la configuración de ese “factor subjetivo” de atribución de responsabilidad.”

“La calidad de “guardián” atribuida al consorcio, subsumible en el segundo párrafo del art. 1113 C. Civil, como una responsabilidad objetiva, presupondría, para el caso: a) el desdoblamiento o disociación de las calidades de dueño y de guardián y b) un daño causado por el “riesgo” o “vicio” de la cosa (cochera) hipotéticamente bajo la “guarda” o “custodia” del consorcio. Sin embargo, nada esto ha sido acreditado en la causa.”

“De ningún modo puede considerarse que se encuentre acreditada en autos la existencia de un contrato entre el consorcio y los propietarios de unidades en dicha cochera, a tenor del cual la parte demandada hubiera asumido la responsabilidad civil por la custodia de los automotores allí estacionados. Más aún, como se ha dicho, según el reglamento de copropiedad y administración, las unidades de cochera son de dominio y “uso exclusivo” para guarda de vehículos, e incluso sus respectivos propietarios podrán alquilarlas, todo lo cual resulta incompatible con las características propias de un contrato de garaje.”

 

“Arenera Pueyrredón S.A. c/ AUSA S.A. s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” – TSJ DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 07/09/2011
COMPETENCIA. Acción de amparo interpuesta para dejar sin efecto licitación pública relativa a la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE GIRATORIO “ROCA-PATRICIOS”. Empresa arenera emplazada en el margen del Riachuelo. Interés en mantener las condiciones de navegabilidad para abastecerse de arena. INEXISTENCIA DE VINCULACIÓN CON LA CAUSA “MENDOZA”. RECLAMO DE TUTELA DE DERECHOS INDIVIDUALES excluido de la competencia del Juzgado Federal de Quilmes. OBRA INTERJURISDICCIONAL A CARGO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Falta de prueba de afectación de un recurso ambiental interjurisdiccional. TÉRMINOS DEL ESCRITO DE DEMANDA. Inexistencia de convicción del carácter interjurisdiccional o federal de las impugnaciones. Continuación de la causa en la jurisdicción local

"Ferulano, Pío Leonardo y otros c/ Facera S.A. s/ Amparo gremial. Restitución en el puesto. Salarios caídos (procedimiento sumario art. 52 ley 23.551)" – SCBA – 05/10/2011
TUTELA GREMIAL. Representantes de la Asociación de Obreros Ceramistas de Campana. Asociación simplemente inscripta. Garantía de estabilidad sindical. Arts. 48 y 52 de la Ley 23551. PROTECCIÓN CONSAGRADA A FAVOR DE DIRIGENTES DE ENTIDADES SINDICALES CON PERSONERÍA GREMIAL. EXPANSIÓN AL ÁMBITO DE LOS SINDICATOS SIMPLEMENTE INSCRIPTOS. Garantías constitucionales –Arts. 14 bis y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional–. Doctrina de los precedentes "ATE" y “Rossi” de la CSJN. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 48 Y 52 DE LA LEY 23551. Violación del principio de la libertad sindical
Publicado el 17/10/2011


"Inspección General de Justicia c/Clínica Modelo Laferrere S.A s/organismos externos" – CNCOM – 19/08/2011
SOCIEDADES. Irregularidad e ineficacia de Asamblea de Accionistas declarada en sede administrativa por la IGJ. Nulidad asamblearia procurada sin éxito por el interesado en sede judicial. Consecuente inviabilidad de la decisión administrativa apelada. Implicaciones jurisdiccionales del acto administrativo que declara la irregularidad e ineficacia de la asamblea. Límites constitucionales a la actuación de la administración pública (arts. 18 y 109 de la Const. Nacional). Pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos. Control judicial suficiente. (art. 31 y conc. Const. Nacional; art. 21, ley 48; art. 34, inc. 4to., CPCC)
Publicado el 17/10/2011


“Lascano Marcos - medidas autosatisfactivas – EXPTE. 1946379/36” - CÁMARA QUINTA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA – 24/06/2011
DERECHO PROCESAL. Medidas autosatisfactivas. Concepto. Requisitos de admisibilidad. Criterios de valoración. Estrictez


Regla del caso:

Para el despacho de las medidas autosatisfactivas se exige un ejercicio prudencial en la apreciación de los presupuestos de admisibilidad. Es por ello que no debe ordenarse una medida autosatisfactiva sin verificarse previamente el acabado cumplimiento de determinados requisitos como son: a) la concurrencia de una situación de urgencia impostergable; b) la superposición o coincidencia de la pretensión cautelar con la pretensión material o sustancial que torne innecesario accionar por otra vía (juicio principal); c) la fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, por lo que no es suficiente contar con un simple fumus bonis iuris sino que se requiere un alto grado de certeza al respecto.-


Sumarios:

1. Conforme doctrinariamente se sostiene se puede conceptualizar a las medidas autosatisfactivas diciendo que son soluciones jurisdiccionales urgentes, no cautelares, autónomas, despachables in extremis, en principio "inaudita et altera pars", siempre que medie una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles, procurándose con ellas dar una respuesta adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Son una especie dentro de lo que se ha dado en llamar "procesos urgentes", que se agotan con el despacho favorable del juez interviniente y que no necesitan de la posterior iniciación de una demanda principal. Es por esta razón que, implicando una satisfacción definitiva de la pretensión, se las considera de naturaleza autónoma, cualidad que la diferencia de la ‘tutela anticipada’. Medidas como la solicitada por la actora, si bien no están reguladas explícitamente en rito local, se encuentran reconocidas por la moderna doctrina y jurisprudencia en materia procesal, habiendo teniendo cabida en nuestro proceso sobre la base de lo dispuesto por el art. 484 del C.P.C.”.-

2. Hasta aquí no disentimos con las consideraciones de orden doctrinario o citas jurisprudenciales invocadas por el actor en su libelo de ‘demanda’ o en su expresión de agravios. Sin embargo, estimamos que le asiste la razón a la Sra. Juez a quo cuando juzga que no es posible verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el despacho de este tipo de medidas excepcionales, bajo la estricta regla de análisis que exige. Recordemos que la Magistrada opina que no se cumplen, fundamentalmente, ni el peligro en la demora, ni la verosimilitud calificada que la jurisprudencia impone. Pues bien, tal como también manifestáramos en el antecedente “Sadaic c. Gourmet”, “se exige un ejercicio prudencial en la apreciación de los presupuestos de admisibilidad, criterio restrictivo al que adhiere la Corte Suprema de Justicia quien se ha expedido reiteradamente en este sentido. Es por ello que no debe ordenarse una medida autosatisfactiva sin verificarse previamente el acabado cumplimiento de determinados requisitos como son la concurrencia de una situación de urgencia impostergable, la superposición o coincidencia de la pretensión cautelar con la pretensión material o sustancial que torne innecesario accionar por otra vía (juicio principal) así como la fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, por lo que no es suficiente contar con un simple fumus bonis iuris sino que se requiere un alto grado de certeza al respecto. Va de suyo entonces que quien pretende este tipo de medidas no sólo debe mencionar los elementos que justifiquen su hipótesis, sino acreditar -con un alto grado de verosimilitud- la imposibilidad de que ésta sea refutada.(…)

4. Recordemos que para la procedencia de este tipo de medidas, la verosimilitud debe traducirse en certeza de derecho, y para que podamos hablar de certeza es imprescindible que no haga falta más debate o prueba. En dicho sentido, se ha manifestado que: “Por ello es que se sostiene que al juez hay que convencerlo –[…]- de dos cosas: 1º) de la "fuerte probabilidad" de que asista razón al ocurrente y que por ello se hace necesario "anticiparle la tutela" que hubiere obtenido luego de un trámite ordinario lento y tortuoso y 2º) de la "urgencia (mucho más que periculum in mora) en que sea atendido su pedido so riesgo de sufrir un "daño inminente e irreparable". Este último, es decir, el "daño irreparable" de estas medidas se refiere no ya al peligro de que la sentencia final a dictar sea inútil por no poder ejecutarse sino al "riesgo" de "perecimiento de la pretensión" si no es anticipada la tutela (…).-

“Avila Marina del Carmen c/ kiskali S.A. y otro s/ accidente – accion civil” – CNTRAB – 15/07/2011
ENFERMEDAD LABORAL. Síndrome del túnel carpiano. CUMPLIMIENTO DE LABORES MANUALES REPETITIVAS. Efecto negativo sobre las articulaciones de los miembros superiores de la trabajadora. Obrar negligente de la empresa. Adopción tardía de medidas para reducir el riesgo de los operarios. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPLEADORA. Procedencia. ART. Falta de adopción de medidas de prevención. Extensión de la condena solidaria. Procedencia. Reparación integral de perjuicios. Indemnización del DAÑO MATERIAL y del DAÑO MORAL. Procedencia


“Hay actividades que, por sus especiales características, implican ciertos riesgos para la salud de quienes las llevan a cabo que no pueden ser evitados, en virtud de la inexistencia de medios tecnológicos o de otra índole que generen ese efecto. En tales supuestos, ante la concreción de un perjuicio concreto, podría considerarse que no se configura un supuesto de responsabilidad subjetiva y que, en todo caso, sería viable el resarcimiento respectivo que la ley especial de accidentes prevé. Pero no es el supuesto de autos. La empleadora pudo haber adoptado medidas tendientes a evitar o a reducir el riesgo de que los operarios que cumplían tareas manuales repetitivas (tal el caso de la actora), contrajesen síndrome de túnel carpiano.”

“Un régimen de trabajo que contemplase descansos más amplios y frecuentes durante el desarrollo de la jornada y que previese la rotación obligatoria de tareas con adecuada frecuencia, de modo tal de evitar el exceso de movimientos repetitivos de determinados grupos musculares de las extremidades superiores de los operarios, habría contribuido a alcanzar ese propósito. Sin embargo, la empresa sólo concedía a la actora (y al resto de los operarios) media hora para almorzar (así surge de las declaraciones testimoniales), lo que resulta insuficiente para evitar el efecto negativo, que sobre las articulaciones de los miembros superiores de los operarios genera el cumplimiento de tareas manuales repetitivas. Advierto que la empresa dispuso la rotación de los operarios como medio para lograr evitar ese efecto, pero ha quedado demostrado que esa medida no fue implementada sino luego de varios meses de trabajo de la actora, lo que da cuenta de que, al menos durante ese período previo, la empresa ha actuado negligentemente en la materia.”

“…las omisiones atribuidas a la empleadora, que posibilitaron la aparición de la dolencia que la actora padece, son también imputables a la aseguradora de riesgos del trabajo. En efecto, no obstante las obligaciones que dicha aseguradora tenía en el marco del régimen especial de la ley 24557, ella no ha invocado ni probado haber detectado el riesgo que para los operarios implicaba el desarrollo constante de tareas manuales repetitivas, en las condiciones que han quedado acreditadas y, consecuentemente, tampoco ha alegado ni demostrado haber formulado recomendaciones a la asegurada para que adoptase medidas concretas destinadas a evitar ese riesgo, a pesar de que esas medidas existían y eran de fácil implementación.”

“Carllinni, María Luján y otro c/Alico CIA. de seguros S.A. s/ ordinario” – CNCOM – 09/08/2011
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. Prescripción de la acción. Aplicabilidad de la normativa vigente al tiempo que comenzó a correr el plazo prescriptivo. Plazo computable (art. 58 LS). Especialidad normativa de la ley de seguros. Inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor (ley 24.240) y sus modificatorias cuando lo que se demanda es el cumplimiento del contrato de seguro. Actos que no interrumpen la prescripción en curso

“Si bien con la sanción de la Ley 26.361, se modificó el Art. 50 de la Ley 24.240 incorporándose a las acciones judiciales y las administrativas al régimen de prescripción trienal, lo cierto es que a las prescripciones ya comenzadas les es aplicable el régimen de la ley anterior.”

“El régimen legal aplicable al plazo extintivo es el de un año previsto por la LS., 58 por ser el que se encontraba vigente al tiempo en que comenzó a correr el aludido plazo prescriptivo.”

“La ley 24.240 y sus modificatorias, son leyes generales que no derogan ni expresa ni tácitamente a la ley de seguros que, no obstante ser anterior, es ley especial; principio éste que puede incluso derivarse de la interpretación de lo reglado en el artículo 3 del estatuto de defensa del consumidor al dejar en salvo la aplicación de la normativa específica del régimen que regula la actividad del proveedor”.-

“Si bien el referido Art. 50 de la ley 24240 luego establece que “cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente –en alusión al trienal- se estará al más favorable al consumidor o usuario”, lo cierto es que esa directiva hermenéutica no puede aplicarse con prescindencia de la especialidad normativa referida en el apartado anterior.”

“En el seguro de vida colectivo a favor del beneficiario conocedor de la existencia del beneficio, el plazo de prescripción es de un año computado desde que la correspondiente obligación es exigible o sea, cuando la acción queda expedita, lo que en el caso, se produjo con la comunicación cursada por la aseguradora a la beneficiaria informándole que ya había anunciado al empleador del asegurado la declinación de su responsabilidad por falta de pago de las primas correspondientes al seguro.”

“A la mediación iniciada por la beneficiaria, no corresponde conferirle los efectos suspensivos previstos por el CCiv., 3986, pár. 1°, pues la misma se llevó a cabo ya transcurrido el plazo anual previsto por la LS., 58.”

 


"D. L. P. y otro c/ Fider Company S.A. s/ ordinario" - CNCOM – 01/08/2011
SOCIEDADES COMERCIALES. INOPONIBILIDAD de la personalidad jurídica. Constitución de una sociedad a los efectos de sustraer del acervo hereditario dos inmuebles del actual difunto. Ingreso de dichos inmuebles al patrimonio de la sociedad como aporte de capital del único socio que falleció luego de ceder las cuotas representativas del capital social. Encubrimiento de fines extrasocietarios. Procedencia. Art. 54 ley 19.550. Incorporación al acervo sucesorio de los inmuebles inscriptos a nombre del ente y de los alquileres percibidos

“En el caso, los actores imputan a quienes han demandado, una actuación fraudulenta que busca afectar sus derechos hereditarios, excluyendo del acervo del causante dos inmuebles. Hipótesis comprendida en el ya citado artículo 54 de la ley societaria. Para ello interpusieron una persona jurídica e ingresaron como aporte del hoy fallecido, único socio de Fider Company S.A. (sociedad uruguaya), los bienes que los actores aspiran a recuperar. Luego, ahondando la actuación que calificaron de fraudulenta, aparece el señor C. M. como actual poseedor del total del paquete accionario que habría sido transmitido por O. D. L., como modo de alejar todo cuestionamiento a la operatoria al ser este un aparente tercero respecto de la presunta maniobra.”

“En el caso, la actuación fraudulenta imputada a los demandados tendría por finalidad afectar la legítima hereditaria respecto de los aquí actores, herederos forzosos del causante La legítima ha sido definida, conforme lo dispuesto por el artículo 3591 del código civil, como un derecho de sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante, protegido imperativamente por la ley (Cifuentes S., Código Civil – Anotado y Comentado, T. IV, página 295). Síguese de ello que el causante ve limitada la libre disposición de sus bienes para el caso de muerte, pues una porción de su patrimonio debe quedar reservada para los herederos denominados “forzosos”. Ello no impide que su titular pueda disponer en vida de su patrimonio a título oneroso o bien consumirlo, pero no puede hacerlo a título gratuito, sea por actos inter vivos o mortis causa, excediendo la porción disponible.”

“… la legítima es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes (herederos forzosos), no pueden ser privados sin justa causa de desheredación, por actos a título gratuito (Borda G., Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, T. II, página 80).”

“… la actividad ilícita imputada encuadraría en una de las causales previstas por el artículo 54 de la ley 19.550, en tanto la afectación de la legítima de dos herederos forzosos como son los aquí actores, constituiría la frustración de derechos de terceros que contempla la norma.”

“… la estructura societaria parece haber sido exclusivamente utilizada para la compra y luego la locación de tales inmuebles; pero abandonada al tiempo de cumplir con los actos internos adecuados a esa nueva situación patrimonial. No fue acercada a la causa la decisión del directorio de adquirir sendas fincas, a pesar que la apertura de la sucursal en Buenos Aires que encauzaría tal compra fue dispuesta el mismo día de la operación inmobiliaria. Es de presumir entonces que a ese momento el único accionista de Fider Company S.A., quien “horas después” suscribiría las escrituras, conocía la inminencia del acto notarial.”

“… ha existido en este caso una interposición de persona con el fin espurio de afectar la legítima que conforma el acervo hereditario de O. D. L.. Entiendo probado que el causante “armó” esta sociedad uruguaya con el fin de mejorar la posición de su segunda esposa, lo cual provocó como contrapartida un detrimento en la vocación hereditaria de los hijos del primer matrimonio del fallecido. Y ello me lleva a proponer al Acuerdo que sea declarada inoponible a la sucesión de O. D. L. la sociedad uruguaya Fider Company S.A. y la incorporación a ella de los dos inmuebles de la calle Chivilcoy que constituyen su patrimonio.”


“González, Genoveva Antonia c/ Metrovías S.A. y Otro s/ daños y perjuicios” – CNCIV – 29/09/2011
DAÑOS Y PERJUICIOS. ACCIDENTE EN UNA ESTACIÓN DEL PREMETRO. Caída de una pasajera desde el andén hacia las vías del sentido contrario a la formación a la que intentaba acceder. Lesiones. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA FERROVIARIA. ANDÉN CENTRAL EXTREMADAMENTE ANGOSTO. Falta de medidas de seguridad adecuadas. Ausencia de vallas de protección. Inexistencia de culpa de la víctima o de otros pasajeros que se encontraban en el lugar del siniestro. Art. 184 del Código de Comercio. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Incapacidad sobreviniente. Daño moral. Elevación del monto indemnizatorio

“En el caso de los pasajeros que esperan en el andén central de la estación Fernández de la Cruz (andén con sentido hacia Lugano, que es hacia donde se dirigía la víctima), los trenes circulan a un lado y otro de los mismos, con un espacio reducido para los pasajeros en el andén.”

“Las consideraciones apuntadas por el experto en su dictamen son demostrativas de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la estación en que ocurrió el accidente. La caída de la actora a las vías del lado contrario al que se encontraba el tren al que intentaba acceder no puede sino atribuírselo a lo angosto del andén y a la falta de medidas de contención, sin que pueda achacársele a la víctima o a los demás terceros las consecuencias dañosas que pudieran haberse derivado.”

“La caída y el daño consecuente no pueden ser atribuidos a la actividad de la víctima o de los demás pasajeros, sino al peligro que surgía de las condiciones inadecuadas de dicho andén. Es indudable que de haber contado con un ancho razonable del andén, así como también con las vallas de protección a que alude el experto, la caída de la actora no se habría producido. Ello demuestra, en definitiva, que la empresa demandada incumplió con el deber de seguridad que estaba a su cargo.”

“J.E.B. c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara de Apel.” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 19/09/2011
ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS. Infracción a los arts. 9 y 10 inc. d) de la ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires. FALTA DE PRESENTACIÓN EN TIEMPO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL. Incumplimiento reconocido por el actor. SANCIÓN. Multa. Publicación de la sentencia condenatoria

“… El recurso de apelación interpuesto por el actor no ha de prosperar, en primer lugar porque ha quedado efectivamente demostrado que incumplió con la obligación de presentar en término la declaración jurada exigida, tal como fuera reconocido por él mismo. En segundo lugar, porque conforme el marco normativo señalado en el apartado anterior, las disposición 266-DGDyPC-2006 y 2298-DGDyPC-2006, fijaron con exactitud los plazos para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al periodo en cuestión. Y finalmente, debido a que los argumentos expuestos por el actor al momento de fundar su recurso apuntan solamente a expresar su disconformidad con el modo en que se llevo a cabo el procedimiento, la demora en la que incurrió la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y el funcionamiento general de ese organismo, sin demostrar en cambio los errores de la administración a la hora de imponer la multa. Atento lo expuesto, corresponde rechazar el presente recurso y en consecuencia confirmar la disposición 3246-DGDyPC-2009 por medio de la cual se impusiera la sanción de multa por infracción a los artículos 9 y 10 inc. d) de la ley 941. Se propone, finalmente, que las costas se impongan a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (artículo 62 CCAyT).”


"D. J. E. c/ Silberman Norberto Reinaldo y Otros s/ simulación" – CNCIV - 12/09/2011(sentencia no firme)
HONORARIOS PROFESIONALES. ABOGADOS. Actualización de honorarios impagos con mora. ART. 61 DE LA LEY 21.839. Cómputo de intereses. Tasa pasiva. Pauta aplicable a todos los abogados, sin ningún tipo de distinción. Ausencia de discriminación. Igualdad ante la ley. NORMATIVA QUE DEVIENE INCONSTITUCIONAL EN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO. Liquidación que acredita la ausencia de reparación del daño moratorio sufrido por el abogado. Cálculo confiscatorio y arbitrario. Lesión al derecho de propiedad. Art. 17 de la Constitución Nacional. CORRESPONDE APLICAR TASA ACTIVA AL CRÉDITO DEL LETRADO QUE PLANTEÓ LA INCIDENCIA

Publicado el 27/09/2011

Ordenan a Cablevisión Cobrar 109 Pesos Por el Abono del Cable
En el marco de una acción de amparo iniciada por un particular y por la asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores, el Juzgado Federal Nº 3 de Código ordenó a Cablevisión S.A., como medida cautelar,  abstenerse de cobrar al particular toda suma superior a 109 pesos por el servicio de televisión por cable.

En su reclamo, los accionantes reclamaron la aplicación de resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Interior, donde se precisaba el monto en que se debía comercializar aquel servicio.

El magistrado consideró que se configuraban en el presente caso “los presupuestos contenidos en el art. 230 del Código Procesal para su procedencia, toda vez que, sin que importe adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión planteada, del análisis efectuado por la parte accionante, resultaría la verosimilitud del derecho invocado en los términos que para la cautelar se requiere, esto es, la posibilidad razonable de que el derecho exista, por cuanto de la documental acompañada, resulta acreditado el incumplimiento entre lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación y la actitud para cobrar el servicio por Cable Visión S.A.”.

En cuanto al peligro en la demora, el juez consideró que se también se encontraba configurado, debido a que “se encuentran próximos a vencer los períodos respecto de los cuales se solicita la medida, a la medida cautelar solicitada ha lugar”.

En base a ello, en la resolución del 16 de septiembre, el magistrado ordenó a “Cable Visión S.A. que a partir del mes de octubre emita factura a la accionante respetando lo dispuesto por las Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior N° 50/10; 36/11 y 65/11, esto es, se abstenga de cobrar toda suma mayor a $109 (ciento nueve pesos) , bajo apercibimiento”.

 

En la ciudad de General San Martín, a los __8_  días del mes de febrero de 2011, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi, para dictar sentencia en la causa Nº 1.498/08, caratulada "Telleldin, Carlos Alberto c/ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso directo art. 74 ley 12008 -texto según ley 13325-".
                    ANTECEDENTES
I. Con fecha 2 de octubre de 2008, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en uso de la facultad que le otorga el art. 50 inc. g) de la ley 5.177 (t.o. decreto 2.885/01), resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el letrado Carlos Alberto Telleldin contra la resolución del Colegio de Abogados de San Martín que denegó su pedido de admisión en la matrícula y confirió a esa resolución el carácter de interpretación final conforme al art. 50, inc. I) de la citada norma legal (Expediente nº 08-153 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, fs. 39 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, con fecha 24 de octubre del 2008, el letrado Carlos Alberto Telleldin interpuso recurso directo (fs. 64/71 exp. citado).
III. A fs. 75/88 de la presente causa, este Tribunal, con fecha 12 de diciembre del 2008, resolvió: conceder el recurso planteado en fecha 24/10/08 con efecto suspensivo; declarar la inconstitucionalidad del art. 74 del CCA en cuanto limita la impugnación que regula a un control restrictivo de legalidad, así como también la amplitud de debate y prueba propia de toda acción procesal; que el particular opte por encauzar su pretensión por el procedimiento ordinario o sumario de ilegitimidad previsto en el CCA; no hacer lugar a la medida cautelar solicitada; reservar en Secretaría el expediente administrativo Nº 08-153 caratulado: "Telleldin, Carlos Alberto s/ apelación (San Martín)"
IV. Con fecha 17 de febrero del 2009 (fs. 107/113 y vta.), la actora opta por el procedimiento sumario de ilegitimidad previsto en el C.C.A. para encausar la pretensión solicitada, "…por mediar una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín, al rechazar mi solicitud de matriculación como abogado en dicha jurisdicción…" (sic. fs. 107).
Relata los hechos, funda en derecho, solicita medida cautelar y hace reserva del caso federal.
Expone que: "…durante el tiempo que estuve detenido en la Unidad Nº2 de Villa Devoto, y ocupándome de mi situación  procesal  en tanto causa AMIA-DAIA, de público y notorio conocimiento; decido iniciar la carrera de Abogado en prisión, como forma de aprovechar el tiempo en cual, a sabiendas de mi inocencia, me encontraba ilegalmente privado de mi libertad. Es así que, el día 24 de septiembre de 2004 al ser absuelto de los cargos imputados y recuperar mi libertad, decido continuar y terminar la carrera que había iniciado en prisión…" (sic fs. 107 vta.)
Manifiesta que se ha matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con fecha 18 de julio de 2006 y con fecha 27 de septiembre de 2007 la CSJN le otorgó la matrícula federal.
Sigue diciendo el actor que, el 5 de mayo del 2008, solicita la inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín y que el 10 de junio del mismo año el Honorable Consejo Directivo decide "(r)echazar la solicitud de matriculación del Dr. Carlos Alberto Telleldin, en atención  a que no acredita buena conducta conforme lo establece el art. 6 inc. 5 de la ley 5.177" (sic fs. 108)
Agrega que se notifica el 17/6/2008 y el 20/6/2008, interpone recurso de apelación ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos.
Manifiesta que lo resuelto contradice la normativa vigente no solo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional e internacional.
Agrega que son válidos para todas las jurisdicciones lo resuelto en una de ellas (vgr. Capital Federal).
Sostiene que en el caso, el derecho vulnerado lo constituye el derecho a un trabajo digno.
Considera que el rechazo de la matriculación por parte del Colegio de Abogados de San Martín se llevó a cabo en base al art. 6 inc. 5 de la ley 5177. Y que se acreditan los antecedentes con el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, en el cual, según afirma, se funda en el art. 2 inc. b) de la misma ley por la que se excluye de las posibilidades de matricularse a aquellos condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena.
 Sostiene que el concepto que se le otorga al término condena es el que establece el art. 51 inc. 2 del C.P. Y por otro lado, que la expresión caducidad, remite a la supresión del registro de reincidencia que opera diez años después de extinguida la pena.
Agrega: "…que cumplo con el inc. 1 del art. 2 de la ley 5177 dado que la condena se cumplió según informe de reincidencia el 5 de abril de 2002, siendo el resto del informe referido a la causa AMIA-DAIA, en la cual fui absuelto…" (sic. fs. 109 vta.) por lo que entiende no existe impedimento alguno para ser matriculado en el Colegio de San Martín.
El actor considera que la "ilegalidad manifiesta absoluta" de lo resuelto por el colegio no solo se limita a la confusión de dos institutos de diversa índole penal, sino, sumado a ello, el desconocimiento del decreto nacional 2293/92 de matricula única. Toda la argumentación la dirige a la normativa que tiende a la defensa al derecho constitucional de trabajar.
Finalmente, solicita medida cautelar, funda en derecho, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
V. Que a fs. 123/125, con fecha 31 de marzo del 2009, este tribunal resolvió: que la acción promovida tramite en principio, según las normas del proceso sumario de ilegitimidad, sin perjuicio de que la parte demandada podrá oponerse a ello; que se tenga presente la prueba documental agregada y denegar la producción de prueba informativa solicitada; que se corra traslado al Colegio de Abogados de San Martín y al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires por el término de 20 días (art. 69 inc. 2 del Cód. cit.).
A fs. 126/127 y vta. se encuentra agregada la cédula de notificación al actor la que se hizo efectiva el 7 de abril del 2009.
VI.  Que a fs. 149/157 y vta., el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín contesta demanda.
1. En primer lugar plantea la falta de legitimación pasiva para ser demandado toda vez que no es emisor del acto administrativo definitivo y que agota la vía administrativa.
Más adelante, agrega que el Sr. Telleldin impugna el acto emanado del Colegio de Abogados de San Martín sin atacar la resolución del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Y que, de las decisiones legales aplicables, considera que el acto administrativo que puede ser objeto de una pretensión contencioso administrativa es el acto definitivo emanado del Consejo Superior del Colegio de Abogados provincial.
Finalmente sostiene que lo expuesto es conteste con lo resuelto por este tribunal que dispuso la formación de litis consorcio necesario citando al Colegio de Abogados provincial.
2. Además, contesta demanda y niega los hechos afirmados por la actora. Sostiene:
i) que el Colegio departamental como lo indica la ley 5177 en su artículo 6°, le solicitó a la actora que diera cumplimiento con los requisitos que se establecen en los distintos incisos, entre ellos el nº 5) que requiere acreditar buena conducta y concepto público.
ii) que la norma establece en el mencionado inciso 5): "Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones. El concepto público y el domicilio se acreditarán en la forma que se determine en la reglamentación".
3. Conforme lo establece la norma arriba transcripta el Colegio de San Martín manifiesta que el Sr. Telleldín, al solicitar la inscripción en la matrícula, acompañó certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, del que surgen diversos antecedentes penales suficientes para denegar la inscripción de la matrícula.
4. Sostiene el Colegio departamental que el acto por el cual se le negó la matricula es legítimo y luego de desarrollar los conceptos de "buena" y "conducta", afirma que conforme la ley que regula la materia, las conductas a tener en cuenta surgirán del informe del Registro de Reincidencia, "…es decir que no se requiere acreditar cualquier conducta, sino la conducta que informa el referido certificado y al Órgano Colegial se le impone la valoración de la conducta que surge del informe del Registro de Reincidencia. Hemos relatado párrafos arriba las conductas informadas por el Registro Nacional de Reincidencia y surge evidente que se trata de conductas que carecen de bondad, que resultan dañosas o nocivas, que contradicen la ley y la moral, consecuentemente estamos en presencia de MALA CONDUCTA" (sic).
Agrega la demandada  que el ejercicio de la profesión reviste indudable interés público; que la relación del abogado con el cliente es una relación de confianza, donde el letrado debe obrar con probidad.
Asimismo, sostiene que las condenas que informa el Registro no han vencido en el orden temporal, por lo que hace improcedente la pretensión de la actora.
5. La codemandada departamental disiente con la actora y afirma que la potestad del Colegio para denegar la matrícula "…no debe buscarse en el art. 2 inc. 1 de la ley 5177 sino en el juego armónico de los arts. 6 inc. 5 y el art. 9 segundo párrafo. En efecto si la ley ha establecido como requisito para la matriculación, entre otros, el acreditar buena conducta, no tendría sentido la norma si el Consejo Directivo careciera de la facultad de rechazar la solicitud de matriculación, cuando el postulante no acredite los extremos previstos en el art. 6, particularmente la buena conducta  requerida por el inc. 5. Por ello el art. 9 en su segundo párrafo establece que: "También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios del Consejo Directivo, haga inconveniente la inscripción del abogado de la matricula" (sic).

Finalmente, en este punto, agrega que el Consejo, en la sesión del día 10 de junio de 2008 -por unanimidad-, denegó la solicitud de matriculación del actor; la cual fue dictada en el marco de sus competencias y ha sido razonable conforme lo estatuido por la ley 5177.
6. Por su parte, en cuanto al certificado expedido por el registro nacional de reincidencia manifestó: "del certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias surge que: "a) Procesamiento del Sr. Carlos Alberto Telleldín en causa 1156 PASTEUR 633 (ATENTADO Homicidio, lesiones, daños), DAMNIFICADO AMIA y DAIA" que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9. Sobre dicha causa agregó oportunamente certificado expedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires que resolvió ABSOLVER DE CULPA y cargo al Sr. Telleldín en orden a los delitos imputados en las causas citadas. Del certificado expedido (…) surge asimismo que el Tribunal Oral Criminal Nro. 28 condenó al Sr. Carlos Alberto Telleldín por ser autor penalmente responsable del delito de falsificación de instrumento público, a la pena de dos años y seis meses de prisión y accesorias legales  y costas. A la pena de siete años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la dictada en el punto precedente y de la pena única de cinco años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas recaída con fecha 2 de mayo de 1997 ante el Juzgado de Sentencia Letra A secretaría 2 en la causa Nº 3822 – que tramitó ante el Juzgado de Instrucción Nº 27 – Secretaría 124 bajo el sumario nº 43124 comprensiva esta a su vez de la pena también única de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, discernida en esas actuaciones por sentencia definitiva del día 20 de junio  de 1996  a su vez integrada con la de un año  y seis meses  de prisión a cumplir  que allí se le impuso  en el orden al delito de encubrimiento Arts. 45 y 277 inc. 2 del CP; la de dos años de prisión en suspenso y costas dictada el día 8 de febrero de 1990 en la causa  nº 1625 del Juzgado Criminal nº 6 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires en orden al delito de corrupción –Art. 125 del CP y la de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas dictada también en definitiva el día 14 de julio de 1995 en la causa nº 5562/94  del Juzgado Federal nº 1, Secretaría 3 de San Isidro, en orden al delito de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –Arts. 42 y 282 del CP cuya ejecución condicional en ambos casos fue revocada y de la pena de un año y ocho meses de prisión a cumplir impuesta por sentencia definitiva del 26 de agosto de 1996 en la causa nº 14341 del Juzgado nacional de Sentencia Letra C, Secretaría 5 y que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 1, Secretaría 105 bajo el sumario nº 61383  en orden al delito de encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad cometido en forma reiterada (cuatro hechos). Estos antecedentes fueron valorados por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Martín, que consideró que el postulante no lograba acreditar su "buena conducta" conforme lo exige taxativamente el art. 6 inc 5 de la ley 5177, atento que conforme lo determina la misma norma, la "buena conducta" debe ser acreditada con el certificado expedido por el Registro de Reincidencia" (ver fs. 153/154).
7. Marca la demandada la improcedencia del decreto 2296/1992 de matrícula única, ya que no es de aplicación en la Provincia de Buenos Aires por no haber adherido a lo dispuesto por el decreto 240/99; explica que el decreto 2293/92 es aplicable sólo a las jurisdicciones cuyas legislaturas hubiera aprobado el Pacto Federal para el Empleo y además haber derogado en sede provincial de manera expresa las normas locales que exigen la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión. Y si bien la Provincia adhirió al Pacto federal, no se cumplió  la segunda condición dado que la legislatura no derogó la ley 5177. 
   8. Ofreció como prueba el expediente Nro. 08/153 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
VII. A fs 158 y vta. la actora declara bajo juramento, que con relación a la prueba documental que acompañara en copia simple a fs. 133/135 y vta. -acta número 2045 del Colegio de Abogados de La Plata-, no haber tenido conocimiento de la misma al momento de interponer la demanda. En lo que interesa, en el mismo se dio tratamiento a una presentación efectuada por un letrado en torno a la prohibición establecida en el art. 2.1. de la ley 5177, y al supuesto de "buen concepto público" (cfr. art. 6 inc. 5 de dicha ley), haciéndose lugar al pedido de inscripción del letrado.
VIII. A fs. 161 este tribunal tuvo por contestada la demanda por parte del Colegio departamental (fs. 149/157 vta.), en tiempo y forma y por ofrecida la prueba. Tuvo presente para su oportunidad la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta y con relación a la presentación de fs. 158 relacionada con la de  fs. 136 ordenó que pasen los autos para resolver.
IX. A fs. 175 esta cámara resolvió que la presentación de fs. 158 ha sido efectuada dentro del término establecido a fs. 139/140 y en virtud de la declaración jurada efectuada en el escrito en examen, correspondía admitir la documentación adjuntada por el accionante a fs. 133/135 en los términos del art. 334 del C.P.C.C.; ordenándose correr vista de dicha pieza a los demandados.
     X. A fs. 195/199 el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contesta demanda y ofrece prueba.
     1. Niega las afirmaciones de la actora y en particular "(q)ue haya habido una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín al rechazar su solicitud de matriculación como abogado…" (sic).
2. Ratifica todo lo expuesto en la resolución dictada por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires de fecha 4 de septiembre del 2008. Afirma que se actuó dentro del marco normativo, respetándose los principios de debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley.
3. Sostiene que como consecuencia de la apelación ante el Consejo Superior interpuesta por el Sr. Carlos Alberto Telleldin se dio origen al expediente administrativo Nª 08-153.
Expone que en el mencionado expediente se refiere que consta el pronunciamiento del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 2 de octubre del año 2008.
4. Solicita se tenga por reiterado y ratificado todo lo expuesto en la Resolución del Consejo Superior, dictada con fecha 2 de octubre de 2008 y dentro del marco de la ley 5177.
5. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas identificadas con el número 08-153.
XI. Por providencia obrante a fs. 200 se tuvo por contestada la demanda por parte del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, en tiempo y forma y por ofrecida la prueba.
XII. A fs. 218/219 este tribunal resolvió que:
a) La actora a fs. 107 optó por el procedimiento sumario de ilegitimidad, trámite al que no se opuso la demandada (conf. fs. 138 y cont. dem. de fs. 149/157 y cédula fs. 184/185 y cont. dem. fs. 195/199).
b) Tener por acompañado el expediente nº 08-153 y desestimar la prueba informativa requerida por la parte actora a fs. 112 en virtud de lo dispuesto por el art. 69 inc. 4° del C.C.A.
c) Atento a que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contestaron la demanda (fs.149/157 y 195/199) y no existiendo prueba pendiente de producción, corresponde a los fines de mejor resolver y en virtud de lo dispuesto por los arts. 46 del C.C.A. y 36 inc. 2º del C.P.C.C.,  que por Secretaría se acceda a la página de Internet del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de ser posible, se imprima un juego del acta 2045 y del pronunciamiento recaído con fecha 27 de mayo de 2009 en los autos "Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación" –T.639. XLII-, respectivamente, para su incorporación a las presentes actuaciones.
d) Finalmente y una vez cumplido lo indicado precedentemente se hizo saber a las partes la documentación que se agregará y córraseles vista para que en el plazo común de cinco días presenten el alegato (art. 69 inc. 6° del C.C.A.), plazo que comenzará a correr a partir de la última notificación.
XIII. A fs. 220/238 se dio cumplimiento con lo ordenado a fs. 218/219 agregándose las copias correspondientes al acta 2045 del Colegio de Abogados de La Plata y al pronunciamiento recaído con fecha 27 de mayo de 2009 en los autos "Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación" –T.639. XLII-.
A fs. 241/246 corren agregadas las cédulas diligencias que notifican a la actora y a los codemandados el auto de fs. 218/219.
XIV.- Por Secretaría se informó a fs. 252 que el plazo para la presentación de los alegatos se encuentra vencido y que solo lo hicieron los codemandados.
XV.- El Tribunal estableció las siguientes cuestiones a resolver:
¿Corresponde admitir la falta de legitimación pasiva interpuesta por el Colegio de Abogados de San Martín?
¿Es fundada la pretensión del actor?
            V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada el señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1º) El codemandado Colegio de Abogados de San Martín, en primer lugar, plantea la falta de legitimación pasiva para ser demandado, toda vez que afirma que no es emisor del acto administrativo definitivo y que agota la vía administrativa. Considera que de las decisiones legales surge que el acto administrativo que puede ser objeto de una pretensión contencioso administrativa es el acto definitivo emanado del Consejo Superior del Colegio de Abogados provincial.
2º) Cabe recordar que, con respecto a las excepciones previas admisibles, el art. 35 del CCA dispone que sólo se admitirán –entre otras- a la falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado cuando fuere manifiesta, con la salvedad de que "...en caso de no ocurrir esta última circunstancia,...el juez la considere en la sentencia definitiva" (confr. art. citado inc. 1º, ap. g). Asimismo, prevé que tal excepción podrá también oponerse como "...defensa de fondo al contestar la demanda". (cfr. Art. 35, inc. 2º del CCA).

La falta de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (CSJN en autos "Cantenys, Santiago Oscar y otros c/ Junta Nacional de Granos s/ Daños y Perjuicios" del 9/05/06).
Asimismo, el articulo 74 del CCA establece que: "(l)as pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos…".
3°) En la causa CCASM N° 1674, este tribunal sostuvo que "a la luz del pronunciamiento de la S.C.J.B.A. en la causa "Colegio de Bioquímicos", del 22-XII-08, corresponde reinterpretar el criterio seguido por este tribunal en la causa nº 356-M "D,A M C/ Colegio De Abogados De La Provincia De Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12.008 -Texto Según Ley 13.325-" del 3-VII-07, en sentido similar al adoptado en el expediente Nro. 1214 "F T, D J c/ Colegio De Médicos de la Provincia de Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12008 Texto según Ley 13.325  del 10-III-09): En efecto, sin perjuicio de la facultad revisora del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (art. 20, 43, inc. f de la ley 10.973 y sus modificatorias), en el supuesto de autos se advierte necesario que en el debate también intervenga el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Morón, en su carácter de persona jurídica del derecho público (art. 12 ley 10.973) y titular de la potestad disciplinaria (art. 15, inc. b de la ley 10.973... y arg. CCASM Expte. Nro. 1214 "F T, D J c/ Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12008 Texto según Ley 13.325  del 10-III-09".
4°) En atención a que el caso arriba indicado guarda similitud con el presente hago propios los argumentos expresados en el punto anterior y en consecuencia propongo se rechace la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio departamental. ASI LO VOTO.
Los señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi votan en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1º) Atento al modo en que ha quedado trabada la litis, corresponde que me expida sobre dos cuestiones comprendidas en la pretensión del actor concerniente: a) a la aplicación, en el caso, del decreto nacional de matrícula única (2293/92); y b) a la anulación de la resolución del Colegio de Abogados de San Martín y del Colegio Provincial en cuanto denegó su matriculación.
2º) En primer lugar, frente a la pretensión de la actora respecto de la aplicación en el caso del Decreto nacional de matrícula única (Dec. 2293/92), entiendo que este planteo luce al menos contradictorio. Ello, en cuanto que el actor al mismo tiempo reclama su inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, cuando conforme el mismo lo sostiene, ya cuenta con la matricula federal y la del Colegio de la Ciudad.
Sin perjuicio de ello, es de destacar que la codemandada Colegio de Abogados de San Martín lo rechazó con argumentos sólidos a los cuales se hizo referencia en el punto VI.6 de los antecedentes.
Es exacto lo expresado por el Colegio departamental en cuanto a la improcedencia de la aplicación del decreto 2296/1992 de matrícula única en la Provincia de Buenos Aires; ello por no haber adherido la mentada provincia a lo dispuesto por el decreto 240/99.
El decreto 2293/92 podría ser aplicable en lo que hace a la matrícula única solo en las jurisdicciones cuyas legislaturas hubieran aprobado no solo el Pacto Federal para el Empleo, sino además haber derogado en sede provincial de manera expresa las normas locales que exigen la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión.
El artículo 2 del mencionado decreto 240/99 textualmente dice: "(l)as disposiciones del Decreto N° 2293/92 serán aplicables a los profesionales matriculados o inscriptos, en las condiciones establecidas en su Artículo 1°, en jurisdicciones cuyas legislaturas hubieran aprobado el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y adecuado al Decreto N° 2293/92 el ordenamiento provincial correspondiente, mediante la derogación expresa de las normas locales que exijan la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión en el ámbito provincial". 
En este aspecto, es dable recordar que "…constituye elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicar el precepto estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido" (Ac. 39.014, sent. del 12-IV-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-598; Ac. 40.495, sent. del 20-II-1990 en "Acuerdos y Sentencias"; 1990-I-147; Ac. 45.868, sent. del 27-VIII-1991 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-29; Ac. 47.842, sent. del 6-IV-1993; Ac. 58.089, sent. del 3-IX-1996; Ac. 65.508, sent. del 23-III-1999, y esta Cámara en causas Nº 1082, "Fuentes", S. del 21-IX-2007, Nº 1102, "R.H. Tucci", S. del 4-X-2007, entre muchas otras).
En esas condiciones, el hecho que la provincia haya adherido al Pacto Federal no es suficiente para la aplicación de la normativa de la matrícula única ya que no se cumplió con la segunda condición; ello en la medida que la legislatura provincial no derogó la ley 5177.
Por su parte, es de destacar que la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires  de 1994 le dio a los Colegios profesionales rango constitucional al incorporar a los mismos en el artículo 41, que en la parte que interesa dice: "… (l)a provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales…".
Por último, cabe recordar que la CSJN ya se expidió sobre el tema en la causa "B.C.R.A. c. C.P.A.C.F." (La Ley, 2000/06//01, 2000-E, 189) donde sostuvo que la aplicación del decreto 2293/92 está sujeta a la aprobación del Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento por las legislaturas locales y la derogación expresa de las disposiciones que exigen la inscripción en la matrícula profesional, requisito este último que no se había llevado a cabo.
Por todo lo expuesto, cabe rechazar la pretensión de aplicación en la Provincia de Buenos Aires del decreto 2293/92 de matrícula única.
3º) Ahora bien, procederé a analizar la segunda cuestión a resolver.
Al respecto cabe recordar que el actor pretende la anulación de la  resolución denegatoria de su inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín -que fuera confirmada por el Colegio provincial-: "…por mediar una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín, al rechazar mi solicitud de matriculación como abogado en dicha jurisdicción…" (sic, ver fs. 107).
Para ello entiendo conveniente recordar:
a) En primer lugar, la motivación del acto por medio del cual el Colegio de Abogados de San Martín -con fecha 10 de junio del 2008- rechazó el pedido de matriculación efectuado por el Dr. Telleldín.
A fs. 4 de la presente causa se encuentra agregada copia de la mentada resolución donde se expresó - textualmente- lo siguiente: "San Martín, 10 de junio de 2008. VISTOS: Que el DR. CARLOS ALBERTO TELLELDIN ha solicitado a este Consejo Directivo su matriculación como abogado. Que de acuerdo con los requisitos de exigencia obligatoria, adjunta a su pedido un certificado del Registro Nacional de Reincidencia del cual surgen informados antecedentes judiciales. Que agrega a su presentación un escrito, en el cual formula una serie de consideraciones referidas a su particular situación. Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido  por la ley 5177, los Colegios de Abogados tienen, entre otras funciones, el gobierno de la matrícula. Que el artículo 2  inc. 1) de la ley establece que no podrán inscribirse  y corresponderá la exclusión de la matrícula  de los condenados a cualquier pena  por la comisión de delito doloso, con sentencia firme hasta el término de la condena. Que en el presente caso, del certificado acompañado por el peticionante  surgen informados  antecedentes judiciales, registrándose diversas causales por delitos dolosos. Que el art. 6 de la ley 5177 dispone que, para lograr su matriculación, el abogado debe –entre otros requisitos- acreditar "buena conducta". Que definiendo la forma de acreditarlo, el inciso 5° impone que tal requisito se cumplirá  con certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias. Que en el particular, el contenido de este informe aparece como un obstáculo insalvable a la luz de la disposición legal  que taxativamente exige acreditar buena conducta, y más aún, establece  también el medio de concretarlo. Que ello imposibilita otorgar su matriculación, ya que las decisiones a adoptar  por este Cuerpo  en el ejercicio del gobierno de la matrícula están sujetas a disposiciones  legales que no pueden  ser soslayadas. POR ELLO, el Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados  de San Martín dispone: 1- Rechazar la solicitud de matriculación como abogado presentada por el DR. CARLOS ALBERTO TELLELDIN, en atención a que no acredita  buena conducta conforme lo establece  el art. 6 inc. 5 de la ley 5177. 2-  Regístrese y notifíquese al interesado. Cumplido archívese."
b) En segundo lugar, la motivación del acto del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por el que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la aquí actora (ver fs. 39).

En ese sentido expresó que: "Dolores, Octubre 2 de 2008. VISTO el expediente caratulado "TELLELDIN Carlos Alberto s/ Apelación, y del que RESULTA: 1º) Que el letrado Carlos Alberto TELLELDIN, con matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 104, folio 950, y del Colegio de Abogados de la Capital Federal, tomo 92, folio 756, con domicilio real en al calle Julio Besada Nº 816, de la localidad de Martin Coronado, partido de Tres de Febrero, solicitó su inscripción en la matrícula del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martin, y esa petición le fue denegada mediante resolución de fecha 10 de junio del corriente año (fs. 4). Por tal motivo, el interesado recurrión directamente ante el Consejo Superior, por medio de escrito recibido el 20 de junio ppdo. (fs. 1/3). 2º) Que el Colegio de San Martín fundamentó el rechazo en la circunstancia de que el peticionante "no acredita buena conducta conforme lo establece el art. 6º, inc. 5º, de la ley 5177". Según esta norma, al abogado requiere ejercer la profesión se le exigirá además de los requisitos contenidos en los incisos 1) a 4) de la misma, "acreditar buena conducta y concepto público", aclarando que la primera de se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadísticas Criminal o el organismo que haga sus veces. 3º) Que, en su resolución, la entidad de marras hace mérito del contenido del informe obrante a fs. 11/18, que –señala-, "aparece como un obstáculo insalvable …", que "imposibilita otorgar su matriculación" (sic). Y CONSIDERANDO: 1º) Que el recurrente basa su apelación en la disposición del art. 2 icn. 1º), de la ley de rito, conforme a la cual no pueden inscribirse en la matrícula "los condenados a cualquier pena pro la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena", citando asimismo el art. 51, inc. 2º, del Código Penal, y agregando que tanto el Colegio Público antes mencionado, como la Cámara Federal de San Martin, le extendieron las habilitaciones correspondientes sin reparo alguno. 2º) Que cabe, en la especie, formular un claro distingo entre los conceptos de gobierno de la matrícula y la aplicación de la potestad disciplinaria atribuida a los Colegios, pues en virtud del primero de ellos, nuestras instituciones pueden, por ejemplo, disponer la suspensión provisoria en la matrícula, independientemente de la sanción ética que le pudiera corresponder al letrado, entendiéndose que esa facultad se ejerce cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de la prueba así lo acrediten, y resulta motivada por la inconveniencia de incorporar al ejercicio activo a quien exhibe una conducta impropia de tal naturaleza que afecte la dignidad de su ministerio como servidor y colaborador de la Justicia. La institución siempre tiene reservada la atribución, propia y exclusiva, de preservar el gobierno de la matrícula, a través de la no admisión de quien no acredite la referida buena conducta y concepto público; 3) Que la regla de la conveniencia o inconveniencia  en las decisiones que adopta el Consejo Directivo, en materia de suspensión  provisoria o denegación de la inscripción, importa una atribución establecida por la ley, cuyo ejercicio, a su vez, implica la apreciación subjetiva del órgano, en orden a la derivación pública que la incorporación a la matrícula pueda producir en detrimento de la función del abogado destinada como fin último al bienestar general. En el presente caso, los hechos que surgen de los antecedentes acompañados afectan sensiblemente la confianza, probidad, buena fe y lealtad, deber ético esencial de todo abogado en el desempeño de su ministerio. El artículo 6º, inciso 5º, de la ley 5177 prevé de manera específica la forma que habrá de acreditarse dicha conducta, mediante el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal, y que, en el presente caso, evidencian que el recurrente se halla afectado por una condena que todavía no ha vencido en el orden temporal. En consecuencia, se advierte la ausencia de la "buena conducta" que exige la ley, según la apreciación que realiza  el Consejo Directivo del Colegio de San Martín, a través de una resolución motivada en la apreciación de los antecedentes del recurrente, en un análisis que no resulta irrazonable, ni arbitrario. POR TODO ELLO, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en uso de la facultad que le confiere el art. 50, inc. g), de la ley 5177 (t.o. decreto 2885/01). RESUELVE: 1º) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por el letrado Carlos Alberto TELLELDIN contra la resolución del Colegio de Abogados de San Martín que denegó su pedido de admisión en la matrícula. 2) Conferir a esta resolución el carácter de interpretación final conforme al art. 50, inc. I), del referido instrumento legal. 3º) Incorporar la misma al Digesto del Consejo Superior. 4º) Notificar la presente en la forma de estilo y archivar las actuaciones."
c) La fundamentación del reclamo de la actora –ver punto IV de los Antecedentes-.
d) Los fundamentos dados en la contestación de la demanda por parte del Colegio de Abogados de San Martín –ver punto VI) 2), 3), 4), 5) y 6) de los Antecedentes-.
e) Los fundamentos dados en la contestación de demanda por parte del Colegio de Abogados de la Provincia –ver punto X) de los Antecedentes-.
4º) Efectuada dicha reseña de antecedentes relevantes, creo pertinente efectuar un breve análisis de la ley de colegiación obligatoria provincial, cuyos artículos relevantes para el caso se reseñarán más adelante.
Al respecto, Morello y Berizonce citan a Piero Calamandrei, el cual sostiene que "(n)o es exagerado decir que en un sistema judicial inevitablemente complicado…como lo es el de los estados civilizados modernos, la justicia no podría funcionar si no existiesen los profesionales del derecho, puesto que las dificultades de juzgar resultarían enormemente acrecentadas, hasta constituir obstáculos en la práctica insuperables, si el juez, suprimidos abogados y procuradores, viniera a quedar en contacto directo con la impericia jurídica y la mala fe de las partes litigantes" ("Abogacía y Colegiación Augusto" M. Morello, Roberto O. Berizonce, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1981. pág. 17).
En la misma obra, sostienen que: "…el sometimiento del ejercicio de la abogacía al régimen de la colegiación obligatoria, tal como ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires a consecuencia de la sanción de la sabia y rectora ley 5177, dio una nueva fisonomía a la profesión… no podrán dejar de admitir las bondades comprobadas que arroja la existencia de los Colegios de Abogados, a los que se ha reservado el gobierno de la matrícula. Dignificación de la profesión, afianzamiento de la solidaridad gremial, fortalecimiento del poder disciplinario sobre los abogados, mayor responsabilidad ética profesional son, entre otras, las importantes conquistas que se obtuvieron con el nuevo régimen" (ob. cit. pág. 17).
Asimismo, que: "…c) La inscripción en la matrícula se lleva a cabo en el Colegio Departamental del que el letrado formará parte, siendo deber del Colegio verificar si reúne los requisitos exigidos por la ley…" (ob.cit. pág. 19.).
Refieren que: "…el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele". Texto que ha sido acogido por el decreto ley 23.398/56, de reformas al C.P.C., agregándoselo como último apartado, al art. 52; y ulteriormente por la ley 7425 (art. 58)". (o.c. pág. 24).
Por su parte, cabe tener particularmente en cuenta lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar la colegiación obligatoria impuesta por ley nacional 23187, al sostener que:
"La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido de las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden" (Com. Interam. Derechos Humanos Fecha: 22/03/1988 Partes: Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº  2/26788 Publicado: JA 1988 III 328).
5°) Sentado ello, a efectos de analizar la legitimidad de la denegatoria de la inscripción denunciada, entiendo necesario señalar la normativa que establece la ley 5177; la cual, en lo que aquí interesa respecto al gobierno de la matrícula prevé:
     Artículo 1°:"…Para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere: 1- Tener título de abogado…. 2- Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley…".
     Artículo 2°: "No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de: 1-  Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena…".
     Artículo 6°: "El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte. Para la inscripción se exigirá: 1- Acreditar identidad personal. 2- Presentar el diploma universitario original. 3-  Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 2º, 3º y 4º. 4- Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio. 5-  Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones…".
 Artículo 7°: "El Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión y se expedirá dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud…".

Artículo 8°: El matriculado prestará juramento ante el Consejo Directivo, de desempeñar lealmente la profesión de abogado, observando la Constitución y las leyes, así de la Nación como de la Provincia; de no aconsejar ni defender causa que no sea justa, según su conciencia, y de patrocinar gratuitamente a los pobres".
Artículo 9°: "Podrá denegarse la inscripción cuando el abogado solicitante estuviese afectado por alguna de las causales de inhabilidad del artículo 2º. A estos efectos, los Colegios estarán facultados para solicitar, de oficio, los informes que se consideren indispensables. También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo, haga inconveniente la incorporación del abogado a la matrícula. En todos los casos, la decisión denegatoria será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles de producida su notificación, y deberá hacerse por escrito y en forma fundada. La resolución del Consejo Superior podrá ser recurrida por ante los tribunales contencioso administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 12.008".
Artículo 10°: "El abogado cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Colegio Departamental la desaparición de las causales que fundaron la denegatoria. En todos los casos, la denegatoria deberá ser comunicada a los restantes Colegios Departamentales".
6°) Reseñada la normativa aplicable y conforme a los antecedentes procesales del caso, corresponde analizar si lo resuelto por el Colegio de Abogados de San Martín y la confirmación por parte del Colegio provincial -las que han sido materia de impugnación por la actora-, se ajustan o no a derecho.
7°) De la normativa transcripta advierto que el legislador, por un lado, estableció causales de inhabilidad para el ejercicio de la abogacía en el ámbito provincial y de exclusión de la matrícula (cfr. lo previsto en el art. 2 ley 5177). Entre ellas, la normativa inhabilita a: "los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena…" (inc. 1).
A su vez, el legislador provincial previó requisitos que debe cumplir el interesado al inscribirse en la matrícula, entre ellos, el de acreditar buena conducta (cfr. art. 6 inc. 5 ley 11757), que se acredita con el "certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones…".
A mi criterio no corresponde la asimilación de ambos institutos por el hecho que su acreditación se materialice por intermedio del mismo instrumento (vgr. certificado de reincidencia), en la medida que éste último sirve a distintos efectos; para saber: (i) si el interesado está –directamente- inhabilitado para inscribirse; o (ii) si reúne o no buena conducta para el ejercicio de la profesión de abogado.
En efecto, el hecho que dicho documento eventualmente no refleje la existencia de una condena por delito doloso firme y vigente al momento de la denegatoria de inscripción, no implica el cumplimiento automático del recaudo de "buena conducta".
Éste requisito, a mi juicio, traduce el análisis de un concepto jurídico indeterminado (vgr. "buena conducta") que debe efectuar la autoridad colegial frente a cada inscripción.
Conforme tiene dicho la CSJN, este tipo de conceptos imponen un análisis casuístico "ponderando las circunstancias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier aplicación mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas circunstancias humanas" (cfr. CSJN, "Arcángel Maggio S.A. s/concurso preventivo s/incidente de impugnación al acuerdo preventivo", 15/03/2007, T. 330, P. 834).
En esas condiciones, el concepto de "buena conducta" amén de que no puede ser aprehendido bajo fórmulas sacramentales o inflexibles, otorga discrecionalidad al ente decisor y cuenta con límites imprecisos que, a tenor de la normativa aplicable en la especie, se delimitan con la totalidad del contenido del certificado de reincidencia, con las circunstancias de cada caso en que se aplique, y con el principio de razonabilidad (cfr. 28 CN y ccdtes. y ver SCBA, B 52762 S 31-3-2004, Juez Negri (SD) Hernández, Alicia Esther y otros c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa, y en igual sentido SCBA, B 56073 S 10-5-2000, entre muchas otras).
8°) En estas condiciones, cabe señalar que, tanto en la motivación del acto del Colegio de Abogados de San Martín como el de Provincia, respecto a la valoración de la "buena conducta", se hace referencia a los antecedentes que surgen del certificado de reincidencia presentado por el actor.
En base a los mismos, las autoridades colegiales intervinientes llegan a la conclusión que el actor no presenta buena conducta, por lo cual, le deniegan la inscripción en la matrícula.
Por un lado, la invocación de ilegalidad de dicha decisión que formula el actor, entiendo que no puede tener favorable recepción en tanto los entes decisores aplicaron, a efectos de la decisión denegatoria un supuesto expresamente previsto en la normativa aplicable (inexistencia de buena conducta, cfr. art. 6 inc. 5 de la ley 5177).
Y, en cuanto a las demás críticas que formula a las decisiones impugnadas (irrazonabilidad y/o arbitrariedad), pese a que, a efectos de torcer dicha tesitura, el actor invoca haber sido absuelto en la causa "AMIA DAIA" y la caducidad del plazo del art. 51 inc. 2 CP, lo cierto es que los antecedentes que surgen del certificado de reincidencia no permiten vislumbrar irrazonabilidad en la valoración de la conducta del actor efectuada por las autoridades colegiales.
 La carencia de buena conducta se desprende -sin dudas- del mismo certificado de reincidencia.
En tal sentido, cabe observar que con fecha 29/04/08 el Registro Nacional de reincidencias certificó en los términos del art. 51 del CP y del art. 8 inc f de la ley 22117 que el actor registra ante dicha repartición los siguientes antecedentes judiciales (ver fs. 30/37):
1) A fs. 31 el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal nº 9 informa con fecha 2/08/99, que en el marco de la causa nº 1156 "Pasteur 633 Atentado (homicidio, lesiones daños) damnificado: AMIA y DAIA".
a) Con fecha 9/08/94 se decretó el procesamiento del actor  por encontrarlo autor responsable del delito de encubrimiento, el que concurre idealmente con el reemplazo ilegítimo de motor de automóvil, y en forma material con el de falsificación de documento privado (art. 54, 55, 277 inc. 1º y 299 CP y art. 33 del DL 6582/58); y en consecuencia, se convirtió la prisión preventiva en su actual detención. Surge además, que esta última fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con fecha 28 de diciembre del mismo año;
b) Con fecha 30/4/98 se amplió el procesamiento del actor de las filiaciones consignadas, en orden al delito de uso reiterado "4 hechos" de documento nacional de identidad adulterado en calidad de autor (arts. 45, 55, 296 en función del 292 CP) y mantuvo la prisión preventiva dispuesta de conformidad con el art. 312 inc. 1 del CPP; y que tal resolución fue confirmada por el superior;
c) Con fecha 2/11/98 amplió el procesamiento del actor de las demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo prima facie responsable como partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado, lesiones leves, graves y gravísimas- y daño cometidos todos ellos e forma reiterada (86 muertos, 109 lesionados) agravados en función de lo dispuesto por la ley 23592); ello, en virtud de la participación que le cupo con relación al atentado en la sede de la AMIA acaecido el 18/07/94. Asimismo, mantuvo la prisión preventiva dispuesta, resolución confirmada por la alzada el 11/05/99.
2) El 12/10/00 obra informe del Tribunal Oral nº 28 por medio del cual informa que en la causa nº 445 seguida contra el actor, por el delito de estafa en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con falsificación de documento público, se dictó sentencia el 10/08/99 resolviéndose condenar al Sr. Telleldin por ser autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas); asimismo lo condenó a la pena de siete años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la dictada anteriormente, y la pena única de cinco años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, recaídas con fecha 2/05/97 por ante el juzgado de sentencia Letra "A" Secretaría 2 en la causa nº 3822 que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 27, Secretaría nº 124 bajo el sumario nº 43124, comprensiva ésta a su vez de la pena también única de cuatro años y seis meses de prisión y accesorias legales y costas discernida en dichas actuaciones por sentencia definitiva del 20/06/96 (a su vez integrada con la de un año y seis meses de prisión a cumplir que allí se le impuso en orden al delito de encubrimiento –arts. 45 y 277 inc. 2 CP, la de dos años en prisión en suspenso y costas dictada el 8 de febrero de 1990 en la causa 16425 del juzgado criminal nº 6 de San Martín, Prov. de Buenos Aires en orden al delito de corrupción –art- 125 CP y la de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas dictada también en definitiva el 14/07/95 en la causa nº 5562/94 del Juzgado Federal nº 1 Secretaría 3 de San Isidro, en orden al delito de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –arts. 42 y 282 CP.- cuya ejecución condicional en ambos casos fue revocada) y de la pena de un año y ocho meses de prisión a cumplir impuesta por sentencia definitiva del 26/08/96 en la causa nº 14341 del Juzgado Nacional de Sentencia Letra "C" Secretaría nº 5 y que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 1, Secretaría nº 105 bajo el sumario nº 61383 en orden al delito de encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad, cometido en forma reiterada (4  hechos).

Asimismo, informó que el cómputo de la pena oportunamente practicado vencería el día 5 de abril de 2002 y el registro de la misma caducaría a todos sus efectos el día 5 de abril del año 2012.
3) Por último, en fecha 20/02/01 el Juzgado de Instrucción nº 4, Sec. Nº 18, con relación a la causa nº 49.041/98 caratulada "Juzgado Federal nº 9 Autos Pasteur 633 –Atentado, denuncia s. asoc. Ilícita, encubrimiento, y estafas reiteradas- donde uno de los imputados es el Sr. Telleldín, informó que el 25/10/00 se dispuso la elevación a juicio de la causa. Que dicha elevación es con relación al delito de asociación ilícita (cfr. art. 210 párrafo 1º CP; y que en el caso del actor, también era con relación a los delitos de estafa (11 hechos) el que concurre idealmente con el delito de encubrimiento agravado por la habitualidad, cometido en forma reiterada –once hechos- (arts. 54, 55, 172 277 inc. 3º CP). Y que, por estos delitos el Sr. Telleldín fue procesado con fecha 2/11/95 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9, Sec. Nº 17 en la causa nº 1156 caratulada "Pasteur 633" (homicidio, lesiones, daños) damnificados AMIA DAIA, que se iniciara el 18/07/94.
En efecto, de acuerdo a los antecedentes que surgen de dicho documento, considero que no puede prosperar la demanda, en tanto resultan legítimas las decisiones de las autoridades del Colegio provincial y departamental intervinientes, en su aspecto resolutorio y sus fundamentos.
Entiendo que, más allá de la situación penal del actor en la "causa Amia" -en la cual se encuentra procesado, en atención que la CSJN in re "T. 639. XLII. Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ rec. de casación ordenó que "vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto"- y las diversos delitos en los que se encuentra procesado que surgen del certificado de reincidencia, los delitos por los cuales el actor ha sido condenado guardan relación con aquellos bienes jurídicos enraizados con los deberes comprendidos en el ejercicio profesional de la abogacía - en particular la fe pública-.
En efecto, no puede soslayarse que el actor ha sido condenado a los delitos de:
(i) falsificación de instrumento público  -cfr. art. 292 CP- lo cual afecta al bien jurídico "fe pública" (cfr. título XII CP).
(ii) puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –cfr. 282 del CP- lo cual afecta al bien jurídico "fe pública" (cfr. título XII CP).
(iii) encubrimiento –cfr. art. 277 CP- lo cual afecta el "normal funcionamiento de los órganos de los órganos de gobierno" -cfr. Fontan Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Lexis n° 1508/000678- (cfr. título XI CP).
(iii) encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad cometido en forma reiterada (cuatro hechos) que afecta el "correcto funcionamiento de la administración pública" (cfr. título XI CP)."
(iv) corrupción de menores –cfr. art. 125 del CP- que afecta al bien jurídico "delitos contra la integridad sexual" (cfr. título III CP).
Tales conductas, que fueron objeto de condena, no se condicen con aquellos deberes y funciones debe desarrollar en el marco del ejercicio de profesión colegiada.
Téngase presente que el abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en las causas de justicia, sino que es, además, un auxiliar de justicia a quien las leyes que organizan la justicia pueden - conforme al enunciado del preámbulo y al art. 5, Constitución Nacional - exigir cierta organización y disciplina que garantice el ejercicio responsable y ético de la profesión legal jurídica (del voto de los doctores Fayt y López in re  "B. C., R. A. c. Colegio Público de Abogados", del 1/06/00, LA LEY 2000-E, 189) (Conf. leyes nacionales n° 27, art. 8; n° 50, art. 23; n° 932, arts. 1 y sgtes.; n° 4162, arts. 1, 3 y otros); así como "un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros" (cfr. voto en disidencia de los doctores Sagarna y Casares en la causa "Sogga, Constantino y otros", LA LEY 40, 405, Fallos Corte: 203:100, del  29/10/1945) (los resaltados son propios).
No menos relevante resulta recordar, en este punto, que la ley 5177 impone una serie de prohibiciones a los abogados en el ejercicio de la profesión (cfr. art. 60, 72 y ccdtes.); así como, en el marco del Código de Ética para el ejercicio de la abogacía –dictado cfr. art. 25, inc.7 de la ley 5177 y el art. 32, inc. B del decreto 5410/49- se estipula que:
"Art. 1º.- ESENCIA DEL DEBER PROFESIONAL. CONDUCTA DEL ABOGADO. El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas morales.- La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la vida privada del abogado.-
Art. 2º.- DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL.- El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados.-
Art.5º.- RESPETO A LA LEY: Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las autoridades legítimas.
Art. 6º.- VERACIDAD Y BUENA FE: La conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe engaño o traición a la confianza pública o privada" (los resaltados son propios)
Reitero lo dicho por la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más atrás, al sostener que "La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales… constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas"; y que "la matriculación en el Colegio Público de Abogados es una función pública y, por razón de esta condición, dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio, puesto que de otra manera el Estado estaría   por la vía del Colegio  estableciendo para unos profesionales un requisito que no exigiría para otros y, por lo mismos, violaría entonces el derecho de igualdad ante la ley, no pudiendo  además  ejercer control sobre el ejercicio profesional del abogado. Se trata, pues, de la actividad propia de un ente público con carácter derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público que actúa en nombre y representación del Estado" (Com. Interam. Derechos Humanos, Fecha: 22/03/1988 Partes: Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº  2/26788, Publicado: JA 1988 III 328) (los resaltados son propios).
Cabe agregar que: "la responsabilidad del profesional mueve la confianza del usuario, contribuyendo a su vez a jerarquizar el desempeño de las profesiones jurídicas" (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 30/8/2005, "Jiménez, Juan Andrés v. Grimberg, Raúl G. s/ daños y perjuicios") y que: "El abogado a quien se le confía el asunto tiene, hacia la persona que deposita en él su confianza, una responsabilidad ética y legal" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C 14/04/1981 Naumow, Marta S. c. Gutiérrez, Julio E. LA LEY 1982-A, 212 AR/JUR/1740/1981)
Por estos fundamentos, las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental intervinientes en autos, impugnadas por el actor, no resultan irrazonables ni tampoco ilegítimas.
9°) Por su parte, se observa que en la resolución de la autoridad provincial del Colegio de Abogados, más allá de fundar la denegatoria de inscripción en la inexistencia de "buena conducta" (cfr. 6 inc. 5 ley 5177), hace referencia al art. 2 inc. 1 de la ley 5177 y  alusión a que el actor  "se halla afectado por una condena que no ha vencido en el orden temporal" (ver fs. 39 vta).
A tales efectos, y en sentido contrario a lo manifestado por el actor en su demanda (ver fs. 66 vta in fine), cabe observar que el propio Tribunal Oral en lo Criminal nº 28, en el marco de la causa nº 445 seguida contra el aquí actor, informa una serie de condenas aplicadas al Sr. Telleldín, concluyendo que "la pena impuesta vencerá el 5 de abril de 2002 y el registro de la misma caducará a todos sus efectos el día 5 de abril del año 2012" (fs. 35).
En consecuencia, cabe advertir que el actor al momento del pedido de inscripción –e inclusive a la fecha de la presente-, contrariamente a lo sostenido en su demanda, se hallaba afectado por las consecuencias de las condenas aplicadas en razón del régimen de reincidencia (cfr. art. 51 inc. 2 CP); lo cual, corrobora el acierto de las decisiones denegatorias de su inscripción en la matrícula. 
10º) A mayor abundamiento, entiendo que no resultan aplicables al caso, los precedentes dictados por esta alzada vinculados a las licencias de conducir (CCASM causa Nº 1146/07, sentencia del 30/11/07, entre otras) en atención a las especiales características que tiene, en la especie, la admisión de la matrícula, conforme se expresara en los considerandos anteriores.
Y, adicionalmente cabe sostener que, la resolución de las autoridades del Colegio de Abogados del Dto. Judicial de La Plata (ver fs. 134/135) que invoca el actor en su favor, no obliga a los demás colegios departamentales, atento a la independencia de los mismos en el gobierno de la matrícula de los abogados y de los procuradores (cfr. arts. 15, 16, 18 y 19 inc- 1 Ley 5177); amén de que en dicho caso se analizó, a diferencia del presente, el "buen concepto público" del interesado.
11º) Sentado ello, debe desestimarse la crítica del actor, en cuanto sostiene que la denegatoria de la matriculación afecta el derecho constitucional de trabajar.
Ello, en cuanto el derecho de trabajar o ejercer industrias lícitas está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales serán susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren, o cuando consagren una manifiesta iniquidad; situación que, conforme lo expuesto en los dos considerandos anteriores, no se configura en el caso de los recaudos para el ejercicio de la abogacía que establece la ley 5177 (cfr. art. 6 inc 5), en tanto el actor no acredita "buena conducta" (arg. cfr. CSJN, in re "H., A." LA LEY 1983-C, 49, del 22/03/1983).
Por otra parte debe señalarse que el derecho al trabajo que garantiza nuestra constitución nacional –cfr. art. 14 – no se circunscribe ni se agota, exclusivamente, en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, sino que puede hallar su cauce en una innumerable gama de actividades a las cuales puede recurrir el actor para solventar, con eficiencia y probidad, las necesidades de orden material y espiritual que se le presenten en su vida diaria.
12º) Por todo lo expuesto, propongo: 1º) Con los fundamentos expuestos en los puntos 1°), 2°), 3°) y 4°) – al tratar la primera cuestión- rechazar  la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio de Abogados de San Martín; 2º) Con los fundamentos vertidos al tratar la segunda cuestión, no hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Telleldín y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 3º) Imponer las costas en el orden causado (artículo 51 inc. 1 del CCA); 4º) Vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios. ASI VOTO.
Los señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi adhieren al voto precedente, con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
              S E N T E N C I A
Por las razones antes expuestas, este Tribunal RESUELVE: 1º) Con los fundamentos expuestos en los puntos 1°), 2°), 3°) y 4°) – al tratar la primera cuestión- rechazar  la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio de Abogados de San Martín; 2º) Con los fundamentos vertidos al tratar la segunda cuestión, no hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Telleldín y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del colegio de abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 3º) Imponer las costas en el orden causado (artículo 51 inc. 1 del CCA); 4º) Vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios. Regístrese y notifíquese.


ANA MARIA BEZZI

JORGE AUGUSTO SAULQUIN

 

HUGO JORGE ECHARRI


ANTE MÍ
Ana Clara González Moras
Secretaria
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - San Martín.

A00360382921 - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala B. - Ref. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala B. Causa: 10.772/07. Autos: Silvestri, Hilda Rosa c/Silva, Elvio s/ desalojo por vencimiento de contrato. Cuestión: honorarios profesionales - utilización de métodos de actualización, Protocolo de Regulación elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28-JUN-2011. -
....................
R. 574.844 Expd. 10.772/07 "Silvestri, Hilda Rosa c/Silva, Elvio s/ desalojo por vencimiento de contrato" Buenos Aires, 28 de junio de 2011. Autos y vistos: A fin de entender en el recurso de apelación interpuesto contra los honorarios regulados, cabe realizar una serie de consideraciones previas en relación de los mínimos contemplados por el art. 8 de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-. La última reforma arancelaria fue sancionada en enero de 1995, esto es, hace más de dieciséis (16) años. Desde aquella época a diciembre de 2010, el salario básico de un juez de primera instancia se incrementó de $ 3.145,52 a $ 13.062,76. Esto representa un aumento del orden del 415,29%. Por su parte, la retribución de los mediadores también se vio incrementada en virtud de las disposiciones especificas del decreto 1465/07, y así se sostuvo que "los montos de los aranceles y de los honorarios que perciben los mediadores han permanecido inalterados y se han tornado insuficientes, lo que justifica que se aumenten ". Y con similares criterios se procedió a la modificación del monto del art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este sentido, la Corle Suprema de Justicia de la Nación actualizó hasta la ley de convertibilidad en el fallo "Alicia Josefina Lalo c/ Jorge Alberto Kohon", Fallos 323:311, del 7 de marzo de 2000 y la Cámara Nacional en lo Civil en Pleno, en autos "Pérez c/ Cisneros s/ daños y perjuicios", del 3 de septiembre de 2003, que pasó a ser


Causa: 41.695
"D., N. C. y otros s/defraudación a la propiedad intelectual" Sala V/ll

///nos Aires, 19 de agosto de 2011.-

Autos, y vistos, y considerando:

I- ) N. C. D. y M. de los A. M. fueron procesadas, como coautoras, por el delito de defraudación a la propiedad intelectual -art. 71 de la ley 11.723- (puntos dispositivos I y II, auto decisorio de fs. 294/329).

II- ) En prieta síntesis, el suceso prima facie atribuido tuvo su génesis cuando D. era dependiente de "C.........", titular de la empresa "F........", y consiste en haber copiado ilegítimamente su base de datos (relativa a la organización de eventos de intercambio de experiencias y mejores prácticas dirigidos al nivel ejecutivo del ámbito empresarial), que en palabras de la querella constituye su mayor activo y con éstos haber montado junto a M. una empresa competidora de similares características que ofrecía análogos productos, desviando así la clientela en provecho propio.

Cabe mencionar, que las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen a la imputación, están descriptas con precisión en las indagatorias de fs. 265/272 y fs. 273/275 y en el auto decisorio puesto en crisis.

III- ) En el escrito de apelación glosado a fs. 339/342, la defensa arguyó, al tratar la situación de D., que la protección de la ley 11.723 en modo alguno se extendía a casos como el presente, pues ampara la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no a estas nociones en sí, en tanto está permitida la utilidad colectiva que una idea provechosa posee.

Señaló además que dicha información no es susceptible de apropiación porque sería de dominio público y que el registro de la ley 25.326 no constituye propiedad.

Asimismo, criticó el valor que se le asignó a la pericia informática practicada en sede civil, en tanto se habría tratado de una prueba obtenida de modo irregular impugnada en aquella sede.

Al referirse a la situación de M., indicó que su vinculación con "C....." fue puramente formal para que se pudiera constituir la sociedad, y que se partió de un derecho penal de autor ya que se infirió su aporte ante su condición de analista de sistemas y el parentesco que la une con D..

Ahora bien, efectuada la pertinente deliberación en los términos del art. 455 del ordenamiento procesal, concluimos que la decisión apelada debe homologarse.

Ello así, por cuanto disentimos con la apreciación de la defensa en relación a que la base de datos aludida carece de protección al amparo de la citada norma, pues como correctamente lo mencionó el juez a quo, fue incluida por la ley 25.036.

Al respecto, entendemos que no se trata de una simple recolección de datos, pues se aprecia que están seleccionados y clasificados acorde a las necesidades de la empresa, y orientados a un método específico de trabajo en vistas a elaborar y promocionar los productos que se ofertan. Es decir, componen un método de realización basado en su experiencia comercial, y por lo tanto mal podría concluirse que son datos de neto dominio público.

Tampoco compartimos las críticas vinculadas con la pericia informática practicada en sede civil, ya que ningún elemento existe que de sustento a las sospechas de parcialidad que dejó traslucir en su articulación. Ello, sin perjuicio de considerar, además, que las conclusiones del magistrado instructor lucen razonables y acorde a los extremos comprobados en la causa, y que la nulidad deducida contra aquella experticia fue in limine rechazada en aquél fuero.

En relación a la situación procesal de M., también consideramos que el plexo probatorio reunido es suficiente para, con el grado de probabilidad exigido en este estadio procesal, disponer su procesamiento.

En efecto, la alegada situación de "prestanombre" en vista a la conformación de la sociedad no logra convencernos. Es que más allá de que se trataría de un supuesto de fraude a ley mercantil, de momento no corroborado, lo cierto es que existen indicios que avalan la circunstancia de que desarrolló tareas de trascendencia, como correctamente se explicó en la resolución recurrida, y que descartan su mera participación formal en el acto constitutivo.

Recuérdese, como se mencionó, que en los correos electrónicos enviados promocionando los productos aparecía como responsable de administración y atención al público.

La indefinición de su parte en este punto, ya que al ser indagada adujo que ocasionalmente colaboró en cuestiones administrativas mientras que al recurrir afirmó que no tenía otra forma de identificarse que como empleada porque ello era lo que se ajustaba a la realidad, resta credibilidad a su descargo en cuanto a su accidental presencia en la empresa.

En función de los expuesto y demás argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, los que a los fines de evitar innecesarios reiteraciones corresponde dar por reproducidos en la oportunidad, se resuelve:

Confirmar los puntos dispositivos I y II del auto decisorio de fs. 294/329 en cuanto fueron materia de recurso.

Devuélvanse las actuaciones a su procedencia y sirva la presente de atenta nota. La jueza María Laura Garrigós de Rébori no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Rodolfo Pociello Argerich
Mirta L. López González

Ante mi:
Andrea Fabiana Raña
Secretaria C.S.J.N.

 


Nota de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos "D. N. C. y otros s/defraudación a la propiedad intelectual" (causa 41.695) rta.19/8/2011, donde la Sala confirma el procesamiento en orden al delito de defraudación a la propiedad intelectual (art. 71 de la ley 11723) respecto de la imputada que copió ilegítimamente la base de datos de la empresa en la cual se desempeñaba, relativa a la organización de eventos empresariales, desviando así la clientela en provecho propio, hacia una empresa que formó con otra persona y que ofrecía en el mercado análogos productos.

Destaca la Sala que disiente con la defensa en relación a que la base de datos aludida carece de protección, pues como correctamente lo mencionó el magistrado de la instancia de origen, fue incluida por la ley 25.036. Así, no se trata de una simple recolección de datos ya que se aprecia que están seleccionados y clasificados acorde a las necesidades de la empresa y orientados a un método específico de trabajo en vistas a elaborar y promocionar los productos que se ofertan. Ello permite colegir que componen un método de realización basado en la experiencia comercial.

Asimismo precisan que la pericia informática llevada a cabo en sede civil es válida toda vez que ningún elemento existe que de sustento a las sospechas de parcialidad.

Por último, con relación a la otra persona imputada en la maniobra, también se consideraron reunidos los extremos para dictar su procesamiento, toda vez que existen indicios que avalan la circunstancia de que desarrolló tareas de trascendencia y que descartan su mera participación formal en el acto constitutivo de la sociedad. Agregaron que en los correos electrónicos enviados promocionando los productos aparecía como responsable de administración y atención al público, que al ser indagada adujo que ocasionalmente colaboró en cuestiones administrativas y, al recurrir el procesamiento, afirmó que no tenía otra forma de identificarse que como empleada porque así era en realidad, circunstancias que restan credibilidad a su descargo en cuanto a su accidental presencia en la empresa.-

Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.

“A. A. A. y otro c/ Endemol Argentina S.A. s/ accidente-acción civil” – CNTRAB – 16/05/2011
ENFERMEDAD INCULPABLE. Afección psicológica y afección cardíaca. Estrés laboral. AUSENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ADECUADA ENTRE LOS FACTORES LABORALES Y EL EPISODIO CARDÍACO. Proceso patológico provocado por un rasgo de la personalidad del trabajador. Alteración de las emociones. Acción de daños y perjuicios. Rechazo

“Descartado el nexo causal entre el episodio de la “angina de pecho” con las condiciones generadas por el ámbito laboral, sólo cabe ponderar éstas como posible factor de riesgo de la causa del estrés, presentado por el apelante ambiguamente como accidente y como enfermedad. Sobre esto, cabe recordar que el estrés no es, en sí mismo, una enfermedad. Se trata de un síndrome general de adaptación que es manifestado por el organismo cuando responde a ciertas variaciones del entorno. En la medida que la vida misma es un proceso de adaptación permanente, con el objeto de mantener un equilibrio dinámico dentro de un marco que permita la continuidad funcional del sistema viviente, el estrés se halla en cualquiera de los actos que componen la vida y sólo se detiene con la muerte. Desde luego, la necesidad de adaptarse a cambios drásticos o de superar dificultades graves provoca una mayor tensión capaz de desencadenar o agravar diversas patologías. De la conclusión de la pericia psicológica surge que el coactor sufre de “distimia crónica”, esto es una alteración del estado de ánimo, una depresión leve de carácter crónico, que se inicia durante el desarrollo de la personalidad, en la niñez tardía o adolescencia y cuya evolución es prolongada, puede durar toda la vida.”

“No fueron sus tareas laborales las que le provocaron el proceso patológico detectado en la pericia psicológica, sino que es la presencia de un rasgo de su personalidad llamado trastorno distímico la causa frecuente de sus malestares a nivel personal, familiar o laboral. Dada esta estructura, cualquier evento de la cotidianidad es considerado por aquél como una agresión de su entorno que le provoca “alteraciones de las emociones”. En conclusión, la pretensión del actor no es susceptible de encuadrar en un subsistema de responsabilidad civil, por no haberse establecido la relación causal entre un factor laboral y el daño (artículos 499, 901/906, 1109 y 1113 del Código Civil), lo que conduce a sellar definitivamente la suerte adversa del recurso.”

 

703 documentos para Honorarios provisorios
• 
o Sentencia de Sala III, 29 de Septiembre de 1992 (caso Inc. De Regulacion de Honorarios Anticipados en Autos Baiter S.a. C/ e.N. (M.O.S.P.) S/ Nulidad de Resol. Y Daños y Perjuicios)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Procedencia. Sólo en supustos de excepción, cuando concurren especialísimas circunstancias, procede la regulacón provisoria de honorarios. Mo., Mu. y A. INC. DE REGULACION DE HONORARIOS ANTICIPADOS EN AUTOS BAITER S.A. c/ E.N. (M.O.S.P.) s/ NULIDAD DE RESOL. Y DAÑOS Y PERJUICIOS 29/09/92 NAC.CONT.ADM.FED., SALA III -------------------------------------------------------------- HONORARIOS. PERITOS. Ingenieros. Regulación provisoria. Pautas. Si bien el arancel de los peritos ingenieros no contiene una previsión expresa respecto a la regulación provisoria, esta resulta posible por aplicación analógica de los principios contenidos en las normas sobre aranceles de abogados, del interventos judicial y de los peritos contadores (E.D. ...
• 
o Sentencia de Sala I, 7 de Octubre de 1999 (caso Papel Prensa S.a. -Incidente Hon.Dres. Pose y Massa- C/e.N. -Mº de Economía- y Otros S/Contrato Administrativo Causa: 24.784/99)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Regulación. Principio general. Excepciones. Si bien es cierto que los honorarios profesionales se deben regular en la sentencia definitiva -o, en su caso, resolución que pone fin al pleito- no lo es menos que en supuestos excepcionales no resulta descartable una regulación anticipada y provisoria de emolumentos. Situación admisible no sólo en aquellas hipótesis previstas legalmente sino también cuando en función de las circunstancias concretas que muestra el litigio el dictado de las resoluciones que determinan la pertinencia de la regulación es demorada por factores totalmente ajenos a la actuación profesional (esta Sala "Sideco Americana SACIF c/ Comisión Nac. de Energía Atómica s/ contrato de obra pública", del 15/4/94). Buján, Coviello Papel Prensa S.A...
• 
o Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Abril de 2000 (caso Ponzamesi, Oscar Alfredo c/ Novobra S.A. y otra s/ Enfermedad accidente)
Laboral - REX-Sentencia recurrible - Honorarios de abogados - La resolución del Tribunal del Trabajo que regula honorarios mínimos y provisorios no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. CPCB Art. 278
• 
o Sentencia de Sala III, 15 de Junio de 2004 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nº 173.182/02 del 15 de Junio de 2004.)
HONORARIOS. PROVISORIOS. En la regulación de honorarios provisorios el juez no se encuentra acotado por pautas rígidas, debiendo hacerlo en forma prudencial y según las modalidades de cada pleito (esta Sala "Incidente de regulación de honorarios anticipados en autos Baiter S.A.", del 29/9/92 y "Ford Motor Argentina S.A.", del 4/11/97). Argento, Grecco. .182/02 "Vainer Marta Carlota c/ PEN LEY 25.561 Dtos 1570/01 214/02 (RIO) s/ Proceso de Conocimiento-Ley 25.561". 15/06/04 NAC.CONT.ADM.FED. Sala III.
• 
o Auto nº 27028 de 2ª Cámara En Lo Civil, 25 de Septiembre de 2000
Materia: Procesal Civil Tipo de Resolución: Auto Voces: Alimentos Provisorios - Honorarios-base Regulatoria Texto: Las normas legales aplicables a la medida precautoria de alimentos provisorios son los arts. 9 inc. a) y f), 3 y 31 de la ley 3641, en tanto corresponde calcular los honorarios profesionales sobre la base de lo reclamado por alimentos durante dos años y aplicarle el tercio de la escala. Al resultado así obtenido corresponde disminuirlo en un treinta por ciento en base a lo dispuesto por el art. 3 de la mencionada ley arancelaria. Referencias Normativas: Norma: Código Procesal Civil art.: 0036 Expediente: 27028 - Urrutia, Mercedes Del Carmen Miere, Orlando Alimentos Provisorios Fecha: 25-09-2000 Magistrados: Varela De Roura-caso-marzari Cespedes Tribunal: Segunda Cámara En...
• 
o Sentencia de Sala IV, 28 de Febrero de 2002 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nº 21.496/98 del 28 de Febrero de 2002.)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Peritos. Si bien los honorarios de los peritos deben estimarse, en principio, al momento de ser dictada la sentencia, se ha admitido, con carácter excepcional, la regulación provisoria -sujeta a ulterior modificación una vez que se dicte el pronunciamiento definitivo o en el momento en que se ponga fin al proceso de otro modo- si ha transcurrido un extenso lapso desde que se realizó el trabajo (cfr. esta Sala in re "Incidente en autos: Sideco Americana c/Dir. Nac. de Vialidad s/contrato de obra pública", del 20/4/95) o cuando ha existido una demora excesiva en el trámite judicial debido a la exclusiva voluntad de las partes -v.gr. cuando los trámites procesales se encuentren suspendidos- (cfr. Sala III, "Baiter S.A. c/E.N. -M.O.S.P.- s/nulidad de resol. y da...
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o Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 11 de Febrero de 1999 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 16.684/96. del 11 de Febrero de 1999.)
HONORARIOS. REGULADOS CON CARACTER DEFINITIVO. FIRMEZA. DOCTRINA PLENARIA POSTERIOR. INAPLICABILIDAD. FICHA N° 6258. LOS HONORARIOS REGULADOS POR ESTA SALA EN LA SENTENCIA NO SON PROVISORIOS -COMO INTERPRETA LA APELANTE- SINO QUE SON DEFINITIVOS Y ESTAN FIRMES, COMO ACERTADAMENTE SOSTIENE EL A QUO. ADEMAS, FUERON FIJADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLENARIO "LA TERRITORIAL DE SEGS C/ STAF", DEL 11.9.97. EN ESE SENTIDO, AUN ADMITIENDO EL EFECTO VINCULANTE DEL FALLO PLENARIO Y SU APLICACION INMEDIATA A LOS JUICIOS YA INICIADOS Y QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y NO TERMINADOS POR SENTENCIA FIRME, LA NUEVA JURISPRUDENCIA PLENARIA ES INAPLICABLE A LOS HECHOS ANTERIORES CUANDO DESTR UYA O CAMBIE DERECHOS ADQUIRIDOS, PORQUE NO TIENE EFECTO RETROACTIVO, SINO QUE ES OBLIGATOR...
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o Sentencia de Sala II, 26 de Diciembre de 1995 (caso Sideco Americana S.a.C.i.i.F. C/ D.N.V. S/ Contrato de Obra Pública Causa: 45.573/94)
HONORARIOS. Provisorios. Ley 21.839. En principio, la obligación de regular honorarios nace con la sentencia definitiva (art. 47 ley 21.839 t.o. 1995), salvo la concurrencia de especialísimas circunstancias que tornen viable la regulación provisoria, como lo configura la existencia de una demora excesiva en el trámite, debida a la exclusiva voluntad de las partes. Damarco, Conte Grand Sideco Americana S.A.C.I.I.F. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública Causa: 45.573/94 26/12/95 NAC.CONT.ADM.FED., SALA II LEY 21.839 -------------------------------------------------------------- PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Caducidad. Actividad procesal que depende del oficial primero. Improcedencia. Art. 310, inc. 3 del C.P.C.C.N. De conformidad con lo dispuesto en el art. 3...
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o Sentencia de Sala III, 17 de Mayo de 1994 (caso Figueroa, Eduardo a. C/ e.N. S/ Juicio de Conoc.)
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CADUCIDAD DE INSTANCIA. Apelación. Falta de elevación de las actuaciones a la segunda instancia. Improcedencia. Art. 251 del C.P.C.C.N. Resulta improcedente la caducidad de la instancia cuando el juez concede el recurso de apelación y dispone la elevación de los autos, restando sólo la remisión de las actuaciones a la alzada (confr. art. 251 del C.P.C.C.N. y esta Sala in re "Didefón", del 23-11-93 y sus citas). Mo., Mu. y A. FIGUEROA, Eduardo A. c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC. 17/05/94 NAC.CONT.ADM.FED., SALA III P.C.C.N., ART. 251 -------------------------------------------------------------- HONORARIOS. PROVISORIOS. Pautas de regulación. Tratándose de una regulación de honorarios provisorios, el juez no se encuentra acotado por...
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o Sentencia de Sala I, 8 de Junio de 1999 (caso Compañía Azucarera Concepción S.a. -Inc. Hon.Dr. Jacobo C/ e.N. -Dir.Nac. De Azucar- S/ Expropiación -Servidumbre Administrativa Causa: 13.325/99)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Abogado que cesa en su actuación. Derecho aplicable. Tratándose de la regulación provisoria de honorarios profesionales correspondientes al letrado que cesa en su actuación profesional durante la sustanciación del pleito (y que nadie discute) deviene aplicable en cuanto al monto lo dispuesto por el art. 20 de la ley del Arancel de Abogados y Procuradores a la luz de las pautas establecidas en el art. 6º de la norma citada (cfr. esta Sala, "Servicios Industriales S.A. -Alfredo Raúl Elías- c/ Y.P.F. y/o quien resulte responsable s/ contrato de obra pública", del 12/8/97). Buján, Licht, Coviello Compañía Azucarera Concepción S.A. -Inc. Hon.Dr. Jacobo c/ E.N. -Dir.Nac. de Azucar- s/ expropiación -servidumbre administrativa Causa: 13.325/99 8/06/99 NAC.CONT...


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Inquilinos Deberán Retener Ganancias de Propietarios No Inscriptos en el Registro de Operaciones Inmobiliarias
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que hasta el 30 de junio, los propietarios deberán inscribir en un registro de alquileres los contratos de locación de inmuebles urbanos por los que perciban, ya sea de manera individual o en conjunto, la suma de 8 mil pesos mensuales.

A su vez, también deberá procederse a la inscripción cuándo se trate de inmuebles rurales, en aquellos casos en que el arrendatario posee campos en alquiler que superen las 30 hectáreas.

Los locatarios tendrán la obligación de controlar el cumplimiento por parte del propietario del inmueble del presente régimen de información.

En caso de que el propietario no hubiese informado el contrato de alquiler en el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI), el inquilino o arrendatario tendrá la obligación de retener la alícuota máxima prevista para el Impuesto a las Ganancias, sin considerar el mínimo exento sujeto a retención.

Cabe destacar que la AFIP podrá aplicar sanciones a los propietarios que no informen los contratos de alquiler, mientras que en el caso de que sean monotributistas no se efectuarán retenciones.

Por su parte, los inquilinos quedarán sujetos a las sanciones previstas para la obligación de retener impuestos de la Ley de Procedimientos.


El CPACF promueve acción de inconstitucionalidad del art. 61 in fine de la ley 21.839
El Consejo Directivo resolvió por unanimidad convocar a todos los matriculados a sumarse a la acción declarativa de inconstitucionalidad para proteger y resguardar la retribución de la labor profesional

El CPACF se encuentra litigando ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal (VER ESCRITO) con el objeto de obtener una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto del art. 61 in fine de la ley 21.839 (B.O. 20/07/1978) de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores, modificado por el art. 12 inc. q) de la ley 24.432 (B.O. 10/01/1995), en resguardo de los intereses profesionales de sus matriculados, considerando que:

La tasa fijada oportunamente por el art. 61 in fine de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432 en su título IV de “Disposiciones transitorias y complementarias”, hoy carece de validez siendo inconstitucional su aplicación, no sólo por el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias económicas-financieras que se dieron en la época de su sanción (año1995), lo cual la deja sin sustento fáctico, convirtiéndola en arbitraria, sino por la clara afectación a garantías constitucionales.

La tasa pasiva fijada por la ley no cumple con la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios, que consiste en reparar el retardo injustificado, sumado a que tampoco mantiene el capital de los honorarios pactados o regulados.

En este contexto, el artículo 61 in fine de la Ley 21.839 se vuelve insostenible, porque variaron sustancialmente, en forma diametralmente opuesta a su finalidad original, las situaciones y consideraciones de hecho y derecho tenidas en cuenta al momento de su sanción. La tasa pasiva establecida por la norma ha quedado desvirtuada por la prohibición de la actualización y la correspondiente depreciación monetaria, generando una tasa mínima que desvirtúa por completo la naturaleza retributiva y alimentaria de los honorarios profesionales.

El CPACF pregona la aplicación de la tasa activa de interés de acuerdo a la actualidad económica y jurídica, que permita preservar la incolumidad de los honorarios a favor de los abogados.

Los honorarios de los profesionales abogados no sólo son irrisorios sino que se los discrimina sin más, al aplicar intereses computados sobre tasas distintas según sea la parte o el letrado pese a tratarse de sumas de dinero, con el agravante de que éstas sumas tienen naturaleza alimentaria.

Continuar aplicando la tasa pasiva incondicionalmente sin bucear en la realidad y actualidad, no sólo económica y financiera, sino de la labor diaria del abogado es destruir una profesión, que por cierto, tiene estatus constitucional y forma parte ineludible del sistema judicial y de la defensa de las garantías constitucionales de la República.

Por último, las normas que se impugnan comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional, procurándose con esta acción la declaración de inconstitucionalidad.

En síntesis, lo que esta Institución busca resguardar y defender son los derechos de los abogados a una retribución digna acorde con su profesión y a tal fin se requiere la aplicación de la tasa activa para aquellos honorarios, ya sean regulados o pactados, que no han sido pagados en tiempo y forma por sus deudores.

Sin perjuicio de ello, el Juzgado ha rechazado la presentación hecha por el CPACF en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional toda vez que las cuestiones patrimoniales pertenecen a cada letrado y no al conjunto de la matrícula. Consideramos desacertada tal interpretación toda vez que somos todos los abogados quienes sufrimos la aplicación de esta normativa y no existe ningún caso en el cual los jueces se aparten de lo preceptuado en la norma arancelaria.

El CPACF ha apelado dicha resolución y ha considerado necesario convocar a todos los abogados a adherir a la demanda como co-actores a los efectos de ampliar sus alcances y hacer ver que la problemática es global.

Quienes deseen sumarse a la acción de inconstitucionalidad deberán firmar el escrito de adhesión y presentarlo por DUPLICADO en la Mesa de Informes, Corrientes 1441 PB, de 7,30 a 18 horas. Pasados 15 días podrán retirar la copia con el correspondiente sello de recepción del juzgado interviniente.

Expte. Nº22944/10 'CPACF c/ EN- Ley 21839 y 24432- s/ Proceso de conocimiento'
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativa Federal Nº8 Secretaria 15.


RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - REMOLQUE. Servicio de asistencia al viajero - Vínculo asociativo. DAÑOS - Rotura de la caja de cambios como consecuencia del modo en que fue remolcado el automóvil. Incumplimiento de obligación de resultado, consistente en efectuar el remolque en condiciones de indemnidad para el vehículo del socio. RESPONSABILIDAD DEL ACA -Automóvil Club Argentino-. ASEGURADORA. Extensión de la responsabilidad. Rechazo. Exclusión de la cobertura por la naturaleza contractual de la obligación.  
 "Tojo Rubén Héctor c/ Automóvil Club Argentino s/ daños y perjuicios" - CNCIV - Noviembre/2006
 "Obsérvese que en la documental acompañada con la demanda se agregó una copia del informe del accidente, en el que el empleado de la demandada dijo que por error, levantó el automóvil de la parte delantera lo que ocasionó la rotura de la caja de cambios. También señalo que su propietario que se había quedado sin combustible en la ruta no le indicó el modo correcto de remolcar su vehículo. El señor Juez en la audiencia preliminar, concordantemente con los términos de la litis, fijó como único objeto de prueba: las consecuencias patrimoniales del hecho para el actor y el lucro cesante que experimentó."

"En oportunidad de contestar la citación en garantía, La Caja de Seguros S. A. sostuvo que la cobertura pactada con el club demandado solamente cubría reclamos por responsabilidad civil extracontractual del ACA y para demostrarlo adjuntó la póliza. No obstante, contestó la demanda y realizó una pormenorizada negativa de todos los hechos expuestos en la demanda y en el punto 5, se adhirió a la contestación de demanda del Automóvil Club."

"No encuentro obstáculo para adecuar correctamente el caso dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, porque el juez tiene la atribución y el deber de fallar de acuerdo con los hechos traídos a su conocimiento, sin estar obligado a resolver según el encuadre jurídico o definición técnica aportada por las partes. De allí que la determinación del motivo de atribución de responsabilidad, importa un problema de encasillamiento jurídico al que resulta aplicable el principio "iura curia novit"."

"Se trata pues, del incumplimiento de obligaciones emanadas del vínculo asociativo que genera la calidad de socio del Automóvil Club Argentino y que en el particular caso de autos se refieren a la asistencia al viajero en ruta cuando el automóvil que lo transporta sufre averías, accidentes e incluso, si se queda sin combustible. Para ello existen servicios de remolque que son prestados por equipos del Club o concesionarios y si este servicio no cumple con los requisitos propios de diligencia y prudencia debe responder por los daños ocasionados (arts. 512, 520. del Cód. Civil). Se trató del incumplimiento de una obligación de resultado, efectuar el remolque en condiciones de indemnidad para el vehículo del socio."

"Por lo tanto, debe hacerse lugar al recurso de la Caja de Ahorro S.A. y en consecuencia, revocar la sentencia también en este aspecto toda vez que no corresponde hacer extensiva la condena a aquélla, pues el seguro de responsabilidad civil únicamente abarca los daños de naturaleza extracontractual (conf. fs.83,cláusula 1, fs. 85 cláusula "l"). En atención a lo resuelto en este aspecto corresponde adecuar las costas debiendo imponérselas a la demandada Automóvil Club Argentino (art. 279 y 68 del Cód Procesal)." 

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación y subcontratación. Art. 30 Ley 20744. Solidaridad. Transporte de mercaderías. Extensión de la responsabilidad al supermercado. Procedencia. Indemnizaciones. Duplicación indemnizatoria (art. 16 Ley 25561). Duplicación de todas las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, no sólo las previstas en la Ley 20744  
 SD. 39821 CAUSA 1.415/04 - "Jordan, Ariel Teofilo c/Transportes Edar SA y otro s/ despido" - CNTRAB - 27/12/2006 
 "Desde la perspectiva que emana del Art. 30 de la LCT no media en el caso motivo válido como para eximir de la condena solidaria a la recurrente, en tanto es un hecho notorio que la misma se dedica a la actividad supermercadista, siendo una de sus actividades la venta de mercaderías a sus clientes y eventuales consumidores, con lo cual, tal como lo puntualizar la "a-quo", el transporte y distribución de las mercaderías desde el depósito del supermercado a sus diferentes sucursales, responde a una necesidad de la empresa principal de centralizar la recepción de mercaderías de los distintos productores. Como la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, el transporte realizado en dichas circunstancias es indispensable para la comercialización de los productos que vende el supermercado codemandado, por lo que propicio confirmar la condena solidaria (en similar sentido, CNAT Sala I in re "Masi, Esteban C/ Día Argentina s.A. y otro", S.D. nro.: 81239 (3/12/03), "Sanchez, César C/ Borelli, Jorge y otro", Sala III S.D: nro.: 87239 del 30/11/05 y esta sala in re "Saad ...C/ Transportes Edar S.A. y otros...", S.D. nro.: 37.666 del 23/06/04)."

"Este Tribunal tiene decidido que por aplicación del art. 1º de la Ley 25.561 y el decreto 264/02 deberán duplicarse no sólo las indemnizaciones previstas en la LCT (por despido y omisión de preaviso), sino TODAS (lo destaco) las derivadas de la extinción del contrato de trabajo en razón de la normativa laboral vigente (vgr. Además de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, deben incluírse las propias de la Ley de Empleo 24.013 y de las Leyes 25.323 y 25.345) tal como he expresado brevemente mi opinión en la publicación titulada "Se ha cuadruplicado la indemnización por despido" (v. Revista Sociedad Argentina de Derecho Laboral, año III, nro.: 13 de marzo/abril 2002, ver esta Sala SD 36.628 del 25/4/03 "Machín, Rubén C/ Crocco Hnos. soc. de hecho y otro S/ Despido")." 

MARCAS - NOMBRES DE DOMINIO. Cese en el uso de nombre de dominio. Procedencia. Afectación de derechos marcarios por la inscripción de una marca ajena como nombre de dominio. Acto ilícito. Inducción a engaño (Art. 10 Convenio de París y Art. 953 del Código Civil). Revisión del acto administrativo que autorizó el registro en NIC-Argentina  
 "Editorial Atlántida S.A. c/ Carzoglio, Patricia y otros s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - 12/12/2006 
 "Demostrado el interés legítimo del actor de acuerdo con los derechos emergentes del régimen de marcas, cuya constitucionalidad no ha sido controvertida por la demandada, sus principios resultan plenamente aplicables a los registros NIC-Argentina en internet, habida cuenta de que hasta allí cabe extender el uso de la marca."

"Ha quedado demostrada la afectación de los derechos marcarios de la actora por la inscripción de su marca como nombre de dominio por la demandada, lo cual: 1) es un acto ilícito en los términos del art. 31 de la ley de marcas; 2) induce a engaño de conformidad con lo que se encuentra vedado en el art. 10 del Convenio de París y el art. 953 del Código Civil y, 3) de no mediar la intervención judicial, por aplicación de las reglas del registro, la parte actora habría quedado excluida de su uso como nombre de dominio en internet, y ello por quien no acreditó otra prerrogativa para hacerlo que la prioridad en la inscripción."

"Si bien el registro fue inicialmente legítimo, tampoco lo es menos que, atento su precariedad, debe ceder frente a la comprobada afectación de derechos de terceros (esta Sala Causa 6150 del 7/9/2000 y 6600 del 30/11/2000), lo cual, además, torna inconsistente la declaración del titular en el sentido contrario (Regla No. 12 de las aprobadas para la Registración de los Nombres de Dominio mediante la Resolución 2226/00 del M.R.E.C.I. y C.), puesto que su interés legítimo no va más allá que la inscripción. Todo ello trasunta la posibilidad de revisión del acto administrativo que la autorizó (esta Sala Causa 4579 del 9/5/2006)."

"De la doctrina judicial emergente de los precedentes mencionados (causas 6150 y 4579 se desprende la ilegitimidad y antijuridicidad de esa pretensión, toda vez que la demandada destinó la página de marras a ofrecer servicios de igual naturaleza que los que involucran las marcas registradas por la actora, comprobándose, además, que tiene registrado numerosos nombres de dominio en internet con varias marcas y designaciones notorias, dentro de las que están incluidas las de la actora." 

  Número Especial
  
Marcas y Nombres de Dominio en Internet
 
El avance de las nuevas tecnologías genera múltiples conflictos que tocan distintas ramas del derecho. Así, el desarrollo de internet ha logrado generar puntos de colisión con el derecho marcario, cuestión que veremos reflejada en numerosos casos jurisprudenciales.
Las Reglas para la Registración de nombres de dominio en Internet en Argentina, sus principios básicos y enunciados generales se encuentran contemplados en la Resolución 2226/2000 siendo establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y utilizadas por el servicio NIC Argentina quien se encarga de efectuar el requerimiento solicitado por la entidad registrante, actuando en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet.
Si bien el registro de un determinado nombre de dominio se otorga a la persona física o jurídica que primero lo solicite ante Nic-Argentina ello no implica para dicho administrador su responsabilidad respecto de la legalidad de ese registro por lo que no le corresponde evaluar si el registro puede violar derechos de terceros.
Pero ... ¿qué sucede si el titular de una marca se ve imposibilitado de registrarla como nombre de dominio porque el mismo ha sido otorgado a un tercero? ¿qué sucede cuando quien registra una marca ajena lo hace con mala fé? sin un interés legítimo? ¿genera esto una situación de confundibilidad en el público consumidor? ¿cuáles son los casos en los que no se reconoce la prioridad del primero que solicita el registro?
De ello se ha ocupado la doctrina y la jurisprudencia, aquí presentamos a los lectores una investigación especial sobre los tópicos más conflictivos de la materia.
 
Doctrina
            
Algunas aproximaciones a los nombres de dominio de Internet
Por Eduardo Molina Quiroga

             
 
  Nombres de dominio: estado actual de las problemáticas legales vinculadas a la comunicación en Internet
Por Federico Pablo Vibes

             
 
  Conflictos en Internet con nombres de personas famosas y su resolución bajo el marco de la Política de la ICANN
Por Diego Laurini

             
 
  Controversias entre marcas y nombres de dominio ".ar". Una propuesta
Por Roberto A. Bianchi

             
 
  Nombres de dominio de Internet: Una cuestión pendiente de regular
Por Raúl Martínez Fazzalari

             
 
  Conflictos sobre nombres de dominio. La aplicación de los principios de la OMPI en la Jurisprudencia Argentina. Comentario al fallo Radogowski
Por Gabriel Martínez Medrano

  >> Fallo Relacionado
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.-
CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 10/05/2005


             
 
  Medidas Cautelares en relación al conflicto de las marcas contra los nombres de Dominio de Internet
Por Fernando Maresca y José Mariano Maltese

             
 
  Jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal
            
>> Sala I
 
INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. Registro de una marca ajena como nombre de dominio. Registro en NIC ARGENTINA no otorga derecho irrevocable. Prioridad absoluta del primero que solicitó el nombre de dominio. Rechazo
Causa 4579/2000 - "Industrias Solano SA c/ Gallo, Hugo y otro s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 09/05/2006

             
 
  INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO. Reivindicación de un dominio en Nic Argentina. Medida cautelar. Rechazo. Ausencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Orfandad probatoria. TASA DE JUSTICIA. Monto a oblar
Causa 2918/05 - "Colella Martín Nicolás c/ Lioy Gustavo y otro s/ medidas Cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 28/02/2006

             
 
  NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET. MARCAS. Titularidad. Posterior registro del nombre de dominio realizado por el demandado. Nombre de dominio con el que no se accede a ninguna página web. Verosimilitud del derecho. CAUCION REAL. Disminución del monto.
CAUSA 1.353/2.005 - "QUIMICA ERPE S.R.L. c/ LOPRESTI GUILLERMO s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 07/06/2005

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - MARCAS. Titularidad. Utilización como nombre de dominio. Superposición de actividades. Impedimento de acceder a la red ejerciendo en plenitud el derecho que nace de su titularidad. Pretensión del titular del registro marcario de que se ordene el cese del uso al mero solicitante posterior de la marca y se revoque la inscripción del nombre de dominio. Reconocimiento de la prioridad absoluta de quien primero lo solicitó. Procedencia
Causa N° 4218/1998-I -"CAFRE S.A. c/ Informática para Profesionales S.R.L s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 13/03/2003

             
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS. Página web. Entidad registrante contratada para su diseño. MEDIDAS CAUTELARES. Pretensión del titular de la marca que se ordene la suspensión preventiva del registro de dominio por considerar que la entidad, en su carácter de diseñador de la página, no lo registró a su nombre, según lo solicitado, sino al suyo propio. Falta de prueba. Rechazo. Ausencia de Verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Causa 6865/2002 - "C Y T COMUNICACIONES Y TELEMÁTICA S.R.L. c/ INTERNET PROYECTS SA s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 08/10/2002

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. No rige el principio de especialidad. Interés legítimo. Suspensión provisional de un nombre de dominio que no está en uso. Se autoriza al actor a utilizar -con carácter cautelar- el registro. Verosimilitud del derecho. CAUCION.
Expte 2.752/2002 - "Consitex SA c/ Heinar SA s/Medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 04/06/2002

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. Suspensión provisoria de los nombres de dominio "ralstonpurina.com.ar", "dogchow.com.ar" y "catchow.com.ar". Autorización cautelar y provisoria a la titular de los registros marcarios y denominación social para utilizar en igual forma esos registros impidiéndose su transferencia. CAUCION REAL. Finalidad. Disminución del monto.
C. 8222/00 - "Ralston Purina Company c. Madera Matías s. varios propiedad industrial e intelectual" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 15/02/2001

             
 
  INTERNET. Nombres de dominio. Marcas
C. 6600/00 - "Bacardi & Company Limited s. medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 30/11/2000

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. MARCAS. Titularidad. Registrante: Pretensión de registrar un nombre de dominio idéntico a una marca y a un dominio ya registrado. Medida cautelar. Obligaciones del registrante y/o solicitante. Interés legítimo. Verosimilitud del derecho.
C. 6150/00 - "F. Hoffmann La Roche AG c/ SAF SA y otro s/ incidente de medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 07/09/2000

             
 
  >> Sala II
 
NOMBRES DE DOMINIO - USO DE DESIGNACIÓN AJENA SIN AUTORIZACIÓN - MARCA DE HECHO - "TARJETA BANELCO" y "BANELCO" vs "TARJETABANELCO.COM.AR" -
Causa 820 - "Banelco S.A. c/ Michael Gustavo Emilio s/ Cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 21/07/2006

             
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Utilización como nombre de dominio. Interés legítimo. Pretensión del titular de la marca que se ordene la transferencia provisoria del nombre de dominio. Rechazo. Nombre de dominio que no identifica a ninguna página en uso. Suspensión provisoria del registro. Procedencia. Aplicación del ADPIC
C. 15.378/03 - "Industrias Alimenticias Mendocinas SA c/ ALCO y otro s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 10/03/2005

             
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. MARCAS. Titular de una marca. Nombre de dominio que no deriva a ninguna página web. Administrador del Dominio Argentina de Internet (NIC-Argentina). Reglas para la registración de nombres de dominio en Internet. Irresponsabilidad por cualquier conflicto de marcas. Inexistencia de evaluación con respecto a la legalidad del registro solicitado en orden a la eventual afectación de derechos de terceros. Suspensión preventiva del registro. Anotación provisoria a nombre del demandante. Procedencia
CAUSA N° 7185/2000 - "SA Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ INFORMET s/ Cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 15/11/2001

             
 
  MARCAS - NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. Titularidad de nombre comercial. Marcas idénticas. Solicitud de suspensión preventiva e inscripción provisional. Procedencia. Alegación de prescripción adquisitiva del nombre comercial. Improcedencia. No puede ser un extremo valorado por encima de la titularidad de las marcas en cabeza de la actora. Medida cautelar innovativa.
Causa N° 2255/2001 - "Redexpress S.A. c/ Figoli Roberto s/ incidente de apelación" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 29/05/2001

             
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. Pretensión de modificar la inscripción registral. Medidas cautelares. Contracautela. Fijación.
Causa N° 6740/2000 - "Commerzbank AG s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 28/09/2000

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET: Titularidad. Registro marcario. Ley 24425. MEDIDA CAUTELAR Y MEDIDA ANTICIPATORIA
C 5050/99 - "PUGLIESE FRANCISCO NICOLADS c/ PEREZ CARLOS ENRIQUE s/ MEDIDAS CAUTELARES" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 30/12/1999

             
 
  >> Sala III
 
INTERNET. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Titularidad de una marca reconocida. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. Medida cautelar. Pretensión del titular de la marca que se ordene la cancelación definitiva del registro del dominio y se lo inscriba a su nombre. Procedencia. Verosimilitud del derecho. Reglas para el Registro de Nombre de Dominio. Interés legítimo.
C. 6499/06 - "Mastellone Hnos. SA. c. Bustillo Mariana s. incidente de apelación de medida cautelar" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 21/09/2006

             
 
  INTERNET. MARCAS. Oposición al registro de marca. Procedencia. Confundibilidad. Servicios distintos. Marca destinada a un medio de comunicación gráfico - marca destinada a brindar servicios de telecomunicaciones. Productos dirigidos a una misma clase de público. Imposibilidad de coexistencia.
Causa N° 7.267/01 - "TELINVER SA c/ EDITORIAL COYUNTURA SA Y OTRO s/ cese de oposición al registro de marca" - CNCIV Y COMFED- SALA III - 19/09/2006

             
 
  INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO. No rige el principio de especialidad. Interés legítimo. Titularidad de una marca. Reglas para el registro de nombres de dominio. Límites. Arts. 953 y 1071 del Código Civil. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. MEDIDAS CAUTELARES. Suspensión provisoria del nombre de dominio. Rechazo. Inexistencia de Peligro en la demora
C. 10.431/05- "Tiempo Libre SA c. Alberto Atilio Segurel s. medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 29/06/2006

             
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.-
CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 10/05/2005

             
 
  INTERNET: MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. Registrante: Comercialización de los mismos productos que el titular de la marca. Mala fe. Presunción. Pretensión del titular de que se ordene al registrante abstenerse de utilizar la marca y denominación comercial como nombre de dominio: Procedencia
Causa 4902/00 - "PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG c/ Fasano Fernando s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - Noviembre/2005

             
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - MARCAS. Utilización de un registro cambiario por parte de quien no es titular. Uso exclusivo de la marca al titular conferido por el art. 4 de la ley 22.362. Extensión a su uso en internet. ADPIC: Aplicación. Verosimilitud del derecho. Cancelación preventiva. Anotación provisoria a favor del titular de la marca
CAUSA N° 1.480/01 - "MONSANTO COMPANY c/ PELL DOMINET Y OTRO s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 05/04/2001

             
 
  >> Sala de Feria
 
INTERNET - MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Registros "AUTOFOCO" Y "AUTOFOTO.COM.AR". Comunidad de elementos que podrían eventualmente provocar confusiones en el público consumidor. Suspensión provisoria de "AUTOFOTO.COM.AR" hasta el dictado de la sentencia definitiva.
CAUSA N° 9.397/2000 - "TRADER COM ARGENTINA SC C/ WORLDSYS SA s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA DE FERIA - 18/01/2001

             
 
  Jurisprudencia de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
            
>> Juzgado Civil y Comercial Federal
 
INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS. Titularidad. Uso marcario. Legítimo interés. Uso indebido de marca ajena. Imposibilidad absoluta de registrar su propia marca como nombre de dominio. MEDIDA CAUTELAR. Suspensión preventiva del nombre de dominio "freddo.com.ar" registrado por el demandado. Titular marcario: Autorización para utilizar la designación "Freddo" como nombre de dominio. Verosimilitud del derecho. Reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet.
"Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación Indebida de nombre "Freddo" para internet" - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 7 SECRETARIA N° 13 (Sentencia firme) - 26/11/1997

             
 
  Jurisprudencia de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal
            
>> Sala I
 
MARCAS. USO DE MARCA AJENA. Pagina web. Creación. Registración del nombre del dominio para que se incorpore a la red Internet. Dominio registrado con el nombre de una empresa conocida. REVOCACION DE LA RESOLUCION QUE DECRETO EL PROCESAMIENTO. FALTA DE MERITO.-
C. 37110 - "ALONSO, Rodrigo J. s/procesamiento" - 21/03/2005 - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 21/03/2005

             
 
  PROPIEDAD INTELECTUAL. MARCAS. Registración de sitio web (www.pag0miscuentas.com.ar). Infracción a las leyes 22.362 y 11.723. Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: norma que establece los motivos y circunstancias por los cuales pueden denegarse las solicitudes y EN NINGUNA REGLA SE OBSTACULIZA LA UTILIZACION DE UN NOMBRE QUE RESULTE "SIMILAR"A UNO YA INSCRIPTO. Equiparación entre "dominio" y "marca": no trasladable al ámbito penal. Principio de legalidad. FALTA DE MERITO
C. 37.327 - "ALBERTOCCHI, Dario s/procesamiento" - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 06/12/2005

             
 
  Normativa
            
L. 11723 - Propiedad intelectual
Sanción: 14/IX/926
Promulgación: 22/IX/926
Publicación: B.O. 23/IX/926
(Con las reformas de los decretos-leyes 12063/57 y 1224/58 y las leyes 20098, 23479, 23741, 24249 y 24286)

             
 
  L. 22362 - Marcas
Sanción: 26/XII/80
Publicación: B. O.: 02/01/1981

             
 
  L. 24425 - ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO.
Sancionada: Diciembre 7 de 1994
Promulgada: Diciembre 23 de 1994
(Art. 50)

             
 
  Resolución 2226/2000 - REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Apruébanse las Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet en la República Argentina, a ser utilizadas por el servicio del NIC Argentina, que se presta en la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad. Encomiéndase a dicha Dirección la actualización de las reglas mencionadas y la elaboración de una propuesta de mecanismo para la resolución de controversias
Bs. As., 08/08/2000
Publicación en el B.O.:29/08/2000

             
 
  Decreto 267/2005 - LEY DE MINISTERIOS Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438/92), sus modificatorios y complementarios, a los efectos de actualizar las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Bs. As., 04/04/2005
Publicación en el B.O.: 06/04/2005

             
 
  Decreto 554/97 - TELECOMUNICACIONES - Declárase de Interés Nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial INTERNET. Autoridad de Aplicación.
Bs. As., 18/06/1997
Publicación en B.O.: 23/06/1997

             
 

 
A los autores que generosamente participaron de este número especial con sus trabajos de doctrina
 
Al Dr. Luis Omar Salomón, a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
 
Al Dr. Horacio Alfonso y Dra. María Balverde del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7 Sec. 13.

 


MIGRACIONES - Suministro de trabajo remunerado a residentes ilegales. Sanciones. Multa. Monto fijo. Art. 48 de la Ley 22439. Violación del principio de igualdad. Inconstitucionalidad. Rechazo
"Dirección Nacional de Migraciones - M° del Interior c/ Valmor S.R.L. (ley 22.439)" - CSJN - 12/12/2006
"La ley 22439, bajo cuya vigencia viene resuelto el sub lite, ha sido derogada por la ley 25871, publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2004, que es la que habrá de regular, en el futuro, lo referido a la admisión, ingreso, egreso y permanencia de extranjeros en la República Argentina. Más, al no haberse dictado aún el decreto reglamentario e interpretando las claras disposiciones del nuevo régimen legal (cfse. Fallos: 314:1018 y 1849; 324:415, entre otros), es menester concluir que el supuesto continúa regido por la ley 22.439 y el decreto n° 1.023/ /94." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"El artículo 48 de la ley 22.439 expresa, en su parte pertinente, que: "Quienes infringieran las disposiciones establecidas en los Artículos 31 y 32, serán sancionados ante la sola comprobación de la infracción, por la Dirección Nacional de Migraciones con las multas que a continuación se detallan: a) Cuando se trate de los responsables mencionados en el artículo 31 las multas ascenderán a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) por cada infracción verificada. Para el caso de dadores de trabajo doméstico, la multa a aplicar será de doscientos pesos ($ 200) por cada infracción, previo emplazamiento de treinta (30) días...". El artículo 49, a su turno, dispone que: "Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes y en el caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley o de su reglamentación, las mismas serán acumulativas y progresivas". (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Advierto que el artículo 48 de la ley 22.439 (en su redacción por la ley 24.393), establece multas de monto fijo a los infractores enunciados en el art. 31 del referido cuerpo legal. La norma en cuestión instaura dos sanciones diferenciales, a partir de disponer, también, dos situaciones distintas: la del dador de trabajo doméstico, por un lado, que sanciona con una pena menor; y la del dador de trabajo, cualquiera sea su modalidad, por otro, que reprime con una penalidad mayor. De lo expuesto se desprende que, en tanto se respete cada calificación y la sanción establecida para la misma, no pueden, prima facie, considerarse afectados principios constitucionales como el de igualdad ante la ley; siendo que en el caso dista de haberse acreditado la circunstancia antedicha desde que, sobre la base de los artículos 31 y 48, ítem a), primera parte, de la ley 22.439, en la versión de la n° 24.393 -en modo alguno evidenciados irrazonables, arbitrarios o inicuos- se ha incriminado y sancionado a la administrada por haber suministrado trabajo rentado, en explotaciones agrícolas, a residentes ilegales." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Al respecto, cabe tener presente también que, si no se ha demostrado la existencia de una inequidad manifiesta, o de un apartamiento írrito del principio de igualdad, el juicio referente a la proporcionalidad de la pena, que se trasunta en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a los tribunales juzgar del mismo, ni imponer graduaciones o distinciones que la ley no contempla, desde que instituye iguales sanciones a todos los que incurran en la infracción que se incrimina como una suerte de salvaguarda del referido principio." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Cabe añadir, por último, que V.E. ha reiterado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, sólo estimada viable sí su carencia de razonabilidad es evidente (cfr. doctrina de Fallos: 323:2409 y sus citas, entre otros), extremo que, como ha quedado expuesto, no se patentiza aquí." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)


Número Especial


• Doctrina Resultados Completos (9
 
CADUCIDAD DE INSTANCIA-PODER JUDICAL  
La caducidad de la instancia, el deber de la parte y del funcionario judicial 
Es propósito de estas líneas introducir algunas reflexiones entorno al instituto
procesal de la cadu ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-ABOGADOS  
La Corte Suprema como Casación Nacional, 
I. El pórtico de la anotación común a los dos fallos (Di Benedetto y Gaifer S.R.L.)
del Alto Tribuna ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PROVINCIAS-CONCURSOS  
El nuevo régimen de caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires y
su aplicación en los concursos 
I Introducción El procedimiento concursal no sólo vehiculiza derechos
concursales, ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA  
La caducidad de la instancia y un fallo ejemplarizador - Comentario Breve 
Cuando escribimos con PAYá Extinción del proceso civil por voluntad de las
partes -hace algunos años ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-DEMANDA-RECONVENCION  
Otra vez la caducidad - Comentario Breve 
La sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial, en los autos del epígrafe revocó
la sentencia d ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-RECURSO EXTRAORDINARIO-
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-MULTA PROCESAL-COSTAS  
Caducidad de instancia, prescripción y otras cuestiones - Comentario Breve 
1 Las cuestiones resueltas En una clara y bien ordenada sentencia, la sala E de
la ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-CONSTITUCIONES PROVINCIALES-
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL  
Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de la instancia 
I Los nuevos textos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires. La ... 

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LITISCONSORCIO-PROCESOS-ALLANAMIENTO-TRANSACCION-CADUCIDAD DE
INSTANCIA-DERECHO DEL TRABAJO  
Litisconsorcio: Clases y efectos - Nota a Fallo 
1 El fallo La Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo
Contencioso A ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA  
La muerte de la caducidad de la instancia 
Introducción El instituto procesal denominado caducidad de la instancia o también
perención d ... 

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. .
Voces: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - MANDAMIENTO DE
INTIMACIÓN DE
PAGO Y EMBARGO - RECURSOS PROVINCIALES -
Partes: H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Raúl Francisco Camera s/ ejecución
hipotecaria
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
Fecha: 13/9/2006
Cita: MJJ8982

 

Sumario
1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley, dejando sin efecto la sentencia de Cámara recurrida y revocando el
interlocutorio de primer grado que declaró caduco el proceso de ejecución
hipotecaria, ello por cuanto la demora en el libramiento del mandamiento no
puede ser imputada a la actora sino que es imputable al tribunal.

3.-Tres son los presupuestos para la procedencia de una declaración de
caducidad del proceso: a) existencia de una instancia; b) inactividad
procesal y; c) transcurso del plazo legal. No basta, por lo tanto, que
exista una instancia abierta desde el mismo momento en que se introdujo la
demanda, ni que la contraparte acuse la caducidad antes de consentir el acto
de impulso, si entre cada uno de los sucesivos actos de impulsión no
transcurrió el plazo de tres meses previsto por el art. 310, inc. 2, del
Código Procesal Civil Comercial de Corrientes. Una vez presentado el
proyecto de mandamiento por la parte actora, ya la actividad de suscribirlo
o la de ejercer respecto de él el deber de saneamiento incumbía -por
imperativo legal- al juez (CPC; arts. 531 y 34, inc. 5, b), configurándose
así la situación prevista en el artículo 313 inc. 3 del Código Procesal que
prevé que no se producirá la caducidad cuando la demora fuere imputable al
tribunal.

Fallo
En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de septiembre de dos
mil seis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de
Justicia, Doctores Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la
Presidencia del Dr. Eduardo Antonio Farizano, asistidos de la Secretaria
Jurisdiccional Dra. Norma Cristina Plano de Fidel, tomaron en consideración
el Expediente Nº 25824/05, caratulado: "H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.A. C/ RAUL
FRANCISCO CAMERA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". Habiéndose establecido el
siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Eduardo
Antonio Farizano y Fernando Augusto Niz.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO
HORACIO SEMHAN,
dice:

I.- Contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara (fs. 68/69) que
confirmando el interlocutorio de primera instancia declaró caduco este
proceso de ejecución hipotecaria, la parte ejecutante interpuso el recurso
extraordinario de inaplicabilidad de la ley (fs. 72/75) ya admitido por el
Superior Tribunal (fs. 142) y acerca de cuyo mérito o demérito se debe ahora
juzgar.

II.- Conforme las constancias de autos, el 12 de junio de 2003 el HSBC Bank
Argentina SA presentó la demanda ejecutiva (fs. 1/4) y el 7 de agosto de
2003 se notificó la providencia que despachó la ejecución mandando librar
mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate (fs. 25
vta.). El 8 de agosto de 2003 el letrado de la ejecutante presentó en Sría.
el proyecto de mandamiento (fs. 25 vta.) que el 3 de setiembre de 2003 la
actuaria hizo saber que no se suscribía por contener errores en los montos
consignados en su texto (fs. 25), providencia ante la cual el 5 de setiembre
de 2003 la parte acompañó nuevo proyecto de mandamiento (fs. 25). El 25 de
setiembre de 2003 la Secretaría remitió el mandamiento a la Oficina de
Mandamientos y Notificaciones (fs. 25 vta.), que señaló como primera y
segunda fechas para su diligenciamiento el 7 de octubre y 20 de noviembre de
2003 (fs. 30). El 20 de noviembre de 2003 el Oficial de Justicia se
constituyó en el domicilio denunciado para la práctica de la diligencia, mas
ésta fracasó por no vivir en él el ejecutado (fs. 30 vta.), siendo devuelto
el mandamiento sin diligenciar al Juzgado el 27 de noviembre de 2003 (fs. 31
vta.), notificándose de ello el 18 de diciembre de 2003 (fs. 31 vta.). El 2
de febrero de 2004 la ejecutante presentó un escrito denunciando el nuevo
domicilio del ejecutado y adjuntando un nuevo proyecto de mandamiento (fs.
32), escrito que fue proveído el 12 de febrero de 2004 y notificándose la
providencia el 16 de febrero de 2004 (fs. 32 vta.). El 29 de julio de 2004
la parte urgió se suscribiera y librara el proyecto de mandamiento
oportunamente presentado (fs. 33), ante lo cual el 13 de setiembre de 2004
la Sría. hizo saber que tal proyecto no se suscribiría en razón de no
coincidir el monto consignado en su texto con el presupuestado
provisoriamente por el juez (fs. 33 vta.). El 15 de setiembre de 2004 la
parte presentó un nuevo proyecto de mandamiento (fs 34) que el 14 de octubre
de 2004 fue suscripto por el juez (fs. 43 vta.) y el 21 de octubre de 2004
remitido a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones (fs. 35 vta.).

El 28 de octubre de 2004 compareció espontáneamente el ejecutado para
plantear la caducidad del proceso (fs. 36/39).

III.- Ello así, es evidente en lo resuelto por la Cámara a quo que se
prescindió de dar a la controversia el tratamiento adecuado, de acuerdo con
las constancias de la causa y la normativa aplicable.

IV.- En efecto. Tres son los presupuestos para la procedencia de una
declaración de caducidad del proceso: a) existencia de una instancia; b)
inactividad procesal y; c) transcurso del plazo legal. No basta, por lo
tanto, que en autos exista una instancia abierta desde el mismo momento en
que se introdujo la demanda, ni que la contraparte acusara la caducidad
antes de consentir el acto de impulso, si entre cada uno de los sucesivos
actos de impulsión no transcurrió el plazo de tres meses previsto por el
art. 310, inc. 2, del Código Procesal Civil Comercial de Corrientes.

V.- En ese orden, lo alegado al plantearse la perención, esto es que entre
el acto impulsor del 16 de febrero de 2004 y su inmediato siguiente del 29
de julio de 2004 trascurrieron cinco meses, no es circunstancia que pueda
gravitar en contra del demandante con una sanción de caducidad del proceso.
Ello, por la sencilla razón que una vez presentado el proyecto de
mandamiento por la parte, ya la actividad de suscribirlo o la de ejercer
respecto de él el deber de saneamiento incumbía -por imperativo legal- al
juez (CPC; arts. 531 y 34, inc. 5, b), configurándose así la situación
prevista en el artículo 313 inc. 3 del Código Procesal que prevé que no se
producirá la caducidad cuando la demora fuere imputable al tribunal.

VI.- En suma; por carecer de un análisis crítico de los elementos relevantes
para la solución del caso el pronunciamiento del a quo vino a aplicar un
instituto excepcional y de interpretación restrictiva más allá del ámbito
que le es propio, con lesión del derecho del justiciable de obtener en
tiempo propio la sentencia que se pronuncie sobre su demanda principal.

VII.- Razón por la que voto por hacer lugar al recurso extraordinario
deducido para en mérito de ello, dejar sin efecto la sentencia de Cámara
recurrida y revocar el interlocutorio del primer grado que declaró caduco el
proceso. Con costas devengadas, en todas las instancias, al ejecutado
incidentista, y devolución del depósito económico a la ejecutante. Regulando
los honorarios conjuntos de los letrados de la parte vencedora en esta
instancia extraordinaria, Dres. Juan Francisco Serrano Giménez y Leonardo
Enrique Rosetti, en el 25% de la suma que se regulen sus honorarios por el
incidente de caducidad en primera instancia, correspondiendo adicionar a los
aranceles el 21% que los citados abogados deben tributar como IVA en el
carácter acreditado de responsables inscriptos (fs. 150 y 151).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR EDUARDO
ANTONIO
FARIZANO,dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por
compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO
AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por
compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la
siguiente:

SENTENCIA Nº 155

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley
deducido para en mérito de ello, dejar sin efecto la sentencia de Cámara
recurrida y revocar el interlocutorio del primer grado que declaró caduco el
proceso. Con costas devengadas, en todas las instancias, al ejecutado
incidentista, y devolución del depósito económico a la ejecutante. 2°)
Regular los honorarios conjuntos de los letrados de la parte vencedora en
esta instancia extraordinaria, Dres. Juan Francisco Serrano Giménez y
Leonardo Enrique Rosetti, en el 25% de la suma que se regulen sus honorarios
por el incidente de caducidad en primera instancia, correspondiendo
adicionar a los aranceles el 21% que los citados abogados deben tributar
como IVA en el carácter acreditado de responsables inscriptos (fs. 150 y
151). 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo: Dres. Farizano-Semhan-Niz.


****************************************************************************************************
**

Voces: RECURSO EXTRAORDINARIO - GRAVAMEN IRREPARABLE - CADUCIDAD
DE
INSTANCIA - DAÑOS Y PERJUICIOS - SENTENCIA DEFINITIVA - DEBIDO
PROCESO -
DEFENSA EN JUICIO - CONSTRUCCIÓN DE OBRA - COSTAS -
Partes: Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y
otros s/
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 30/5/2006
Cita: MJJ7844

 

 


Fallo
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

- I -

Surge de autos que el Magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 16, resolvió decretar de oficio la caducidad de
instancia de las actuaciones principales, por haber transcurrido a su
criterio el plazo previsto por el artículo 310, inciso primero, del código
de rito, sin que la actora instara el procedimiento e impuso las costas en
el orden causado (v. fs. 818/819 de los autos principales, fojas que citaré
de ahora en adelante salvo indicación en contrario).

Para así decidir y en lo que aquí interesa, el juez consideró que desde el
28 de febrero de 2001, fecha en que se notificó Benito Roggio e Hijos S.A.
la radicación de las actuaciones, hasta el 10 de diciembre de 2002, fecha en
que declaró operada la caducidad de la instancia, no mediaron verdaderos
actos impulsorios por parte de la actora.

Dicha resolución fue apelada por la demandante a fojas 824; contra lo
principal decidido y por los demandados respecto a la imposición de costas.
La Sala D, de la Cámara del Fuero, decidió confirmar el pronunciamiento de
primera instancia en lo principal de la decisión y lo modificó parcialmente
imponiendo las costas de ambas instancias a la accionante. (v. fs. 876/881)

Contra dicho decisorio la actora interpuso recurso extraordinario federal a
fojas 901/908 que denegado a fojas 948/949, da lugar a la presente queja.

- II -

La quejosa reprocha arbitrariedad a la sentencia. Sostiene que la resolución
de la Cámara, confirmó el error en que incurrió el juez de primera
instancia, es decir admitió la caducidad de la instancia con fundamento en
lo normado por el artículo 310, inciso 1° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, omitiendo valorar que no existió de su parte
inactividad procesal o actividad procesal inoficiosa. Afirma que, la
resolución atacada afecta directamente prerrogativas constitucionales y
lesiona su derecho de defensa en juicio y debido proceso -arts. 17 y 18 de
la C.N.-, privándola de reclamar la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados por los demandados con motivo de la deficitaria construcción
realizada en el edificio donde funciona Canal 7 (ATC).

Destacó que el recurso es procedente, por constituir la decisión apelada
sentencia definitiva, que pone fin al proceso y no existe la posibilidad de
volver a accionar, atento que de admitirse ésta, se produciría la
prescripción de la acción y la consecuente pérdida del derecho a reclamar.

- III -

No está de más recordar, a todo evento, que V.E. tiene reiteradamente dicho
que para que proceda el recurso extraordinario, se requiere que la
resolución apelada revista el carácter de sentencia definitiva en los
términos del artículo 14 de la ley 48. Si bien es cierto que lo atinente a
la caducidad de la instancia remite al examen de cuestiones de hecho y de
derecho procesal, tal doctrina admite excepción cuando con menoscabo del
derecho de defensa en juicio y del debido proceso, lo resuelto se aparta de
las constancias de la causa, poniendo fin al pleito, y causando un agravio
de imposible o insuficiente reparación ulterior al encontrarse impedida la
apelante de iniciar un nuevo proceso por eventual prescripción de los
derechos debatidos. (confr. Fallos: 320:1821, 304:660, 310:1045, 310:1782,
entre otros)

A mi modo de ver el recurso intentado debe prosperar porque los jueces de la
causa incurrieron en arbitrariedad al omitir tener en cuenta que la demora y
falta de impulso del proceso no le era imputable a la parte actora, ya que
no surge que ésta haya incurrido en abandono y que por lo tanto deba ser
sancionada con la aplicación de tal instituto.

Es preciso señalar, conforme lo ha sostenido reiteradamente V.E., que la
caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso y de
interpretación restrictiva, y la aplicación que de ella se haga debe
adecuarse a ese carácter sin llevar con exceso ritual el criterio que la
preside más allá del ámbito que le es propio. (confr. Fallos: 319:1142,
323:2067, 304:660; 308:2219; 310:1009; 311:665; 320:38, entre otros)?.

Creo propicio resaltar que, en 1992, se presenta en autos ATC S.A (v. fs.
629 del 4° cuerpo de los autos principales) y manifiesta que por Decreto N°
522/92 se dispuso la creación de ATC S.A., y que la actividad de la hasta
entonces actora de autos, Argentina Televisora Color LS82 Canal 7, subsistía
sólo a los fines del proceso de liquidación. Asimismo, expresa que el citado
Decreto dispuso el traspaso de los bienes y activos de la sociedad en
liquidación al patrimonio de ATC S.A., lo que la legitima-según sostuvo-
para proseguir con la acción. Surge por otra parte que a fojas 634 de los
autos principales se tuvo por parte a ATC S.A.

El 21 de septiembre de 1999, (v. fs. 2317/18 del cuaderno de prueba de la
parte actora), el abogado representante de los demandados proyectistas y
directores de obra solicita se tenga, por nulos los actos realizados por ATC
S.A. y rebelde a Argentina Televisora Color LS82 Canal 7 por abandono del
proceso. Todo ello, con fundamento en los arts. 44, 59, 169 y concordantes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La parte actora contesta el traslado respecto a la nulidad y petición de
rebeldía articulada por los codemandados proyectistas y directores de obra,
manifestando que el proveído que luce a fojas 634 de los autos principales
tuvo por parte a ATC S.A. y que la codemandada impugnante en su oportunidad
guardó silencio sobre el particular. Expresa que la providencia se encuentra
firme y consentida por todas las demandadas en autos y, que por lo tanto, ha
precluído la oportunidad procesal de impugnar tal presentación, puesto que
la supuesta nulidad argüida fue convalidada con el accionar posterior del
codemandado, quien después de siete años alude a la existencia del acto
viciado, y pretende nulificar la presentación de ATC S.A. Solicita, en
consecuencia, se rechace la nulidad articulada. (v. fs. 2391/95 del cuaderno
de prueba de la parte actora) A fojas 2396 del mismo, el Juzgado tiene por
contestado el traslado conferido.

El 29 de marzo de 2001, la parte actora solicita se resuelva el incidente de
nulidad interpuesto por la demandada a fojas 2317/18. Surge también que a
fojas 2482 del cuaderno de prueba, el abogado de ATC S.A., con fecha 25 de
junio de 2001, reitera el pedido, y a fojas 2483, el Juzgado requiere que
previo a resolver se notifique al Síndico del proveído de fs. 2479.

Advierto que, en el cuaderno de prueba de la parte actora, se hallan
notificadas todas las partes; a fojas 2484 se encuentra agregada la cédula
dirigida al síndico; a fs. 2487 la cédula remitida al apoderado de los
demandados proyectistas y directores de obra, a fojas 2480 a los demandados
Petersen Thiele y Cruz S.A., a fojas 2481 a Sebastián Maronese S.A. y a
fojas 2488 a Benito Roggio S.A.- todas diligenciadas por la parte actora-.

Cabe indicar, asimismo, en el incidente de nulidad articulado por el
apoderado de los demandados proyectistas y directores de obra se cuestionaba
algo tan fundamental como la personería misma de ATC S.A. como actor en la
causa, tema cuya dilucidación resultaba esencial para la continuidad del
proceso. Adquiere particular relevancia en la cuestión objeto de dictamen la
circunstancia de que el abogado de ésta última presentó el 1 de octubre de
2002, un escrito acusando caducidad de instancia del incidente de nulidad en
los términos del art. 310 inc 2 del Código de rito y solicitó a su vez se
clausure el período probatorio (v. fs. 2489 del cuaderno de prueba de la
parte actora), solicitud que se reitera el 25 de noviembre del 2002 (v. fs.
2495 del cuaderno aludido)

Se desprende entonces de lo expuesto, que al momento en que fue decretada la
caducidad en cuestión se hallaban pendientes de resolución en la causa los
referidos actos procesales a cargo del tribunal, los cuales fueron
solicitados reiteradamente por la accionante. Cabe advertir que alguno de
esos pedidos resultaron actos interruptivos del plazo de inac-tividad
previsto por la ley, y por ende, la demora no se puede imputar a la actora,
máxime cuando aquellos guardaban relación con la posibilidad de que ATC S.A.
continuara con la acción, y en particular porque el proceso se hallaba en un
avanzado estado y el justiciable lo había instado durante años (v. Fallos
310:1009)

Por lo expuesto, considero que es descalificable el pronunciamiento que al
declarar la perención de la instancia de modo oficioso incurrió en un
excesivo rigor formal, al omitir considerar lo actuado por la quejosa en las
presentes actuaciones, pues si bien no hubo una declaración de suspensión
del proceso principal en los términos del artículo 176 del código de rito,
éste quedó suspendido tácitamente a la espera de la decisión final del
incidente que nunca llegó a resolverse y, el cual intentaba desplazar del
proceso a ATC S.A.

En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente la queja,
hacer lugar al recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y
disponer se dicte por quien corresponda una nueva con ajuste a derecho.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2005.

MARTA A. BEIRÓ DE GONÇALVEZ

ES COPIA

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa
Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros", para
decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, y se
remite a sus fundamentos y conclusiones por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal
subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hace lugar a
la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin
efecto el fallo apelado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de
que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 1. Agréguese la queja
al principal, notifíquese y remítanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI -
RICARDO LUIS
LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es
inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se
desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 1. Notifíquese y,
previa devolución de los autos principales, archívese. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

 

Recurso de hecho interpuesto por A.T.C., representada por el Dr. Ernesto
Leandro Cassini, con el patrocinio del Dr. Roque Luis Cassini

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala D)

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial n° 16.

 

Repertorio de fallos elegi algún otro  y te lo copio y te lo mando

 

 

 

RECURSOS PROVINCIALES - RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY -
PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - MANDAMIENTO DE
INTIMACIÓN DE PAGO Y EMBARGO - CADUCIDAD DE INSTANCIA13/9/2006
H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Raúl Francisco Camera
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

 

AMPARO - SALUD - MEDICAMENTOS - PROFESIONALES DE LA MEDICINA -
FARMACÉUTICOS - CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - LOCACIÓN -
LOCACIÓN DE INMUEBLES - MEDIDAS CAUTELARES - SECUESTRO DE BIENES -
JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - CLAUSURA -
MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO - CADUCIDAD DE
INSTANCIA11/7/2006
Olavarría Diego Ignacio c/ Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Salud -
Dirección de Políticas del Medicamento
Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

RECURSO DE APELACIÓN - CADUCIDAD DE INSTANCIA - SEGUNDA INSTANCIA -
ACTOS PROCESALES - NOTIFICACIÓN POR CÉDULA - NOTIFICACIÓN
PERSONAL20/6/2006
Hospital Privado Modelo SA c/ First Medical SRL
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:A

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - COSTAS - DEFENSA EN JUICIO - DEBIDO PROCESO -
DAÑOS Y PERJUICIOS - CONSTRUCCIÓN DE OBRA - SENTENCIA DEFINITIVA -
RECURSO EXTRAORDINARIO - GRAVAMEN IRREPARABLE30/5/2006
Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros
Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
DESALOJO - PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PROCESAL - ACTUACIÓN DE
OFICIO22/5/2006
Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 8017/04 (Sala II Cámara de
Apelaciones Civil y Comercial): Desalojo por falta de pago: Calizaya, Roberto Inés
c/ Lamas, Julián
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

 

RECURSO DE CASACIÓN PROVINCIAL - JURISPRUDENCIA - CADUCIDAD DE
INSTANCIA - EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES - PAGO - EJECUCIÓN
FISCAL17/5/2006
Municipalidad de Córdoba c/ Campos Eduardo A.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Sala:civil

 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL - ABOGADOS - RESPONSABILIDAD DEL
ABOGADO - CULPA CIVIL - IMPRUDENCIA - NEGLIGENCIA - PRUEBA -
REPRESENTACIÓN PROCESAL - LETRADO PATROCINANTE - CADUCIDAD DE
INSTANCIA18/4/2006
Marino Claudio Alejandro c/ Oliva Rubén Marino
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:F

 

AMPARO - CADUCIDAD DE INSTANCIA - RECURSO DE APELACIÓN -
NOTIFICACIONES - MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDA CAUTELAR
INNOVATIVA7/4/2006
Alvarez Sandra Maria Edith y otra
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba Sala:quinta nominación

 

SENTENCIA DE REMATE - NOTIFICACIONES - INTERNET - CADUCIDAD DE
INSTANCIA - ACTUACIÓN DE OFICIO - RECURSO DE APELACIÓN6/4/2006
Poveda Gonzalo Ariel c/ Ledezma Dardo Rafael
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

REPRESENTACIÓN PROCESAL - LETRADO PATROCINANTE - GESTOR
PROCESAL - PARTES - CADUCIDAD DE INSTANCIA - FIN DE LA EXISTENCIA DE
LAS PERSONAS4/4/2006
Pinilla Ernesto Carlos c/ Veiga de Barros Maria Cecilia
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

Tomos El Derecho Resultados Completos (87)

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PRUEBA
15/12/2004
Clínica Brandzen S.A. c. Obra Social de la Fed. Grem. del Pers. Ind. de la Carne y
Derivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

HONORARIOS DEL PERITO - CADUCIDAD DE INSTANCIA - NOTIFICACIONES -
RECURSO DE APELACIÓN - CONSULTORES TÉCNICOS 13/12/2004
Bunge Ceval S.A. c. Herbert A. H. Behrens S.A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

ABOGADOS - LETRADO APODERADO - MANDATO - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO 22/10/2004
Z., A. C. y otro c. Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:C

 

ABOGADOS - OBLIGACIONES DE MEDIO - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO -
CADUCIDAD DE INSTANCIA - LETRADO APODERADO - DAÑO MORAL 24/9/2004
A. A., R. P. c. I. N., J. y otro

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:K

 

ABOGADOS - TAREAS EXTRAJUDICIALES - LETRADO PATROCINANTE -
LETRADO APODERADO - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO - MALA PRAXIS -
INDEMNIZACIÓN - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PÉRDIDA DE LA CHANCE -
INTERESES 20/9/2004
B., J. L. c. L., C. A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:F

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA -
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA - PRUEBA - OFRECIMIENTO DE PRUEBA 5/8/2004
Romero, Hilda Celina c. La Primera de Grand Bourg S.A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:B

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA -
TAREAS EXTRAJUDICIALES - PRUEBA DE TESTIGOS 19/4/2004
Ruiz y Ormaechea, Miguel A. c. Lloyds TSB Bank NA

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:B

 

PROPIEDAD HORIZONTAL-EXPENSAS-INCONSTITUCIONALIDAD-EXCEPCIONES-
CONSTITUCIONALIDAD-EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA- CADUCIDAD DE
INSTANCIA - EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO- CERTIFICADO DE DEUDA
POR EXPENSAS - JUICIO EJECUTIVO - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -
IGUALDAD ANTE LA LEY- DEFENSA EN JUICIO 18/12/2003
Cons. Edif. Torres Jardín 287/91 c. Sánchez, Horacio Jesús y otros

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:D

 

CONCURSOS Y QUIEBRAS - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PEDIDO DE QUIEBRA -
ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS - PAGARÉ - FACULTADES DEL JUEZ -
PRUEBA - 10/12/2003
Hopken, Marcelo Adrián le pide la quiebra Franzetti, Beatriz.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:A

 

EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZOS
PROCESALES 2/12/2003
Banco Patricios S.A. s/quiebra c. Rebrij, Abraham

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:C

 

Repertorios El DerechoResultados Completos (200)

CADUCIDAD DE INSTANCIA - ACTOS PROCESALES -
21- Corresponde declarar la caducidad del incidente de caducidad de instancia si
desde que se dict ...

 

IVA - - ABL - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - INCIDENTE - RECURSO
DE APELACIÓN - APE - CADUCIDAD - APE -
Recurso de apelación IV- Casuística F) Caducidad de instancia 46- El auto que
concede el recurs ...

 

SENTENCIA - - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - RECONVENCIÓN -
PRIMERA INSTANCIA - COSTAS - PROCESO - DEMANDA - CADUCIDAD -
Costas XIV- Supuestos específicamente regulados D) Caducidad de instancia 87-
Declarada la cadu ...

 

ART - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - CONSENTIMIENTO -
CER - DEMANDA - CONSENTIMIENTO - PLAZO - CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia VIII- Petición C) Oportunidad 107- El planteo de caducidad
de instancia ...

 

EXCEPCIONES - ART - - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - CADUCIDAD -
ART -
Caducidad de instancia VIII- Petición C) Oportunidad 108- La caducidad de
instancia de articula ...

 

ART - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZO LEGAL -
CER - PARTES - COSTAS - ALLANAMIENTO - DEMANDA - PLAZO - CADUCIDAD -
PLAZO LEGAL - ART -
Costas XIV- Supuestos específicamente regulados D) Caducidad de instancia 26-
Si el acuse de la ...

 

ART - IVA - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PROCESO -
PLAZO - CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia I- Generalidades 1- El funcionamiento del Instituto de
caducidad de la in ...

 

- PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZO - CADUCIDAD -
Caducidad de instancia VII- Plazo B) Cómputo 4- Interpuesto algún recurso para
ante un órgano s ...

 

- CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - NOTIFICACIÓN - NOTIFICACIÓN POR
CÉDULA - PROFESIONALES - PRIMERA INSTANCIA - CADUCIDAD -
Caducidad de instancia IV- Carga de impulsar el procedimiento 2- Si el magistrado
subordinó la e ...

 

ART - IVA - SIDE - - AUTOR - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
VOLUNTAD - ERROR - NOTIFICACIÓN - VOLUNTAD - ERROR - PLAZO -
CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia VII- Plazo D) Interrupción 6- Actos interruptivos 14-
Tratándose de céd ...

 


DoctrinaResultados Completos (9

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PODER JUDICAL
La caducidad de la instancia, el deber de la parte y del funcionario judicial
Es propósito de estas líneas introducir algunas reflexiones entorno al instituto
procesal de la cadu ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-ABOGADOS
La Corte Suprema como Casación Nacional,
I. El pórtico de la anotación común a los dos fallos (Di Benedetto y Gaifer S.R.L.)
del Alto Tribuna ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PROVINCIAS-CONCURSOS
El nuevo régimen de caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires y
su aplicación en los concursos
I Introducción El procedimiento concursal no sólo vehiculiza derechos
concursales, ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA
La caducidad de la instancia y un fallo ejemplarizador - Comentario Breve
Cuando escribimos con PAYá Extinción del proceso civil por voluntad de las
partes -hace algunos años ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-DEMANDA-RECONVENCION
Otra vez la caducidad - Comentario Breve
La sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial, en los autos del epígrafe revocó
la sentencia d ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-RECURSO EXTRAORDINARIO-
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-MULTA PROCESAL-COSTAS
Caducidad de instancia, prescripción y otras cuestiones - Comentario Breve
1 Las cuestiones resueltas En una clara y bien ordenada sentencia, la sala E de
la ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-CONSTITUCIONES PROVINCIALES-
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de la instancia
I Los nuevos textos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires. La ...

 

LITISCONSORCIO-PROCESOS-ALLANAMIENTO-TRANSACCION-CADUCIDAD DE
INSTANCIA-DERECHO DEL TRABAJO
Litisconsorcio: Clases y efectos - Nota a Fallo
1 El fallo La Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo
Contencioso A ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA
La muerte de la caducidad de la instancia
Introducción El instituto procesal denominado caducidad de la instancia o también
perención d ...


__,_._,___
Los testigos no perdonan
La Cámara Nacional del Trabajo otorgó validez convictiva a los dichos de un testigo que si bien no recordaba el nombre de la calle donde el actor prestaba servicios, pudo describir con lujo de detalles el establecimiento del empleador. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30997


La culpa es de los dos
La Cámara Civil distribuyó responsabilidades entre un automovilista y el conductor de una moto por el accidente de tránsito que protagonizaron. El primero hizo un giro en U invadiendo el carril del conductor de la moto y además violó la prioridad de paso. Por su parte, este último no conducía con el casco y antiparras reglamentarios y no extremó las precauciones en su manejo. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30954

El precio del deber
La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal condenó a la Policía Federal Argentina al pago de $309.480 en concepto de indemnización para la familia de un policía que falleció al intentar evitar un asalto. Los camaristas también afirmaron que la prescripción se produce a los dos años de recibida la notificación del acto administrativo que declara la muerte en y por actos del servicio. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30959

La falta de aviso a la AFIP no impide el cobro de la indemnización
La Cámara Nacional del Trabajo admitió en su totalidad los rubros reclamados en una demanda, afirmando que la falta de envío del telegrama a la AFIP no impide el cobro de la indemnización establecida en el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo. Declararon también la inconstitucionalidad del decreto reglamentario del artículo 80 de la L.C.T. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30961

JUICIO POLITICO. Enjuiciamiento de magistrados provinciales. Destitución e inhabilitación. Impugnación. Carácter justiciable de las sentencias dictadas en materia de juicio político a magistrados. Intervención del superior tribunal local  
 C. 1678. XXXVIII RECURSO DE HECHO - "Cangiano, Jorge Alberto - intendente Municipal de Villa Mercedes San Luis expte. 1-D-99 s/ su denuncia c/ Careaga, Ana María - juez titular del Juzgado del Crimen N° 1 Segunda Circunscripción Judicial" - CSJN - 08/08/2006 
 "Este Tribunal (Fallos: 311:2320; 315:761 y 781) ha extendido a las decisiones de los jurados de enjuiciamiento de magistrados provinciales la doctrina según la cual el superior tribunal local del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en principio, el órgano jurisdiccional erigido como supremo por la constitución local, pues sin soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional (Fallos: 313:114; 315:761; 317:1486; entre otros). Con esta comprensión, la intervención del superior tribunal local es indeclinable cuando se plantean cuestiones prima facie de naturaleza federal, como son las configuradas por la alegada violación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del juez natural, al haberse ordenado la destitución de un magistrado sin que tales planteos hayan sido examinados por el tribunal a quo que se negó a tomar intervención con fundamento en la irrecurribilidad de la destitución (in re A.139.XXXIX. "Acuña, Ramón Porfirio s/ causa N° 4/99", del 23 de agosto de 2005) prescindiendo de la arraigada doctrina de esta Corte señalada en el considerando 2°, cuya autoridad ha sido subrayada en el precedente de Fallos: 307:1094. Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada." 
 
CONCURSO PREVENTIVO. Causas laborales. FUERO DE ATRACCION. Improcedencia. Excepciones. Art. 9 Ley 26086  
 "Apes SA s/ incidente de revisión" - CNCOM - 22/08/2006 
 "Se agravia el incidentista solicitando se aplique la ley 26.086, teniendo a la sentencia dictada en sede laboral como sentencia verificatoria, dejándose sin efecto la resolución dictada en estos autos."

"Señalase que tanto las sentencias dictadas en sede laboral en primera y segunda instancia como la resolución atacada son de fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley 26.086. Ha establecido dicha norma en su artículo 9° (cláusula transitoria), que los juicios excluidos por el art. 21 de dicho ordenamiento legal -que sustituyó en lo pertinente el texto previsto por la ley 24522-, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal les serán aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente dentro de los QUINCE (15) días hábiles; quedando exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el artículo 21, inciso 1° de la Ley N° 24.522."

"Siendo que en autos ya se había dictado resolución a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, encontrándose, por ende, dentro de los supuestos de excepción previstos en sus disposiciones, no resulta procedente lo pretendido por el recurrente. Por ello, se desestima el agravio en análisis." 
 
CONCURSO PREVENTIVO. FUERO DE ATRACCIÓN. Juicios seguidos en contra del concursado. Integración de un litis consorcio pasivo facultativo. Ley 26086. Interpretación. Competencia  
 Expte. Nº 4.705/2.006, caratulado: "Conflicto negativo de competencia (Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial Nº 7 - Sala III - Cámara Civil y Comercial suscitado en el expte. Nº B-59.755/00: Ordinario por daños y perjuicios: Zerpa de Cruz, Gabriel y otros c/ Empresa de Transporte Tacita de Plata y otro" - STJ DE JUJUY - 13/09/2006 
 "No cabe duda que, de la correcta hermenéutica de la ley 26.086/06, los juicios seguidos en contra del concursado en donde exista un litisconsorcio pasivo facultativo, y en los que el actor no opte por continuar el juicio ante el tribunal de su radicación originaria, para lo que deberá desistir de la demanda en contra del fallido, el fuero de atracción sigue ejerciendo sus efectos."

"En consecuencia no surgiendo de los autos elevados ni de sus acumulados que los actores en el presente juicio hubieren desistido de su acción en contra del quebrado, la competencia para entender en el juicio de conocimiento resulta ser del Juzgado por donde se ventila la quiebra."

"Bajo tales parámetros la doctrina ha entendido que "...la ley 26.086 no cambia el tratamiento que para la cuestión deparaba la ley 24.522. Si el quebrado compone un litisconsorcio pasivo facultativo, la operatividad del fuero de atracción de la quiebra depende también de la voluntad del actor: si este desiste del proceso contra aquél, entonces la causa no cambia de radicación y continúa sustanciándose por ante el tribunal original, claro que sin la participación del cesante. Si el actor desiste del proceso contra el quebrado, la causa seguirá tramitando por ante el juzgado de origen y la sentencia que allí se dicte no podrá hacer cosa juzgada contre el cesante, aunque podrá afectarlo también en la medida en que, al procurar verificar el acreedor en el concurso, no se demostrase la injusticia de la sentencia arribaba contra sus ex litisconsortes. Como ha quedado dicho, el actor desistente debe verificar en el concurso si en alguna medida desea ejercitar su crédito contra la fallida. ¿Y si el actor no desiste del proceso contra el quebrado? Entonces, conforme a la regla general del art. 132, el proceso se radicará ante el juzgado de la quiebra y, una vez firme la sentencia que la declaró, no podrá continuarse la causa respecto del fallido." (cfr.: El Fuero de Atracción en La Ley 26.086, Toribio E. Sosa, publicado en L.L., Nº 122, del 27 de junio de 2.006)." 
 
MARCAS. CORREO ELECTRONICO. Cese preventivo en el uso de dirección e-mail. Procedencia  
 "Toselli Juan Alberto c/ Toselli, Daniel Raul s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - 08/09/2006 
 "El accionante se agravia en relación al uso de la dirección de correo electrónico "danieltoselli@citec.com.ar". Alega que poseer una dirección de correo electrónico con una extensión provista por la empresa "Citec", denotaba una relación directa con la actividad inmobiliaria puesto que por un lado era la actividad principal que desarrollaba el demandado; y por el otro porque él mismo había ofrecido prueba en cuanto a este ítem. Aduce que "Citec" o "Adinco" o "Argenprop", son distintos nombres que recibe un mismo servicio que constaba de sistemas utilizados pura y exclusivamente por personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria. En consecuencia, solicitó que el demandado cese preventivamente en el uso de la dirección de correo electrónico. El agravio esgrimido por el apelante resulta procedente."

"Acreditado que "Citec", "Adinco" o "Argenprop" son distintos nombres que recibe un mismo servicio que consta de sistemas utilizados pura y exclusivamente para personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria, el uso del nombre y apellido del demandado asociado a una extensión tal como las señaladas implican la utilización de una dirección de correo electrónico destinado a la intermediación inmobiliaria y no personal como pretende el accionado. Desde esta perspectiva, le asiste razón a la parte actora y el demandado deberá cesar preventivamente en uso de la dirección de e-mail danieltoselli@citec.com.ar." 
 
COMPETENCIA. Menor víctima de abuso sexual mientras es privado ilegítimamente de su libertad. Hecho cometido en forma reiterada. Convención sobre los Derechos del Niño. "Interés superior del niño". Competencia del juez con jurisdicción sobre el establecimiento asistencial donde se encuentra alojado el menor en el que es tutelado y donde se encuentra más avanzada la investigación.  
 Competencia N° 1603. XL. - "L. J. J. s/ encubrimiento agravado" - CSJN - 24/08/2006 
 "Aún cuando las constancias agregadas al legajo no permitan determinar, de manera fehaciente, el lugar donde se habría producido el sometimiento sexual, cuestión controvertida en autos, en los procesos en los que un menor es víctima debe ponderarse, prioritariamente, a fin de definir el juez competente, su lugar de residencia. Por ello, considero que corresponde otorgar el conocimiento de los hechos materia de investigación al juez de esta ciudad con jurisdicción sobre el establecimiento asistencial donde se encuentra alojado el menor, en el que es tutelado y donde se encuentra más avanzada la investigación, próxima a la realización del juicio oral." (del dictamen del señor Procurador Fiscal)

"Esta solución es la que mejor contempla "el interés superior del niño", principio consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocido en el artículo 75, inciso 22º, de la Constitución Nacional -según reforma de 1994-, toda vez que evita lo que podría significar una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes." (del dictamen del señor Procurador Fiscal) 

PROCESO PENAL. Condena. Sentencia que queda firme. Imputado que se profuga. Imposibilidad de notificarlo en forma personal. Rebeldía. Posterior presentación del condenado por derecho propio, solicitando la PRESCRIPCION DE LA PENA. RECHAZO. Momento a partir del cual comienza a correr el término de prescripción de la pena: notificación realizada personalmente al imputado. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido art. 66. del Código Penal. DISIDENCIA  
 C. 6584 - “Callejas, Juan Carlos s/ recurso de casación” – CNCP - Sala III – 01/06/2006 
  “El imputado fue condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por ser coautor penalmente responsable del delito de expendio de moneda falsa de curso legal en la república. Habiendo quedado firme la condena, el 23 de noviembre de 1999 el tribunal interviniente libró orden de detención respecto de Callejas, que fue notificada a su defensor con fecha 1 de diciembre del mismo año, la que no se hizo efectiva por no haber sido habido el condenado. El día 30 de abril de 2004, Callejas se presentó por derecho propio en el expediente instando la prescripción de la pena impuesta. El a quo, previo a proveer lo solicitado, le exigió que comparezca a estar a derecho, lo que se concretó con fecha 25 de octubre de 2005.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“Sostuvo el a quo, con cita de la resolución dictada por esta Sala en la causa “Gieco”, que “de acuerdo a la fecha en que fue cursada la orden de detención antes aludida y el parámetro a utilizarse en este tipo de supuestos, que la penalidad impuesta a Juan Carlos Callejas, se encuentra prescripta”. Pero el criterio que el tribunal de mérito le asigna al precedente citado, en el sentido de que la fecha en que comienza a correr la prescripción de la pena es la del día en que fue recibida la notificación cursada en el domicilio real o particular del imputado, más allá de su efectividad, se encuentra desarrollado en el voto disidente y no tiene apoyo en el que logró mayoría.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“En efecto, se sostuvo oportunamente que la sentencia condenatoria le impone al reo una sanción que él y sólo él puede y debe cumplir. La ratio legis de que en tales supuestos deba notificarse necesariamente al procesado, además de a su defensor, es para que tenga un real y efectivo conocimiento de aquello que deberá cumplir personalmente. Dicho criterio resulta coincidente con la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. causa “Dubra”, D.293.XXXIX, el 21 de septiembre de 2004 y, si bien con ello se busca tutelar el efectivo derecho defensa en juicio y debido proceso, para que la decisión de recurrir no quede sólo en cabeza de su representante legal, circunstancia que impediría interpretarlo en contra del imputado, lo cierto es que dos son las exigencias del art. 66 del C.P. para establecer la fecha desde la que debe computarse el plazo para la prescripción de la pena: a) que la sentencia se encuentre firme; b) que haya sido notificada al reo. Dicho extremo no sólo se encuentra ordenado en la mencionada norma sustantiva sino también por los arts. 146 y 469, en función del 400, todos del C.P.P.N., así como por el art. 42 del Reglamento de la Justicia Nacional. En definitiva, si se tiene en cuenta que Callejas jamás fue notificado legalmente de que el fallo que lo condenó a cumplir en forma efectiva la pena de cuatro años de prisión adquirió firmeza, mal se podría sostener que ésta se encuentra prescripta, pues para ello es necesario que transcurra el tiempo que establece el art. 65 inc. 3 del código de forma, el que, como se viene sosteniendo, se debe comenzar a contar a partir de la notificación realizada personalmente al imputado y respetando las formas exigidas por ley para tal caso.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“Por otro lado, en el caso el tribunal a quo actuó correctamente, ordenando la captura del imputado al quedar firme su condena, la que no se hizo efectiva porque éste se profugó y no pudo ser habido, circunstancia que frustró su debida notificación personal. Por ello no puede sostenerse que el Tribunal Oral no dispuso oportunamente las medidas tendientes a notificarlo efectivamente y a ejecutar el cumplimiento de la condena, que ya había pasado en autoridad de cosa juzgada, como se alegó en el voto invocado por el a quo. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido art. 66.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“En razón de lo expuesto, la orden de detención librada y la notificación al defensor de Callejas, no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de establecer el momento en que comenzó a correr el plazo de la prescripción de la pena. Por el contrario, como dicha captura no se hizo efectiva, no hay constancias en el expediente de que el imputado haya tomado personalmente conocimiento de la firmeza de su condena hasta su presentación, por derecho propio, de fecha 30 de abril de 2004 (fs. 527), por lo que es esa la fecha que se debe tener en cuenta a los efectos mencionados, conforme a la normativa que se viene invocando. Se debe concluir, entonces, en que no ha vencido a la fecha el plazo de 4 años que, conforme surge de la pena impuesta y de lo establecido en los arts. 65, inc. 3º, y 66 del código sustantivo, debe transcurrir para que opere su prescripción.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“La pena se prescribe desde que se notifica al defensor dado que ésta es la ratio legis y a su vez la inteligencia que impide caer en el absurdo de considerar imprescriptible la pena que no se notifica al condenado.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

“Con respecto al período transcurrido entre la orden de captura y el momento en que Callejas se presentó a estar a derecho, esta Sala ha sostenido que “la declaración de rebeldía, así como cualquier otro acto cumplido a posteriori de quedar la sentencia firme, no tiene efecto interruptivo alguno, toda vez que no opera la prescripción de la acción sino de la pena y ésta no puede verse afectada por la secuela de juicio (ya acabado)”.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

“Interpreto que el cómputo del término de la prescripción debe realizarse a partir de que la sentencia ha quedado firme -insisto- toda vez que la inoperancia de los órganos del Estado en el cumplimiento de sus funciones no puede valorarse en contra de los ciudadanos. Por ello, más allá de la letra del artículo 66 del C.P., siendo que la falta de notificación no es imputable a la parte, pues no se tomaron los recaudos del caso para efectivizarla en forma oportuna, el cómputo debe realizarse a partir del 17 de diciembre de 1999 fecha en que venció el plazo para interponer recurso extraordinario contra la sentencia recaída. En mérito a las razones expuestas, la pena prescribió el 18 de diciembre de 2003, fecha en la que fenecieron los cuatro años de condena impuesta a Callejas (art. 65, inciso 3º del C.P.).” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma) 

COMPETENCIA. UTE. Reclamo de una suma de dinero en concepto de percepción de honorarios por el desempeño en calidad de subdirector de una UTE. Invocación de una relación de naturaleza societaria. COMPETENCIA de la Justicia Comercial  
 Competencia 198. XLII - "Ramagnoli, Tulio César c/ Monroe Americana S.A. s/ cobro de sumas de dinero" - CSJN - 29/08/2006 
  "El actor reclama el cobro de una suma de dinero y -subsidiariamente- daños y perjuicios, por la no percepción de honorarios devengados por su gestión en calidad de Sub-Director General de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la accionada -Monroe Americana S.A.-. Se desprende, asimismo, que el accionante ha rechazado la existencia de una relación de dependencia laboral y de mandato, e invoca una relación de naturaleza societaria, que funda en normas de la ley 19.550. Advierto, por otro lado, que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) es un contrato de colaboración empresaria, regulado por la -ley 19.550 de Sociedades Comerciales-, y la calidad invocada por el pretensor se encuentra prevista en el artículo 371 de la citada ley que se refiere concretamente a las autoridades que ejercen la dirección y administración de la UTE designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, que remite a la aplicación el artículo 221 del Código de Comercio." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Cabe destacar que la remisión que hace el art. 371 de la ley 19.550 al art. 221 del Código de Comercio importa someter las relaciones entre los administradores del grupo y los sujetos partícipes a las normas que, sobre "mandato", regula ese cuerpo legal, refiriéndose a la remuneración de los administradores, cuya actividad dice no se presume gratuita. En consecuencia, en uno u otro caso, y dentro del limitado marco cognoscitivo de la cuestión de competencia que llega a mi conocimiento, ya sea por la aplicación de la normativa invocada por el pretensor o por la que se refiere a las autoridades de la UTE, en ambos supuestos, la naturaleza de la cuestión se encuentra prima-facie comprendida en el ámbito del derecho comercial y particularmente societario, circunstancia que torna aconsejable asignar el conocimiento a los tribunales especializados en esa materia." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante) 

DESPIDO. Resarcimiento por daños. Falta de obtención del subsidio por desempleo. Rechazo. Omisión de agotar el requerimiento en tiempo y forma hábiles ante el organismo que otorga el beneficio  
 "Dominguez Ruperto Nicolas c/Asernat SA s/ despido" - CNTRAB - 25/08/2006 
 "En cuanto al ítem "resarcimiento por daños" por no haber podido obtener el subsidio por desempleo es cuestión que también debe ser rechazada, toda vez que era carga del actor acreditar que agotó su requerimiento en tiempo y forma hábiles ante el organismo que otorga dicho beneficio y que ello resultó infructuoso por el incumplimiento de su empleador, por lo que debe dejarse sin efecto la condena en este sentido." 

CONCURSOS y QUIEBRAS. Proyecto de distribución de fondos. NOTIFICACION personal o por cédula (Art. 219 Ley 24522). Omisión. Impugnación. Extemporaneidad. Improcedencia
 90.954/00 - "Mamani Choquehuanca Juan Francisco s/ quiebra" - CNCOM - SALA E - 10/07/2006
 "Aunque la regulación de honorarios se haya efectuado en la misma resolución que puso a disposición de los interesados el proyecto de distribución, el acreedor debía ser notificado personalmente o por cédula del mismo con las copias correspondientes. La circunstancia de que fuera notificado del traslado del memorial del síndico o que intentara responderlo no permite inferir que también fue implícitamente anoticiado -por el mismo trámite del proceso- de un paso independiente de la regulación de honorarios, como fue la presentación del proyecto de distribución de fondos. Máxime considerando que se encuentran involucrados derechos patrimoniales que podrían verse seriamente afectados en base a una interpretación ritual que vulnera lo expresamente dispuesto por el Cpr. 135 y ccdtes.. Por ende, el decisorio en crisis será revocado." 

CONCURSOS y QUIEBRAS. Levantamiento de la quiebra por prescripción de los créditos resultantes de las sentencias verificatorias dictadas  
 "Galeano Víctor s/ Quiebra" - CNCOM - 21/07/2006 
 "Si bien el ordenamiento concursal no prevé el levantamiento de la quiebra por prescripción, nada obstaría, como principio, a que se disponga la conclusión del procedimiento falencial una vez prescriptos los créditos resultantes de las sentencias verificatorias dictadas (cfr. art. 4019, Cód. Civil). Sin embargo, en tanto no transcurrió en el sub lite el plazo de diez años previsto por el art. 846 del Código de Comercio desde la fecha en la que se dispuso la clausura del procedimiento por falta de activo, el planteo de prescripción formulado por el fallido no resulta procedente." 

DAÑOS provocados por animales de zoológico. Lesiones sufridas por un menor de edad al ingresar su mano en una jaula de osos. Deficiente estado del alambre de "advertencia". Inexistencia de indicadores que adviertan el peligro y de carteles que anuncien la prohibición de acercarse a la jaula. Falta de personal idóneo y suficiente. RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR COMERCIAL DEL ZOOLÓGICO. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, propietario del predio dado en concesión. Omisión de controlar la actividad del concesionario. RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO. Omisión de efectuar el control de la actividad desarrollada en el zoológico, no verificando la existencia o inexistencia de medidas de seguridad en el predio. Incumplimiento del poder de policía municipal para el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. AUSENCIA DE HABILITACIÓN DEL ZOOLÓGICO PARA FUNCIONAR. Indemnizaciones  
 Expte. 4578/03 - "B. A., S. y otra c/C. J. y otros s/Daños y Perjuicios" - Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Buenos Aires) - Sala II - 11/05/2006 
 "Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir con el fin para el que ha sido establecido. Por lo tanto, es responsable de los daños que ocasione por el incumplimiento o por la irregular ejecución del servicio. En el caso, no sólo resulta ser responsable el concesionario sino también el concedente, pues a su cargo estaba verificar que el servicio social concedido se prestara en condiciones adecuadas y no defectuosamente. En autos se ha acreditado que el concesionario no adoptó suficientes medidas de seguridad para evitar el daño.-

"El examen de la prueba producida en el sub lite conforme a los términos del art. 386 del Código Procesal Civil de la Nación, me permiten concluir que el zoológico no contaba con personal idóneo y suficiente para evitar que el menor B se acercara a la jaula de los osos e ingresara su mano en ella. Tampoco se adoptaron medidas de seguridad en la jaula mencionada, pues además del deficiente alambre de "advertencia", no existían en el lugar indicadores del peligro y carteles que anunciaran la prohibición de acercarse a la jaula."

"Respecto a que la persona supuestamente asignada como cuidador de la jaula de los osos no se encontraba en el lugar que correspondía-, resulta del testimonio brindado por M. Á. B. -jefe de guardia de los cuidadores- que declara que estaba a 20 metros del lugar del accidente, que el responsable de la jaula de los osos era M. M. pero que ninguno de los dos advirtió el acercamiento de los niños a la jaula. Por su parte, los testigos... declaran que tenían a su cargo el cuidado de las jaulas de animales peligrosos y que el día del hecho dañoso se encontraban cuidando la jaula de los tigres distante aproximadamente a 50 metros de la de los osos. El primero también declara que no vio a M. en el lugar del accidente. Esto último también lo declaran los testigos...."

"El elemento esencial de la responsabilidad del Estado por omisión resulta ser la conducta antijurídica que, en el caso, se traduce en el no cumplimiento de las obligaciones que le estaban impuestas en el contrato de concesión del predio para la instalación de un zoológico. De allí que el incumplimiento de ese deber convierte en ilícita la abstención. Por lo tanto, el daño que se ocasiona a un tercero por las omisiones en que incurrió el concedente, responsabiliza al funcionario u órgano del Estado que no cumplió su deber, en el caso, absteniéndose de efectuar el control de la actividad del concesionario. Y en virtud de este obrar ilícito ha ocasionado un daño a un tercero, éste debe ser reparado (arts. 1066, 1074, 1112 y concordantes del Código Civil)."

"Llama la atención que el control de la actividad del concesionario se efectuó después de ocurrido el evento dañoso, con la particularidad de que no lo realizó la repartición pública concedente sino la Dirección Nacional de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación (vide copia expediente administrativo N°4091/88 que corre agregado por cuerda a la causa penal N°24.448 y fs.470 de la causa penal N°24.448). En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al embate de la parte actora y al del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación contra la sentencia de primera instancia."

"Cabe destacar que a la fecha del evento dañoso el zoológico funcionaba comercialmente, permitiendo el acceso del público, con conocimiento de la autoridad municipal, pero sin estar habilitado conforme las disposiciones legales pertinentes (vide fs. 506/507 de la causa penal, informe de la Municipalidad de Esteban Echeverría que señala que el zoológico, bar y confitería a nombre de C. no tenía habilitación y que el trámite se había iniciado el 21.07.88 y declaración testimonial prestada a fs. 820 y vta. del sub lite)."

"En consecuencia, considero que también debe responsabilizarse al municipio codemandado en virtud de que omitió efectuar el control de la actividad desarrollada en el zoológico mencionado y que, con tal omisión, no verificó la existencia o inexistencia de medidas de seguridad en el predio. En el caso, ha sido acreditado que el municipio demandado no ha ejercido el poder de policía municipal para el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. La ausencia de habilitación del zoológico para funcionar se tradujo en la inexistencia de inspecciones tendientes a verificar la adopción de medidas de seguridad y las condiciones de higiene y salubridad, para evitar daños a los visitantes del mismo. En conclusión, por las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al agravio sub examine y, en consecuencia, extender la responsabilidad solidaria por la producción del evento dañoso a la Municipalidad de Esteban Echeverría." 

DAÑOS en el interior de un gimnasio. Caída de un cliente mientras se encontraba haciendo uso de las instalaciones sanitarias. Deficientes condiciones de mantenimiento. Incumplimiento de las obligaciones en cuanto al deber de seguridad y de mantener la integridad de los usuarios en la prestación del servicio. Responsabilidad del explotador del gimnasio y de la Aseguradora. Indemnizaciones.  
 Expediente nº 60.625/01 - "Canales Carpio, Julio Cesar c/ Benedit, Claudio Roberto y otros s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA K - 25/08/2006 
 "Aduce el actor en el libelo de inicio que en la fecha indicada precedentemente y en circunstancias en que se encontraba tomando un baño, previo a ingresar al sauna, cae sobre su cuerpo la roseta de la ducha que se encontraba floja, haciéndole resbalar y caer sobre el inodoro, también flojo, el que se rompe, causándole las lesiones por las que reclama en autos."

"Reconocido que el actor, cliente del gimnasio propiedad de los accionados, sufrió lesiones cuando se encontraba haciendo uso de las instalaciones, las que estaban en deficientes condiciones de mantenimiento, no habiendo logrado la accionada probar la invocada culpa de la víctima como eximente de su débito resarcitorio, es que corresponde hacer lugar a la demanda deducida por el actor."

"No advierto en definitiva en el análisis de la prueba, culpa alguna que pueda endilgarse al damnificado. Por el contrario, sí se ha probado la deficiencia en las instalaciones sanitarias de la demandada y en consecuencia el incumplimiento de sus obligaciones en cuanto al deber de seguridad y de mantener la integridad de los usuarios en la prestación del servicio, resultando en consecuencia responsables por los daños sufridos por el actor (art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, incorporado por la ley 24.999)."

"A mayor abundamiento debe señalarse que la versión esgrimida por la demandada, tampoco exime a ésta de responsabilidad, toda vez que aún en el supuesto de considerarse que el actor haya intentado, apoyándose sobre el inodoro, modificar o sacar la flor de la ducha, no resulta lógico que al caerse haya provocado la rotura del sanitario que fue en definitiva lo que ocasionó las lesiones, si éste se encontraba en correctas condiciones de mantenimiento. Ello sólo pudo ocurrir si el inodoro se encontraba indebidamente colocado, sin la correspondiente sujeción, tal como sostienen los testigos."

"La demandada, quien efectúa en su propio beneficio la explotación del gimnasio al que concurría el actor, tenía el deber de mantener el debido control de seguridad sobre aquel, de manera tal que los concurrentes no sufrieran daño alguno. Carga que evidentemente no fue cumplida. Ante este cuadro fáctico, habiéndose probado que el actor sufrió lesiones en su pierna hallándose dentro del local de la accionada, es que esta última no puede eludir su responsabilidad, por no haber brindado al actor la inmunidad a la que se encontraba obligada, siendo que a cargo de ésta estaba acreditar la culpa de la víctima o de un tercero. Debe en consecuencia revocarse la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la demanda entablada por Julio Canales Carpió contra Claudio Roberto Benedit y Silvia Beatriz Negro, haciéndose extensiva la condena a la citada en garantía "Axa Seguros SA"." 

AMPARO. DISCRIMINACION. Actividad sindical. Exclusión del trabajador de aumentos remuneratorios con motivo de su actividad sindical. Procedencia del amparo. Cese de conductas que obstaculizan el libre ejercicio del derecho de agremiación y de todo trato discriminatorio  
 "Valmaggia Juan Santos y otros c/Telefonica De Argentina SA s/Acción de Amparo" - CNTRAB - 20/07/2006 
 "La crítica a los testimonios en cuestión -que soslaya que la sentenciante de grado no otorgó entidad persuasiva a los emanados de personas vinculadas con el sindicato al que pertenecen los actores- omitió criticar el único al que se le otorgó valor -el que prestó Walter E. Bringas a fs. 122-, en cuanto ofrece el relato de una reunión con el gerente del sector, en la que el testigo dijo haber estado presente, y en la que el citado funcionario, según su versión, les dijo que estaba en condiciones de mejorar las condiciones salariales de los pretensores si éstos se desafiliaban de la asociación que habían creado, conducta que calificó como conveniente para las familias de los afectados. Este hecho, definitivamente incorporado, por omisión de crítica, al material del proceso, revela inequívocamente que la apelante excluyó a los actores de aumentos remuneratorios con motivo de su actividad sindical, que era lo que debían probar. En esas condiciones, pese al error apuntado y a la convicción de que lo resuelto es, estrictamente, una exhortación a excluir el libre ejercicio de la actividad sindical de las motivaciones de política salarial -esto es, de adecuar la conducta de la empresa a las pautas de normas vigentes, citadas en la demanda y en la sentencia-, constreñido el tribunal por la regla tantum devollutum quantum apellatum, sólo cabe aconsejar su confirmación." 

CONCURSOS. Honorarios profesionales. Abogado. Tareas desarrolladas ante el SECLO. Regulación. Procedencia. Competencia del juez concursal  
 27.156/06 - "Asociación Mutualista Evangélica s/ quiebra (s/ incidente de apelación art. 250)" - CNCOM - SALA E - 26/06/2006 
 "El reclamo ante el SECLO es una secuela lógica y necesaria del procedimiento incorporado por la ley 24.635 como requisito previo ineludible, para el acceso a la jurisdicción de conformidad con lo dispuesto por el art. 65, inc 7 de la 18.345 (cfr. CNTrab., Sala II, "Rojas, Nancy c/ Vainstein, Yolanda s/ Despido", del 12/02/2001). Consecuentemente, y toda vez que la actividad profesional de los letrados no puede presumirse gratuita (arg. ley 21.839:3), corresponde acceder a la regulación solicitada. La circunstancia de que el reclamo iniciado ante el SECLO luego prosiguiera con la insinuación de los acreedores laborales en el pasivo falencial con la asistencia de otro letrado, determina que el juez del proceso universal sea el único competente para fijar dichos estipendios, pues la justicia laboral no ha tenido actuación alguna en lo que concierne a los créditos de los representados." 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Establecimientos educativos. Homicidio ocurrido durante el horario de clase. Salida de los menores antes de finalizar el horario escolar. RECHAZO DE LA DEMANDA INTERPUESTA CONTRA EL ESTADO PROVINCIAL. Cumplimiento de las normas que regulan las autorizaciones de los menores para retirarse del Colegio antes del horario. Falta de responsabilidad por la muerte ocurrida fuera del establecimiento educativo. Inexistencia de relación causal entre la omisión imputada al Colegio y el daño ocurrido. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DEL HOMICIDA. Negligencia. Falta de vigilancia activa sobre el menor al no brindarle una contención psicológica o psiquiátrica adecuada y necesaria. Indemnización. Resarcimiento de los daños a los padres de la víctima  
 "A, E y ot. c/Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", causa nº 100.508, y "A, E H y ot. c/T, M A s/ Ds. y Ps.", causa 100.493" - CAMARA PRIMERA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO - SALA II - 22/08/2006 
 "En el caso la sentencia concluyó en que la demandada demostró haber cumplido con las normas que regulaban las autorizaciones de los menores para retirarse del Colegio antes del horario y, por consiguiente, en que no es responsable por la muerte ocurrida fuera del establecimiento. Sostiene, por el contrario, la actora en sus agravios que las autoridades del Colegio permitieron la salida de su hija a pesar de saber los conflictos que existían entre ella y T. y que la menor carecía de autorización para retirarse antes del horario siendo que su padre siempre la buscaba al finalizar el horario escolar para protegerla."

"Descartada como ya dijera la aplicación del art. 1117 del Cód. Civil en su actual redacción, no es cierto que exista en el caso una responsabilidad objetiva de la demandada; deberá responder en razón de la obligación de seguridad accesoria al contrato de enseñanza siempre que no demuestre haber puesto toda la diligencia que fuera menester en el control y cuidado de los educandos y tomado todas las medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hicieran previsibles."

"Está demostrado que la salida de la menor del colegio, antes de finalizar el horario, fue autorizada de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho y que, en el marco de las probadas circunstancias de tiempo, modo, y persona, no puede atribuirse a la demandada culpa o negligencia que comprometa su responsabilidad. Se trata de una escuela de comercio nocturna cuya población escolar está constituida en su mayor parte por adultos y en menor proporción por menores adultos que trabajan. Así es pues, que la hija de los accionantes que -el día del ilícito- tenía casi 18 años y el demandado T. 20, concurrían a un establecimiento destinado a la educación mayoritariamente adulta. Es evidente que en razón de ello las normas de permanencia y retiros del colegio antes del horario, debían ser razonablemente flexibles y muy distintas a las que rigen en los establecimiento diurnos a los que concurren alumnos de menor edad. En este sentido, de las recomendaciones notificadas a todos los alumnos del turno noche y de las declaraciones de quienes, el día del ilícito, eran vicedirectora y jefa de preceptores, surge que los alumnos pueden retirarse sin autorización de los padres bastando que lo pidan ellos mismos firmando su salida autorizada el preceptor o directivo. En este marco regulatorio la alumna C. A. se retiró del establecimiento a las 21.35 aduciendo tener un familiar enfermo."

"Nada demuestra que la actora manifestara su disconformidad con este régimen de salidas, ni que hiciera saber a las autoridades del Colegio que, a contrapelo del reglamento, se prohibiera a la hija de ellos salir antes del horario con la sola autorización de sus directivos. Nada autoriza siquiera a pensar que estos últimos pudieran imaginarse que la salida pedida por C. terminaría con su muerte. Tampoco surge que existiera y fuera notorio un estado de conflictividad tal en la pareja que hiciera pensar sobre un final como el ocurrido. No lo es el episodio ocurrido en el Colegio el año anterior al que se refieren los partes de amonestaciones agregados a fs. 140/141, en relación a T. y C., que no evidencian que las lesiones que menciona la actora en sus agravios hayan existido. La propia conducta de los padres de la menor es por lo menos equívoca al permitir que su hija concurriera al mismo colegio de T., con un régimen flexible de asistencia y salida, si realmente sabían de la peligrosidad que este último significaba para C.. Es cierto que el testigo V. en la causa penal manifestó saber de las intenciones homicidas de T. pero no surge de su declaración que lo supiera alguien más que él y menos aun que ello fuera público y notorio. Sin sospechar lo que habría de ocurrir, fue la propia C. quien, con una excusa que no era cierta, se retiró del Colegio en compañía de T.. Es en este contexto que el Sr. Juez "aquo" concluye en que el comportamiento de la víctima no ha sido ajeno al hecho dañoso y que en el caso no se ha demostrado la existencia de una relación causal entre la omisión imputada a la demandada y el daño ocurrido. Tal conclusión esencial de la sentencia no ha sido rebatida y como tal ha sido consentida."

"Habiendo quedado acreditado que la demandada cumplió razonable y adecuadamente con la obligación de seguridad asumida, ha de confirmarse la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda a su respecto."

"Si bien en un primer análisis del material probatorio el sentenciante extrae que los padres ejercían sobre su hijo una vigilancia adecuada, evaluando las pericias psicológicas y psiquiátricas, llevadas a cabo en la causa penal, concluye en que los apelantes no tuvieron una vigilancia activa sobre su hijo F. T. al no brindarle una contención psicológica o psiquiátrica adecuada y necesaria. Tal como lo resolviera el Sr. Juez "aquo" los apelantes no pueden eximirse de responsabilidad puesto que, en definitiva conociendo que su hijo era portador de una conducta desordenada, agresiva y violenta, no hicieron lo suficiente para encauzarlo, mediante los tratamiento necesarios, conforme la atribuciones impuestas por los arts. 265 y 278 del Cód. civil."

"Contrariamente a lo que sostienen los apelantes está demostrada la pasividad que se les enrostra en la sentencia, no siendo suficiente para eximirse de responsabilidad que -como lo expresan- el homicidio ocurriera fuera del control de ellos y en su ausencia (art. 1116 del C.P.C.). Reitero, pues, que ha de confirmarse la sentencia en el aspecto considerado." 

QUIEBRA de socio cooperativo. Venta de acciones en remate público. Improcedencia. Violación al régimen de las cooperativas. Condiciones de liquidación de las acciones  
 Expte. 7303 Reg. int. 44 - "Díaz, Eduardo Oscar s/Quiebra" - CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE GARANTIAS EN LO PENAL DE NECOCHEA (Buenos Aires) - 05/05/2006 
    
  "La liquidación de bienes en la quiebra tiene, claro está, sus particularidades; sin embargo no puede desconocerse que sus reglas se imbrican con el resto de las normas que rigen en nuestro sistema. Esa relación no siempre es pacífica y puede dar lugar a roces difíciles de conjugar. En tales casos es mi parecer que la recurrencia a los principios vigentes en cada área puede guiarnos en la solución. Esos principios en el caso resultan ser los arts. 505 y 2312 del Código Civil -que establecen al patrimonio como garantía común de los acreedores-, refrendado por el principio de universalidad concursal que impone la liquidación de todos los bienes del fallido (ver Luis A. Porcelli "Venta judicial en la quiebra" L.L. 1997-D-1203 y ss.); el art. 24 3° párrafo de la ley de cooperativas N° 20337 -que obliga a transferir las acciones entre asociados y con acuerdo del consejo de administración- y el art. 204 de la LCQ -norma que permite al Juez cierta libertad en cuanto a la forma de venta, siempre que se reporten circunstancias especiales-. Estas pautas aplicadas al caso de autos nos llevan a proponer la revocación del auto que ordena la venta en remate público abierto a cualquier interesado."

"Es que tal como bien refiere el apelante la forma de venta ordenada viola el especial régimen asociativo y podría generar innumerables conflictos a la cooperativa. Aclaro que en mi parecer resulta indudable que las cuotas sociales o acciones de la cooperativa pueden ser enajenadas coactivamente; la propia ley de cooperativas lo prevé tácitamente en su art. 34 al permitir su embargo por terceros o su prenda, supuestos ambos que cargan ínsitos la eventualidad de una ejecución forzada. No obstante esa venta -como adelantara- requiere respetar el especial tratamiento que da el sistema cooperativista a la calidad del adquirente; es que "en la cooperativa el asociado es el elemento sustancial" (Elsa Cuesta "Derecho Cooperativo" T. 1, pág. 209, Ed. Ábaco, 1987)."

"Teniendo en cuenta ello luce atinada la adecuación a tales preceptos que efectuara la sindicatura a fs. 471/vta., propuesta a la que entiendo solo resta efectuarle una pequeña corrección para poder concluir en una solución justa. Así el procedimiento consistente en una primera venta pública, aunque limitada a los actuales asociados y una subsidiaria abierta a no asociados -todo ello ad referéndum de la aprobación por el consejo de administración- debiera ajustarse al art. 208 LCQ que ordena la enajenación sin base de los bienes no exceptuados, entre los que se encuentran los que aquí venimos tratando. Estimo que da tal forma se restauran los principios que mencionara supra y que la decisión del a quo dejara de lado."

"Propicio en conclusión que se revoque la resolución de fs. 466 y en consecuencia se proceda a la liquidación de las acciones de la cooperativa propiedad del fallido en la forma propuesta por la sindicatura a fs. 466 aunque la oferta será sin base tal como ordena el citado 208 de la ley concursal." 

SI ERAN DOLARES, LO SIGUEN SIENDO

En la causa “Bravi César c/Toppazzini Nora s/daños y perjuicios", los integrantes de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenaron al locador de una propiedad devolver en dólares el depósito entregado en garantía por el locatario.
Los jueces sostuvieron que dicho depósito está resguardado por la legislación que establece que se prohíbe su uso y que no tiene otro destino que garantía, por lo que el locador debe devolver la "misma e idéntica cosa" que le fue entregada en su momento.

BRAVI CESAR C/ TOPPAZZINI NORA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
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HECHA LA OPCION, NO A CASSABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10, a cargo de Héctor Chomer, declaró la inaplicabilidad de la ley 1181 teniendo en cuenta que el abogado ejerció la opción prevista en el art. 5° antes del vencimiento del plazo legal.

LOPEZ RITA DANIEL CLAUDIO C/ LEGUIZAMON MARIANO S/ EJECUTIVO
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EL PRESIDENTE DE LA FUNDACION NO ES RESPONSABLE

En el expediente "Corrado Marta Susana c/ Fundación Medicina Comunitaria y otro s/despido", la sala III de la Cámara Nacional en lo Laboral rechazó la pretensión de la actora de que condenen en forma solidaria por su despido al presidente de la Fundación.
El fallo considera que las fundaciones tiene creación de naturaleza diferente a las sociedades comerciales y no se encuentran alcanzadas por la Ley de Sociedades Comerciales.

CORRADO MARTA SUSANA C/ FUNDACION MEDICINA COMUNITARIA Y OTRO S/ DESPIDO
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DAÑOS. COMPETENCIA. VARIOS DEMANDADOS. JUEZ NATURAL. CITADA EN GARANTÍA. DOMICILIO AL QUE PUEDE SER NOTIFICADA. DIFERENCIA ENTRE: AGENCIA/SUCURSAL Y CASA CENTRAL  
 "Claverie de Murici María Alejandra, Murici Enrique Nicolás, Murici María Guillermina, Murici María del Pilar c/Natale Enrique Edmundo y/o Goos Buceo y/o quien resulte responsable s/Demanda interruptiva de Daños y Perjuicios." - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL (Buenos Aires) - SALA II - 08/06/2006 
 "La aseguradora San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni siquiera es una Agencia, afirma) mientras que la sede está ubicada en Rosario, Provincia de Santa Fe. Luego dedujo excepción de incompetencia con fundamento en la señalada circunstancia de que el domicilio legal no se corresponde con el domicilio donde se practicó la notificación, lo que le generó enormes dificultades para reunir la documentación y obtener los datos. La sentencia de Primera Instancia -que se confirma- rechazó la nulidad de la notificación planteada por la citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la excepción de incompetencia ordenando el archivo de las actuaciones e imponiendo las costas por su orden. Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su procedencia, dado que la nulidad es de interpretación restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las dificultades para reunir documentación y obtener los datos y de que no amplió la contestación de demanda a mérito de la facultad que le confiere el art. 342 C.P.C."
"Al abordar la incompetencia impetrada indica que el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona la procedencia de su citación alegando la existencia de no seguro. Añade que el demandado que menciona el art.5 inc.4 C.P.C., es el responsable del hecho y no la Compañía de Seguros cuyo domicilio puede multiplicarse como tantos domicilios tengan sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en este Departamento Judicial no basta para demandar a San Cristóbal S.M. en Azul."
"Con palabras del pretorio "el domicilio referido por el art.118 de la ley 17418 es el estatutario que la compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad societaria competente o donde funcione su dirección y administración, si se tratare de un único establecimiento (art.90 inc.3º Cód.Civ.) y si posee distintos establecimientos o sucursales tiene el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales (art.cit. inc.4º), pero sólo para la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad" (C.N.Civ. Sala E, 25/10/2004 "Gómez Dolores G. c/Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros", L.L. 6/5/2005 pág.7). En idéntico sentido se acota que "el domicilio de una delegación, agencia o sucursal de dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la competencia de los tribunales del lugar del hecho o del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no se celebró el contrato de seguro que motiva la acción entablada" (C.N.Civ. Sala K 16/5/2003 "Segmarchi, Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros" L.L. 15/1/2004 pág.3; ver también los fallos citados por Areán en ob.cit. p.268 Nº4/10)."
"Esta interpretación, que viene siendo seguida desde hace tiempo (C.N.Civ. Sala B, 28/9/73 "El Comercio Cia. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas", E.D. 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su carácter más restrictivo indicando como necesarios la concurrencia de tres requisitos: "1) que se trate de establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2) que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad y 3) que la existencia de la sociedad no sea puesta en discusión (en ese sentido, C.N.Civ. Sala F. 24/4/73, "Belgrano S.C.L. c/Fal Raúl O", E.D. T.50-207). Se ha afirmado incluso -en criterio que recoge el fallo apelado- que si "el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento de la competencia que tal norma autoriza y que es de interpretación restrictiva" (C.Civ. Sala 2 Quilmes, 11/9/2002 "Falcón Alfredo c/Arguello Isidro Santiago s/Ds.y Pjs." Juba B2951098). También se ha añadido que es agencia aquella que lleva su propia contabilidad (C.Nac.Com. Sala C, 13/9/83 "Rodríguez Roberto c/Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.")."
"No resulta convincente que el art.118 L.S. al establecer como Juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora procuró -al menos directa e inmediatamente- favorecer a la víctima pues en tal caso se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del actor. Parece más razonable entender que el domicilio de la aseguradora es lugar de radicación del juicio (art.118 L.S.) porque ésta asume la dirección del proceso para cumplir su deber de indemnidad (arts. 1, 109, 110 y 116) teniendo -en palabras de Stiglitz- "la gestión de la litis", por lo que el asegurado asume un rol pasivo (Stiglitz Rubén "Derecho de Seguros" T.II, p.189 Nº548)."
"En suma en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y Natale (art.90 inc.4 y 5 Cód.Civ.)." 

SEGUROS. APLICACION ART. 56. NOTIFICACION AL TOMADOR DE LA POLIZA. COMPUTO DEL PLAZO DEL ART. 56 DE LA LEY DE SEGURO  
 Expte. 59032/2000 - "Flores Esteban Ángel c/Caja de Seguros S.A. s/ordinario" - CNCOM - SALA A - 02/05/2006  
"El empleadores parte directa y principal en las relaciones emergentes del contrato de seguro, por lo que no es ajeno a la relación habida entre los actores asegurados y la aseguradora. Debe encargarse de reclamar el cumplimiento del contrato de seguro ya que solo él está legitimado para hacerlo, Por ende, la omisión y/o el retraso en notificar el siniestro en que eventualmente hubiera incurrido, no puede constituirse en causal de rechazo de la cobertura por ausencia de denuncia tempestiva frente al beneficiario, cuando este, cumplió con la carga de denunciar el siniestro".-
"La que en su artículo 37 es clara al definir que "la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa"
"Ante ello, cabe interpretar que la denuncia realizada por Flores ante la sede de su ex empleador, conforme se dispuso en la cláusula citada, resulta suficiente para poner en marcha el plazo previsto por la LSeg. 56." 

SEGURO DE CAUCION. FALTA DE CONSENTIMIENTO DE LA ASEGURADORA DE LOS CAMBIOS EN EL CONTRATO. TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS.-  
 17227/01 - "Dodino Gustavo Leonardo c/ Paraná SA de seguros s/ ordinario" - CNCOM - SALA E - 12/05/2006  
 "...el hecho de que el actor hubiera consentido cierta demora en el plazo de entrega de la embarcación, no era suficiente para tener por configurada la hipótesis de exclusión de cobertura que opuso la demandada al progreso de la acción, para lo cual era necesario "convenir" una modificación contractual, lo cual, a su criterio, no había ocurrido...".-
"Ahora bien, la prueba de los hechos eximentes de la garantía corresponde al asegurador (Meilij, Gustavo, "Manual de Seguros", ed. Depalma, 198, 3ra edición, pág. 14) y su interpretación debe ser realizada restrictivamente por su naturaleza sancionatoria, por las consecuencias de su aplicación y porque puede llevar al enriquecimiento del asegurador a costa del asegurado."
"Destácase que si bien es cierto que la fecha de entrega de la embarcación constituía una base fundamental del contrato, y que el propio actor manifestó ante los liquidadores del siniestro que toleró cierta demora, en modo alguno puede interpretarse que hubiera mediado prórroga consensuada del plazo de cumplimiento, que obligara al asegurado a comunicar a la aseguradora y a obtener su conformidad en los términos previstos en la cláusula 7 de las Condiciones Generales." 

CONTRATO DE SEGUROS. Auxiliares intervinientes de la celebración del contrato. PRODUCTOR DE SEGUROS. Derechos y Obligaciones  
 Expte. 399.06 - "Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Jue Claudio A s/ Organismos Externos (Presunta Lesión Ley 20091 y 22400)" - CNCOM - SALA C - 12/06/2006  
 
  "La responsabilidad de su ejercicio profesional emerge de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil y su participación en la gestión representa un factor de garantía para las partes contratantes, en tanto coadyuva a que las relaciones que se establezcan entre ellas sean de buena fe, equidad y justicia" (Fiscal General de la Cámara de Apelación)
"Cuando un productor cobra, lo hace por cuenta y orden de la aseguradora que lo ha autorizado al efecto, por lo que todo aquello que ha recibido es lo que debe girar a la compañía" (Fiscal General de la Cámara de Apelación)
"el apelante afirmó que no pudo acompañar y ofrecer prueba. Sin embargo, la ley 20.091 prevé que el recurrente puede proponer en la Alzada la prueba denegada por la autoridad de control. En atención a ello, la supuesta imposibilidad de ofrecer prueba no ha producido al apelante un perjuicio irreparable, que justifique declarar la nulidad de lo actuado" (Fiscal General de la Cámara de Apelación)
"Con respecto a la falta de perjuicio alegado cabe destacar que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en la especie, la solvencia del mercado asegurador. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias" (Fiscal General de la Cámara de Apelación) 

ACCIDENTE FERROVIARIO. Motociclista embestido por un tren. Daños y perjuicios. Procedencia de la demanda. SEGUROS. Aseguradora citada en garantía. Responsabilidad. INDEMNIZACION. FRANQUICIA DEDUCIBLE. CLAUSULAS ABUSIVAS. Franquicia desmesuradamente elevada e ilícita. Declararación de NULIDAD ABSOLUTA, en cuanto establece una franquicia cuantitativamente irrazonable, que desnaturaliza el vínculo contractual y contraría el orden público, la moral, la buena fe, y sus derivados  
 Expte. N° 84.193 - "Barreiro Jorge Andrés c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/ Ordinario" - CNCOM - SALA A - 20/07/2006  
  "La víctima al no contar con la visibilidad que le permitiera distinguir a qué distancia se encontraba realmente el tren, bien pudo creer que tenía tiempo suficiente para efectuar el cruce. Por ello, juzgó que dado el altísimo riesgo y potencial mortífero de este tipo de transporte, la demandada debió adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir el riesgo cuya ausencia puntualiza. Concluyó así que, la empresa ferroviaria era responsable del infortunio por su propia negligencia sin que se aprecie elemento alguno que permita inferir como eximente, la responsabilidad del conductor del ciclomotor."
"La ley de Seguros recoge el principio indemnizatorio, virtualmente en los arts. 61-2 y 68. La obligación del asegurador de afrontar el pago de los daños causados por el siniestro, sufre ciertas excepciones justificadas "por razones técnicas y para asegurar la eficacia indemnizatoria del contrato", la mayoría de origen legal y otras de fuente convencional. Entre ellas, cabe mencionar la franquicia o fracción de riesgo no cubierta, en cuanto, bajo ciertas condiciones, importa una liberación de la obligación asumida por el asegurador."
"Transportes Metropolitano no pudo ni debió desconocer, que casi la totalidad de los riesgos de mayor probabilidad siniestral en materia de transporte ferroviario no superan el importe de la franquicia absoluta de U$S 300.000. Tampoco pudo ni debió pasar inadvertido para el asegurador la situación imperante en el sector del transporte público ferroviario de pasajeros, el estado de emergencia de las empresas prestadoras del servicio, la alta siniestralidad en el ámbito del contrato de transporte, ni el incremento de las colisiones con vehículos, ciclomotores y peatones, la alta actividad litigiosa, ni tampoco el monto promedio que alcanzan las sentencias condenatorias, etc. a fin de evaluar su incidencia en el mercado asegurativo. Ello por cuanto, el seguro, técnicamente, se basa en un cálculo de probabilidades y que la determinación del premio se halla condicionada a una correcta observación empírica de la probabilidad de realización (siniestros) de los riesgos asumidos."
"El fundamento del contrato de reaseguro se halla en la circunstancia de que el asegurador, al celebrar con el asegurado el contrato originario o principal, en él se compromete al pago de una suma asegurada para la eventualidad de ocurrencia de un siniestro. Si esa suma asegurada sobrepasa el límite que, según consideraciones técnicas puede pagar, acude al reaseguro como mecanismo que elimina el peligro consistente en que, al realizarse el riesgo, quede comprometido un valor superior al que técnicamente puede pagar. Así el reasegurador afrontará la diferencia entre lo que puede y lo que debe pagar."
"En el sub júdice, la aseguradora atenta o advertida de la probabilidad de un desborde cuantitativo de los riesgos que normalmente explota, para prevenir la posibilidad de que su patrimonio quedara comprometido más allá del límite cuantitativo técnicamente tolerable, no optó por ninguna de éstas alternativas, sino que prefirió contratar fijando una franquicia irrazonablemente alta."
"Interpreto que en el caso, han existido maniobras antijurídicas de ambos cocontratantes, que celebraron el contrato con la deliberada intención, el asegurador de no dar cobertura indemnizatoria al tercero damnificado para el caso de producirse el siniestro y de ser citado en garantía por el asegurado y/o por el tercero damnificado - con excepción de accidentes catastróficos que comprometen indemnizaciones millonarias-. Por su parte, como ya se ha dicho, el asegurado contrató el seguro, para crear la "apariencia" de cumplir con la obligación asumida en el contrato de concesión, teniendo ambas partes plena conciencia del perjuicio que se ocasionaría a las víctimas."
"Adelanto que el sentido de mi ponencia es que, la colisión entre dicha estipulación y el ordenamiento legal torna nula de nulidad absoluta y manifiesta la cláusula contractual, lo cual equivale a tenerla por no convenida o por no escrita. Ello implica aceptar que la nulidad afecta exclusivamente al precepto de autonomía subsistiendo el contrato en todo lo demás (art. 1039 Cód. Civil). Lo expuesto obliga al asegurador a la reparación íntegral del perjuicio sufrido, sin que pueda invocar la mentada "oponibilidad" de la franquicia al tercero damnificado."
"La Secretaría de Transportes debió cerciorarse sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario, y de haberlo hecho debió utilizar las amplias facultades que le conciernen, entre ellas evaluar la conveniencia de mantener la concesión otorgada. De haber ejercido responsablemente el poder de policía que le compete, no debió desconocer, que la franquicia estipulada importa que el patrimonio del asegurado no quede indemne, con lo que se agrava el pasivo de la empresa transportadora que carga con la responsabilidad de indemnizar los daños producidos hasta U$S 300.000. Por su parte, los usuarios o terceros damnificados que sufren daños inferiores a la mentada suma quedan sin posibilidad de ejecutar a la citada en garantía; es decir que la casi totalidad de los daños sufridos quedan "sin seguro", y que frente al concurso por agrupamiento integrado por Transportes Metropolitano Belgrano Sur S.A, General Roca S.A. y General San Martín S.A., quedan sujetos a los términos del acuerdo homologado, con las implicancias e incertidumbre de cobro que ello conlleva."
"Ha sido y es obvio entonces, que al fijarse en un monto tan elevado la franquicia, quedan comprendidos en el marco de la exoneración de responsabilidad del asegurador, la gran mayoría de los daños a cargo de las empresas de transporte: las que comprenden daños materiales y personales por debajo de U$S 300.000, que son los más importantes en número Ello implica en los hechos la inasegurabilidad de los siniestros más habitualmente generados por la demandada, que creó la imposibilidad de efectuar la adecuada previsión de esos daños a través de la técnica de su aseguramiento."
"La institución de la franquicia tiene por finalidad -entre otras estimular el compromiso del asegurado en la prevención del siniestro, pero en el caso en análisis, su cuantía es absolutamente irrazonable e ilícita en tal grado que violenta el servicio asegurativo y lo priva de utilidad practica, lo que apareja la desnaturalización el objeto del seguro contratado y afecta indirectamente los derechos de los damnificados por los accidentes ferroviarios, para quienes el seguro contra la responsabilidad civil cumple una función de garantía en la efectiva percepción de la indemnización del daño. Resulta relevante destacar la irrazonabilidad de la estipulación que establece una franquicia desmesuradamente elevada, por cuanto no existe relación de proporcionalidad alguna entre la finalidad que la doctrina y jurisprudencia le asignan a aquella y el nefasto resultado perseguido tantas veces señalado, lo que equivale a pactar la eximición del asegurador de la obligación de mantener indemne al asegurado, con lo que se vulnera el núcleo o esencia del contrato a la vez que se deja a las victimas en la casi totalidad de los siniestros, sin poder ejecutar la sentencia contra el asegurador citado en garantía Es que ninguna parte puede exceptuarse a si misma de responsabilidad por un incumplimiento fundamental del contrato, sólo podrá eventualmente reclamar la protección de una cláusula de exoneración cuando ha cumplido el contrato y no cuando se ha desviado de él, o pretende exonerarse de honrar un compromiso que afecta a la raíz del contrato."
"En síntesis, consecuentemente con todo lo expresado, corresponde declarar la nulidad absoluta, parcial, de pleno derecho de la mentada cláusula abusiva, en cuanto establece una franquicia cuantitativamente irrazonable, que desnaturaliza el vínculo contractual y contraría el orden público, la moral, la buena fe, y sus derivados, como ser la doctrina del acto propio, el ejercicio regular de los derechos, las normas legales relativamente imperativas, los principios esenciales que informan y gobiernan el derecho dispositivo, la finalidad económica y jurídica del tipo contractual seleccionado por las partes, en tanto perjudiquen la posición contractual del asegurado y de los terceros damnificados. En el caso, la franquicia establecida en una de las cláusulas insertas en las condiciones particulares de la póliza ha sido declarada nula, de nulidad absoluta. Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo desestimar el recurso interpuesto por Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA y receptar parcialmente el recurso de la parte actora." 

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS. Suspensión transitoria de operatoria. Compensación. Alcances del art. 49 Carta Orgánica del BCRA  
 B. 1282. XXXIX - "Banco Central de la República Argentina c/ Banco Patricios S.A. s/ solicita intervención judicial, art. 35, pto. 3 ley de ent. financieras (activos excluidos)" - CSJN - 18/07/2006 
 "La suspensión regulada por el art. 49 de la Carta Orgánica -cuya naturaleza cautelar ya ha sido puntualizada- puede derivar, inclusive, en la revocación de la autorización para operar, en tanto se da, entre otros supuestos, por la afectación de la solvencia o liquidez de la entidad, asimilable al estado de cesación de pagos, y genera la imposibilidad de efectuar pagos a los acreedores, sin autorización del Banco Central de la República Argentina, y sólo en los casos expresamente previstos por el art. 44 de la ley 21526, y sus modificatorias."

"Si durante el período de suspensión los acreedores no pueden obtener el cumplimiento de las obligaciones, ello impide asimismo que puedan acudir a la compensación, pues ésta, mas allá de ser un hecho, es un acto jurídico que importa un modo de extinción de las obligaciones según lo prevé el art. 724 del Código Civil y con fuerza de pago respecto de deudas exigibles conforme lo disponen los arts. 818 y 819 del mismo cuerpo legal, e implica, por ello, un modo de cumplimiento de una obligación exigible al deudor. Esta conducta se encuentra prohibida por el art. 49 de la Carta Orgánica y, de verificarse, supondría beneficiar a un acreedor respecto de otro y obviar la prohibición legal, lo cual es claramente inaceptable." 

CONTRATO DE TARJETA DE CREDITO. Tarjeta adicional. Cónyuge del titular. Solidaridad. Improcedencia. Concepto de "cláusulas sorprendentes" en los contratos de adhesión  
 “Banco Río de la Plata SA c/Najmanovich Rubén y otro s/sumario” - CNCOM - 08/06/2006 
"Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han sido contestes en exigir claridad al concertarse o establecerse la solidaridad, pues esta es una excepción a principio de mancomunidad (Llambías, J.J. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. II págs. 482/3 C.N.Com. esta Sala en "Lloyds Bank (BLSA) LTD. c. Brussa Carlos Alberto y otro s. ordinario" de 27.4.2006).-
Con base a estos principios, no puede sostenerse válidamente que la firma de la codemandada (cónyuge del usuario titular de la tarjeta de crédito), inserta al pie de la solicitud de tarjeta adicional importe una asunción de responsabilidad solidaria de su parte."

"La interpretación literal de tal "declaración" no puede ser otra que la que literalmente emerge de sus términos, que escuetamente dice "solicito se extiendan tarjetas adicionales para... ", pero de manera alguna puede tener el alcance de responsabilizarla por el pago del eventual saldo deudor generados por su utilización, menos aún de los consumos efectuados por el titular. Obviamente, no puede el Sr. Najmanovich por ninguna declaración propia comprometer la responsabilidad solidaria de su cónyuge, que no ha específicamente suscripto compromiso obligacional en tal sentido."

"Admitir por vía de hipótesis la pretensión esgrimida, implicaría consentir inadmisiblemente una cláusula sorpresiva, inusual e insólita, que no forma parte de las reglas de juego ya que aparecería subrepticia o clandestinamente. Importaría - además- aceptar una desmesurada deslealtad porque no se ha advertido al adherente su inclusión en el texto, haciéndosela firmar en forma específica."

"La doctrina ha señalado que un grupo de cláusulas sorprendentes son aquellas que por su trascendencia en la economía del contrato, es imprescindible que no pasen desapercibidas para el consumidor o usuario. Entiendo que cabe incluir en esta categoría la de constituirse en codeudor solidario. Es por ello que se ha extendido universalmente la exigencia que determinadas cláusulas por su relevancia se hallen impresas de tal suerte que llamen la atención, que no pasen inadvertidas, carga que recae sobre el predisponente."

"En consecuencia, dicha estipulación, que debe ser evaluada con el mayor rigor por el juez, no resulta vinculante respecto de la citada codemandada, debiéndosela tener por no escrita, dada su alta dosis de inmoralidad, y por cuanto por definición es un plus por sobre la cláusula abusiva (Stiglitz Rubén S. "Cláusulas abusivas en el contrato se Seguros ")." 

CONTRATO DE TRABAJO. Pilotos de aviación. Relación laboral de carácter permanente aunque discontinua en razón de la frecuencia de los vuelos. Remuneraciones en base a la cantidad de horas de vuelo  
 S.D. 83682 CAUSA 14254/03 - "Alarcon Ruben Luis y otros c/Hawk Air SA s/despido" - CNTRAB - SALA I - 22/06/2006 
 "En tanto la demandada es una empresa dedicada al transporte aéreo de cargas y pasajeros, que cuenta con diversas aeronaves, pero que no posee trabajadores en relación de dependencia, que es contratada o subcontratada por otras empresas o por clientes particulares para traslados aéreos, que cuenta con las habilitaciones pertinentes extendidas por la Fuerza Aérea para explotar ciertas rutas y utilizar aeronaves de determinado porte, que los actores son pilotos comerciales que prestaban servicios a favor de la accionada en tareas propias de tal actividad, y que recibían una contraprestación económica por tales servicios; se puede concluir en que nos hallamos frente a relaciones laborales de carácter permanente aunque discontinua en razón de la frecuencia de los vuelos, remuneradas en base al parámetro tomado por la demandada, esto es, la cantidad de horas de vuelo." 

HABEAS DATA. Entidades bancarias y financieras. Bases de datos de riesgo crediticio. Derecho al olvido  
 Causa 25729/2001 - "García Sigal Ernesto Alberto c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ habeas data" - CNACAF - SALA III - 21/03/2006 
 "Se debe determinar si corresponde ordenar la supresión de la información referida al saldo impago de la tarjeta de crédito de la base de datos del organismo rector del sistema financiero y por tanto también de Veraz S.A. Al respecto es dable precisar que en el artículo 26, apartado 4 de la ley 25.326 se prevé que "(s)ólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho"."

"De este modo el legislador ha consagrado el derecho al olvido de quienes registran o registraron una deuda en una base de datos, independientemente de su exigibilidad, fijando plazos diferentes para uno u otro supuesto (conf. en este sentido, CCYCFed, Sala 3, "Napoli Carlos Alberto c/ Citibank N.A.", 3-11-05; esta Cámara, Sala III, "Girella, Juan José c/ BCRA", 4-2-05 y "Gross, Rodolfo Remigio", 7-2-05)."

"No se trata -como parecería entenderlo el Banco Societé Generale- de la prescripción de la deuda sino simplemente de su antigüedad a los efectos de su mantenimiento en el registro de datos. Adviértase que aún cuando la deuda hubiera sido saldada debería figurar en el sistema aunque por un plazo menor."

"En consecuencia, no se trata de que el tribunal examine la relación contractual entre el actor y la entidad demandada y la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones pendientes. Simplemente se debe determinar si la información respecto de esa deuda -hállese prescripta o no- debe figurar en los registros en cuestión atento a la antigüedad que registra." 

REGLA DEL CASO 
  El art. 58 de la Constitución Provincial, que protege la vivienda única en las condiciones que fije la ley, no es inconstitucional. Conforma una protección que es acorde con la legislación nacional (art. 14 bis CN), brindándose la debida publicidad.- 
 
  DATOS  
  A.I. Nº 108 - "Romero Carlos E. c/ Andrés F. Lema - Desalojo - Recursos de Casación e Inconstitucionalidad" - TSJ DE CORDOBA - EN PLENO - 04/07/2006  
 
  SUMARIOS  
  DERECHO CONSTITUCIONAL. VIVIENDA ÚNICA. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. VALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. PUBLICIDAD.-  
 
  1. Es sabido que la propia Corte ha aceptado que un fallo no es arbitrario si proporciona nuevas razones que difieran de los argumentos anteriormente descalificados. A su vez, la proyección de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la operatividad de los derechos protegidos constitucionalmente, abona en favor de una nueva reflexión sobre esta cuestión. Y, por último, puede decirse que al amparo de la situación de emergencia económica los estados nacionales y provinciales han dictado recientemente numerosas leyes suspendiendo la ejecución de subastas de viviendas únicas, incluso las gravadas por hipotecas.-
2. La propia Constitución de la Nación diferencia en sus cláusulas la propiedad a la cual garantiza su inviolabilidad frente al propio Estado y los particulares (C.N., art. 17), de los derechos sociales relacionados con la vivienda (acceso y defensa del bien de familia, C.N. art. 14 bis), en los cuales el rol gubernamental no se limita a la exclusión de intromisiones como ocurre con la propiedad (prohibición de confiscar o expropiar sin utilidad pública), sino que el Constituyente pretende del Estado un rol activo.-
3. De los derechos sociales emergen también expectativas positivas que implican obligaciones de prestación y éstas no se encuentran circunscriptas a la "obligación del legislador de llenar las lagunas de garantías con disposiciones normativas y políticas presupuestarias orientadas a su satisfacción, sino además el establecimiento de otras tantas directivas dotadas de relevancia decisiva en la actividad interpretativa de la jurisprudencia ordinaria y sobre todo en la de los Tribunales supremos".-
4. La Constitución de la Provincia de Córdoba, en la reforma de 1987, se organizó "como Estado Social de Derecho, sujeto a la Constitución Nacional y a esta Constitución" (C. Pcial., art.1). Y en sus disposiciones también se encuentra diferenciado el rol del Estado respecto de la propiedad privada y de la vivienda única. Así, la propiedad privada "es inviolable; nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley..." o por una ley de expropiación en razón de utilidad pública (C. Pcial., art. 67). El derecho a la vivienda digna, en tanto "tiene un valor social fundamental" se garantiza a través de la promoción gubernamental de "las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho" y de la protección de la vivienda única que "es inembargable, en las condiciones que fija la ley" (C. Pcial., art. 58).-
5. Con todo ello desde luego no se quiere decir que la vivienda única no integre la propiedad de su titular, ya que la regulación del modo de adquirir, gravar y transmitir el derecho real de dominio es materia propia del derecho común que concierne al gobierno Federal por delegación expresa de las Provincias (C.N., art.67, inc.12). Lo que se quiere enfatizar es que la vivienda única no puede ser mirada desde la óptica constitucional exclusivamente como propiedad, sino también como derecho social garantizado concurrentemente por las normas constitucionales supranacionales, federales y locales.-
6. Las Provincias conservan la competencia para dictar sus propias cartas constitucionales en la medida que observen las condiciones limitativas del art. 5, esto es en lo que aquí interesa, conforme "con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional". Pues bien, si "la defensa del bien de familia" es una garantía particularizada del derecho a la vivienda digna reconocidas por el art. 14 bis C.N. y también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , en tanto para la protección de los derechos sociales demanda del Estado "medidas apropiadas para asegurar la efectividad", cabe preguntarse si la norma constitucional local contradice estas normas condicionantes de su legitimidad

 

7. La norma de la Constitución de la Provincia de Córdoba estatuye que la vivienda única "es inembargable, en las condiciones que fija la ley" (C. Pcial., art. 58,) no resulta contraria con las normas federales que también establecen la defensa del bien de familia (C.N., art. 14 bis), ya que la inembargabilidad es sin duda una medida de protección. Que la Constitución local haya explicitado la medida de protección no implica contradecir las normas constitucionales que tengan un mayor espectro, en tanto ellas no detallan cuáles son los medios de protección y hayan dejado librada esa cuestión a las leyes comunes.-
8. Estas características objetivas de la vivienda en cuestión obviamente no desbordan por la modestia de sus habitaciones y mínimo valor económico, las necesidades de una familia tipo.-

Si el objeto de protección coincide, entonces la consecuencia de la exclusión del bien como garantía para los acreedores, no ha sido exclusiva consecuencia de la cláusula constitucional local sino de las disposiciones de la legislación nacional.-
9. La modalidad de reconocimiento estatal local tiene por objeto una vivienda única, que es asiento del grupo familiar por lo cual resulta innecesaria la selección del bien ya que no hay otro y la habitación constituye un hecho objetivo. Esta situación tampoco puede decirse que resulte carente de publicidad, desde que ha sido declarada mediante una ley publicada y, por tanto, con presunción de conocimiento conforme a las disposiciones de derecho común (C.C., art. 20).-
10. Si la modalidad de reconocimiento gubernamental local en cuanto a la publicidad asegura el conocimiento por los terceros en forma equivalente a lo normado por la ley nacional, no puede centrarse en ella un desborde de la competencia de la Provincia, desde que se trata de un aspecto instrumental y secundario para hacer efectiva la protección de la vivienda única que es a su vez captada como bien de familia. Es que si la propia ley n° 14.394 deriva hacia las Provincias la determinación de cuál de sus poderes intervendrá en la gestión de la inscripción del bien de familia (art. 42), ha reconocido que subsiste la competencia provincial en la instrumentación. Esta competencia ha sido la que ha posibilitado que en la Provincia de Córdoba se norme una modalidad equivalente a la inscripción registral cuando se trate de la vivienda única que es habitada por el propietario.- 

REGLA DEL CASO 
  El retiro del expediente realizado por el apoderado o el patrocinante importa notificación de todo lo actuado. Si en el registro respectivo se deja constancia expresa de que el retiro se hace para evacuar un traslado, implica entonces que éste queda corrido desde la fecha del retiro. Si la constancia que se deja en el registro indica que el retiro lo ha sido con otros fines (V.gr.: sacar copias; estudio; etc.), no puede considerarse que se ha corrido el traslado, más allá de importar notificación de todo lo actuado.- 
 
  DATOS  
  "Márquez Dora Laura c/ Río S.A. y Otros Daños y Perjuicios - Otras formas de Responsabilidad Extracontractual (Exte. N° 552993/36) Recurso de Casación" - TSJ DE CORDOBA - 06/03/2006  
 
  SUMARIOS  
  DERECHO PROCESAL. CIVIL. NOTIFICACIONES. NOTIFICACIÓN POR RETIRO DEL EXPEDIENTE. ALCANCES. CORRIMIENTO DE TRASLADO. REQUISITOS PARA QUE OPERE.-  
 
  1. La notificación tácita es un medio de notificación indirecta que opera sin un acto real de transmisión. (...) La admisibilidad de tal modalidad -expresamente consagrada en el art. 151 del CPCC- se funda en la razonable presunción de que la parte conoce o debería conocer (conforme el desempeño responsable de la labor del abogado) la resolución judicial de que se trata, todo ello bajo el prisma de la buena fe y lealtad procesal (arg. art. 83 CPCC).-

2.-

3. El hecho de retirar el expediente con el objeto -expresamente manifestado- de correr un traslado permite razonablemente presumir que el sujeto se halla en condiciones de interiorizarse y conocer acabadamente el contenido de la providencia que ordena expresar agravios, excluyendo por lo tanto la necesidad de que se le transmita expresamente la misma

4.-

5. Si el expediente hubiera sido retirado sólo para sacar copias o con fines de estudio (...) el préstamo sólo hubiera acarreado la notificación de lo actuado, pero no hubiera conllevado el corrimiento del traslado, cuyo plazo no se habría iniciado.-

6.-

7. Sólo el "apoderado o patrocinante" estarían habilitados para retirar el expediente y así provocar la notificación tácita a la que alude el art. 151 del CPCC. (...) [Pero] si en una litis determinada algún auxiliar o empleado del estudio jurídico del "apoderado" o "patrocinante" retira el expediente, e incluso consigna expresamente el propósito de tal estudio, aparece claro y razonable presuponer que los autos serán llevados -por exigencias mínimas de diligencia procesal- a conocimiento de su responsable directo
8. Cualquier contingencia que pudiera haber acaecido a raíz de desorganizaciones o errores enrostrables al personal del estudio del letrado, es sólo reprochable a éste y no oponibles al adversario, debiendo el responsable asumir las consecuencias por su propia torpeza o la de sus dependientes 

 REGLA DEL CASO 
  La responsabilidad por los daños causados en la actividad médica debe ser valorada como una obligación de medio y no de resultado. Se trata de una vinculación contractual en la cual el médico está obligado a brindar una atención diligente e idónea al enfermo, conforme las reglas del arte de la medicina y su evolución, sin que se asegure el resultado perseguido. Por ello, el galeno puede eximirse de responsabilidad si acredita el hecho de la víctima, el de un tercero por quien no debe responder, el caso fortuito o fuerza mayor, o su falta de culpa.- 
 
  DATOS  
  EXP. Nº 112224/36 - ""Abdenur, María Mirta c/ Turrado, Hugo y Otro - Ordinario - DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS" - CAMARA OCTAVA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE CORDOBA - 27/07/2006  
 
  SUMARIOS  
  RESPONSABILIDAD. RESPONSABILIDAD CIVIL. RESPONSABILIDAD DE LOS MÉDICOS. OBLIGACIÓN DE MEDIDOS. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. CARGA PROBATORIA.-  
 
  1. La responsabilidad derivada de daños causados por la actividad médica, se encuadra dentro en una obligación del médico, que es de medios y no de resultado, de manera que la sola presencia del daño no implica, sin más, causal de atribución de responsabilidad. En tanto que corresponde a quien inculpa a un médico probar la negligencia o impericia, sin perjuicio del deber moral e inclusive jurídico del demandado de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, y que la prueba relevante es el dictamen de la pericia médica, en tanto asesora sobre temas que normalmente escapan a la formación profesional del juez.-
2. En la vinculación contractual entre médicos y pacientes se ha destacado que la obligación principal de los primeros, consiste en brindar una atención diligente e idónea del enfermo, sobre la base de las reglas del arte de la medicina y su evolución, conforme a los principios científicos que el título presupone, pero sin asegurar que el resultado perseguido se va a lograr, pues a los facultativos les está legalmente prohibido anunciar o prometer la curación fijando plazos, o la conservación de la salud o anunciar agentes terapéuticos de efecto infalible.-
3. No basta la existencia de un resultado desafortunado para considerar responsable al médico interviniente, sino que es necesario acreditar que ese resultado dañoso se produjo por su negligencia, imprudencia o impericia, en definitiva por su culpa.-
4. El galeno, para lograr la exención o exoneración de la responsabilidad derivada de la actividad médica, deberá acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder y, desde luego, la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, obteniendo también la liberación por la sola demostración de su falta de culpa.-
5. [Existe jurisprudencialmente] una flexibilización en apreciación de la culpa profesional dado que al encontrarse comprometidos los derechos esenciales a la vida y a la dignidad de la persona, que preexisten a todo ordenamiento positivo, no cabe tolerar ni legitimar comportamientos indiferentes o superficiales que resulten del recto ejercicio de la medicina.-
6. El demandado ningún aporte ha realizado para desvirtuar la sindicada errónea prestación valorada sobre la prueba citada precedentemente, es así que este, no ha ofrecido prueba, ni tan siquiera la proposición de puntos para las periciales médicas producidas, por lo que en tal extensión es que ha de entenderse la consideración efectuada a su conducta procesal por el juez; que es motivo de uno de los agravios del demandado, el que por cierto -anticipándonos- no merece recepción. Dado que resulta acertado que ninguna contribución para lograr la exención o exoneración de la responsabilidad derivada de la actividad médica ha realizado el médico demandado, encuadrando su conducta procesal en una falta de colaboración en el esclarecimiento de la verdad material y a la acreditación de la debida prestación médica que aduce, la que ha quedado desacreditada.- 

REGLA DEL CASO 
  Es contrario a la teoría de los actos propios, al sentido común y al principio lógico de no contradicción, haber consentido en la instancia administrativa la existencia de un accidente y posteriormente negarlo en sede judicial. Es que no se puede aceptar y negar al mismo tiempo un hecho, sin atentar contra la buena fe procesal.- 
 
  DATOS  
  "Ponce Raúl Alberto c/ Ruiz y Cia S.R.L. Ordinario-Accidente-Ley de Riesgos" - CAMARA DEL TRABAJO DE CORDOBA - SALA 7ª - 15/02/2006  
 
  SUMARIOS  
  RESPONSABILIDAD. RESPONSABILIDAD POR RIESGOS DEL TRABAJO. CONDUCTA PROCESAL. CONTRADICCIÓN ENTRE LO ACTUADO EN SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS ACTOS EN SEDE JUDICIAL. MALA FE.-  
 
  1. La aseguradora ha negado en sede judicial la existencia del accidente denunciado por el actor. Sin embargo, del expediente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, surge su obvia y expresa conformidad con la existencia de un accidente típico de los previstos en el art. 6 LRT. Naturalmente que no se puede aceptar y negar al mismo tiempo un hecho.-
2. La negativa judicial merece al menos la calificación de mala fe procesal. Es una conducta inadmisible dentro de los objetivos marcados por el art. 14 bis, tercer párrafo de la CN y del art. 1 de la LRT 24.557, bajo cuyos objetivos se ha organizado la demandada como ART.-
3. No se puede negar en juicio lo que se consintió ante la Comisión Médica para dar un pronta conclusión a la secuela del siniestro con el pago de $ 1.161,36 que el actor se negó a cobrar. Se concluye en que, por la simple teoría de los actos propios y del sentido común o de la lógica en su principio de no contradicción, debe tenerse por acreditado el accidente denunciado por el actor y aceptado en etapa administrativa.-
4. Es una falta de respeto a un ciudadano trabajador que sufrió quemaduras y padece una incapacidad para siempre, por ejercer una noble actividad: trabajar. Es una falta de respeto también, que para darle pronta respuesta hayan pasado seis años desde el accidente hasta el dictado de esta sentencia.- 

El depósito en garantía se devuelve en dólares
La Cámara Civil condenó a un locador a devolverle al locatario el depósito en garantia en dólares; el fallo de primera instancia había ordenado hacerlo en pesos. El tribunal dijo que como se trata de un depósito regular debe ser reintegrado en su moneda original. Además, señaló que las leyes pesificadoras afectan la propiedad privada. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30328

Tercerización: el rubro “limpieza” aún divide las salas laborales
 
Si bien ahora -con su actual composición- la Sala VI cambió su criterio, aquella actividad es una de las que más diferencias denota entre los jueces
 
La extensión de la responsabilidad a empresas que tercerizan servicios por el incumplimiento de las obligaciones laborales de las empleadoras del personal que desarrolla la actividad es una de las grandes preocupaciones que en los últimos años aqueja a quienes utilizan la figura del outsourcing.

La situación se agrava por los diferentes criterios seguidos por las diez salas que conforman la cámara del trabajo al momento de determinar si las firmas principales deben responder o no en esos casos.

En ese marco, el rubro limpieza es uno de los más controvertidos, ya que las aguas se dividen incluso en situaciones fácticas similares.

Así, hay jueces que consideran que las empresas principales deben responder por la falta de cumplimiento de obligaciones de empleadores que ofrecen servicios de aseo por tratarse ésta de una actividad que es esencial para los fines de la empresa que terceriza.

Dentro de este grupo están por ejemplo la salas III, V y VII, que entendieron que la limpieza es parte esencial en supermercados, transporte de pasajeros y empresas que brindan atención al público, respectivamente.

En cambio, existe otro sector que entiende que aquellas tareas si bien son necesarias no comprometen la responsabilidad solidaria, tal como lo aseguraron las salas I y II, en los casos de entidades bancarias y de supermercados.

Esos criterios fueron mantenidos en los últimos años pero el panorama cambió luego de que se conociera un cambio de razonamiento en una de las salas, tras la transformación que se produjo este año cuando once nuevos miembros pasaron a integran una cámara que tenía cargos “por cubrir”.

Se trata de la Sala VI -que luego del alejamiento de Rodolfo Capón Filas se incorporaron como subrogantes Mario Fera y Daniel Stortini, para acompañar a Juan Carlos Fernández Madrid-, que rechazó la solidaridad de una empresa dedicada a la enseñanza universitaria que tercerizó los servicios de limpieza por las obligaciones laborales de la firma que proporcionaba esa última actividad.

Ahora, la sala se volcó por un criterio restrictivo y consideró (en “Alegre, Alejandra c/ Organización de Mantenimiento Integral y Limpieza SA y otro”, en julio último) que las tareas de limpieza no hacían a la actividad normal y específica, que el artículo 30 de la cámara laboral exige para configurar la responsabilidad solidaria.

Tiempo atrás, y con su antigua integración, la propia sala entendió que sin bien la limpieza no es la actividad principal de la demandada -refiriéndose a la ex concesionaria de servicio público Aguas Argentinas SA-, “no puede admitirse que la actividad de la misma se desarrolle en un espacio sin higiene. Por ello, debe afirmarse que las tareas desempeñadas por la actora resultan indispensables para el cumplimiento de la actividad de la principal”, advirtió Capón Filas.

Según el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, quien cede total o parcialmente su establecimiento para el desarrollo de su actividad normal y específica, resulta solidariamente responsable por las obligaciones laborales y de seguridad social que le pudiere corresponder al contratista respecto de sus empleados.
Frente a esa norma, las diferencias de criterios pasan por la consideración que hacen los jueces sobre qué se entiende por actividad normal y específica, no sólo la propia de quien contrata sino las accesorias.

Entre las obligaciones solidarias que deben asumirse se encuentran las obligaciones de dar dinero (salarios adeudados, indemnizaciones) y de hacer (entrega del certificado de trabajo y del de aportes y contribuciones).

Leer más: "Para la Sala VI las tareas de limpieza no implican solidaridad"


"Payaslian Christian Daniel c/ Arte Grafico Editorial Argentino S.A. y otros s/ despido". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI. 26/6/2006.
EL DOCTOR DANIEL EDUARDO STORTINI DIJO:

I. La sentencia de primera instancia ha sido apelada por la demandada Artes Gráficas Rioplatense S.A. quien se queja fundamentalmente porque la señora juez ha hecho lugar a la demanda considerando que no se ha acreditado la participación del actor en la toma del establecimiento de trabajo. Aduce que este hecho se encuentra acreditado por medio de las declaraciones testimoniales de Povilaitis, Carreño y Merlo y que el despido se encuentra justificado entre otras cosas porque el actor no acató la conciliación obligatoria. Las codemandadas Grupo Clarín y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. cuestionan que se las responsabilizara en los términos del art. 31 de la ley de contrato de trabajo sin haberse demostrado la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. La sentencia también es recurrida por el actor que se limita a cuestionar el importe tomado como base de cálculo de la indemnización por antigüedad y la extensión de la condena en función de lo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561. Los honorarios han sido apelados por la letrada del actor y por el perito contador.

II. Está fuera de controversia en autos que el actor laboró para la demandada desde el mes de marzo de 1996 por tres meses y luego reingresó el 28.01.1998 hasta que el 04.09.2004 fue despedido por haber participado activamente en la toma del establecimiento y que el 15.11.2004 habiendo finalizado el período de conciliación obligatoria la empleadora ratificó el despido.

III. Discrepan las partes en orden a la viabilidad de los requerimientos indemnizatorios derivados del despido resuelto por la empleadora mediante telegrama del 03.09.2004 al aducir la participación de la actora en los siguientes hechos“…Ingresar o permitir el ingreso furtivo de personas a la planta la madrugada del día 30/08/2004 a los efectos del copamiento del galpón lindero a la calle Tilcara, paralización de la planta por la fuerza amenazando al personal que se resistía a plegarse a sus acciones, retirar los bancales con trabajos terminados que iban a ser retirados por el cliente el 30/08/04 y se encontraban en el sector de expedición…, el apoderamiento de los autoelevadores de la planta para impedir el uso por parte del personal que intentaba trabajar, negarse a entregar los ejemplares de la revista Viva que acompañara al diario Clarín el próximo domingo, impedir el ingreso y egreso de los camiones y continuar sin acatar la conciliación obligatoria".

IV. Expuestas las posturas asumidas por las partes en la presente contienda, señalo que de los elementos de prueba arrimados a la causa no permiten considerar que el despido obedeció a justa causa (conf. art. 242 LCT).

V. Respecto de los motivos alegados por la demandada para despedir, considero menester señalar de comienzo que el máximo Tribunal ha sostenido que no puede constituir criterio interpretativo válido el de anular unas normas constitucionales por aplicación de otras, sino que debe analizarse el conjunto como un todo armónico, dentro del cual cada disposición ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás (Fallos 311: 2272). Y desde dicha perspectiva es cierto que el ejercicio del derecho de huelga no autoriza a los trabajadores a apropiarse de la planta industrial del empleador, sino únicamente a abstenerse de prestar servicios pues lo contrario implicaría reconocer al derecho de huelga consagrado por el art. 14 bis un rango de superior jerarquía que el de propiedad contemplado por el art. 17 de la Constitución Nacional. Pero no es menos cierto que la ilegalidad de una medida de fuerza no constituye necesariamente una justa causa de disolución porque para ello es necesario que se curse al trabajador en huelga una previa intimación a que retome sus tareas y sólo en el caso de desobediencia a dicho requerimiento se podría considerar la negativa como injuriosa en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo (ver, en ese sentido, C.N.A.T., Sala III, 17 de marzo de 1989 en autos “M Aguirre, Miguel c/ Schcolnik S.A.”).

VI. En el presente caso en el responde no indicó que se haya intimado personalmente al actor a deponer la medida de fuerza luego de dictada la conciliación obligatoria, aspecto que no puede ser suplido por las declaraciones testimoniales que tampoco pueden dar crédito de una notificación personal al trabajador (conf. art. 63 LCT).

VII. Pero aún soslayando lo expuesto, para decidir sobre la legitimidad o ilegitimidad de un despido dispuesto por la participación de un trabajador de una medida de fuerza resulta necesario apreciar la conducta del trabajador en la emergencia y si, en el caso particular, puede articularse la configuración de una injuria impeditiva de la prosecución del contrato (C.N.A.T., Sala VI, 7/8/93, “Romano Elisabet c. Obra Social del Personal de la Industria Textil”).

VIII. Desde dicha óptica no se aprecian elementos de prueba que acrediten que el trabajador haya impedido laborar a los trabajadores que querían hacerlo, ni tampoco que haya impedido la entrada y salida de camiones con mercadería, que retirara los bancales con trabajos terminados que iban a ser retirados por el cliente, que se apoderara de los autoelevadores de la planta para impedir el uso por parte del personal que intentaba trabajar, ni mucho menos se negarse a entregar los ejemplares de la revista Viva.

IX. El testigo Carreño- fs. 168- si bien declaró que no se podía ni entrar ni sacar mercadería, que tampoco se podía imprimir porque el galpón donde se encontraban las bobinas de papel se había tomado y que tampoco había autoelevadores porque habían sido secuestrados, no precisa que el actor haya participado en tales hechos y se limita a decir que en estos días el actor no trabajaba, no prestaba tareas.

X. La única declaración que refiere la participación del actor en el bloqueo del portón de la calle Perito Moreno de donde tenían que salir los camiones con mercaderías es la de Povilatis, quien declara a fs. 145, y que no fuera confirmada por ninguno de los otros testigos.

XI. Antes bien los dichos de Bustamante - fs. 165- y Meglia - fs. 263- resultaría que el actor no habría participado de la toma de la fábrica sino que concurría a trabajar pero no había trabajo. Finalmente el documento de fs. 217/218- presentación del apoderado de Artes Gráficas Rioplatense S.A. ante la dirección Nacional de Negociación Colectiva- no incluye en la descripción de los hechos acaecidos durante el conflicto la participación activa del actor.

XII. En virtud de todas las consideraciones precedentes juzgo que aún cuando se considerara que el actor ha participado del paro, sin que medie una intimación personal y concreta a realizar tareas normalmente, y sumado al hecho de no haberse acreditado una participación personal del trabajador en los incumplimientos endilgados en la carta documento rescisoria, no constituye injuria de tal gravedad que justifique el despido. No soslayo que la ocupación del establecimiento como medida de fuerza constituye una falta pasible de sanción disciplinaria. Sin embargo, considero que esa sola circunstancia no constituye “per se” una causa que impida la prosecución del vínculo laboral, máxime si se tiene presente que no se invocaron –y tampoco se probaron- antecedentes disciplinarios del trabajador que acumulados al hecho que motivó el despido, avalen la decisión arribada (arg. arts. 63 y 242 L.C.T.).

XIII. En lo que respecta a la solidaridad del Grupo Clarín S.A. y de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. debe tenerse presente que, a tenor de las conclusiones de la pericia contable, el primero resulta titular en forma directa o indirecta del 100% de las acciones de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y Artes Gráficas Rioplatense S.A. lo que permite concluir que estas empresas formaban parte de un mismo grupo económico de carácter permanente con un interés común (art. 31 L.C.T.).

XIV. Ahora bien, cabe analizar si existió o no maniobras fraudulentas o conducción temeraria –tal como lo exige el citado art. 31- a fin de determinar si las demandadas resultan o no solidarias por los créditos reclamados en autos.

XV. De los testimonios examinados y del resto de la prueba reunida no surge que el grupo económico implementaran maniobras fraudulentas tal como lo exige la norma legal indicada, por lo que debe modificarse la sentencia en este punto, rechazando la demanda contra Grupo Clarín S.A. y contra Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., con costas en el orden causado en atención a que de acuerdo a las peculiaridades del caso el actor pudo considerarse asistido con derecho a demandarlas (art. 68, segundo párrafo, cód. procesal).

XVI. La base de cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la L.C.T. es correcta porque se corresponde con la informada por el perito contador a fs. 153 primer párrafo, que comprende únicamente los rubros remuneratorios.

XVII. Si bien el art. 4º del decreto 264/02 establece la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561 “comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo”, no corresponde acceder a la duplicación de la indemnización prevista en el art. 2º de la ley 25.323- toda vez que la misma es de diferente naturaleza y responde a causas y objetivos distintos de los que se producen con motivo de la extinción de la relación- ni a la vacaciones no gozadas, el SAC y el rubro BEMA sobre preaviso.

XVIII. La regulación de honorarios efectuada a favor de la representación letrada de la parte actora, de las demandadas y del perito contador en atención a la importancia, extensión y mérito de los trabajos realizados lucen razonables por lo que se los confirma (art. 38 ley orgánica y cctes. y ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. ley 16.638/57).

XIX. Por todo lo expuesto, en definitiva, propongo: 1º) Confirmar la sentencia apelada respecto de la condena a Artes Gráficas Rioplatense S.A., excepto en cuanto a la condena impuesta a las codemandadas Grupo Clarín S.A. y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., con costas en el orden causado respecto de la acción dirigida contra estas dos últimas. 2º) Costas de alzada a la demandada Artes Gráficas Rioplatense S.A. 3º) Regular los honorarios de alzada en el 25% de los regulados por las labores de primera instancia.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR MARIO SILVIO FERA: NO VOTA (art. 125 Ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada respecto de la condena a Artes Gráficas Rioplatense S.A. excepto en cuanto a la condena impuesta a las codemandadas Grupo Clarín S.A. y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., con costas en el orden causado respecto de la acción dirigida contra estas dos últimas. II) Imponer las costas de alzada a la demandada Artes Gráficas Rioplatense S.A. III) Regular los honorarios de segunda instancia en el 25% de los regulados por las labores de primera instancia. IV) Se hace saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores - excluido el trabajador - que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 de la Ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 79 Ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto V de la Acordada 6/05 de la C.S.J.N.), todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CA.S.S.A.B.A. (art. 80 Ley 1.181 de la Ciudad de Buenos Aires y punto II de la Acordada 6/05 C.S.J.N.).

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

ACCIDENTE DE TRANSITO. Lesiones sufridas por pasajero de vehículo de alquiler. Descenso del automóvil en el centro de la calzada. Existencia de bache en la vía pública. RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Procedencia  
 454.572 – “Bellassai, Elisabeth Noemí c/Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios” – CNCIV – SALA E – 03/07/2006 
 "En orden al deslinde de responsabilidades, debo señalar que no es objeto de discusión que el automóvil de alquiler no podía acercarse a la acera para detenerse junto a ella en razón de hallarse estacionados otros vehículos así como la existencia del bache en el que introdujo su pie la actora, cayendo al pavimento. Es así como acaece constantemente en esta ciudad, en la que es incesante el traslado y la detención y estacionamiento de innumerables rodados, circunstancias estas que tornan muchas veces imposible el descenso requerido sobre la acera. Por lo demás, adviértase que quienes así obran -tercero, actora y sus acompañantes- deben cuidar el entorno del tránsito, pues no podrían sino culparse en todo o en parte a sí mismos en caso de padecer una embestida. No es lo mismo la existencia de un bache, que constituye un escollo inesperado, como el que, al ingresar en él la víctima, le produjo los daños por los que reclama, y cuya tolerancia en el lugar hace responsable al titular del dominio público (arts. 2339 y 2340, inc. 7, y 1113 del Código Civil)." 

ADMINISTRACION FRAUDULENTA AGRAVADA POR HABERSE COMETIDO EN PERJUICIO DE UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Canal del Estado (ATC). DIRECTORIO. Sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Contrataciones altamente irregulares. QUEBRANTAMIENTO DEL DEBER DE FIDELIDAD Y DILIGENCIA impuesto por el art. 59 de la ley 19.550 a los administradores de una sociedad, obligándola abusivamente con la implementación de nuevos proyectos en el marco de una situación económico-financiera crítica y por ellos conocida. Proyectos que resultaban previsiblemente perjudiciales al patrimonio de la sociedad, dada la inversión millonaria que exigía su implementación. PROCESAMIENTO  
  “Incd. de apel. en autos ADMINISTRADORES A.T.C....” – CNCRIM Y CORREC FED – 12/06/2006 
  “Las presuntas directivas emitidas por algún funcionario en nombre del Estado Nacional como accionista de ATC no desplazan al interés social expresado en el estatuto en su función de guía permanente de la actuación de los administradores: es que los socios tienen el poder de crear y dar vida al ente, también de extinguirlo, pero no de alterar las normas imperativas que regulan su funcionamiento, interfiriendo en la gestión de los asuntos sociales que en forma exclusiva y excluyente corresponde, en este caso, al directorio (cf. Baigún, David; Bergel, Salvador, “El fraude en la administración societaria”. Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 49 y ss.). Nótese que la ley 19.550 decide las hipótesis de conflicto entre el interés de la sociedad y el de algún accionista en favor del primero (cf. su artículo 248) e inclusive autoriza a impugnar la decisión de la asamblea cuando haya sido a partir del voto del accionista afectado que se logró el quorum necesario para que la resolución fuese válida (cf. su artículo 251).”

“Este interés social -identificado con la prestación y explotación del servicio de radiodifusión de acuerdo a los objetivos previstos por la ley para el Servicio Oficial de Radiodifusión (artículo 4 del Estatuto) que, en lo que aquí interesa, fija entre sus cometidos la difusión de la actividad nacional al exterior (artículo 35 inciso e de la ley 22.285)- difícilmente pudiera reclamar la necesaria participación de ATC, tal como se asevera, cuando atento a las circunstancias ello podía poner en peligro la continuidad de la emisora, como efectivamente ocurrió.”

“Por el contrario, se desprende claramente de las razones invocadas para crear a ATC bajo el tipo societario de una SA –las que también deben considerarse a estos fines- que era intención del Estado Nacional dotar a la emisora de una estructura que le permitiese superar las deficiencias que llevaron a la disolución de su antecesora: esto es, falta de rentabilidad, de eficiencia, de autonomía de gestión y de competitividad (decreto nº 544/92).”

“En orden a las contrataciones por equipamiento técnico bastará con mencionar algunos ejemplos lo suficientemente ilustrativos del modo en que se condujo esta cuestión: a) OC n° 39 por U$S 614.000: se presenta un sólo oferente, no consta la publicidad dada a la consulta, uno de los socios gerentes de la empresa sería el hermano de un empleado de ATC que firma con el gerente técnico el pedido de pre-adjudicación, se accede a que la entrega se realice con posterioridad a los Juegos Panamericanos 1995 a cambio del préstamo provisorio de cámaras, las que son retiradas por el proveedor el 24/4/95, al 26/2/96 ATC llevaba pagado $594.000 y el material aún no había ingresado a depósito; b) OC n° 12 por $ 96.512: se pide un único presupuesto por una marca cuya elección no se motiva, se invocan razones de urgencia para la compra directa, se autoriza la entrega con posterioridad al evento, el material se recibe en octubre del ‘95, seis meses después de la prórroga autorizada; c) OC n° 14 por $16.879: se obtiene un sólo presupuesto, se realiza por compra directa, se mantiene con vigencia la orden pese a que el proveedor informa el 31/1/95 que no podrá cumplir con la fecha de entrega pactada, el material se comienza a recibir recién a partir del 21/3/95.”

“Tras esta breve descripción obligado es preguntarse acerca de cuál pudo ser el destino de todo ese material remanente. La respuesta la encontraremos en las palabras del propio Enrique Álvarez –imputado en la causa- “...el equipamiento técnico adquirido para los Juegos Panamericanos se encuentra actualmente guardado en los depósitos técnicos por cuanto el canal ya cuenta con uno de similares características, no resultando actualmente necesaria la utilización de aquellos...”.”

“En base a todo lo expuesto hasta aquí, entiende la Sala que existe mérito suficiente para homologar los procesamientos de Enrique O. Álvarez, Raúl Rico y Héctor M. Fernández respecto de los hechos precedentemente analizados, calificados provisoriamente como típicos del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (artículos 173 inciso 7° y 174 inciso 5º del Código Penal).”

“Es que los nombrados, en su calidad de directores de ATC SA -por ende, a cargo de su administración en los términos de los artículos 17 del estatuto y 255 de la ley 19.550- habrían quebrantado el deber de fidelidad impuesto por el artículo 59 de ésta última norma obligándola abusivamente con la implementación de los proyectos “ATC Cable” y “Juegos Panamericanos ‘95” en las condiciones previamente apuntadas. Esto es, en el marco de una situación económico-financiera crítica, que se deterioraba día a día y demandaba por ello de sus administradores el más estricto apego a su deber de diligencia. Aún cuando la propia estructura societaria -por ejemplo, en atención a los costos laborales, como se afirmó- resultara deficitaria o poco rentable, ello no exime a sus directores del cumplimiento de dicho deber, en todo caso, éste habrá de traducirse en la adopción de medidas dirigidas a minimizar el impacto de tal circunstancia mas no, como ocurrió, en la asunción de riesgos que ya en condiciones normales resultaban excesivos, en absoluta contradicción con las obligaciones del cargo y en el marco de un colosal desorden administrativo.”

“Es que ambos proyectos (“ATC Cable” y Juegos Panamericanos 95”) desde la perspectiva ex-ante difícilmente parecían viables y sí, en cambio, resultaban previsiblemente perjudiciales al patrimonio de ATC SA, dada la inversión millonaria que -como se vio- exigía su implementación.”

“En el caso de “ATC Cable”, ya el bajo rating de los programas del canal de aire -los mismos que con alguna variante menor conformarían la programación de la señal codificada- era un claro indicio de las graves dificultades que se registrarían en la búsqueda tanto de abonados como de publicistas; el magro pronóstico de ingresos por publicidad realizado por la gerencia comercial (luego de un período de adaptación, entre 80 y 100.000 pesos mensuales), una muestra cabal de la desproporción manifiesta entre costos y eventuales ganancias (esta cifra no alcanzaba a cubrir siquiera el alquiler, por igual período, de la capacidad satelital). A ello se suma que la decisión fue adoptada intempestivamente, sin una estrategia comercial ni estudios que permitieran pronosticar el ingreso en el mercado de otros competidores, hecho que si se desconoció aparece ligado a la improvisación con que todo se instrumentó antes que a la imprevisibilidad que se invoca.”

“En el caso de los “Juegos Panamericanos 95” precisamente son las circunstancias señaladas por el mismísimo directorio en la reunión del 23/11/94 -falta de equipo, personal, dinero y tiempo para afrontar los requerimientos del proyecto- más el abierto conflicto suscitado entre el Estado Nacional y la O.T.I. lo que ya auguraba un panorama negativo para ATC.”

“El monto del perjuicio económico irrogado a la sociedad -integrada en un 99% por capital estatal, y que desde su creación recibió millonarias transferencias del Estado Nacional- aparece suficientemente corroborado e individualizado, para esta altura procesal, a partir de los análisis efectuados por la Comisión Fiscalizadora.”

“La tipicidad subjetiva de la figura en análisis se conforma, por un lado, con el comprobado conocimiento que tenían los procesados de todos los extremos apuntados -plasmado principalmente en las actas de reunión del directorio y confirmado incluso en sus propias indagatorias- y con la intención de causar daño, la que se deduce de las particularidades que rodearon la adopción y ejecución de tales emprendimientos, en particular de los siguientes datos: la total indiferencia del directorio a las objeciones de la Comisión Fiscalizadora respecto de esas decisiones y de los numerosos contratos celebrados en consecuencia, la asunción de idéntica actitud ante la oposición formulada por sus áreas competentes a la inclusión en algunas contrataciones de ciertas cláusulas claramente perjudiciales a ATC, la manera sumamente irregular en que instrumentó la compra de equipos, la pasividad asumida frente a graves incumplimientos contractuales que daban derecho a ATC a percibir importantes sumas en concepto de indemnización, el escasísimo grado de acatamiento a las recomendaciones en materia de control interno que le impartiera la SIGEN a la época de estos sucesos, entre otras cosas.”

“Dicho todo esto, sólo resta señalar que frente a este cuadro es inútil intentar liberarse de responsabilidad so pretexto de inexperiencia en el medio televisivo o falta de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar la conveniencia de ciertas decisiones, por cuanto queda evidenciado que la imputación que se les dirige se asienta en el quebrantamiento de los principios generales de diligencia y buena fe en el ámbito de la administración comercial.” 

DESPIDO INDIRECTO. Omisión de la empleadora de proveer al trabajador de los medios para obtener libreta sanitaria. Ius variandi. Cambio del lugar de trabajo. Justificación de la decisión rescisoria  
 Expte. 21248/04 S. 68520 - "Sotelo Sergio Martin c/ Urbaser Argentina sa s/ despido" - CNTRAB - SALA V - 07/06/2006 
 "Quien asume el ejercicio del "ius variandi" en orden a los poderes de organización y dirección consagrados por la Ley de Contrato de Trabajo debe asumir el costo -de cualquier índole- que tal modificación contractual le acarrea al trabajador en la medida que con ello pudiera ocasionarle algún perjuicio. En el "sub-lite" Urbaser Argentina S.A. dispuso cambiar el lugar de trabajo del actor hacia otro donde le era exigida por la normativa vigente (art. 20 Dec. 815/99, cfr. lo dispuesto por el Código Alimentario) la presentación de una libreta sanitaria que hasta el momento no le había sido exigida. Todos los trámites, gastos y/o gestiones que deriven de aquella decisión, debieron ser previstos por la demandada antes de disponer el cambio."

"En síntesis, considero que el actor ajustó su conducta a derecho, en tanto antes de considerarse despedido emplazó a la demandada a que le facilitara los medios para iniciar los trámites necesarios para tornar operativo el cambio de lugar de trabajo por ella decidido y que mientras tanto lo restituyera a sus tareas habituales (cfr. art. 66 y 242 LCT). La demandada bien pudo mantener al actor en sus labores en la Autopista del Sol mientras éste gestionaba la libreta sanitaria y arbitrar los medios necesarios para que éste no tuviera que cargar con su costo en ningún momento."

"Considero, por ende, justificada la decisión rescisoria del actor, por lo que propicio la confirmación de la sentencia de grado en este tópico." 

SOCIEDAD ANONIMA. Distribución de dividendos. MEDIDAS CAUTELARES - EMBARGO. Pretensión del socio de embargar el 50 % de los ingresos por alquileres que la sociedad cobraría por el arriendo de inmuebles de su propiedad. Improcedencia. Derechos de los accionistas. Necesidad de cumplir con los recaudos exigidos por el art. 68 y 224 de la Ley 19550  
 "Kahl, Amalia Lucia c/Degas SA s/ sumario (s/inc. de medidas cautelares)" - CNCOM - 14/06/2006
 "La calidad de socio produce la adquisición de una serie de derechos y obligaciones que, desde el punto de vista patrimonial, son básicamente dos: el derecho al dividendo y el derecho a la cuota de liquidación. La existencia de ingresos o ganancias -en el caso, producto de los alquileres que se pretenden embargar- no implica necesariamente que exista tal derecho al dividendo; para ello se deben cumplir con los recaudos exigidos por la L.S.C.: 68 y, en el caso de la sociedades anónimas, por la L.S.C.: 224; y su determinación corresponde a la Asamblea Ordinaria (L.S.C.: 234 inc. 1°). Es improcedente entonces el pedido de embargo sobre el 50 % de los ingresos por alquileres que la sociedad demandada cobraría por el arriendo de ciertos inmuebles de su propiedad." 

CONCURSOS. Proceso de verificación. Privilegios. Crédito garantizado con hipoteca. Concursados. Cónyuges. Obligaciones mancomunadas  
97.257/02 - "Romero Claudio Gustavo s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión (por Albornoz Alejandro)" - CNCOM - SALA E - 08/06/2006 
 "La cuestión sujeta a recurso radica en determinar si el crédito garantizado con hipoteca por ambos cónyuges -titulares cada uno de ellos de un 50% del inmueble sobre el que recae el privilegio- comporta una obligación solidaria o simplemente mancomunada."

"En el caso, como la obligación contraída por el mutuo es de dar sumas de dinero, es esencialmente divisible (Cciv. 669). Así, aún cuando la cosa sobre la cual recae el gravamen resulte indivisible y responda por el total de la deuda (Cciv. 3112), las obligaciones de los deudores son simplemente mancomunadas (v. nota del codificador al artículo citado). Ello pues la solidaridad no puede surgir sino de un contrato o de una ley (Cciv 699). Y en el caso, no hay norma legal ni contractual que así lo hubiera dispuesto." 

RESPONSABILIDAD BANCARIA. Robo a mano armada. Cajero automático. Conducta imprudente del cliente de la entidad bancaria al permitir el acceso de terceros extraños al "lobby" del cajero automático. Rechazo de la demanda  
 EXPTE. Nº 130.254 - "Palumbo Claudio J. c/ Citibank N.A. s/ Cobro de Pesos - Daños y Perjuicios" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA (Buenos Aires) - SALA I - Junio/2006 
 "Si la puerta de ingreso a los cajeros abría y cerraba correctamente o funcionaba en perfectas condiciones, no cuadra sino endilgarle una falla en el actuar debido, como actuar distinto al exigible, o un desacierto que perjudica a quien lo comete, a la actitud de la actora quien, por propia ventura, permitió el acceso de terceros extraños al "lobby" de premención (Cfrs. LLAMBIAS: "Tratado...Obligaciones", Tomo III, pág. 718, núm. 2288; MOSSET ITURRASPE: "Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores", pág. 170; etc.)."

"Es más: Si el actor advirtió a los presuntos coautores de su robo calificado por el uso de armas en el sector externo del cajero automático y, dada su experiencia arrogada al demandar en cuestiones de seguridad, no obstante no cerró con la traba la puerta de acceso de aquél, "se puede afirmar que hay culpa cuando no se ha empleado aquella tensión de las facultades mentales que habrían permitido prever el daño previsible, al igual que aun habiéndose previsto el daño, no se ha impreso a la propia energía volitiva aquella orientación que, con la finalidad de evitarlo, habría sido necesaria" (Cfr. DE CUPIS: Ob. cit., pág. 187, núm. 20)." 

La fotocopia es un delito
La Cámara del Crimen revocó la resolución impugnada y procesó al dueño de una fotocopiadora por la supuesta comisión del delito previsto en el art. 72 inc a de la Ley 11.723. La denuncia fue realizada por la Cámara Argentina del Libro. El imputado fotocopiaba partes de libros para los alumnos de la Facultad de Psicología. Los jueces resaltaron que lucraba con esa actividad. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30301

Los rubros no se tocan
La Cámara Civil condenó a una empresa de colectivos a indemnizar a la titular de un taxi y al pasajero que transportaba por el choque que protagonizaron ambos vehículos. A pesar de las apelaciones presentados por los actores, el tribunal confirmó todos los rubros que quedaron fijados en $5.070 para la dueña del taxímetro y de $17.300 para el pasajero. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30302

http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=31623
La Justicia federal volvió a condenar la "ciberocupación"
 
La cámara civil y comercial ordenó nuevamente transferir un dominio en Internet al propietario de una marca ya registrada por contener igual denominación
 La cámara civil y comercial federal ordenó a un particular que transfiera un dominio de Internet registrado a su nombre a una empresa titular de la marca "Tempo", por considerar que aquel al haber inscripto “www.tempo.com.ar” afectó los derechos de la compañía, según informó la agencia DyN.

Así, lo resolvió la Sala I tras advertir que Industrias Solano tenía registrada la marca "Tempo", pero que otra persona asentó como propia ese nombre asociado a una página de Internet ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su carácter de administrador del dominio Argentina de Internet, conocido como NIC Argentina.

Para los camaristas, mantener la titularidad del dominio de quien lo registró en red cuando la empresa lo había anotado como propio antes y con otros fines comerciales "implica la negación al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su signo como nombre de dominio en Internet, lo cual no puede ser admitido".

En ese sentido, los camaristas remarcaron que "con relación a la prioridad absoluta de quien primero solicita el registro del nombre de dominio, cabe resaltar que el Código Civil prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros... la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos".

El hecho de que NIC-Argentina registre un nombre de dominio a favor de un registrante “no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante”, con lo que el registro de un dominio en Internet "no otorga ningún derecho irrevocable".

Precedentes
En la Justicia argentina prácticamente no existe discusión sobre el derecho que le asiste al titular de una marca para defender su propiedad contra un ataque que provenga de un dominio en Internet, aseguró el especialista Roberto Porcel, titular de Porcel & Cabo Abogados.

Así, la Sala III del mismo tribunal ordenó el cese de uso de marcas, en casos como “Pharmacia & Upjohn Aktiebolag c/ Fasano, Fernando” o “Radogowski, Andrés c/ Martín, Catalina”.

De todas maneras, la realidad muestra que “son muy pocos los casos en los que realmente se hace necesario agotar la vía judicial para obtener una sentencia que ordene y disponga el cese de uso o transferencia de dominio en infracción. Por lo general, la solución se alcanza a partir de una medida cautelar o en el curso de un proceso de mediación”, agregó Porcel.


CONTRATO DE TRABAJO. Solidaridad. Art. 30 Ley 20744. CONTRATACION Y SUBCONTRATACION. Tareas de limpieza en Universidades. Extensión de la condena a la institución de enseñanza universitaria. Improcedencia  
 EXPTE. 5178/04 - "Alegre Alejandra Beatriz c/ Organización de Mantenimiento Integral y Limpieza SA y otro s/ despido" - CNTRAB - SALA VI - 12/07/2006 
 "La controversia principal traída a conocimiento de esta alzada es que la actividad "específica" de Fundación Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires se refiere a la enseñanza, de la cual cabe considerar -a los fines que interesan- conceptualmente excluida la atinente al mantenimiento y limpieza de sus instalaciones, que se demostró fue contratada y realizada por la empresa en la cual prestó tareas dependientes la actora. Tal conclusión está guiada por la apreciación cuidadosa que requiere, en cada caso, la aplicación del supuesto de responsabilidad de que se trata, en procura del correcto alcance de sus términos; ello implica que, sin desnaturalizar el sentido protector con el cual jurídicamente ha sido concebido dicho supuesto, se avente toda interpretación desmesurada que lleve a perder el significado de las palabras utilizadas por el legislador. Desde tal perspectiva, considero que la codemandada Fundación Universidad Católica Argentina no debe responder como se pide, por lo que corresponde confirmar en este aspecto la sentencia apelada." (Del voto del Dr. Mario Fera al que adhirió el Dr. Stortini) 

INTERNET. Afectación de derechos personalísimos. Uso indebido de imagen y nombre. Violación de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 11723. COMPETENCIA de la Justicia Civil
Causa 3352/06 - "Rojas María Sabrina c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 06/06/2006 
 "Habida cuenta la invocación de una afectación de los derechos personalísimos de la actora, cuestión regida por normas de derecho común, así como la alegación de la violación de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 11.723, también de derecho común, cabe concluir que estos actuados deben tramitar ante la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil (conf. Sala I, doctr. causa 10.986/95 del 13-5-97). No comporta óbice a lo expuesto que la invocada afectación de los derechos personalísimos de la actora se haya presuntamente materializado a través de Internet, puesto que tal circunstancia no modifica el hecho de que se trata de cuestiones jurídicas regidas por el derecho común que no involucran materia federal (conf. Sala I, doct. causa 3351/2006 del 1-6-06, "Rebori, Amelia Isabel c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ medidas cautelares")." 

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. Magistrado. Detención arbitraria de un grupo de personas (“barrabravas”) en las instalaciones del Club Atlético Boca Juniors. Fundadas sospechas de parcialidad. RECURSO DE APELACION. SOBRESEIMIENTO. Ausencia de dolo. Prueba evidente de que el imputado actuó plenamente convencido de la licitud de sus actos, y por lo tanto es suficiente para excluir la tipicidad que se adjudica a su conducta  
  “Bergés Mariano Osvaldo s/privación ilegítima de la libertad” – CNCRIM Y CORREC - 18/07/2006
  “La Sra. juez de la instancia anterior advirtió que el 16 de mayo de 2004, el imputado se constituyó en el estadio del Club Atlético Boca Juniors y en el marco de un procedimiento que personalmente inició y condujo, ordenó la detención de un grupo de personas -entre las que se encontraban los aquí querellantes-,empero no haber verificado, tan siquiera mínimamente, la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicha medida de coerción, la que en merito a las probanzas acumuladas considera irrazonable. De allí sostiene que el imputado habría dado mal uso a la autoridad que su cargo otorgaba, violando en consecuencia normas elementales que imperan en el correcto funcionamiento del sistema constitucional, al no haber sustentado sus decisiones en elementos concretos del sumario y simplemente observa fórmulas genéricas o meras invocaciones vacías de contenido.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Estima así que el entonces magistrado actuó con absoluta liviandad, ya que el único elemento objetivo con el que dijo contar para resolver como lo hizo, fueron los dichos de un empleado que, -luego se determinó-, tampoco había visto aquellas conductas que “supuestamente” justificaban la restricción de un derecho fundamental tan importante como es la libertad ambulatoria.” (Dr. Filozof – según su voto)

“No es detalle mínimo que se interviene por estar “de turno” con la Seccional nº 24. Se considera que ello no habilitaba tal iniciación del sumario pues el Reglamento para la Jurisdicción sólo permite intervenir cuando en la dependencia se hubiera recibido alguna denuncia o cuando su personal actuara por prevención. En mi entender, prácticamente, se conculcó la regla “no procedat iudex ex oficio”. Esto se reconoce opinable, pero toca cuestionar en paralelo la actividad de quien en mayor, o menor medida, se constituyó en juez y testigo o, si se quiere, en juez y preventor. Debe advertirse que fue el propio juez quien en numerosas ocasiones pretendió justificar la manera de iniciar el sumario y con denuedo dio énfasis a su experiencia personal.” (Dr. Filozof – según su voto)

“No es evitable que quien participa en el averiguamiento criminal imponga las peculiaridades de su carácter y las propiedades de su temperamento. Ello podría explicar este caso, debiendo resolverse en consecuencia si una mala o equivocada gestión constituye alguno de los delitos atribuidos.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Los errores y fallas existen en la actividad de todo ser humano, cuestión que, desde la vida, se traduce a la actividad jurisdiccional y la investigativa. Oportunidades y dificultades aparecen a cada instante. Nadie está exento de error procedimental.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Quien lee detenidamente la causa nº 28.733/04 debe valorar distintos detalles, debe compenetrarse con el estado de cosas y especialmente con el preconcepto que demostró el doctor Bergés y los alcances de estos aspectos clave.” (Dr. Filozof – según su voto)

“No es aconsejable ser juez y testigo. El segundo debe ser sometido a una mirada escrutadora, todo instructor recoge del testimonio percepciones, muchas veces valoradas instintivamente. Así puede ser aprovechado para reconstruir el hecho y lograr rédito en la tarea emprendida. Ello marca que mal pueden analizarse ciertas pruebas, meditar y remeditar periódicamente sobre su valor cuando quien las dirigió y concretó es el mismo ser humano que las examina y posee la carga de ser más bien parte de ellas. La balanza se inclina constantemente en todo proceso y la faz intelectiva no permite mutaciones cuando se asumen roles tan dispares.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Por otra parte se vislumbra más que probable que Bergés, en su posición desdoblada, no advirtió los puntos débiles de la prueba que recogió.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Mas nada es tan simple y las apreciaciones sin certeza no constituyen pauta sólida. El empeño que el doctor Bergés puso en aquel sumario no es otro que el que utilizó en otros -de público conocimiento - y como el derecho permite más de una interpretación -sin dejar de acentuarse que no se comparte su esquema analítico o su criterio dogmático- corresponde hacer hincapié en que los testimonios recogidos evidencian un aparente acontecimiento socialmente anómalo ese 16 de mayo del año 2004.” (Dr. Filozof – según su voto)

“En estos términos se empaña cualquier reflexión contundente sobre la concurrencia de una infracción objetiva al deber.” (Dr. Filozof – según su voto)

“El exceso resulta mal consejero pero quien piensa distinto no siempre está equivocado y si algo no admite dudas es el clima de confusión que se vivió en el estadio de fútbol, indicando condiciones engañosas al menos para la visión de cada uno de los observadores.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Lo significativo es determinar si existió un encaminamiento de la voluntad tendiente a abusar de la función o un error que aun vencible no puede ser penalizado por mandato constitucional atento los tipos examinados.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Acerca una pauta generosa en tal sentido la presencia del Sr. fiscal, la secretaria del Ministerio Público, un agente del tribunal y numerosos funcionarios públicos policiales, en el lugar y el momento en que se ordenó la iniciación del sumario de marras y las aprehensiones motivo de esta querella. Ninguno de ellos -lo que incluye a los actuales acusadores particulares- objetó, ni denunció conducta ilícita, hasta que aquel sumario nº 28.733/04 concluyera.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Dificultosamente pueden escindir las víctimas las negligencias o las motivaciones erróneas de lo que constituye una conducta objetivamente dolosa como lo exige el ordenamiento de fondo.” (Dr. Filozof – según su voto)

“Así, Ricardo C. Núñez afirma sin retaceos que “la falta de certeza sobre la inexistencia de los presupuestos de una causa de justificación, e inculpabilidad o de impunidad posible, según el caso, conduce a su afirmación” (“In dubio pro reo, duda sobre la ilicitud del hecho, La Ley, 48-1 y siguientes).” (Dr. Filozof – según su voto)

“Si bien se ha sostenido en infinidad de ocasiones que el auto de sobreseimiento debe basarse en un estado de certeza absoluto, dicho requisito cede cuando no se vislumbra ninguna medida de utilidad para acceder a dicho estado. Consecuencia de todo lo expuesto es que se reitera el criterio de esta sala in re “c. 27.735, “Troncellito, Daniela Eugenia s/art. 141 C.P.” rta. 31/10/05" por lo que propongo a mi colega de Sala que se resuelva: Revocar el auto en cuanto se dispuso el procesamiento de Bergés y disponer su sobreseimiento.” (Dr. Filozof – según su voto)

"Para finalizar diré que la actividad jurisdiccional, tanto en este caso, como siempre, está sujeta a controles que persiguen el resguardo de las garantías constitucionales de los justiciables. Concretamente en el caso sometido a estudio, la resolución dictada por el Dr. Bergés fue objeto de recurso por parte de sus destinatarios, el que no se tramitó porque el colega que lo sucediera en el trámite del expediente, no concedió las apelaciones interpuestas y, luego de una extensa instrucción de casi tres cuerpos más resolvió en el sentido contrario. No tuvimos entonces oportunidad de ver cómo hubiera funcionado la garantía del derecho al recurso.” (Del voto de la Dra. Garrigós de Rébori)

“Más aún, también existe la posibilidad de acudir al Consejo de la Magistratura que, si bien no constituye un órgano de apelación judicial, sí está habilitado para controlar que la actividad de los jueces no contravenga garantías constitucionales, ya sea por vía de la Comisión de Disciplina, como por vía de la Comisión de Acusación.” (Del voto de la Dra. Garrigós de Rébori)

“Siendo ello así, considero que los accionantes no debieron elegir esta vía.” (Del voto de la Dra. Garrigós de Rébori) 

CONCURSOS. Gastos de conservación y justicia. Depósito de bienes de la fallida a posteriori del decreto de quiebra. Depósito que beneficia a la masa de acreedores. Fijación de una compensación con carácter de gasto en los términos del art. 240 de la Ley 24522  
 Expte 4749/2006 - "Myth S.A. s/ quiebra s/ incidente de venta." - CNCOM - SALA B - 12/05/2006
 "Procede la pretensión del recurrente en cuanto a que se reconozca su crédito como gasto del concurso con los términos del art. 240 de la Ley 24522, por los importes generados por el traslado y depósito de ciertos bienes de la fallida cuando -como en el caso-, surge que el depósito de bienes redundó en un beneficio objetivo para la masa, puesto que la custodia y conservación de los mismos generaron gastos que la quiebra hubiera tenido que afrontar y, por lo tanto, procede que sean reconocidos como gastos de justicia." (Del voto de la mayoría)

"En relación al monto de la pretensión, considero que el canon pactado entre el recurrente y la depositarla de los bienes no es oponible a la masa acreedora, a tenor de la falta de autorización por el tribunal falencial. Estimo razonable fijar una compensación a favor del recurrente del orden del 50% del monto reclamado, en virtud del beneficio que su gestión generó a favor de la masa acreedora, el cual gozará del carácter de gasto en los términos del articulo 240 de la ley concursal." (Del dictamen de la Sra. Fiscal General) 

CASSABA. Inconstitucionalidad de la reglamentación del Art. 5º Ley 1181 efectuada por Resolución 004-A-05 de la Asamblea de CASSABA  
"Young Tomas Hector Francisco c/Caja de Seguridad Social para Abogados de la CABA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - 07/07/2006 
 "A criterio del Tribunal la resolución 004-A-05 es irrazonable. En efecto, si se tiene en cuenta que a través de la ley 1.181 se creó un Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1º) y que todas las disposiciones de esa ley tienden al funcionamiento, viabilidad e instrumentación de ese "sistema", no cabe sino interpretar que cuando la ley, luego de definir quienes quedan obligatoriamente comprendidos en el "Sistema" prescribe que "...están exceptuados quienes se encuentren obligatoriamente afiliados a otra Caja Profesional para Abogados..." lo está haciendo con relación al todo, vale decir, respecto del "sistema". Es otras palabras, quedarán al margen tanto de los aportes, contribuciones y "otros recursos financieros" establecidos en el Título III, Capítulo I de la ley, como de las prestaciones y beneficios desarrollados a lo largo del Título II. Por consiguiente, la reglamentación que pretende acotar la excepción legalmente dispuesta al pago del aporte mínimo anual obligatorio (AMAO) vulnera de un modo irrazonable la voluntad legislativa, desnaturalizándola."

"No empece a la solución propuesta el hecho de que en la propia ley 1.181 (art. 67) esté prevista la exención en cubrir el AMAO para quienes se encuentren afiliados a otras Cajas de abogados puesto que tal disposición no puede considerarse aplicable -sin violentar la interpretación propuesta- a los profesionales que hayan optado por estar exceptuados del "sistema" sino que debe entenderse dirigida, justamente, a quienes no hayan ejercido tal opción. Es más, nótese que no sería tampoco aplicable a todos los supuestos de tal entidad, sino que sólo se limitaría a aquellos casos en los que existiese un convenio celebrado en los términos del artículo 120, inciso 9º de la mentada norma y los afiliados (es decir, quienes no hayan ejercido la opción prevista en el artículo 5º, párrafo 2º) lo cubrieran en ellas y estuvieran al día con la totalidad de los aportes obligatorios en aquellas." 

MENORES. IMPEDIMENTO DE CONTACTO entre el progenitor y su hijo. Cuota alimentaria. Pretensión de la progenitora. Se ordena la retención de la mesada alimentaria, prohibiéndole el retiro de la misma a la madre hasta tanto cumpla con el decisorio que fija los encuentros padre-hijo  
 N°1538 EXTE. N° 607/01 - "S. V.E. c/ G. G.C. S. s/ acc. mere declarat. alimentos y visitas" - TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA N° 5 DE ROSARIO (Santa Fe) - 12/06/2006 
 "De autos se desprende nítidamente el impedimento de contacto adecuado entre el progenitor y su hijo, lo cual configura una violencia psíquica de acuerdo al decreto reglamentario de la ley local de protección contra la violencia familia e importa desconocer el mejor interés del menor contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa noción se emparenta con la de su bienestar en la más amplia acepción del vocablo y son sus necesidades las que definen su interés en cada momento de la historia y de la vida. Por lo tanto constituye un abuso procesal de la demandada, insistir, cinco años después, con una nulidad por falta de acompañamiento de copia de una acción mere declarativa planteada por el padre para que se le determine una cuota alimentaria y la comunicación con su hijo menor, habiéndose anoticiado por las sucesivas intervenciones en la litis, de la resolución judicial por la cual se ordenaba el mentado contacto. A ello cabe suma la aplicación a la progenitora de la teoría de los propios actos, porque ha solicitado se libre orden de pago de la mesada consignada por el padre hacia el hijo menor, lo cual torna insostenible la tesis de desconocimiento para mantener enhiesta la articulada nulidad."

"En consecuencia se ordenará la retención de la mesada alimentaria en el Nuevo Banco de Santa Fe -agencia tribunales-, prohibiéndole el retiro de la misma a la madre hasta tanto cumpla con el decisorio n° 936 de 25 de junio de 2.003 por el que se fija provisionalmente los encuentros padre-hijo, los martes de 9 a 10 hs. en la sala de audiencias del Tribunal en presencia de la Trabajadora Social, haciéndose saber que en G.C. de nuevos incumplimientos se podrá modificar el ejercicio de la guarda del niño." 

DATOS  
  Sent. nº 49 - "Risso Patrón, María Soledad p.s.a. abuso sexual agravado, etc. -Recurso de Casación-" – TSJ DE CORDOBA - Sala Penal – 01/06/2006  
 
  SUMARIOS  
  RECURSO DE CASACIÓN. Standard de revisión de las sentencias absolutorias por aplicación del principio in dubio pro reo. SENTENCIA. FUNDAMENTACIÓN EN BASE A PRUEBA INDICIARIA: Ausencia de lectura integrada de los indicios. PERICIA. Noción. Finalidad. Desestimación de la pericia por opiniones individuales del sentenciante.-  
 
  1. La absolución por duda puede ser cuestionada mediante la vía casatoria sólo por falta de fundamentación, por fundamentación ilegal o bien por fundamentación omisiva o ilógica, manteniéndose ajenos a esta vía los enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas.-

2. La prueba indiciaria no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria. Así entonces, en la medida en que resulta inherente a la esencia de la prueba indiciaria la consideración conjunta de las distintas premisas que la integran, la fundamentación que prescinde de tal lectura integrada configura una motivación omisiva que nulifica la decisión en ella sustentada.-

3. La pericia es aquel medio de prueba en virtud del cual, "personas ajenas a las partes y a los restantes sujetos del proceso, a raíz de un específico encargo judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o técnicos que poseen, comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su dictamen.-

4. La pericia está destinada a establecer o garantizar la existencia o el valor de una prueba que no se puede advertir o apreciar con seguridad mediante la observación y conocimientos comunes.-

5. El dictamen pericial no obliga al juez, quien debe someter dicho elemento de juicio a su consideración, a la luz de las reglas de la sana crítica racional. Es así que, en la medida en que funde debidamente los motivos por los que disiente con el perito, el Tribunal se encuentra facultado a decidir en sentido diverso.-

6. La desestimación de una pericia debe ser razonable y científicamente fundada. es aceptable -en tanto no sea un ámbito alcanzado por la experiencia común- contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del magistrado en un área ajena a su incumbencia específica. En esta última alternativa se interrumpe la posibilidad de contralor externo de la decisión, en tanto las partes no pueden verificar la procedencia, adecuación y objetividad del conocimiento invocado por el juez y en consecuencia, tampoco pueden objetarlo desde la esfera técnica que es propia a dicha materia. Tampoco suple tal déficit el consignar apoyo bibliográfico en el área de que se trate, en tanto aún así para el profano se mantiene la imposibilidad de controlar la pertinencia, adecuación técnica y nivel científico del material que se arrima.- 
 
  TEXTO COMPLETO  
 
  SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y NUEVE
En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de junio de dos mil seis, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "Risso Patrón, María Soledad p.s.a. abuso sexual agravado, etc. -Recurso de Casación-" (Expte. "R", 5/05)), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Sebastián López Peña, en su carácter de apoderado de los querellantes particulares Andrea B. Zuliani y Diego E. Puerta, con el patrocinio del Dr. Darío Vezzaro, en contra de la sentencia número cuarenta y cinco, de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Cámara del Crimen de Primera Nominación de esta Ciudad.//-
Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:
1º) ¿Es nula la sentencia en cuanto absolvió a la imputada María Soledad Risso Patrón?
2°) ¿Qué solución corresponde dictar?
Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.-
A LA PRIMERA CUESTION:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. Por sentencia número 45, de fecha 2 de diciembre de 2004, la Cámara del Crimen de Primera Nominación de esta Ciudad absolvió a María Soledad Risso patrón de los delitos de abuso sexual agravado continuado (dos hechos) y abuso sexual agravado (hechos primero, segundo y tercero) en concurso real, sin costas (arts. 119 primer y último párrafo en función del inc. b y 55 del C.P.) (fs. 856).-
II. Invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del C.P.P., recurre el Dr. Sebastián López Peña, en su carácter de apoderado de los querellantes particulares Andrea B. Zuliani y Diego E. Puerta, con el patrocinio del Dr. Darío Vezzaro, e introduce -para el caso en que el Sr. Fiscal General no mantenga su impugnación-, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 464 del C.P.P. (fs. 857 y vta./883 vta.).-
Tacha la sentencia de nula, por reputarla violatoria de las reglas de la sana crítica racional -principio de razón suficiente- y abona tal aserción con fundamentos que compendia inicialmente como sigue:
a) La menor G. P. fue abusada sexualmente por la acusada en forma reiterada.-
b) La niña relató a los distintos intervinientes todo lo que le pasó (madre, padre, peritos, psicólogas, entrevistadoras, personal policial).-
c) La menor no () miente, fabula, confabula ni ha sido inducida.-
d) La imputada tiene un perfil de personalidad compatible con este tipo de hechos.-
f) Tenía ya antecedentes sumariales administrativos por hechos similares, y en esta misma causa hay otra menor damnificada.-
g) Frente a este cuadro, el Tribunal omitió considerar prueba de valor decisivo, tales como los dichos de los padres, las conclusiones de los peritos oficiales y de la parte querellante, como así también de las profesionales actuantes, el testimonio de las Lics. Yavarone, Pomes y Lucatelli y de compañeras de trabajo de la imputada. La Cámara ha razonado en violación a las reglas de la sana crítica racional, ya sea parcializando arbitrariamente el análisis, ya incurriendo en claras contradicciones (fs. 859 vta./860).-
A continuación, el impugnante desarrolla tales críticas.-
1. Omisión de valorar las expresiones expresas sobre el abuso: La prueba reunida hace inferir lógicamente que G. presenta signos inequívocos de abuso sexual, como así también que el mismo fue perpetrado por la acusada. En diversas oportunidades durante su relato en la Cámara Gessell, la menor manifestó haber sido abusada por su maestra, narrando que la "Seño Sole" le daba "besos por el chocho" y en otros lugares, lo que describió abriendo la boca grande e inclinando su cuerpo en la sillita hacia atrás, haciendo ingresar su dedo índice hacia el interior de la boca, levantando la pollera, tocando entre piernas de la muñeca que la representa a ella, tomando la muñeca que representa "la Seño Sole" y apoyando su cabeza a la zona de la entrepierna de la otra muñeca que representa a la niña. Respondió también afirmativamente que la maestra le bajó la bombacha y dijo que "le decía que tenía que portarse mal" y que al besarla le indicaba que sacara la lengua hacia fuera (fs. 860 vta./862).-
Al valorar este elemento de juicio, la Cámara sostuvo que la niña hizo alusión a besos en distintas partes del cuerpo de los cuales no puede advertirse un neto contenido sexual para satisfacer deseos propios;; "pero la indicación de que los mismos fueron en distintas partes del cuerpo como mejilla, cuello, etc., no nos dice nada más, la indicación con las muñecas que le habría besado el 'chocho' y el 'culito', estaríamos frente a un acto en sí de la naturaleza apuntada" (fs. 862 y vta.).-
A la par, la a quo omitió considerar las declaraciones de Andrea Zuliani, Diego Puerta, Mabel Yavarone, Graciela Moreno, Julia Cibele y María Teresa Pomes. El impugnante transcribe los tramos que estima centrales de tales deposiciones y resalta la parcialización que la a quo efectúa de ellas, en especial en lo atinente al significado sexual de los hechos transmitidos por la menor y al suceso ocurrido en el domicilio de la imputada -segundo hecho- (fs. 862/866 vta.).-
2. Valoración arbitraria de la validez y veracidad del testimonio de G. P. y de la pericia psicológica practicada sobre ella: El Tribunal objeta, a la posibilidad de una conclusión de certeza, el hecho de que la víctima posea tan sólo 4 años de edad y consecuentemente, exhiba limitaciones para oralizar o graficar lo que le ocurrió, atento su desarrollo intelectual. Sin embargo, este prejuicio -apunta el recurrente- se ve controvertido por la prueba testimonial recogida en el proceso: la Lic. Moreno explicó que precisamente por su edad, la niña no pudo referir hechos que no ha vivido; que no puede sostener un relato que no es cierto y descartó la inducción. En el mismo sentido, las Lics. Cibele de Salgado y Yavarone (fs. 866 vta./867 vta.).-
Asimismo son arbitrarias las conjeturas de la a quo acerca de la falta de espontaneidad del testimonio brindado en la Cámara Gessell, en especial en cuanto a las explicaciones ofrecidas por la Lic. Moreno. No puede el Tribunal, asegura el quejoso, esperar que un menor de cuatro años se siente frente a un desconocido y relate todo lo que vivió, en un lenguaje claro y preciso y fundando sus dichos (fs. 868 y vta.).-
El Vocal preopinante llega incluso a sustituir a la especialista, cuando afirma que "todos los tratados de la materia" -sin siquiera mencionar uno- indican que la versión de los niños sobre el abuso debe ser espontánea. Los técnicos fueron contundentes en el debate, aportando conclusiones diametralmente opuestas a las que arriba la Cámara (fs. 868 vta./869 vta.).-
Sin embargo, ésta hizo suyo el dictamen de la Lic. Sauma, perito por la defensa que no compareció al debate, quien puntualizó que la niña no diferencia realidad de fantasía, en base a que en la Cámara Gessell en dos oportunidades dijo "no estoy jugando de hablar" y "¿estamos contando un cuento?". Además, el Tribunal afirma que según esta perito la niña fue inducida por sus padres, cuando en verdad en ninguna parte del dictamen la Lic. Sauma efectúa semejante apreciación. Acerca de estos extremos, como asimismo, en el razonamiento que efectúa sobre la expresión "la Sole es mala" y sobre la referencia a besos en el "chocho" y "el culito", la a quo efectúa afirmaciones a título propio, sin respaldo en ningún elemento de juicio (fs. 869/870 vta.).-
Agrega el impugnante a ello que el mismo Tribunal reconoce correctamente la función del Equipo Técnico de Psicólogos del Poder Judicial y su incidencia en el proceso, pero luego rápidamente se aparta de tal consideración de manera arbitraria y en franca contradicción con la prueba a valorar (fs. 871).-
Aborda luego el recurrente un análisis de las citas que la Cámara efectúa sobre literatura técnica en materia psicológica. En primer lugar, destaca que en los presentes ninguno de los profesionales ha detectado "amnesia infantil" en G.; tampoco explica el fundamento científico -en el caso concreto- de los "preconceptos" o la "sugestividad" a la que refiere. Los momentos de rechazo que evidenció la menor hacia la tarea pericial han sido acabadamente explicados por las psicólogas Moreno y Cibele (fs. 872 y vta.).-
Apunta entonces que el sentenciante no puede reproducir un artículo doctrina -sujeto a opinión- sin realizar una adecuación del mismo al caso que nos ocupa. Lo mismo sucede con el trabajo de Jane Rawls, a quien se menciona como autora de una investigación, sin indicar nombre u origen de la obra que la reproduce, con lo cual impide todo cotejo a las partes (fs. 872 vta./873).-
El Vocal preopinante controvierte también la utilización de los muñecos sexuados de la Cámara Gessell, apoyándose en un libro de autoría de Terr, obviando así la explicación brindada por la perito oficial, de amplia trayectoria y experiencia, en cuanto a la función y utilidad de dichos instrumentos en la entrevista (fs. 873 y vta.).-
3. Arbitraria valoración de los testimonios: La Cámara incurre en tal vicio al analizar la veracidad de los testigos.-
a) Resultan caprichosas las apreciaciones de la a quo sobre el relato de Andrea Zuliani, madre de la víctima, en cuanto a la explicación que aquélla brindó sobre el papel higiénico que encontró en la bombacha de Guadalupe. Es caprichosa la suposición del Tribunal respecto a que era imposible que la niña sangrara, ya que la posibilidad de menstruación a la que refiere no surge en modo alguno de todo el expediente (fs. 873 vta./874).-
Similar defecto exhibe la conjetura de la Cámara acerca de la ausencia de signos de penetración o lesión que pudiera hacer sangrar a la menor. El informe médico fue realizado el día de la denuncia y la referencia al papel higiénico lo fue en tiempo pasado, por lo que aquellos signos pudieron haber desaparecido. Ello se condice con los dichos de Gallerano, quien reconoce de manera expresa que Zuliani le contó esto, al igual que Mara Saúl. Es más, Diego Puerta mencionó que en varias oportunidades su hija les había dicho que le dolía la cola cuando iba al baño y también que le ardía la vagina; dijo además que al preguntársele en una oportunidad si le había ocurrido algo en el jardín, G. respondió negativamente, como asustada (fs. 874 y vta.).-
Concluye el recurrente que "resulta una mera suposición que corre por cuenta del Tribunal afirmar que el sangrado sólo pudo producirse por menstruación, lo cual es obviamente imposible en una menor de cuatro años, o bien debió haber sido advertido en el informe médico de fecha 25 de Octubre de 2002, por cuanto todos los elementos nos llevan a considerar que el uso de papel higiénico en la bombacha se produjo meses antes de esta fecha, y que la suposición de Zuliani respecto a un eventual sangrado de su hija se explica por las complicaciones que en esa zona se quejaba la menor..." (fs. 874 vta.).-
b) El Tribunal acota, asimismo, que en los dichos de la madre se advierten supuestas expresiones de la niña, de corte sexual, que no pertenecen a ésta -v.gr., "señalando sus pechos", "señalando sus senos"-. Obviamente, responde el impugnante, tales términos no son de la menor, de ningún lugar surge que ellos hayan provenido de ésta. Son expresiones de quienes escucharon a G., transmitiendo los movimientos y gestos de ésta al realizar su relato. Asimismo, la expresión "me hacía doler mucho y muchas veces" no fue transcripta en pasaje alguno de la sentencia como perteneciente a Zuliani y aún obviando ello, son frases factibles de ser reproducidas por un menor de esa edad, según el sentido y la experiencia común (fs. 874 vta./875 vta.).-
4. Arbitraria valoración de la prueba en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho nominado primero de la Acusación: La Cámara ha meritado el testimonio de las compañeras de trabajo de Risso Patrón, concluyendo que éstas nunca la perdían de vista durante el día, por su proximidad con el lugar donde ella se desempeñaba. Sin embargo, tal razonamiento se contradice con lo expresado, por ejemplo, por María José Foglia, según la cual la imputada pasaba gran parte de la jornada en la cocina fumando y conversando con ella; agregó incluso que el último tiempo antes de irse de la guardería, salía mucho a vender dulces, durante su horario de trabajo. También María C. Ferreyra Dillon explicó que en el jardín hay tres baños cerrados para niños y uno de adultos y un sector para cambiar pañales. Al estar los baños cerrados, con divisorios, el lugar es propicio para hechos como los que se investigan (fs. 875 vta./876).-
En similar sentido, entiende el quejoso que no es objetiva la valoración que la a quo efectúa en cuanto a la Sala donde veían películas y la escasa probabilidad de que allí pudiera abusar de su alumna. Como puede comprobarse por los dichos de la niña, ésta ha referido como hechos vivenciados que Risso Patrón le bajara la bombacha y besara "el chocho", además de hacerlo en la boca, tanto mientras veía una película como en el baño de la institución. Es obvio que la simplicidad del relato de una menor de cuatro años no permite entrar en detalles ni exigir precisiones como las que sugiere el Tribunal (fs. 876 y vta.).-
5. Arbitraria valoración de la pericia psicológica sobre la imputada Risso Patrón: Refuta asimismo el recurrente el razonamiento que efectúa la a quo a partir de este dictamen. En primer lugar, observa que el yerro de la psicóloga al interpretar la respuesta brindada por la examinada a la lámina n° 6 del Test de Rorschach, en cuanto a las características de la ameba, invalida totalmente la conclusión. Sin embargo, objeta el quejoso, una cosa no lleva inexorablemente a la otra. Es posible que aún confundida sobre el significado de la ameba, se mantuviera en su opinión. Es más, una vez esclarecido el tema, la perito siguió su exposición dando razón de sus conclusiones, sin manifestar contradicciones ni dudas (fs. 876 vta./877).-
Analiza luego las consideraciones técnicas que el Tribunal aborda acerca del diagnóstico de psicopatía perversa, en particular atento a que en la misma sentencia se expuso que las pericias psicológicas conllevaban una tarea que requería un conocimiento especial, delegado al Equipo Técnico de Psicólogos del Poder Judicial. De esta última afirmación, la Cámara se aparta arbitrariamente, llegando incluso a desprenderse de la opinión de dicho cuerpo técnico (fs. 877 y vta.).-
A continuación, el impugnante efectúa consideraciones acerca de la posibilidad y condiciones bajo las cuales los magistrados pueden apartarse de los dictámenes de especialistas (fs. 878/881 vta.).-
6. Arbitraria valoración de la prueba recolectada en cuanto a los daños producidos: Por último, causa agravio al recurrente la valoración que efectúa la sentenciante sobre la pericia psicológica practicada sobre G. P.. La perito oficial y otra de las profesionales aseguraron que el daño era grave y que de haber existido una penetración el pronóstico sería igual. Sin embargo, la Cámara concluyó que habiéndose tratado sólo de un tocamiento impúdico, la proyección de daño psíquico es de una intensidad diferente. De este modo, controvierte la opinión técnica de los especialistas que concurrieron al debate (Cibele de Salgado, Pomes; fs. 881 vta./882).-
Asimismo, el Vocal preopinante meritó que ninguno de los profesionales pudo asegurar que el daño estuviera producido, ya que de aparecer lo sería en la adolescencia o edad adulta. Esta conjetura, afirma el impugnante, es antojadiza pues se hace eco de sólo una parte de las expresiones de quienes depusieron en el debate, ignorando que según las mismas psicólogas, el daño ya está producido y que no puede precisarse su cuantificación. Reseña, en los renglones que siguen, los tramos de las declaraciones de las Lics. Moreno, Cibele de Salgado, Pomes y Lucatelli sobre el punto (fs. 882 y vta.).-
Señala, como contracara, que la a quo parece sustentar su criterio en los dichos de la perito de control de la defensa -Lic. Sauma-. Empero, la propia referencia de ésta a la "extensión del daño" da cuenta de que el daño ha de tenerse por configurado; y tampoco se aclara si los daños que las profesionales advierten de manera unánime en la menor se identifican con "evidencias de alteración en la construcción del psiquismo", según aquélla profesional (fs. 883).-
Por último, anota el recurrente que cuando la Lic. Sauma expresa que la niña "es capaz de usar mecanismos de defensa", coincide con lo sostenido por las Lics. Moreno y Pomes, con lo que no se advierte la contraposición que señala la sentencia entre estas opiniones. Concluye entonces que la sentencia confunde daño y cuantificación del mismo, merced a una arbitraria valoración de la prueba (fs. 883 vta.).-
7. Introducción de la cuestión de constitucionalidad del artículo 464 del C.P.P.: Para el caso de que el Sr. Fiscal General no mantuviera el recurso, deja planteada la inconstitucionalidad de la limitación contenida en dicha norma (fs. 883 vta./884).-
III. Por Dictamen P-n° 103, el Sr. Fiscal General mantuvo la impugnación deducida por los querellantes particulares (fs. 892/893).-
IV. En la oportunidad habilitada por el artículo 465 del Código ritual, los defensores de la imputada -Dres. Ernesto José Gavier y Tristán Gavier- presentan informe sobre el recurso de los acusadores privados (fs. 899/910).-
1. Como reparo a la admisibilidad formal de la impugnación, afirman que el recurrente no identifica la causal de nulidad de la sentencia, conformándose sólo con invocar el segundo inciso del artículo 468 del C.P.P.. No se diferencian motivo y agravio de casación -reprochan- imprecisión no alcanzada por el principio del iura novit curia, como así tampoco se ha advertido que respecto del tercer hecho de la acusación, que se menciona en la exposición de los hechos, el impugnante no es querellante particular y además el Fiscal de Cámara solicitó la absolución (fs. 899 vta./900 vta.).-
2. De otro costado, agregan que en tanto la sentencia exculpó a la imputada en virtud del in dubio pro reo, el querellante debió introducir como agravio la demostración de su errada aplicación, evidenciando un vicio de motivación sobre dicho principio en particular, lo que no hizo (fs. 900 vta./901).-
3. En forma subsidiaria, para el supuesto en que se considere admisible el recurso, los informantes afirman que la decisión se encuentra debidamente fundada, conforme los principios de la sana crítica racional, aún cuando la doctrina ha sostenido que no es motivo de casación la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas.-
a) Los defensores descalifican, en primer lugar, la crítica relativa a que el Tribunal omitió valorar los testimonios de los padres de la menor, de la Lic. Yavarone y de las peritos Moreno, Cibele de Salgado y Pomes. Aseguran que el Tribunal, luego de presenciar una audiencia de debate y aplicando las leyes de la experiencia para el razonamiento lógico, ha concluido con certeza que la niña fue sugestionada por su madre. Abonan la existencia de contradicciones en los dichos de Andrea Zuliani (fs. 902).-
Asimismo, puntualizan que también corrobora la meritación de los dichos de G. P. en la Cámara Gessell, la referencia de la Cámara acerca del silencio de la víctima en cuanto al lugar donde se produjeron los tocamientos. A la vez, tuvo en cuenta el raid de estudios e interrogatorios al que fue sometida la menor, comenzando por su madre (fs. 902 vta.).-
En cuanto al primer hecho, la niña se contradijo respecto al lugar del abuso -primero dijo que fue en el baño y luego en la sala, viendo una película- defecto que la Cámara advirtió. Señaló además que el tipo de besos que ilustró G. no denotan un contenido sexual y que el tipo de prácticas denunciadas son imposibles de realizar por la cantidad de personas que circulaban en el aula y por el hecho de que la imputada nunca acompañaba a los niños al baño. Ello fue apoyado en los testimonios de la directora, docentes y personal de limpieza de la institución (fs. 902 vta./903 vta.).-
b) En lo atinente al segundo agravio expuesto en el recurso, esto es, la arbitraria valoración de la prueba recolectada en cuanto a la validez y veracidad de los testimonios de G. P. y de la pericia psicológica practicada sobre la misma, recuerdan los informantes que el propio Fiscal en su alegato, criticó duramente la tarea llevada a cabo en la Cámara Gessell (fs. 904).-
El quejoso afirma sin fundamento alguno que el Tribunal ha razonado a partir de prejuicios al descalificar el relato de una víctima de cuatro años de edad por no presentar rasgos de agresión física. Además, en su apoyo, los querellantes citaron la testimonial de la Lic. Pomes, olvidando que la misma fue ofrecida para la cuestión civil (fs. 904).-
Apuntan los defensores que no es verdad que todas las especialistas hayan tenido por categórica la exposición de la niña; por ejemplo, la Lic. Sauma, en varios puntos y con fundamento, no coincidió con las otras peritos. Critican la labor de la perito oficial Lic. Moreno, tildando de "automática" la confección de su dictamen (fs. 904).-
Rechazan la afirmación de la profesional en cuanto a que la menor mantuvo el mismo relato; a su entender, la perito "le saca la respuestas de la boca", obteniendo respuestas totalmente carentes de espontaneidad, tal como puntualizó la Lic. Sauma. Resaltan, en consecuencia, la opinión de esta última, quien no compareció al debate porque no fue necesario, al encontrarse toda la información claramente expuesta en su dictamen (fs. 904 vta./905).-
Concluyen que el recurrente efectúa un análisis parcializado y simplista de la prueba recogida, sin analizar la dirimencia de los elementos de juicio que reputa trascendentes, en el contexto convictivo general (fs. 905 vta.).-
c) Continúan luego los informantes con el agravio rotulado como "arbitraria valoración de testimonios". Objetan que el propio impugnante reconoce que no son cuestiones relevantes y que parafrasea las testimoniales de Zuliani, Puerta y Gallerano pero sin decir nada al respecto (fs. 905 vta.).-
Prosiguen con los dichos de la Lic. Yavarone, quien incurrió en un error al describir como "erotizantes", movimientos que en la audiencia no evidenciaron tal contenido sexual (fs. 906).-
El agravio, entonces, no es autosuficiente y prescinde de un examen conjunto de todos los testimonios, por lo que debe rechazarse (fs. 906).-
d) Sobre la "arbitraria valoración de la prueba recolectada, en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho nominado primero de la acusación", los informantes apuntan que el recurrente no explica en dónde reside la contradicción en que habría incurrido la testigo María José Foglia -cocinera de la institución-. Es que Risso Patrón se encontraba a la vista del resto del personal tanto cuando la acusada estaba en el aula como en la cocina fumando y conversando; y además, el hecho acusado no podía ocurrir cuando ella se encontraba vendiendo dulces en el Ministerio. Y aún cuando se sostuviera que hay una contradicción, el impugnante no explica cuál es su incidencia en la condena: si la imputada se pasaba las mañanas en la cocina conversando y además salía a vender dulces, menos oportunidad tenía de realizar las conductas que se le endilgan, sumado ello al movimiento de personal y niños que normalmente se registraba en la guardería (fs. 906 vta./907).-
De otro costado, señalan que las suposiciones que el impugnante efectúa acerca de las circunstancias en que podría haber ocurrido el abuso se apartan totalmente de los dichos de la niña. Insiste además en que la existencia de tres baños cerrados no fue valorada por la a quo. Sin embargo, el recurrente no ha advertido que conforme informaron las testigos, la imputada no entraba ni acompañaba al baño a los menores y que además podía ser vista en forma constante y continua por cualquier otra maestra del instituto (fs. 907).-
Tampoco se ha demostrado, agregan, que los hechos hubieran ocurrido en el baño o en el aula; los dichos de G. P. en Cámara Gessell han sido desvirtuados por haber sido inducidos. Rescatan además que si se escucha la grabación -curiosamente tal expresión no está transcripta en la desgrabación- la niña, al final del interrogatorio, ante la insistencia ansiosa de la Lic. Moreno manifestó "no pasó nada de nada" (fs. 907 y vta.).-
e) Igualmente refutan los informantes el agravio nominado "arbitraria valoración de la prueba recolectada en relación a la pericia psicológica sobre la imputada Risso Patrón". Señalan, en primer lugar, que el impugnante no precisa a qué pericia se refiere. En segundo término, destacan que la pericia de psicológica practicada sobre la imputada, arrojó -en el dictamen oficial- un diagnóstico de psicopatía perversa; sin embargo, la Lic. Kowadlo -control por la defensa- estableció una neurosis histérica clásica con síntomas conversivos y disociativos ratificados en parálisis faciales. Es esta última opinión la que tomó la Cámara y es ello lo que agravió al recurrente. La crítica reconduce sólo a resaltar en general la tarea del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial sin fundamento alguno (fs. 908).-
Afirma la defensa, respecto de las conclusiones de las láminas 2 y 6 del Test de Rorschach, que sobre la primera la perito Busamia concluyó que la imputada era homosexual sólo a partir de una metáfora sobre tortugas. Y acerca de la lámina 6, la profesional expresamente admitió su confusión acerca de su interpretación. La perito tampoco entrevistó a familiares ni amistades de la encartada, ni dio una explicación específica a la pregunta de la Cámara sobre los criterios para diagnosticar una psicopatía perversa (fs. 908 vta.).-
La sentencia, finalmente, analiza y cita doctrina de psicólogos expertos en la materia, críticos del Test de Rorschach (fs. 909 y vta.).-
f) Por último, los informantes refieren a la denuncia de "arbitraria valoración de la prueba recolectada en cuanto a los daños producidos". En este agravio, reparan, el recurrente no establece para qué fines plantea la arbitrariedad, ni tampoco precisa su agravio. Relata que el Tribunal no identifica correctamente el daño producido a la menor y que contradice la opinión de las Lics. Cibele de Salgado y Pomes en el debate (fs. 909 vta.).-
Apuntan que el reproche no resiste el menor análisis, ya que refiere a cuestiones civiles que el querellante no puede discutir por carecer de legitimación para hacerlo. Además, si el Tribunal de juicio descartó por la duda la existencia del hecho, no puede analizarse el daño producido (fs. 909 vta.).-
g) Atento a todo lo expuesto, los informantes peticionan que se declare formalmente inadmisible el recurso, con costas y en subsidio, se lo rechace, también con especial imposición de costas (fs. 910).-
V. Las razones que sustentaron la absolución pueden sintetizarse como sigue:
1) Tratándose de supuestos delitos contra la integridad sexual, sabido es lo dificultoso que se hace arribar a una conclusión certera:
a) en primer lugar debido a que la experiencia indica un actuar en la clandestinidad o por lo menos en lugares de nula o escasa presencia de testigos, lo que imposibilita al juzgador contar con elementos directos de prueba;
b) en segundo lugar, en los casos en que no hay rastros de agresión física, sea, la presencia de lesiones, contusiones o rastros de actividad extraña en el cuerpo de las víctimas;
c) y en tercer lugar, cuando éstas son menores de escasos cuatro años de edad, en donde con sus limitaciones de oralizar o graficar lo que les ocurrió, atento su desarrollo intelectual, nos llevan a evaluar como medio probatorio, las pericias psicológicas que se practican en ellos a fin de dilucidar lo realmente acontecido, trabajos que requieren de un conocimiento especial, delegado a la órbita del Equipo Técnico del Cuerpo de Psicólogos del Poder Judicial, para que emitan sus conclusiones. La tarea del juzgador, será en definitiva al momento de la valoración, el grado que adquiera de convicción sobre ello derivado de la fundamentación que a los dictámenes hayan impreso tales especialistas.-
2) Comienza recordando que la investigación se origina con la denuncia formulada por Andrea Beatriz Zuliani, madre de la menor supuesta víctima, G. P., quien en prieta síntesis, relató que el día veintitrés de Octubre de dos mil dos, "de común acuerdo con su esposo Diego Esteban Puerta, permitieron que G. concurriera a la salida del Jardín al domicilio de la imputada Risso Patrón a jugar con la hija de ésta de nombre Candelaria y el otro hijo de nombre Francisco, acompañándola hasta que se retiraron. Soledad la había invitado en varias oportunidades a su casa. A las diecisiete horas llamó por teléfono, informándole Risso Patrón, que estaba todo bien y que la había bañado porque iban a cortar el agua en Alto Alberdi y que también había bañado a sus hijos. A las diecinueve horas la fue a buscar con su esposo, conversó con Risso Patrón, tomaron unos mates y se retiraron, al salir G. les dice que le dolía mucho la cabeza, le dio una aspirineta y la acostó a dormir. Refiere que ya en otras oportunidades le había dolido la cabeza. Al día siguiente, Jueves, fueron a la guardería, entraron y estaba la maestra, allí G. se tiró para atrás, hizo un berrinche, se tiró al suelo y la maestra la agarró y la dejó en el jardín. Charlando con su compañeras en su lugar de trabajo, estando presente Marcela Gallerano, le preguntó donde había dejado a su hija, manifestándole que en el jardín y al preguntarle quien era la maestra y responderle que era Soledad Risso Patrón, la nombrada le comenta que hace un tiempo a Soledad la habían denunciado en la Guardería por abusar a una niña. Esto se lo contó a las ocho y treinta horas, allí lo relacionó con lo que le ocurría a su hija ya que en los meses de marzo o abril empezó a notar cosas extrañas en su hija, tenía miedos, brujas, lobo en el baño del jardín, otros síntomas como no controlar esfínteres. A los tres años y diez meses comenzó esta conducta, se orinaba de noche. En Septiembre le preguntó si le pasaba algo, respondiendo “no mamá”, “que le dolía el chochito, le ardía”. “Chochito” es el nombre que ella le enseño para nombrar la vagina. Ante el comentario, no quería salir del lugar de trabajo, pero a las once u once y media fue a la guardería a retirarla, previo avisarle a su esposo que fuera a buscarlas, allí notó una mirada rara de la maestra y la retiró del jardín. Estaba angustiada, llegó a su casa y acostó a la nena y le preguntó “te pasa algo feo”, respondiendo “no mamá” “no de eso no voy a hablar”... insistió con la nena y esta se durmió. Acto seguido habló con su marido y le contó. Luego los dos, ella y su esposo a las diecinueve horas en un sillón charlaron con G., si alguien la tocó donde no le gustara? Le preguntó si la habían tocado por lo que Marcela Gallerano le dijo lo ocurrido antes, diciendo su hija “me da besos" indicando los brazos piernas, cuello. Luego comenzó a cerrar puertas, ventanas manifestando “las brujas me van a llevar” y les dice: “la Seño Sole me pone la mano dentro de la bombacha y la cola”, allí le dijo a su hija "que si contaba la llevaría a comprar un chicle”. La testigo nuevamente estalla en llanto y dice: “que a partir de ese momento nuestra vida se fue”. Al día siguiente decidieron hacer la denuncia. Aclara la testigo que hasta que le comentó la Gallerano, no sabían nada de la maestra “y atando cabos" pensó que podía tener relación. Pensó que a G. algo de esto le podía haber pasado por los síntomas, se podía relacionar con esto. Que le preguntaron varias veces los dos, luego habló del lobo y de las brujas. Refirió que ante el comentario de Gallerano, "allí le cayeron todas la fichas”...".-
Agregó la sentenciante que esta versión se corrobora con lo aportado por su esposo Diego Esteban Puerta, en lo atinente a lo expresado por la menor en su domicilio.-
Posteriormente a su denuncia originaria, Zuliani manifestó que su hija le relató que aquella tarde estuvo con los nenes jugando, que la imputada bañó a Candelaria y puso un video y después la llevó al baño, donde "la tocaba y la besaba y hacia el gesto de olerse la mano, que le tocaba el genital, se olía y se tocaba ella y hacía sonidos de gemido". Hizo una simulación de acto sexual delante de la Lic. Yavarone y agregó otros hechos en baño del jardín, donde también la tocaba en sus genitales y la besaba; ubicó temporalmente estos relatos de G. después de la denuncia. Dijo que a la niña le dolía cuando le tocaba la vagina y la cola y que la maestra le ponía papel higiénico, supone que le ponía para que no sangrara.-
Esta afirmación aportada por Zuliani -valora la sentenciante- resulta sugestiva ya que era imposible, puesto que por la edad G. no menstruaba y del informe médico no hay signos de penetración alguna que pudiera hacerla sangrar. La misma testigo manifestó que como profesional, en el Consejo del Menor conocía del tema y que una persona que tiene miedo, sabe que es por eso; relacionó las brujas, observó que se afectaron los vínculos sociales; explicó que cuando un niño es sometido, las relaciones sociales se afectan. G. mostró temor al baño, por “el lobo que aullaba en el baño del jardín”. Dijo que en su función no ha tenido casos de abuso sexual, la mayoría son de maltrato, pero luego, sí ya que son sesenta niños. Negó haber charlado sobre lo ocurrido con otra madre, aunque después admitió que había conversado con la madre de María Fernanda Bustamante en una sola oportunidad, no comentándole los hechos, sólo la denuncia. Refirió que a ella, Becerra le contó algunas cosas de su hija, que Fernanda le contó a ella de un beso en la boca. Manifiestó Zuliani haberle expresado a su hija que “la gente que hace eso tiene que tener un castigo y que le tenían que contar a otros...”; la nena le dijo “si mamá”.-
Dijo también la denunciante que Soledad Risso Patrón había sido maestra de G. en la sala de tres años, no notando nada anormal; su hija tenía un buen vínculo con ella. Agregó que ya en la sala de cuatro años, la imputada le preguntó si tenía algún problema matrimonial porque notaba mal a G.. Sabe que la maestra les contó el cuento de “La bruja Eduviges”; en su casa G. no veía televisión ni cable, sólo los dibujitos que aparecían en la tele. Refirió que antes a su hija le gustaba salir a jugar a la plaza al frente de su casa y últimamente ya no lo hacía, lo que no podía comprender hasta que tuvo la conversación con Marcela Gallerano.-
Obviamente, apunta la Cámara, el comentario de Gallerano, fue el detonante del accionar inmediato de Zuliani: salir rápidamente de su lugar de trabajo, retirar su hija y trasladarla a su domicilio donde comienza a interrogarle hasta que se duerme y luego ya despierta junto a su esposo, continúa preguntando varias veces hasta que la niña responde a sus preguntas sobre “si Soledad la había tocado”.-
3) Ponderó la a quo que la imputada en su posición exculpatoria, no negó haber llevado ese día a la menor G. a su casa en las circunstancias coincidentes con la Zuliani, pero si negó haber cometido los hechos que se le atribuyen. Reconoce que bañó a sus hijos y que G. le pidió que quería bañarse, lo que así hizo procediendo sólo a secarla y vestirla; luego llegó Zuliani, charlaron y tomaron mates; la nena no tuvo ningún inconveniente ni hizo berrinche alguno, se fue contenta.-
4) La testigo Marcela Teresita Gallerano, prosigue la sentenciante, describió con precisión lo que produjo su comentario, el que consideró justificado al verse obligada a decir a Zuliani "lo que se decía de Soledad en la Guardería”, diciéndole: “mirá, tomálo o dejálo”. Le comentó el incidente de años anteriores, ocurrido en el baño. La reacción de Zuliani no se hizo esperar, “se agarró la cabeza y a la media hora fue a buscar la nena a la guardería”.-
Se preguntó a Gallerano sobre el concepto que tenia de Risso Patrón y manifestó que era simpática, dada, no la conoce como docente, fuerte enérgica, se imponía, siempre dispuesta a hacer cosas. Sin embargo, dijo que cuando le iba a tocar como maestra a su hija, ella retiró la misma del jardín “ante la duda”.-
A continuación, refirió que en su trabajo en el equipo técnico interdisciplinario trataban niños abandonados, en riesgo, adolescentes, chicos de la calle con adicciones, pueden haber habido niños abusados.-
5) Como Andrea Zuliani manifestó haber comentado los dichos de su hija a la Directora Gabriela Teresa González, la a quo continuó con la meritación del testimonio de ésta, quien ante la noticia que le expuso Zuliani expresó, “agarrándose la cabeza", “no otra vez más, esta chica está enferma”, comentándole al matrimonio Puerta sobre un problema similar ocurrido con anterioridad, siéndole recriminado por el matrimonio que no les haya avisado antes.-
En la audiencia, González manifestó que Risso Patrón no acompañaba a los niños al baño casi nunca y que la gente de limpieza colaboraba con las docentes si necesitaban ayuda, limpiaban a los chicos y agregó que nunca había visto nada que le hiciera sospechar conductas reprochables desde el punto de vista sexual de Soledad para con los niños.-
Aludió luego a aquella denuncia, del año 1997, donde una mamá acompañada por la Lic. Ritvo manifestó que su hija de dos años le comentó de un supuesto abuso por parte de la maestra, caso en el cual la madre le pidió sigilo que no se comentara pero "se desparramó", hizo una reunión con los padres y una escribana que llevó Soledad. Se inició un sumario administrativo y se resolvió que regresara, apartándosela del grado hacia tareas administrativas. Informó que el sumario se cerró porque no había pruebas.-
La Directora describió a G. como una niña retraída, a quien le costaba quedarse en el jardín; es una niñita mimada, desconoce si tuvo berrinches, lo que es normal en los niños. Sobre María Fernanda Bustamante, en cambio, dijo que dejó de asistir al poco tiempo después de lo de G.. La niña aparentaba una edad inferior, era retraída y callada pero comunicativa.-
Dijo González que no notó nada anormal en G. ni en María Fernanda. Soledad Risso Patrón, por su parte, tenía vaivenes emocionales, era de temperamento, autoritaria con los niños, no era fácil acercarse a ella, gritaba, observó temor en los niños cuando los retaba. Al describir el lugar y el movimiento del jardín, expuso que entre docentes y no docentes hay en total trece adultos en el jardín y dos baños para mayores y un baño para chicos con tres inodoros. Dijo que a los niños se les mostraban videos de brujas, lobos, de Disney y cuentos.-
6) A continuación, el Tribunal valoró el relato de la menor G. P.. A criterio del Vocal que llevó el voto, lo filmado y grabado en las sesiones de Cámara Gessell, donde la menor fuera interrogada por la Licenciada Graciela Moreno resultó "poco esclarecedor" en cuanto a la expectativa que abrigaba sobre dicha prueba, por el alto valor convictivo que de ella podía extraer, por ser la única prueba en la que evitaría la posibilidad de escuchar la menor en persona y que evitaría una real revictimización de ésta.-
Explicó, en primer lugar que la toma fílmica de la menor se encuentra parcial e involuntariamente obstruida en su visual por la perito actuante, quien se interpone impidiendo ver a la niña y el juego de muñecas realizado por ella en sus partes más relevantes. No obstante ello, la desgrabación del audio permitió conocer las manifestaciones de la supuesta víctima.-
G., luego de conversar sobre la integración de su familia y el jardín al que actualmente concurre -"La Placita"-, ante la pregunta sobre si antes de ése había concurrido a otro, respondió “Sí, que la Seño Sole me hizo mal”. "¿Qué Seño?" -repreguntó la psicóloga-, “La Sole en el baño del jardín” -contestó. "Y qué te hizo?" -indagó Moreno-; “me da besos por el chocho y por acá" -explicó la niña, señalando sus pómulos, cuello y distintas partes del cuerpo con su mano- “me dio besos por acá, por acá, por acá" -ilustró la menor abriendo la boca y ojos, inclinando su cuerpo en la silla hacia atrás y haciendo ingresar su dedo índice hacia el interior de la boca. La perito le preguntó por qué eran malos esos besos, intentando una comparación con los besos de "la mamá y el papá", a lo que G. refirió que sus padres la besaban "solamente acá" -mostrando la mejilla- y explicó que "la Seño Sole me hizo mal, porque le conté a mi mamá cuando estaba en la cama yo me levanté de la cama y le conté”. Luego eligió dos muñecos, en los que personificó a la maestra y a ella. Graficó que “me dio besos acá, acá”, levantando la pollera para tocar la entrepierna de la muñeca que la representa a ella. Manifestó que tenía puesto un vestido y que la Seño Sole se lo levantó y le dio un beso, a la par que tomaba la muñeca que representa a la imputada y apoyaba la cabeza de ésta en la entrepierna de la otra muñeca, que simbolizaba a ella. La perito le preguntó si le bajó la bombacha, respondiendo la niña que sí, haciendo lo propio con la muñeca. Señaló el "chocho" entre las piernas de la muñeca. Cuando la Lic. Moreno continuó preguntando si la besó en la boca o hizo alguna otra cosa, la niña dijo: "ahora no me acuerdo más”. Ante la insistencia, señaló la parte de atrás, "me besó así", imitando con su boca el ruido de un beso. "Y después que te besó el chocho y acá ´el culito', ¿que más te hizo después de besar la cola y el chocho?" -indagó la perito-; “me besó otra cosa pero no me acuerdo”, dijo la niña. "¿Dónde más te habrá besado?, inquirió aquélla, momento en que la menor ingresó el dedo índice a la boca bien abierta, “en la boca”. "¿En que lugar pasó esto?" -indagó-; “en el jardín", agregando que estaban “sentadas viendo una película”. “Me decía que tenía que portarme mal -continuó la niña-; así me da besos”. Moreno intentó precisar: "¿Y te decía que la beses de alguna forma? y la menor abrió y cerró la boca haciendo ruido de besos. "¿Te indicaba que hicieras algo con la lengua?" -ahondó-; “me decía así" (le menor saca la lengua hacia fuera). Mencionó que había otros chicos, pero que éstos no veían, "los chicos miraban tele”. Dijo que la Seño Sole no le gusta, que sí le gusta "la mami", que "toda la familia mía me gusta pero la Seño Sole no”, que su familia y la Seño Sole “son distintos... porque la Seño Sole me da besos porque a veces no me gusta”, explicando que no le gustan "cuando no está mi mamá".-
En la segunda sesión, luego de hacer dibujos en un papel, e invitada por la Lic. Moreno "¿vamos a conversar G.?, la niña respondió “no estoy jugando de hablar”, “no tengo ganas de hablar de lo de los otros días”, La perito intentó continuar con la entrevista pero G. se plantó: “no tengo ganas de hablar con vos”, "no tengo ganas de hablar” “no tengo ganas de contar”. Se le preguntó si la imputada las llevaba a pasear y adónde y contestó que “sí me invitó dos veces y fui". "Dale, hablemos de los muñequitos" -insistió la psicóloga- "¿con quién fuiste?", momento en que la menor toma nuevamente los muñecos: "fui sola”; Moreno profundizó "¿quien te llevó?" y la niña volvió a plantarse: “La Seño, no te voy a contar, no quiero contar", "no me acuerdo”.-
De este relato, resalta la sentenciante que la niña manifiesta, sobre el primer hecho supuestamente acaecido en el jardín y en el baño, que "la Sole le hizo mal" en el baño del jardín y luego “sentadas viendo una película”, que le dio “besos por el chocho y por acá” (señalando pómulos cuello y distintas partes del cuerpo con su mano). Meritó que la menor hizo alusión a besos describiendo el tipo de besos con el ruido típico de estos ilustrando el sonido, reiterando en dos ocasiones esta forma de besos, de los cuales no se puede advertir un acto de neto contenido sexual para satisfacer deseos propios. Acota que la indicación de que los mismos fueron en distintas partes del cuerpo como mejilla, cuello etc., nada implica, aunque la indicación -a través de las muñecas- de que la encartada le habría besado el “chocho” y “el culito” ya indicaría un acto de la naturaleza apuntada.-
Respecto al lugar donde se produjeron los tocamientos, la niña nada dice del hecho supuestamente acaecido en el domicilio de la imputada (segundo hecho), sólo refirió haber visitado a la docente en dos oportunidades. En lo atinente al hecho del jardín, primero dice en el baño y luego en la sala viendo una película. Describió que lo hacía sentada con la docente observando la filmación y que había otros chicos, haciendo referencia a besos que describe con las mismas características relacionadas.-
7) Ahora bien, en oposición al relato de G. P., valora las declaraciones de la totalidad de las docentes del Jardín, incluida su directora Gabriela Teresa González y del personal de maestranza y limpieza, además de las profesoras de música y educación física, tales como María Consuelo Ferreira Dillon, Paola Gsponer, María Celeste Gentile, Mariana Heredia (maestranza), Gabriela Elizabeth Suarez, María José Foglia y Cecilia Barberis, quienes coinciden en que para la época de los hechos eran doce las personas mayores afectadas al cuidado de los niños y que en el establecimiento había un baño para éstos dividido en tres sectores de inodoros y una bacha grande para el lavado de manos antes de almorzar. Apuntaron también que la sala de cuatro es el lugar de paso obligado de casi todos los niños y docentes, además de existir un baño para docentes. También coincidieron las testigos en que desde 1997, Soledad Risso Patrón no llevaba niños al baño, en razón del problema que había existido, requiriendo la presencia de las auxiliares de limpieza para higienizar a los niños que se ensuciaban con pis y caca, confirmado por las propias auxiliares. La Directora González sólo la vio en la puerta de las bachas cuando iban a asearse los niños pero no ingresar; otras dijeron que Soledad iba al baño de adultos a peinarse o lavarse. También mencionaron que Soledad Risso, pasaba gran parte del día fumando y charlando en la cocina. Estas versiones se corroboran entre sí ampliamente -observa la a quo- agregando las nombradas, tanto en sumario administrativo como en el judicial, que nunca observaron nada que les hiciera sospechar conductas reprochables desde el punto de vista sexual para con los niños, algunas de ellas llevan casi nueve años de compañeras de trabajo con la imputada. Otras dijeron que nunca la perdían de vista durante el día por su proximidad a donde ella se encontraba como por continuo movimiento de su tareas, especialmente las de limpieza.-
Sobre tales bases, colige la sentenciante que el movimiento de personal y de niños durante la jornada laboral, pone en evidencia una reducción de posibilidades de que un hecho como el narrado pudiese haber ocurrido tal lo relatado, ni en la sala viendo una película y difícilmente aunque no improbable en el baño. También entiende poco probable que delante de los niños, la docente acusada procediera a besar a la niña "en el chocho", bajarle la bombacha sin ser advertido tal accionar por nadie, cuando la experiencia enseña que tales actos los sujetos con tales depravaciones eligen hacerlo en la clandestinidad.-
8) Como contrapartida, advirtió que los dichos de la menor G. P. se encuentran avalados por las pericias psicológicas obrantes en autos. Ahora bien; para la valoración de estos estudios, el Vocal preopinante "tuvo especialmente en cuenta" el raid de estudios e interrogatorios a que fue sometida la menor, comenzando en primer lugar, por su propia madre, que ante la sospecha que le inculcara la Gallerano, comienza su indagación sobre la niña, primero en la cama antes de la siesta, luego en el sillón de su casa en presencia del padre, insistiendo en varias oportunidades preguntándole si la Sole la tocó, hasta que la niña le responde afirmativamente, cerrándole en tal circunstancia sus sospechas. Al formular la denuncia ya se explaya, conociendo por su profesión, los síntomas típicos de los niños víctimas de abuso sexuales, colocando en la misma "palabras de neto corte sexual que no le pertenecen a la niña", tales como “señalando sus pechos” “me hacia doler mucho y muchas veces” expresiones éstas que nunca dijo la niña en la Cámara Gessell ó al describir cuando la niña le dice "la Seño me hace cosquillas” "y colocándose su dedo índice debajo de la bombacha y le indica con un movimiento de fricción, sobre los labios mayores y a la altura del orificio vaginal, llegando casi a introducir el dedo en ese lugar”.-
Luego de ello, prosigue la Cámara, G. es llevada a Protección de las Personas, donde luego de esperar varias horas fue atendida por la licenciada Yavarone, quien es la segunda persona en interrogarla. Allí nuevamente mediante el juego de muñecas, manifestó a la psicóloga “que un día fue a la casa de Soledad y que la llevó para bañarla y que en el baño la había tocado", señalando los “senos”, agregando que le bajó la bombacha y le tocó el “chocho”, tocándose los genitales diciendo “así me hace la Seño Sole, y después ella se hace lo mismo”. Esta testigo calificada, refirió la a quo, en la audiencia manifestó que la menor efectuó “movimientos erotizantes” compatibles con abuso sexual. Sin embargo, reparó el Tribunal, al pedírsele que graficara el movimiento descripto, lo hizo colocando a la menor en su falda y esta hamacándose en la misma, transformado el movimiento erotizante en un movimiento de cadera de adelante hacia atrás, sin que se observara el contenido sexual asignado por la especialista. De esta segunda entrevista se desprende que la menor durante el juego de muñecas, se mostró muy violenta, golpeándolas una contra otra; simulaba bañarla y la refregaba en forma brusca; dijo que "así la bañó, que le quedaba la piel bien colorada”.-
Sobre el hecho en el baño de la casa de la imputada, apunta la Juzgadora, esta referencia aparece como relevante ya que es una clara descripción de lo que posiblemente habría ocurrido durante el baño, pero no habla de tocamientos ni de besos, sólo de una secuencia de haberla bañado y secado en forma brusca secándola hasta dejar su piel enrojecida. La mencionada profesional también hizo hincapié en los dichos de la madre de G., sobre los supuestos síntomas que ésta presentaba: no quiere ir a jugar, no quiere ir mas al jardín, quiere estar sola, no puede dormir sola, todos ellos signos de abuso sexual.-
De allí, G. continuó con su periplo comenzando las entrevistas con el Cuerpo Técnico de Psicólogos, en varias entrevistas clínicas, confección de test y finalmente en el interrogatorio de la Cámara Gessell. Agregó la Cámara que antes de la denuncia su madre consultó con el equipo técnico donde trabaja y al equipo de Víctimas de delitos donde la Lic. Mirta Yocco indicó haber derivado a la menor y su madre. Así entonces, resalta la a quo que existe una serie de interrogatorios a los que fue sometida la menor antes y después de la denuncia. De la Cámara Gessell, señala el voto que la niña en ningún momento fue espontánea en relación a los hechos, siempre lo fue a preguntas efectuadas y direccionadas, con frecuente insistencia, hasta obtener la respuesta de la menor.-
Esta forma de indagar pone en duda -a juicio de la sentenciante- la credibilidad de las respuestas dadas, siendo insuficiente el justificativo dado por la Lic. Moreno a su forma de interrogar -“que el Señor Fiscal quiere saber que paso, cuando, como, lugar, etc.”-. Esta expresión de la profesional se contrapone con los principios de su técnica, ya que en todos lo tratados de la materia, se enseña que la versión de los niños sobre abusos, debe ser espontánea, lo que en el caso que tratamos, no ocurrió.-
En cuanto al daño psíquico, que la Lic. Moreno pronosticó como grave y otra profesional como "extra grave", apuntó la sentenciante que ninguna de las profesionales que prestaron testimonios puede asegurar que el daño esté producido, pues de aparecer lo sería en la adolescencia o en la adultez al enfrentarse con las relaciones de pareja y puede o no presentarse de acuerdo al tratamiento que se le haga o de las defensas propias de la niña.-
A continuación, la Cámara confrontó la pericia Oficial con la producida por la Lic. Myriam Sauma, que actuó de control por la defensa, produciendo su informe en disidencia respecto a distintos puntos del dictamen. Discrepó con la Lic. Moreno en cuanto al punto b) (nivel de fantasía y tendencia a la mentira), resaltando que “hay momentos en que habla de besos y otros en que manifestó 'que no pasó nada, que no sabe nada'...”; además, el padre dice que la nena no ve televisión y la niña hizo claras referencias a “Piñón Fijo” y de propagandas y dibujos animados, de lo que deduce que efectivamente ha visto televisión. En cuanto a la tendencia a la sugestionabilidad, la perito de control indicó que el niño es de pensamiento mágico, ejemplificando que en el caso, la niña comentó ante la muerte de un caballito en el campo de sus abuelos, “que el caballito que murió se está convirtiendo en ángel”, clara alusión al pensamiento mágico propio de niños de esa edad. La especialista sostuvo que “la menor responde al requerimiento de los padres inducida por éstos" y respecto al punto h (las fobias mencionadas por la madre, tales como conductas evitativas y ansiedad, dificultad para jugar), son indicadores de perturbación psíquica, pero que puede tener varios orígenes tales como: la propia etapa evolutiva; la separación del jardín; la muerte del caballo y la pericia en sí. Sobre la extensión del daño, finalmente, afirmó que la perturbación restringe la capacidad intelectual afirmando en definitiva "que no se encuentran evidencias de alteración en la construcción del psiquismo, y es capaz de usar mecanismos de defensa”.-
Ante la contraposición de esta opinión con la de la Lic. Moreno, la a quo puntualizó que la segunda fundó sus conclusiones en las entrevistas clínicas y Cámara Gessell y que de esta última no se advierte un sinnúmero de expresiones de la niña, de contenido sexual, sino sólo una referencia que no se compadece con lo plasmado en el dictamen, lo que debe sumarse a la forma en que se obtiene la respuesta de la menor. La perito oficial dijo que la menor diferencia fantasía de realidad, pero en la propia Cámara Gessell ante la insistencia del interrogatorio, en dos oportunidades dijo “no estoy jugando de hablar”, "estamos contando en cuento?”, lo que refleja en ella no diferenciar la realidad de la fantasía. La expresión “la Sole es mala”, fue aportada a la menor por su propia madre y la repite constantemente en su relato.-
Se dijo que la menor ha dicho la verdad puesto que mantuvo su relato siempre, si hubiese mentido o si hubiese sido inducida para decir tal o cual cosa, no habría podido sostener la versión en el tiempo. Sin embargo, objeta el Vocal preopinante, "realmente por boca de ella, lo sostenido en el tiempo fue “me besó acá, acá, acá” haciendo el ruido de beso con su boca en cuanto al “chocho” y “el culito” solo una vez lo dijo y no lo repitió en la entrevista de Cámara Gessell". Por el contrario, estimó que el dictamen en disidencia de la Lic. Sauma, aparece en parte ajustado a lo que la niña manifiesta y asevera que la menor responde al requerimiento de los padres inducida por éstos, lo que lo conduce al estadio de la duda, sobre si estos hechos existieron.-
9) Aunque en relación al hecho tercero -que no es específico objeto del presente embate- por involucrar a otra víctima, M. F. B., la Cámara efectuó algunas consideraciones que resultan de interés para el caso sub examine.-
El testimonio de la madre de la menor, Marta Noemí Becerra, manifiesta haberse enterado por boca de los papás de G. P. que su hija había sido manoseada por la maestra de la Sala, según dichos de G., confirmados en Cámara Gessell, lo que no podía creer ya que tenia muy buen concepto de la maestra y se encontraba muy ligados a ella. Sin embargo, cuando le contaron lo de G. advirtió que eran los mismos síntomas de su hija. Puso de resalto en sus manifestaciones conocer los síntomas de niños abusados sexualmente, indicando haber advertido estos desde el mes de julio de dos mil dos, siendo los mismos: lloraba cuando la dejaban en la guardería, se volvió miedosa, hablaba de brujas y monstruos, temor a la oscuridad, dormían en la cama matrimonial porque podía venir la bruja y llevarla, hablaba en secreto para que las brujas no escucharan.-
No hay registro fílmico de M. F., por lo que todo lo que se conoce es por boca de su madre, a quien la niña le comentó que “salía [a jugar] si le daba un beso", pero como Becerra se lo dio en la mejilla, la niña le pidió “que la besara en la boca como lo hacía Soledad”. Luego le comentó “que la llevaba al baño y allí le tocaba el chochino (vagina) y después se olía las manos” y que la maestra le decía "que no le contara a mamá porque si no vendría la bruja y se la llevaría o la dejaría pelada”. Dijo que el día que se hizo pis y caca en la guardería fue porque “Soledad la había llevado al baño y la había tocado muy fuerte y le había hecho doler”.-
Refirió que Zuliani sí le comentó lo ocurrido con G.. Apuntó que frente a su sospecha llevó a su hija al Centro de Atención a la víctima con la Lic. Yocco, quien en su dictamen dijo que le fue imposible evaluar a la menor, primero por ser muy retraída e inhibida, poco colaboradora y mostrando un déficit intelectual, al graficar dibujos que correspondían a una edad cronológica de dos años y luego a tres años; luego no concurrió más a las entrevistas. En la pericia psicológica practicada por la Licenciada Moreno, se advierte que el desarrollo psico-madurativo intelectual se encuentra disminuido por su edad, es fronterizo tendiente a retraso mental leve, su productividad es pobre, con dificultades para responder, su atención es dispersa, su capacidad de concentración disminuida, con claros signos de inmadurez y dependencia afectiva atento su edad y al retraso mental leve. No observó tendencia a la mentira, sobre los hechos vividos respondió espontáneamente refiriendo lo que había vivido con la imputada de autos. Por los tests psicológicos, concluyó que la niña presentaba indicadores de haber estado probablemente expuesta o haber presenciado situaciones de índole sexual que derivan en un conocimiento temprano e inadecuado a la sexualidad; no observó en relación a los hechos tendencia a la sugestionabilidad o de receptividad de fabulación de adultos y sí curiosidades sexuales más allá de lo esperable por su edad, conjeturando que quizás presenció o vivió otras situaciones de índole sexual al parecer en el ámbito familiar. Advierte además indicadores de abuso con daño psíquico por lo que refiere haber vivido con la imputada.-
Otra vez, destaca la a quo la contraposición de este dictamen pericial con el de la perito de control Lic. Myriam Sauma, para la cual la niña no presenta indicadores de abuso sexual y atribuye la erotización que se observa a varias vertientes (situación de promiscuidad), angustia. Dictamina que hay daño psíquico agravado por el déficit intelectual que no tiene como causa un abuso sino los hechos a los que fue expuesta la menor durante la crianza.-
Al cotejar la pericia oficial con la de control, el sentenciante encuentra a este último más ajustado a lo que realmente vivió la menor y ello lo conduce a un estado de duda sobre la real existencia de los hechos denunciados.-
Le resulta "llamativo", además, la coincidencia de ambas madres -tanto Zuliani como Becerra- de llamar a la vagina “chocho” cuando en cada hogar, cada madre le enseña a sus hijos a llamarlo de diversas maneras, "resultando ésta circunstancia un indicador de semejanzas en la segunda denuncia con la primera y probado está que estuvieron en contacto y dialogando sobre el tema, coincidiendo no sólo en ese término sino en la terminología empleada en la denuncia al manifestar los síntomas del abuso sexual de infantes en forma clara y precisa".-
10) Sobre la pericia psicológica practicada en la persona de la imputada Risso Patrón, reseñó que dicho instrumento concluye que su estructura de personalidad se conforma alrededor de rasgos psicopáticos perversos cuyas características principales son la manipulación, la necesidad de control y dominio de la situación y personas, la escasa preocupación por los demás y un actuar impulsivo. La perito advierte, del material proyectivo administrado, la presencia de elementos disociativos latentes los cuales se harían presentes, muy probablemente, ante situaciones de tensión interna (tipo sexual) que pugna por descargarse y que ante la imposibilidad y/o dificultad de descarga podrían desorganizarse dando lugar a situaciones anómicas (falta de normas) y descontrol de la impulsividad, sin que medie un adecuado proceso de razonamiento resultando de ello actos inadecuados con cierta disminución de los frenos inhibitorios.-
Adita que conforman su sistema defensivo mecanismos de tipo psicopáticos-perversos (renegación, regresión, manipulación, etc.) apelando en menor medida a mecanismos fóbicos-persecutorios (evitación). A través del análisis del material proyectivo administrado y mas específicamente del Test de Rorschach, la pericia denota claros indicios de conflictos y/o perturbaciones a este nivel (por ejemplo en Lámina 2 y 6 se observan marcados y llamativos elementos de confabulación y respuestas de claro contenido sexual deteriorado). Explica la psicóloga que una característica común a todas las formas de perversión sexual es su naturaleza compulsiva, repetitiva y estereotipada. Ello representa la expresión de una incontrolable necesidad apremiante, que no admite dilación, aparentemente con el propósito de obtener alivio para una “tensión insoportable”. Hipotéticamente estima que el alivio de esa tensión es lo que muy probablemente la lleva a incurrir en hechos como los que se investigan en estos autos.-
En función de ello, la pericia concluye que la estructura de personalidad psicopática-perversa que presenta la imputada da marco y sostiene ésta psicosexualidad con las características antes mencionadas, tornándola pasible de incurrir en conductas y/o actitudes inadecuadas como las que se investigan en los presentes autos; por ello la considera potencialmente peligrosa para terceros, en especial niños, por su proclividad a reiterar dichos hechos.-
A continuación, el a quo confronta esta opinión de la perito oficial con el informe producido en disidencia por la Lic. Luisa Kowadlo (control por la defensa) y aprecia "marcadas diferencias". Señala ésta que en lo que respecta al nivel visomotriz, se observa un intento de ejercer el control y dominio sobre sí, agresividad inhibida por temor a desorganizarse, intento de control emocional, impulso controlado y la utilización de mecanismos de defensa, tales como negación, inversión de opuestos y pobreza defensiva. Sobre el análisis de contenido en la estructura de personalidad, detecta impulsividad infantil regresiva, debilidad yoica, inmadurez afectiva, síntoma de histeria; indicios de conflictos en el área de la sexualidad y concluye que “no surgen tendencias a realizar hechos de la naturaleza que se le imputan y que revistan carácter de peligrosidad". Diagnostica neurosis histérica clásica con síntomas conversivos y disociativos ratificados por parálisis faciales.-
Sobre la ponderación de ambos dictámenes, el sentenciante encuentra resultados "diametralmente opuestos" en cuanto a la estructura de la personalidad de la imputada. En la audiencia, agrega, compareció la Lic. Busamia manifestando los resultados de sus test y entrevistas clínicas realizadas con la imputada afirmando sus conclusiones. Al ser preguntada sobre el indicador de las láminas 2 y 6 del Test de Rorschach, dijo que responder -como lo hizo Risso Patrón- “en la Lámina 2, 'una tortuga adentro de otra tortuga'”, denota un contenido psico-sexual (el caparazón, los detalles oscuros, son indicadores de homosexualidad latente). Dirigiendo la mirada a la acusada en la Sala, dijo: “es homosexual”. Luego, al referirse a la Lámina 6, repitió el indicador: considerando que la respuesta "una mariposa que lleva una ameba" indica poderío, situación de inferioridad, habla de fuerza, respuestas de texturas, al final indica conductas inadecuadas, potencial peligrosidad para terceros. Explicó que tuvo cinco o seis entrevistas con la encartada y que no conoció a algún familiar. Agregó que en su tarea analiza -además de las láminas- la postura, el discurso, las contradicciones, la dinámica de la modalidad, todo en su conjunto habla de una persona. En su postura, la imputada se mostró desafectada, no pudo conectar la situación en que estaba con el resto de su vida, no mostró momentos de angustia y de preocupación. Estimó que sus relaciones familiares -con su esposo e hijos- era adecuada.-
11) A continuación, la sentencia resalta que se preguntó a la perito oficial sobre cuáles eran los criterios para diagnosticar una psicopatía perversa especialmente en niños (pedofilia) conforme lo indica el MSD IV (Manual de diagnóstico Estadístico de Enfermedades mentales) de la Clasificación Americana y Códigos F de la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo que no fue específicamente respondido, limitándose la Lic. Busamia a explicar rasgos de la personalidad psicopática perversa. Dijo que no notó una "ausencia genésica en el sentido moral en la imputada”.-
A renglón seguido, el Vocal que lideró la votación "sin tratar de inmiscuirse en la especialidad de las profesionales que han emitido sus dictámenes y de las afirmaciones formuladas en el curso del debate", vertió su "modesta opinión a los fines de una correcta valoración de dichas pruebas".-
Comenzó con "unas reflexiones tomadas del trabajo efectuado por la Dra. Viviana Sala, Psiquiatra, Medica Legista, Sanitarista Jefa de psicopatología en el Hospital de Ontología María Curie y del Dr. Gustavo Falcon, Medico Psiquiatra, Legista y Psiquiatra del Hospital Fernández", trabajo que obtuvo "vía internet en página Psquiatría.Com", bajo el título “Aportes de las Neurociencias y la Psicología experimental a las ciencias Forenses: Aspectos psiquiátrico-forenses de la entrevista en niños presuntamente abusados sexualmente: consecuencia de la inmadurez cognitiva, sugestionabilidad Etc.”. Explicó que en tal trabajo, los autores manifiestan: "En la última década se han hecho avances de magnitud considerable en el ámbito de las neurociencias y la Psicología experimental. Algunos de estos hallazgos confirman hipótesis que se habían construido sobre el conocimiento empírico de la apreciación clínica, mientras que otros las cuestionan radicalmente. Pero lo cierto es que, tanto en uno como en otro caso, estos adelantos además de tener influencia sobre el enfoque terapéutico, también lo tienen en el área de la psiquiatría y psicología forense. Debido a que cuando nacemos lo hacemos de forma inmadura y es la interacción del medio el que va a intervenir activamente sobre la plasticidad neuronal para conformar el cerebro que tendremos, base para el aparato psíquico que usaremos. La conformación de la memoria en un niño nos va a dar lugar a la llamada “amnesia infantil” producto de la ausencia de memoria episódica capaz de generar recuerdos. Esta circunstancia es la base para que sobre una mala entrevista en la cual por negligencia, impericia o imprudencia se utilicen determinados tipos de preguntas se pueden general falsos recuerdos o falsas memorias. En situaciones como el abuso sexual, esto implica una situación de victimización hacia el menor y aún cuando la situación se halla producido, la necesidad de probarla por parte de los profesionales puede llevar por este mecanismo a que se conoce como 'revictimización por parte del Estado' Al referirse a la llamada amnesia infantil, nos dicen: 'cuando se busca en la memoria tratando de encontrar recuerdos infantiles tempranos, nos damos cuenta que difícilmente se accede a algún recuerdo entre la edad de dos y tres años y son muy pocos los que se hallan antes de los cinco años. Al tratar los autores las consecuencias de la amnesia infantil y el testimonio de niños: nos dicen: 'en líneas generales se puede afirmar que los niños testifican casi siempre con precisión acerca de eventos cuando los recuerdan. El problema es que los eventos que recuerdan pueden no haberles sucedido a ellos. Muy raramente mienten sobre el abuso, pero son renuentes a relatar lo que les ha ocurrido, debiéndose estimular en su relato'. Cuando hay algo que parece que no quieren contar, si son interrogados en sucesivas ocasiones, se conoce la verdad de los hechos. Basada en estos preconceptos la entrevista involucrará a menudo un interrogatorio sugestivo, con incitación y manipulación por el terapeuta, el cual se basa en su experiencia pasada y en sus lecturas. Muchas veces sucede que durante las entrevistas se premia de alguna forma al niño cuando se estima que lo que dice es 'correcto' y se lo ridiculiza cuando se estima que no contesta según lo esperado o es 'incorrecto', estimándose que la implantación de recuerdos falsos es imposible o muy improbable, como asimismo no llevándose registro de audio y video de las entrevistas. El terapeuta o el investigador sólo apuntan al descubrimiento final de los hechos, no a la forma en como se llevó a cabo el proceso del interrogatorio; mientras más larga sea la investigación y más sugestivas y directas las técnicas que se usaron y más pequeño sea el niño, es más probable que describa eventos que nunca pasaron y que se implanten recuerdos falsos. Estos recuerdos aparecen lo suficientemente reales como para aceptarlos como recuerdos válidos de eventos reales de su pasado. Lo sugestivo de los procedimientos de la entrevista se ponen de manifiesto cuando las declaraciones de un hecho no se toman de manera espontánea y son el resultado de un trabajo de memoria prolongado del testigo. En un estudio realizado por Jane Rawls, psicóloga infantil de Nueva Zelanda, quien relata la experiencia con treinta niños de cinco años de edad cuyo objetivo era que describieran con precisión los eventos experimentados. En varias sesiones con niños separadamente, se jugó con distintos objetos y además se les contó un secreto inocente, el 23% de los niños al preguntársele contestó que se los había tocado debajo de la ropa, indicando algunos que se les había tocado sus genitales y otros que no hubo tocamientos mutuos debajo de la ropa. En general las preguntas que generaron más errores fueron preguntas tales como ¿hizo él que lo toques en el...?; ¿te tocó, donde, ahí..?, preguntas abiertas como ¿qué fue lo que pasó entonces? mostraron mayor exactitud. Arrojando un 32% de exactitud”".-
Continuó el Juzgador: "respecto al uso de muñecos sexuados con detalles anatómicos en las entrevistas de niños muy pequeños, dicen los autores en el libro 'Muñecas: procedimientos estructurales para guiar una entrevista´ (Bonn,1988, el autor Terr observa que el uso de muñecos sexuados estimula la fantasía sexual, incrementa la sugestibilidad y aumenta la posibilidad de obtener información falsa de abuso sexual. Un entrevistador que le dice a un niño que (el sospechoso) es un hombre malo que hace cosas malas 'es un ejemplo de inducción de estereotipos'".-
El sentenciante comparte tales apreciaciones y agregó que ellas indican la delicada tarea que tiene el especialista en su labor diaria y el rol del mismo al emitir sus conclusiones, desprovisto totalmente de la subjetividad que el caso puede producirle en su ánimo al optar por los indicadores adecuados, que en su especialidad son sólo eso y no una prueba concluyente.-
Tampoco conformó a la Cámara la pericia psicológica oficial de la imputada. Aquí, "a título de ilustración, y sin intentar avanzar en una especialidad", el sentenciante objetó que el diagnóstico propiciado no se ajusta a los criterios exigidos por dicha rama de la ciencia: "los criterios médicos del Manual de Diagnóstico estadístico “DMS IV” de la clasificación Americana y de Códigos F de la OMS (Organización Mundial de la Salud), específicamente sobre los rasgos de la personalidad del psicópata perverso, que están incluidos en el Libro “Psiquiatría Legal y Forense Vol.II, exige para determinar tal diagnóstico, que se deben cumplir los criterios siguientes: A) durante un período de por lo menos seis meses, intensas necesidades sexuales recurrentes y fantasías sexuales excitantes que implican actividad sexual con niños (generalmente de trece años o menos) B) la persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbada por ellas y C) la persona tiene por lo menos dieciséis años y es al menos cinco años mayor que el niño o los niños. La licenciada manifestó en la audiencia haber mantenido con la entrevistada cinco o seis entrevistas, no conocer sobre la vida matrimonial ni de sus hijos y que esa tarea es de la entrevistadora social. El requisito A) para su existencia exige conocer por lo menos seis meses antes la vida de la persona para determinar si es una pedofílica perversa, circunstancia obviada por la profesional, por ello mal puede arribar a tal diagnóstico".-
En otra consulta bibliográfica, apuntó que del libro “Psiquiatría Forense en el Derecho Penal”, de Vicente P. Cabello, se explica la psicopatía perversa manifestando: “las personalidades psicopáticas perversas tienen el privilegio de atraer la suma del interés criminológico, no sólo porque colecciona en su haber la delincuencia más grave y despiadada, sino porque su particular textura abre las puertas a la investigación neurobiológica destinada a fundar la teoría biologista de los trastornos del comportamiento ofreciendo al derecho penal una de las cuestiones más repulsivas.” Esta patología “se inaugura en la edad temprana de la vida y se proyecta al ambiente familiar, al escolar, laboral y social, adoptando una conducta particular. Son los niños difíciles de la edad escolar, destructores, agresivos, egoístas, mentirosos o simuladores, que gozan en martirizar animales que caen en sus manos. Sexualmente precoces, se deslizan fácilmente hacia los delitos del mismo orden. ..Son incendiarios, ladrones, se asocian en pareja o en bandos, donde no falta el elemento femenino cometiendo toda suerte de depredaciones ...la perversidad no se agota en un hecho aislado sino que se inscribe en una historia vital, el psicópata delinque con su personalidad, el psicótico con su enfermedad... el perverso no metaboliza los sentimientos éticos y por consiguiente la pena sería tan inútil como inapropiada”. Meritó que al preguntársele a la perito sobre si notó en la imputada una “ausencia genésica del sentido de la moral”, aquélla respondió que no. En otro tramo de la obra citada, recalcó que el tratadista mencionado indica: "llámeseles locos morales, degenerados con perversiones instintivas, desalmados de Schneider, todos son calificativos de un solo y primigenio trastorno psicológico: la ausencia agenésica del sentido moral”.-
Entiende entonces que de haber la perito oficial escudriñado en la vida de la peritada, "solamente con haber leído el informe de la Lic. Layús, podría haber advertido la inexistencia de antecedentes en la vida de la acusada, que hagan presumir que estamos frente a una psicópata perversa sexual; quizás su diagnostico no arrojaría el mismo resultado". Concluyó en consecuencia que "la personalidad de la imputada se ajusta más al diagnóstico producido por la perito de control Kowadlo".-
Por último, la Cámara efectuó consideraciones acerca del Test de Rorschach, que fuera defendido por la Lic. Busamia como uno de los métodos proyectivos más aceptados en el mundo. Aclarando que no intenta criticar el mismo, el a quo transcribió la opinión sobre el tema de Hans Jurgen Eysenck, del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, en su trabajo sobre “Teoría de la Personalidad y Test de Psicodiagnóstico” (1965), traducido por Elsa Weber y bajo la supervisión del Dr. Rubén Córsico: “el principal procedimiento usado por los sicólogos es generalmente alguno de los llamados 'métodos proyectivos' ya sea Rorschach, TAT, grafología, test de dibujos o cualquier otro test dentro de esta gigantesca y permanente acrecentada familia. Este hecho es curioso, en vista del enorme material de verificación que muestra, de manera categórica, que ninguno de estos test posee un grado de validez aceptable y que su confiabilidad es exigua... Crombach (1949) señala, en una crítica muy conocida y permanentemente citada, con respecto al test de Rorschach 'el test ha fracasado repetidas veces en la predicción de criterios prácticos... no existe ninguna base en la literatura que pudiera animar a confiar en las interpretaciones de Rorschach. Los errores son de tal magnitud y los métodos estadísticos tan mal elegidos, de modo que poco se puede confiar en inferencias obtenidas sobre la base de investigaciones estadísticas sobre el test de Rorschach. Algunas de las investigaciones más extensas y más frecuentemente citadas, están plagadas de errores. Aproximadamente el 90 % de las conclusiones finales publicadas como resultado de investigaciones estadísticas acerca de Rorschach, carecen de fundamento. Ellas no son necesariamente falsas pero se basan en un análisis carente de responsabilidad... Según nuestra opinión es necesario romper radicalmente con la tradición que ha dado origen a los métodos proyectivos y desarrollar una nueva estructura de test de personalidad que se relacionen mucho mas estrechamente con la psicología experimental, las teorías del aprendizaje y las teorías actuales sobre la conducta neurítica y psicótica... el estudio de la personalidad para tener validez, debe apoyarse en el análisis del comportamiento... Resumiendo, puede decirse que la conducta en la vida cotidiana puede entenderse mejor apelando a dos métodos; ya sea a través de la estimación realizada por otras personas, que conocen muy bien al sujeto, que están familiarizadas con su comportamiento y que también tienen motivos para ser veraces o de otro modo, a través del propio autoconocimiento del sujeto”.-
Encontró el sentenciante esta misma crítica pero ya en el año 1998, en el Libro “Trastornos de la personalidad mas allá del DSM IV”, de Theodore Millon: “las técnicas proyectivas, como los restantes procedimientos de medición, tienen ventajas e inconvenientes. Una ventaja es la integración: pretenden acceder a aspectos más inferenciales e inconscientes de la personalidad, entre los que se incluyen los ámbitos de las representaciones objetales, los mecanismos de defensa y la organización morfológica. Una desventaja es la precisión: en la medida en que la interpretación psicológica del material proyectivo esté influido por factores inconscientes del clínico, el resultado final puede ser tan proyectivo como el material interpretado”.-
A partir de toda esta consulta bibliográfica, el Vocal preopinante concluyó: "estas citas nos hablan que no es pacífico el uso de las técnicas proyectivas en el mundo y que su principal desventaja es la falta de precisión. Luego del análisis de los fundamentos de las pericias psicológicas, me sitúan en un estado de duda respecto a la existencia de los hechos que se atribuyen a Soledad Risso Patrón, que deberá jugar a su favor en los hechos nominados primero, y segundo como así también como fundamento de la duda en el hecho tercero, en perjuicio de M. F. B.. Corresponde por ello sea absuelta a tenor del dispositivo del art. 406 tercer párrafo del C.P.P.".-
VI. Estimo que la pretensión impugnativa debe acogerse, afirmación que paso a fundar en los párrafos que siguen.-
1. El standard de revisión de las sentencias absolutorias por aplicación del principio in dubio pro reo. La resolución en crisis absuelve por la duda a María Soledad Risso Patrón, quien fuera llevada a juicio por la supuesta comisión de un abusos sexuales agravados en perjuicio de las menores G. P. y M. F. B.. Tal solución fue impugnada sólo por los querellantes particulares, padres de la niña nombrada en primer término (primer y segundo hechos).-
Atento a ello, y en el marco de un recurso deducido por el acusador cabe recordar cuál es el límite que la solución en virtud del in dubio pro reo impone a la revisión casatoria, conforme se ha establecido en reiterados precedentes (T.S.J., Sala Penal, "Angeloz", S. n°. 148, 29/12/99; "Bona", S. n° 109, 11/12/00; "Franget", A. nº 298, 11/9/2003; "Ahumada", S. 6, 17/02/2005, entre muchos otros).-
En ellos, rescatando antigua y respetada jurisprudencia de la Sala, respaldada por autorizada doctrina, se concluyó que la absolución por duda puede ser cuestionada sólo por falta de fundamentación, por fundamentación ilegal o bien por fundamentación omisiva o ilógica, manteniéndose ajenos a esta vía los enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas (T.S.J., Sala Penal, A. n° 114, 1/7/97, "Nieva"; S. n° 148, 29/12/99, "Angeloz"; cfr., NÚÑEZ, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, N° 40, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 31; DE LA RÚA, Fernando, "La casación penal", Ed. Depalma, p. 152 y 153; BACIGALUPO, Enrique, "La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios", Ed. Ad-Hoc, Presunción de inocencia, in dubio pro reo y recurso de casación, p. 26 a 34, 44 y 45).-
Bajo tales parámetros de impugnabilidad, adelanto que encuentro razón en la crítica traída por los querellantes particulares, por los motivos que paso a exponer:
2. La prueba indiciaria y su ineludible valoración integrada: como es frecuente en este tipo de delitos, los elementos de juicio que corroboran el relato de la víctima -que para más, es una niña de muy corta edad- constituyen, en su mayoría, prueba indirecta.-
Empero, en numerosos precedentes se ha advertido que ello no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos (T.S.J., Sala Penal, S. n° 41, 27/12/84, “Ramírez”) y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria (T.S.J., S. n° 45, 29/7/98, “Simoncelli”; "Bona", cit.; A. n° 1, 2/2/04, "Torres", entre muchos otros).-
En similar sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual “cuando se trata de una prueba de presunciones... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes” (“Martínez, Saturnino”; 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, S. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”); "la confrontación crítica de todos los indicios resulta inexcusable para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio" (C.S.J.N., "Fiscal c/ Huerta Araya", 12/6/90, citado por Caubet, Amanda y Fernández Madrid, Javier, "La Constitución, su jurisprudencia y los tratados concordados", Errepar, 1995, n° 4840). Así fue que tal tesitura llevó al Alto Tribunal a dejar sin efecto "la sentencia que absolvió al procesado desconociendo un cuerpo de pruebas e indicios precisos y concordantes que no permitían dudar sobre la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad del autor del delito" ("Lavia", 12/5/92, citado por Caubet y otro, ob.cit., n° 4390; T.S.J., Sala Penal, "Bona", cit.).-
Así entonces, en la medida en que resulta inherente a la esencia de la prueba indiciaria la consideración conjunta de las distintas premisas que la integran (T.S.J., Sala Penal, S. n° 112, 13/10/05, "Brizuela", entre otros), la fundamentación que prescinde de tal lectura integrada -que, insisto, es la única que confiere sentido convictivo a los indicios- configura una motivación omisiva que nulifica la decisión en ella sustentada.-
2.a) Estimo que en el sub examine, la Cámara ha efectuado un análisis fragmentado de los elementos de juicio que conformaban el cuadro probatorio.-
En primer lugar, realiza una lectura harto desmembrada del relato de la niña. Examina los dichos de G. P., insisto de tan sólo cuatro años de edad, exigiendo precisiones y espontaneidad que no parecen compatibles con su propia aclaración acerca de las "limitaciones" que tales menores encuentran a la hora de "oralizar o graficar lo que les ocurrió, atento su desarrollo intelectual" (fs. 841 vta.). Así, v.gr., coteja que en Cámara Gessell, "respecto del lugar donde se produjeron los tocamientos, nada dice del hecho supuestamente acaecido en el domicilio de la imputada (segundo hecho)... en lo atinente al hecho del jardín, primero dice en el baño y luego en la sala viendo una película..." (fs. 843 vta.).-
Al mismo tiempo, insiste en sugerir la posibilidad de inducción de la niña a semejante narración, primero por parte de su madre Andrea Zuliani, luego por la Lic. Moreno, perito psicóloga que entrevistó a G. en Cámara Gessell. En tal reparo, empero, prescinde de atender que -precisamente- la reticencia originaria de la niña en comentar lo ocurrido, es compatible con la intimidación con la que la imputada habría asegurado su accionar. No es un dato menor, en este cuadro, que Zuliani no sometió porque sí a su hija a un interrogatorio azaroso: lo hizo ante la aparición de ciertos signos que recién pudo identificar cuando su compañera Gallerano le informó del hecho anterior que se atribuyó a Risso Patrón. Es más, ante la negativa inicial de la niña, interrumpió la conversación que continuó más tarde, oportunidad ésta en la que G. accedió a contar lo sucedido, no sin previamente cerrar las ventanas de la casa, para evitar que "vinieran las brujas y se la llevaran".-
Del mismo modo, de la desgrabación de la intervención de la perito Graciela Moreno en Cámara Gessell, tampoco surge que ésta haya interrogado direccionando las respuestas, sino -por el contrario- simplemente procurando profundizar ante información que la misma niña iba proveyendo. V.gr., al preguntársele a qué jardín de infantes concurría en la actualidad y si antes iba a otro, la propia menor respondió "Sí, que la Seño Sole me hizo mal"; al requerírsele "qué le hizo", precisó "me da besos por el chocho y por acá" (señalando distintas partes del cuerpo y el interior de su boca; fs. 833), etcétera. Tal forma de avanzar en el interrogatorio, obviamente, procura obtener respuestas del niño, pero en modo alguno puede tenerse como inductora de respuestas en determinado sentido. Lo contrario importaría suponer que la perito deba sentarse, en silencio, a aguardar que el niño por sí solo se decida a abordar una exposición y a contentarse con la forma en que aquél agote su narración, sin posibilidad de derivar ésta hacia los concretos aspectos que sirven de interés a la imputación penal que se investiga.-
Se advierte de este modo que el Tribunal ha centrado su atención en puntualizar defectos y no en aprehender el sentido unívoco que surge de la meritación de los dichos de G. en Cámara Gessell, coincidentes con los aportados por sus padres Andrea Zuliani y Diego Puerta y por la Lic. Pomes, psicóloga tratante de G., quien también recibió un discurso sostenido de ésta acerca de lo ocurrido.-
A esta solidez de la narración de la niña, se agrega la ausencia de signos de inducción o de tendencia a la fabulación, convergentemente señalada tanto por la pericia psicológica oficial que dictamina que la menor no presenta "tendencia a la mentira", ni "sugestionabilidad, receptibilidad de fabulaciones de adultos", y sí el cuadro psicológico compatible con los hechos que la propia menor narra. En igual sentido coincidieron diversas profesionales que tomaron contacto con ella desde distintas vías: la Lic. María Teresa Pomes, terapeuta de Guadalupe, descartó totalmente la inducción y resaltó lo "sostenido" del discurso (fs. 828 y vta.); la Lic. Mabel Yavarone, psicóloga de la División Protección de las Personas de la Policía de la Provincia, indicó que Guadalupe "piensa en concreto, no fabula ni ha sido inducida" (fs. 819 vta.); la Lic. Julia Cibele de Salgado, perito de control por los querellantes particulares, negó la posibilidad de que la niña mintiera o fuera inducida destacando que su relato mostró coherencia interna (fs. 827 y vta.).-
En lugar de apreciar esta congruencia, el sentenciante toma razón del énfasis que la perito de control por la defensa -Lic. Myriam Sauma- pone en el nivel de fantasía que se detecta en G.. Ahora bien; tal consideración debió ser acompañada, además, de la explicación que las profesionales arriba mencionadas dieron acerca de dicho extremo. Coincidieron aquéllas en señalar que tal característica es propia de la edad que atraviesa la víctima y que por ello es un elemento que se tiene en cuenta en la tarea diagnóstica. Aclararon, además, que "la niña no puede hablar de estos hechos si no los ha vivido... [cuando se trata de] víctimas más pequeñitas, cuando hay una situación que no resulta clara, el relato del niño es sumamente simple, dicen una pequeña oración y de allí no pueden salir ni dar otro tipo de precisiones. Cuando es inducido eso no se sostiene, se contradice..." (Moreno, fs. 825 y vta.; cfr., Cibele de Salgado, fs. 827 y vta.).-
Debieron agregarse a esta valoración integrada, en este punto, los dichos de M. F. B.. Cierto es que el examen pericial de esta niña no arrojó resultados afirmativos como los obtenidos respecto de G. P.. Sin embargo, es un elemento de juicio más la sugerente coincidencia del relato de esta niña, también en su muy corta edad, en detalles concretos: el temor "que los monstruos la iban a sacar por la ventana” (recuérdese a G. cerrando ventanas por miedo a que se la llevaran las brujas y los lobos), la ubicación de los hechos en el baño de la institución y lo harto preciso de la alusión a que luego de tocarles los genitales, la imputada se olía las manos. A la vez, resulta igualmente congruente la versión de G. con lo aportado por Mara Saúl, madre de una ex-alumna de la imputada, quien también vivenció hechos similares en su hija (papel higiénico en la bombacha, miedo a las brujas, encuentro en el baño, etc.; fs. 831 vta.).-
Y puntualmente, en cuanto al hecho precedente al que refirió inicialmente la Directora González, debió asimismo repararse en que conforme lo indicó Norma Gladis Colazo, madre de la menor Ornella Pavani, fue por su decisión, tomada “en base a consejos de profesionales médicos, psicólogos y abogados para no involucrar a su hija en un proceso penal para evitar secuelas”, que no efectuó denuncia penal (fs. 831 vta.).-
También se presenta como una meritación aislada del contexto, la objeción basada en que la totalidad de las docentes del Jardín fueron convergentes en señalar que la imputada no llevaba niños al baño y que además la Sala de cuatro años era un "lugar de paso" dentro de la estructura edilicia de la institución. Es que otra vez aquí, la Cámara se vuelve contra sus propias afirmaciones iniciales, en las que había anticipado que "la experiencia nos indica un actuar en la clandestinidad o por lo menos en lugares de nula o escasa presencia de testigos, lo que imposibilita al juzgador contar con elementos directos de prueba". Es claro entonces que la falta de testigos presenciales de hechos de esta índole no puede erigirse en desmedro del valor convictivo del testimonio. Es más, de las mismas declaraciones surge el antecedente de un hecho similar, también en el baño del lugar, a raíz del cual primero se apartó a Risso Patrón de las tareas áulicas y luego dejó de llevar niños al baño (González, fs. 820/822; Gsponer, fs. 822/832 vta., Foglia, fs. 823 vta.; Ferreyra Dillon, fs. 831, Suárez, fs. 831 vta.).-
2.b) Un capítulo aparte amerita la valoración que el Sr. Vocal preopinante efectúa en torno a las pericias psicológicas practicadas tanto en G. P. como en la encartada Risso Patrón.-
Es que al abordar semejante tarea, el a quo efectúa una serie de apreciaciones que traslucen opiniones meramente personales en aspectos eminentemente técnicos que, como tales, se vuelven incontrolables para las partes.-
En efecto, critica el modo de interrogar de la perito Graciela Moreno durante la entrevista en Cámara Gessell, por entenderlo opuesto a "los principios de su técnica" según "todos lo tratados de la materia". En otro tramo, aunque anticipando que no es su voluntad expedirse sobre cuestiones técnicas, adhirió a los conceptos de una publicación obtenida de un sitio web (Psiquiatría.com) sobre la amnesia infantil y sus consecuencias en el testimonio brindado por el niño en el ámbito forense, como así también sobre el uso de muñecos sexuados en las entrevistas que se les formulan.-
De la misma manera, al abordar la contraposición entre los dictámenes oficial y de control de la pericia psicológica practicada en la imputada María Soledad Risso Patrón, el sentenciante continuó con consultas bibliográficas de propia mano. Objetó el diagnóstico de la perito oficial por entender que el mismo no se ajustaba a los criterios del Manual de Diagnóstico estadístico “DMS IV” de la clasificación Americana y de Códigos F de la OMS (Organización Mundial de la Salud); luego efectuó diversas consideraciones acerca de la psicopatía perversa con base en la obra de Vicente Cabello. También se mostró contrario a la implementación del Test de Rorschach y otros métodos proyectivos -sin advertir, de otro costado, que la propia perito explicó que tales no eran los únicos instrumentos empleados para el diagnóstico- reproduciendo la opinión de dos autores (Eysenck, 1965; Millon, 1998). Finalmente, con base en tales lecturas sobre bibliografía en la materia, desmereció los resultados de la pericia oficial y concluyó en la duda acerca de la existencia de los hechos denunciados.-
De la reseña que antecede surge con claridad que en lugar de restringirse a meritar la labor pericial, la a quo la ha sustituido, involucrándose en opiniones y consideraciones que exceden la experiencia común y el conocimiento del hombre profano.-
En este sentido, cabe recordar que la pericia es aquel medio de prueba en virtud del cual, "personas ajenas a las partes y a los restantes sujetos del proceso, a raíz de un específico encargo judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o técnicos que poseen, comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su dictamen" (PALACIO, Lino Enrique, La prueba en el proceso penal, Abeledo-Perrot, Bs.As., 2000). Está destinada a "establecer o garantizar la existencia o el valor de una prueba que no se puede advertir o apreciar con seguridad mediante la observación y conocimientos comunes" (NÚÑEZ, Ricardo C., Código Procesal Penal, Lerner, Córdoba, 1986, 2° ed. actualizada, p. 230, nota 3 al artículo 255).-
Es claro que el dictamen pericial no obliga al juez (T.S.J., Sala Penal, S. n° 8, 1/07/58, "Cortés"; NÚÑEZ, ob. y lug. cit.; PALACIO, ob.cit., p. 151), quien debe someter dicho elemento de juicio a su consideración, a la luz de las reglas de la sana crítica racional. Es así que, en la medida en que funde debidamente los motivos por los que disiente con el perito, el Tribunal se encuentra facultado a decidir en sentido diverso, v.gr., si el dictamen aparece infundado o vacío de contenido, contradictorio con el resto de las pruebas, inverosímil, viciado de defectos formales o irregularidades que lo nulifiquen, o si el perito carece de la calidad de experto, etc. (JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de la prueba en materia penal, Rubinzal-Culzoni, Bs.As., 2002, pp. 415/416).-
La jurisprudencia, por su parte, ha puesto especial énfasis en requerir suma cautela -so pena de arbitrariedad- al magistrado que pretende apartarse de dicho dictamen. En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que "la circunstancia de que sus conclusiones no sean vinculantes no significa que los magistrados puedan apartarse arbitrariamente de las mismas, concluyendo de propia autoría y conocimiento conceptos o evaluaciones médicas que el dictamen médico no contiene, porque la desestimación de sus conclusiones debe ser razonable y científicamente fundada" (7/12/04, "González, Eduardo A. c. Trenes de Buenos Aires S.A."; cfr., 5/12/78, "Medina, Benito c. Siam Di Tella, S. A."; C.N.C.P., Sala III, 23/2/99, "Cabral"; S.C.Bs.As., 3/5/94, "Torranza, Omar A. c. Establecimiento Frigorífico Azul S. A."; 3/7/90, "Lemos, Edmundo R. c. Aceros Potrone"; T.S.J., Sala Penal, S. n° 12, 10/5/85, "González"; S. n° 65, 25/12/96, "Marchetto").-
.Ocurre, en verdad, que el juez acude al perito para proveer a determinada constatación fáctica de una base científica, técnica o artística que ante las partes se presente objetiva y controlable, de modo tal de permitir a éstas ejercer el contradictorio impuesto por la garantía de la defensa en juicio.-
Obedece a este aseguramiento de la defensa en juicio, la consensuada advertencia relativa a que "aún cuando el juez posea para el caso particular conocimientos especiales sobre la cuestión que se presenta, no le está permitido prescindir del auxilio del perito" (JAUCHEN, ob.cit., p. 375; PALACIO, ob.cit., p.130). Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dejar sin efecto, "por no ser derivación razonada del derecho vigente, la sentencia que tiene un fundamento sólo aparente pues niega eficacia probatoria a la pericia médica producida y no observada por las partes, sustituyendo el criterio del perito por la experiencia que manifiestan los miembros del tribunal haber adquirido en casos análogos" (C.S.J.N., 5/12/78, "Medina c. Siam Di Tella, S.A.").-
Es que así como carece de todo sentido convocar al experto para que emita su parecer técnico y luego prescindir de éste sin exponer las razones de tal solución, tampoco es aceptable -en tanto no sea un ámbito alcanzado por la experiencia común- contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del magistrado en un área ajena a su incumbencia específica. En esta última alternativa se interrumpe la posibilidad de contralor externo de la decisión, en tanto las partes no pueden verificar la procedencia, adecuación y objetividad del conocimiento invocado por el juez y en consecuencia, tampoco pueden objetarlo desde la esfera técnica que es propia a dicha materia.-
Desde ya que tampoco suple tal déficit el consignar apoyo bibliográfico en el área de que se trate, en tanto aún así para el profano se mantiene la imposibilidad de controlar la pertinencia, adecuación técnica y nivel científico del material que se arrima.-
No es un dato menor, en este punto, que ni siquiera la perito de control por la defensa planteó las objeciones técnicas que opuso el a quo a la implementación del Test de Rorschach y demás métodos proyectivos, ni al uso de muñecos sexuados en Cámara Gessell.-
De similar manera, presupone tal formación técnica la ponderación de la dirimencia del yerro de la perito en la interpretación de una de las láminas del Test de Rorschach, en cuanto a las dimensiones de una ameba y la posibilidad de que sea llevada por una mariposa en vuelo. Como se acotó supra, dicho método no es el único que funda la conclusión pericial y además, una vez advertida en el debate sobre su error, la perito igualmente mantuvo su opinión.-
2.c) Igualmente viciado se encuentra el razonamiento relativo a la existencia de un daño psíquico en G. P., a raíz de lo vivido.-
Al abordar el punto, el sentenciante conjeturó que “obviamente si hubiese existido una penetración el daño sería irreparable, y muy grave, pero estamos frente a un supuesto tocamiento impúdico de haber existido y no de una violación. Que si bien tienen proyección de daño psíquico la intensidad es diferente. Ninguna de las profesionales que prestaron testimonios puede asegurar que el daño este producido, pues de aparecer lo sería en la adolescencia o en la adultez al enfrentarse con las relaciones de pareja, puede o no presentarse de acuerdo al tratamiento que se le haga o de las defensas propias de la niña” (fs. 847 y vta.).-
Tales consideraciones hacen foco en las secuelas de los hechos abusivos en la edad adulta, pero olvidan atender a las que ya se hacen presentes en forma concomitante e inmediatamente posterior a ellos, ya en la corta edad de la niña, de las que se hacen eco las pericias realizadas: “actualmente, su productividad se observa disminuida por interferencia de sintomatología depresivo–angustiosa y fóbico–persecutoria... cierta restricción en los vínculos interpersonales, en especial con adultos, como consecuencia de los marcados temores fóbico–persecutorios... muestras de vergüenza, pudor y sentimientos culpógenos...” (fs. 202 vta./204 vta.). Ilustrando, la psicóloga Moreno recordó lo advertido por los padres: “no quería salir a jugar ni ir a la plaza sola, no quería ir al baño sola y tampoco quedar sola, se despertaba por la noche gritando y cerraba puertas y ventanas de toda la casa por temor a ‘las brujas’...” (fs. 204 vta.).-
Todo ello lleva a la perito a concluir que G. exhibe “indicadores de daño psíquico”: temor a quedar sola, desprotegida, a ser atacada, agredida y expuesta a situaciones de peligro provenientes del medio externo. Se vivencia vulnerable, temiendo la repetición de situaciones de agresión...”. Y es sobre esta base actual, presente, que la profesional efectúa una proyección en el tiempo en la que advierte que este daño se consolidará “como una huella mnémica imborrable y significativa que habrá de afectar la vida futura de esta menor, en especial en sus relaciones afectivas y de pareja...” (fs. 205 vta.). De consiguiente, sostener que sólo en esta prognosis se pone en evidencia un daño que en todo caso será futuro, evidencia una lectura parcializada de la pericia en cuestión, que suma un nuevo vicio al razonamiento refutado por el impugnante.-
2.d) Pues bien; en función de lo hasta aquí expuesto, recomponiendo la prueba fragmentada, aunando la del apartado 2.a con la fundamentación provista en torno a la tarea pericial (2.b y 2.c), queda de manifiesto que la duda arribada por el Tribunal se ha asentado en una valoración arbitraria del cuadro convictivo reunido, que por ello debe ser objeto de un nuevo examen, con arreglo a derecho.-
Voto, pues, afirmativamente a esta cuestión.-
.La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli. dijo:
La señora Vocal Dra. Aída Tarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.-
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.-
A LA SEGUNDA CUESTION:
La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:
I. Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde hacer lugar a la impugnación deducida, y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida –y el debate que la precedió– en cuanto absolvió a la imputada, sin costas, por los hechos nominados primero y segundo, y asimismo en razón de ello, rechazó la acción civil resarcitoria incoada por Zuliani y Puerta en contra de aquélla y del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba como tercero civilmente responsable. Con motivo de la nulidad, deben reenviarse los presentes al Tribunal que por sorteo corresponda para su nuevo juzgamiento.-
II. Sin costas, atento al éxito obtenido en esta Sede (arts. 550 y 551, C.P.P.).-
Así voto.-
.La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli. dijo:
La señora Vocal Dra. Aída Tarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.-
La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. dijo:
Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.-
En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal;
RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Sebastián López Peña, en su carácter de apoderado de los querellantes particulares Andrea B. Zuliani y Diego E. Puerta, con el patrocinio del Dr. Darío Vezzaro y en consecuencia:
1) Anular parcialmente la sentencia número 45, de fecha 2 de Diciembre de 2004, dictada por la Cámara del Crimen de Primera Nominación de esta Ciudad, y el debate que la precedió, en cuanto dispuso: a) Absolver a María Soledad Risso Patrón, sin costas, de los delitos calificados como abuso sexual agravado continuado, dos hechos (primero y segundo), en concurso real (arts. 119, primer y último párrafo en función del inc. b y 55 del C.P.), que le atribuía la requisitoria fiscal de fs. 540/563;; b) Rechazar la acción civil resarcitoria incoada por Andrea B. Zuliani y Diego E. Puerta en contra de María Soledad Risso patrón y del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba en calidad de tercero civilmente responsable, con costas.-
2) En su lugar, corresponde reenviar los presentes al Tribunal de Juicio que por sorteo corresponda, para su nuevo juzgamiento conforme a derecho.-
3) Sin costas.-
Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación se dio por la señora Presidente en la Sala de audiencias, firman ésta y las señoras vocales, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.//-
FDO.: Dres. Cafure de Battistelli, Tarditti, y Blanc de Arabel 

CORRALITO FINANCIERO. Emergencia económica. Depósitos a plazo fijo constituidos en moneda extranjera (dólares). Sumas que alcanzan el total de U$S 1.334.110,00. Pesificación. Inaplicabilidad del Caso "Bustos". Entrega inmediata del importe necesario para adquirir los dólares estadounidenses originariamente depositados en el mercado libre de cambios a la fecha del efectivo pago, como valor final y total  
 "Reali Alejandro Juan Ruben c/PEN DTO. 1570/01 y otro s/ amparo Ley 16986" - CNACAF - 11/07/2006 
 "En la causa los actores plantearon la posibilidad de disponer inmediatamente de sus depósitos a plazo fijo y en cuentas a la vista, por un importe total de U$S 1.334.110,00; habiendo ordenado el tribunal a quo que la entidad financiera interviniente devolviera los depósitos en el signo monetario efectuado, en el plazo de diez días."

"La doctrina que emerge del precedente "Bustos" no es aplicable sin más a la situación ventilada en estos autos. En efecto, del voto del Sr. Juez Zaffaroni -quien integró la mayoría de la Corte Suprema que sentó el criterio expuesto- se desprende que el control judicial de constitucionalidad, en el Estado moderno, debe enfrentar una legislación que cada vez con mayor frecuencia se ocupa de medidas concretas, para zanjar conflictos entre grupos y con soluciones a las que no puede ser ajeno el valor justicia (cons. 6°)." (Del voto del Dr. Uslenghi)

"En el voto del Dr. Zaffaroni se estima razonable que para los titulares de Depósitos o Certificados que en cada acción reclamen hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL de valor nominal original, las entidades bancarias hagan entrega inmediata a sus titulares del importe necesario para adquirir los dólares estadounidenses en el mercado libre de cambios a la fecha de esa sentencia, como valor final y total. Por razones de equidad, admite como límite el doble del señalado y, por ende, para las acciones por Depósitos o Certificados mayores a ese importe y hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA MIL, de valor nominal original, a efectos de su cancelación, se utilizará el referido procedimiento hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL, mientras que el saldo será reintegrado a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS por cada dólar estadounidense originalmente depositado, con la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), hasta el momento del efectivo pago. En los supuestos de acciones por depósitos que excedan el límite señalado, corresponde que el importe sea reintegrado, a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS por cada dólar estadounidense originalmente depositado, con más el CER, hasta el momento del efectivo pago." (Del voto del Dr. Uslenghi)

"Si bien mi opinión personal -sostenida en numerosos precedentes de esta Sala- es contraria a la doctrina del caso "Bustos" en cuanto a la constitucionalidad de las medidas restrictivas que pesan sobre los depósitos bancarios; lo cierto es que la Corte Suprema se ha inclinado por la tesis contraria. Sin embargo, no adecuándose dicho precedente exactamente a los presupuestos examinados en estos autos, considero que el leal acatamiento a la doctrina del Alto Tribunal me permite seguir las distinciones formuladas por el voto del Sr. Juez Zaffaroni que dan pie a los resultados más equitativos." (Del voto del Dr. Uslenghi)

"Por ello voto por que se ordene a la entidad financiera depositaria la entrega inmediata a la parte actora del importe necesario para adquirir los dólares estadounidenses originariamente depositados en el mercado libre de cambios a la fecha del efectivo pago, como valor final y total, debiendo imputarse como pago a cuenta la suma que hubiese sido percibida en virtud de la medida cautelar que hubiese sido otorgada. En cuanto a las costas, propicio que sean soportadas por su orden en atención a las diferencias interpretativas a que este tipo de proceso ha dado lugar (art. 68, segunda parte, C.P.C.C.N.)." (Del voto del Dr. Uslenghi)

"Si bien la afectación de un derecho constitucional puede admitir ciertos grados que obliguen a soportar a quien la sufre cuando existen razones valederas para así exigirla, cuando esa afectación supera los niveles razonables la mayor o menor expresión económica del derecho lesionado no puede justificar una solución diferenciada en relación con su ilegitimidad." (Del voto del Dr. Galli)

"Por ello, y por las consideraciones vertidas en la citada causa "Joakin", voto por ordenar a la entidad financiera la entrega inmediata a la parte actora de los importes necesarios para adquirir los dólares estadounidenses originariamente depositados en el mercado libre de cambios a la fecha del efectivo pago, como valor final y total. En su caso, debe imputarse como pago a cuenta la suma que hubiese sido percibida en virtud de la medida cautelar que hubiese sido otorgada, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado." (Del voto del Dr. Galli)

"La doctrina del pronunciamiento del Alto Tribunal, dictado en la causa B 139 XXXIX "Bustos Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ amparo" del 26 de octubre de 2004, no es aplicable al presente caso -que se encuentra tipificado en los parámetros objetivos explicitados en el voto del Dr. Zaffaroni (considerando 10)- por no haberse conformado la mayoría absoluta necesaria que concuerde en una solución que pueda alcanzar a causas donde se demanda la devolución de depósitos de una cuantía inferior a U$S 140.000 (ciento cuarenta mil dólares estadounidenses)." (Del voto del Dr. Otero) 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SOCIOS Y/O ADMINISTRADORES. Pagos en negro. Fundación. Pretensión de responsabilizar solidariamente al presidente de la fundación en los términos del art. 54 de la Ley 19550. Improcedencia. Aplicación de la Ley 19836. Inexistencia de remisión a la Ley de Sociedades 19550  
 S. 87849 CAUSA 17566/2004 - "Corrado Marta Susana c/ Fundación Medicina Comunitaria y otro s/ despido" - CNTRAB - SALA III - 16/06/2006 
 "La ley 19836, la cual diseña el régimen legal de las fundaciones no dispone ninguna remisión a la ley 19.550, que a su vez regula las sociedades comerciales, pues es criterio de este Tribunal que así sea, toda vez que las primeras se caracterizan por ser personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro (conf. arts. 33 del Código Civil y 1 ley 19836), mientras que las sociedades -aún en el marco del derecho civil- tienen por objeto obtener alguna utilidad apreciable en dinero (conf. art. 1648 del Código Civil), con más razón ello es así en el caso de las sociedades mercantiles dado que los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos y el principal fin de una sociedad comercial es el lucro (art. 218 inc. 5º del Código de Comercio, conf. SD N° 73.685 del 11.4.97, en autos "Delgadillo Linares, Adela c/ Shatell S.A. y otros", del registro de esta Sala)."

"Tampoco puede soslayarse que el presidente de la fundaciones y/o los miembros del consejo de administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos (art. 20 de la ley 19.836), que la entidad debe destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines y la acumulación de fondos únicamente es admisible cuando tenga por objeto preciso formar un capital suficiente, o el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, con información a la autoridad de control y aun en caso de disolución, el remanente de los bienes deberá destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado de bien común, sin fines de lucro y domiciliada en la República (arts. 19, 22,30 ley 19.836). Han de destacarse estos aspectos pues, pese a que en autos se ha demostrado que la fundación demandada mantuvo parte del vínculo con la actora en la clandestinidad, de ello no resulta un enriquecimiento ilícito por parte del presidente de la entidad, por lo cual no se configura uno de los presupuestos que habilita la responsabilidad personal de éste, ya que en el caso de falta de registro del vínculo laboral o de pagos salariales "en negro", el socio de una sociedad mercantil debe responder en forma solidaria y personal, pues de lo contrario se convalidaría un enriquecimiento ilícito, ya que a consecuencia de la falta de registro del vínculo y del pago, o parte de ellos, realizado al margen de las constancias documentales, se acrecentaron las ganancias de la sociedad y ello derivó en un mayor reparto de utilidades para los socios. La responsabilidad solidaria del socio resulta de la ganancia que obtuvo en forma indebida ( SD Nro. 82.960 del 20.11.01, en autos "Frankenbenger, Roberto Walter c/ Del Sol Construcciones S.R.L. y otros", del registro de esta Sala)."

"Asimismo merece recordarse que los derechos y obligaciones de los miembros del consejo de administración (y/o presidente) están regidos por las reglas del mandato en todo lo que no esté previsto en la ley 19.836, en el estatuto de la fundación o en las reglamentaciones. En caso de violación de las normas legales o estatutarias los miembros del consejo de administración se harán pasibles de la acción por responsabilidad que podrá promover la fundación o la autoridad administrativa de control, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y medidas que esta última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes de dicho consejo (art.20 de la ley citada)."

"De lo expuesto, resulta que las normas invocadas por la reclamante para solicitar la condena solidaria de la persona física demandada no son aplicables al caso, por lo que corresponde confirmar el fallo de grado sobre el particular y, en consecuencia, liberar de responsabilidad al codemandado Jorge B. Montemurro (en igual sentido, S.D. Nro. 86638 del 27/04/2005, "Rodríguez Elsa Edith c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación médica y otros s/ Despido, del registro de esta Sala)." 

JUICIO EJECUTIVO. TERCERIA DE DOMINIO. Adquirente por boleto de compraventa no inscripto. Oponibilidad al acreedor embargante. Requisitos de procedencia de la tercería  
 S.I. 8774 EXPTE. 4537/06 - "Yuguero Velazquez Nestor c/Medina Marcelo Javier y otro s/despido"-terceria-." - CNTRAB - SALA IX - 05/06/2006 
 "Resulta procedente la tercería intentada sobre la base de un boleto de compra y venta, porque el amparo que confiere el art. 1.185 bis del Código civil resulta oponible al acreedor embargante en un proceso ejecutivo, en tanto queden acreditados los extremos de esta norma y el crédito del comprador, sea anterior al del embargante."

"El conflicto suscitado entre un comprador con boleto no inscripto y un embargo trabado con posterioridad a dicho boleto, debe resolverse en favor del adquirente, quien dispone de una acción de oponibilidad a su derecho, o si se quiere de inoponibilidad del embargo conforme la letra y espíritu del art. 1185 bis del C.C.."

"En cuanto a los requisitos de procedencia de la tercería exigidos por la disposición legal para que el boleto resulte oponible a los acreedores, se encuentra en primer término que sea a título oneroso que tenga por objeto transmitir la propiedad de un inmueble, comprendiendo así todos los actos jurídicos a título oneroso sobre bienes inmuebles que puedan ser regulados por las reglas de la compra venta."

"En segundo lugar encontramos el requisito de la buena fe-referida a la conducta del adquirente-, que consiste en haber celebrado el acto sin connivencia -simulación o fraude- con el vendedor ( cfr. arts. 955 y 961 del C.C.)."

"El tercer requisito reposa en el pago del precio de compra que resulta exigido por la ley, recae sobre el comprador y puede hacerse por todos los medios legales sin las limitaciones del art. 1193 del C.C.."

"En cuanto a la fecha cierta, parte de la doctrina sostiene que debe exigirse aunque el art. 1185 bis no alude a este recaudo." 


ENTIDADES BANCARIAS. Liquidación. Verificación de créditos laborales. DOBLE INDEMNIZACION. Art. 16 Ley 25561. Resolución 660 del BCRA. Declaración de inaplicabilidad de lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 25561 a los dependientes de la fallida. INCONSTITUCIONALIDAD  
 1686/06 - "Banco Velox s/ liquidación s/ incidente de verificación por Rongo Juan José" - CNCOM - SALA B - 12/05/2006 
 "Se pidió la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 660 del Banco Central de la República Argentina del 28-10-02. Esa disposición del directorio de la entidad de superintendencia bancaria, autorizó el pago de las indemnizaciones correspondientes a los dependientes de la fallida, mas declarando inaplicable "lo dispuesto en el artículo 16 ley Nº 25.561, en razón de no configurarse, en este caso, el presupuesto de continuidad de la empresa"."

"La pretensión será acogida; pues la resolución no resiste el mínimo test de constitucionalidad. Adicionalmente es inaceptable que una norma administrativa de carácter particular de la autoridad de superintendencia bancaria, deroga una ley nacional; toda vez que esta interpretación, es contraria al texto constitucional (art. 31 CN)."

"El único fundamento que exhibe la resolución se ubica en su parte resolutiva, y tal aserto es falso, por cuanto la ley 25.561 no permite inferir que su aplicación se restringe a supuestos de "continuidad de la empresa". De atenerse a esa frase, la indemnización dispuesta por la ley 25.561 (art. 16) sólo resultaría aplicable para supuestos de "continuidad de la empresa", extremo que implica crear por vía de interpretación de una norma administrativa de carácter infralegal, una consecuencia no prevista por el legislador en el texto positivo de la norma. Además de lo expuesto, la aplicación de la resolución referida conculca el derecho de igualdad (CN: 16)."

"No se aprecia que una norma de carácter administrativo pueda excluir al universo de trabajadores del banco fallido de las previsiones de la ley 25.561; pues ello quiebra la igualdad entre éstos y otros sujetos que resulten igualmente acreedores de naturaleza laboral a los cuales se aplique la referida norma."

"Consecuentemente, la Resolución 660 del BCRA en tanto excluye la aplicación de las previsiones de la ley 25.561, carece de base objetiva que admita esa exclusión, en tanto no se apoya en principios constitucionales y su discriminación resulta absolutamente arbitraria." 

CONCURSOS. Verificación de créditos laborales. Fondo de retiro. Procedencia. Obligaciones pactadas por los accionistas. Oponibilidad a la empresa concursada. Privilegios. Deducción de demanda en sede comercial -luego abandonada- no implica renuncia al privilegio laboral
29.366/05 - "Impresora Internacional de Valores SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión (por Aberg Cobo Martin Axel)" - CNCOM - SALA E - 04/05/2006 
"Expuso el incidentista que el crédito cuya verificación solicita tiene su génesis en un acuerdo celebrado en agosto de 1992 por los accionistas directores de la concursada, mediante el cual se le concedió el derecho a cobrar el denominado "fondo de retiro" al cesar el vínculo laboral que mantenía con la concursada."

"Por más que el convenio de accionistas haya sido sólo una declaración de intenciones o un plan de trabajo, sujeto a la factibilidad de implementación de las medidas acordadas, si la sociedad ejecutó el contrato, en el punto que concierne a esta litis -fondo de retiro-, entonces, lo ratificó y quedó obligada según sus cláusulas."

"La prueba producida permite formar convicción en punto a la ejecución del contrato por parte de la concursada, por lo que las obligaciones pactadas en el mismo por los accionistas, deben reputarse oponibles a la empresa, por haber existido ratificación posterior. Ello aún cuando el perito contador informó que el "fondo de retiro" no se conformó en el patrimonio de la sociedad hoy concursada. Pues, aunque no se hicieran las previsiones contables pertinentes, lo cierto es que ello no impidió la entrega de los fondos a los dos accionistas separados de la empresa con anterioridad."

"La acreencia reclamada en autos resulta alcanzada por la llamada "pesificación", sin importar el estado de mora del deudor (cfr. esta Sala, fallos citados; "Delanta S.A. c/ Zonda Color S.A. s/ ordinario", del 18/5/04). Por otro lado, de conformidad con la resolución dictada por la Sala en los autos caratulados "Soula, Marta Susana c/ González, Juan Antonio y otros s/ ejecutivo", del 12/09/2005, y sus citas (E.D., fallo Nº 53.637, diario del 13.10.05, pág. 6) a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad, cuadra rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia cuestionada. Al importe pesificado a la conversión un peso igual un dólar se le aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia -C.E.R.- a partir 03/02/2002 (conf. art. 4 del Dec. 214/02, art. 11 de la ley 25.561, sustituido por ley 25.820, y ley 25.713, Anexo I, arts. 3 y 4)."

"El derecho del trabajo considera que cuando el trabajador renuncia a un derecho, lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente con el empleador (v. Grisolía, ob. cit., p. 61) . Así, excepto que exista un comportamiento inequívoco en el sentido de que ha renunciado libremente a sus derechos, no puede presumirse tal liberalidad. Entonces, de la deducción de una demanda en sede comercial -que luego fue abandonada- no puede surgir inequívocamente la renuncia al privilegio laboral." 

PODER DE POLICIA. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VENTA AMBULANTE. Productos alimenticios. Control. Régimen jurídico. Permisos. Facultades de la administración. Arbitrariedad o ilegalidad manifiestas: Improcedencia. Facultades del tribunal: alcances. Medidas de no innovar. Rechazo  
 Expte. 17096/1 Sentencia Nº 458 - "Graneros, Miguel Angel c/GCBA s/Otros Procesos Incidentales" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - SALA II - 29/06/2006 
 "La ley 1166 impone una serie de requisitos a los efectos de obtener un permiso para la venta de alimentos en la vía pública. Ello encuentra sustento en las potestades que la administración y el poder legislador poseen en materia de salubridad y bienestar general de la población de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, la afectación invocada por el actor no parece prima facie arbitraria o ilegítima, sino más bien atinente a las políticas de control que, con fundamento constitucional, lleva adelante la administración local. Siendo la Administración la autoridad competente para otorgar permisos en materia de venta ambulante de alimentos, no corresponde la intervención de este Tribunal, cuando las razones invocadas para sustentar un derecho verosímil apuntan principalmente a la continuidad en el tiempo de una actividad irregular y a manifestaciones genéricas en torno al derecho de trabajar. Asimismo, no cabe, sin mediar solicitud expresa al respecto, expedirse acerca de la mora en que haya incurrido la autoridad de aplicación frente al pedido de habilitación efectuado por el actor." 

Una madre muy especial
La Cámara Civil distribuyó responsabilidades en un accidente de tránsito donde fue atropellado un menor de 5 años. El tribunal entendió que la madre del chico incumplió con los deberes de la patria potestad ya que al momento del accidente el menor no estaba acompañado por un mayor. FALLO COMPLETO

La derecha tiene prioridad
La Cámara Civil condenó a un automovilista a pagarle una indemnización a otro conductor por un accidente ocurrido en la esquina de Thames y Murrillo de la Capital Federal. Los jueces destacaron que el actor tenía la prioridad de paso porque llegó a la bocacalle por la derecha. No le creyeron al demandado, quien aseguraba que el otro auto circulaba a una velocidad excesiva y que había hecho una maniobra extraña. FALLO COMPLETO

JUBILACIONES. Movilidad. Haberes superiores a $ 1000. Emergencia económica y social. Obligación del Congreso de fijar las pautas de movilidad. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas adecuadas  
 B.675.XLI - "Badaro, Adolfo Valentín c/ Anses s/ reajustes varios" - CSJN - 08/08/2006 
 "Ninguna de las mejoras consagradas por los Decs. 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 748/05, 1273/05 y 1199/04 se aplica a la prestación que cobra el titular de autos, ya que su monto excede los $1000. Dichos decretos han tomado en consideración la grave crisis económica y social y tienen el declarado propósito de atender en primer lugar las necesidades más urgentes, asegurando a sus destinatarios los recursos indispensables para su subsistencia. Los criterios expresados, cuya validez no ha sido discutida, en modo alguno podrían llevar a convalidar una postergación indefinida de aquellos que, como el actor, no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes, ni a admitir graves deterioros de su jubilación ya que la amplitud de facultades que se han reconocido para organizar el sistema debe entenderse condicionada a que se ejerciten dentro de límites razonables, o sea, de modo que no se hieran de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social (Fallos: 311:1937)."

"No resulta apropiado que el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer."

"No sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular, a los ancianos, norma que descalifica todo accionar que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales derechos (doctrina causa "Sánchez" citada)."

"En las condiciones reseñadas y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental. Por tal causa, debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes."

"Por ello el Tribunal resuelve: Revocar la sentencia apelada con el alcance que surge del fallo dictado en la causa "Sánchez, María del Carmen" citada. Comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas a las que se alude en los considerandos." 

Resolución General 2020/06 AFIP - Nuevo Aplicativo para la liquidación del Impuesto a las Ganancias de las Sociedades
Por Darío Fabián Di Genaro 

Esta norma establece que los contribuyentes y responsables que hayan obtenido ingresos por un monto anual superior a $1.000.000 y cuyo cierre de ejercicio comercial opere a partir del mes de diciembre de 2005, inclusive, deberán utilizar el Programa Aplicativo "GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS -Versión 7.0" para generar la correspondiente declaración jurada del impuesto.
 
Una de las características salientes de la nueva versión, es el enorme incremento de la información solicitada para la carga completa de la Declaración jurada que deberá incluirse con un alto grado de detalle para que sea posible la generación de la DDJJ determinativa del gravamen.
 
A continuación enumeraremos parte de la información solicitada:
• Bancos: radicación, Nº de Cuenta, CBU y saldo
• Cuentas por cobrar y proveedores: CUIT, Razón social y saldo.
• Créditos y deudas de Cuentas particulares: Cuit, Nombre y apellido y saldo
• Rodados, Inmuebles y Activos Intangibles: carga detallada del ANEXO I del Balance, mes y año de adquisición, participación, patente/catastro y valuación fiscal.
• Deudas Bancarias y con sociedades Vinculadas: Cuit, Razón Social y saldo
• Honorarios Directorio, Dividendos y Aportes de Capital: Cuit, Nombre y apellido y saldo
Con lo cual la tarea de carga de datos se ve multiplicada sin sentido alguno, máxime si tenemos en cuenta que este tipo de entes poseen la obligación de llevar Libros Societarios en donde se vuelcan las registraciones contables, Balances e Inventarios.
 
Por lo tanto considero que la solicitud de este tipo de información redunda en un significativo incremento de las tareas de los Estudios Contables sin sentido alguno, atento que tal información se encuentra volcada en los Libros Societarios de estos entes.
 
Esta situación se agrava debido a que el nuevo aplicativo no contempla la posibilidad de importar la información desde los sistemas informáticos, salvo la relativa a la individualización de Rodados e Inmuebles.
 
Por último, con fecha 3 de agosto del corriente, la AFIP-DGI publicó la R.G. (A.F.I.P.) 2107 que establece una prórroga en la entrada en vigencia de esta nueva normativa según las fechas en que operen los cierres de ejercicio:
• Cierre en diciembre de 2005, los vencimientos operan en la semana que va desde el 9 al 13 de octubre de 2006, según la terminación de la CUIT.
• Cierre en enero de 2006, los vencimientos operan en semana que va desde el 6 al 10 de noviembre de 2006, según la terminación de la CUIT.
• Cierre en febrero de 2006, los vencimientos operan en semana que va desde el 6 al 13 de diciembre de 2006, según la terminación de la CUIT.
• Cierre en marzo de 2006, los vencimientos operan en la semana que va desde el 8 al 12 de enero de 2007, según la terminación de la CUIT.
Cierre en abril de 2006, los vencimientos operan en la semana que va desde el 6 al 12 de febrero de 2007, según la terminación de la CUIT

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. Composición y funciones del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Abogados. Representación numérica. Equilibrio. Inconstitucionalidad de la Ley 26080. Rechazo. Atribuciones del Poder Judicial. Competencia del Congreso Nacional para reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura. Zona de reserva  
 Expte. 10072/2006 - "AABA c/ EN- Ley 26080 s/ amparo ley 16.986" - CNACAF - SALA III - 21/07/2006 
 "El equilibrio no debe ser entendido como equivalencia numérica. El ejemplo más paradigmático de un sistema de fuerzas que se contraponen y se compensan entre sí es el sistema republicano de gobierno; pero nunca se ha interpretado que los diversos órganos en los que se divide el poder deban tener la misma integración numérica para que funcione adecuadamente el sistema de controles recíprocos."

"Partiendo de la idea de equilibrio consagrada en el art. 114 de la CN, no puede concluirse en la existencia de una desproporción notoria entre la reducción total de miembros dispuesta por la ley 26.080 y la que corresponde al sector de los abogados."

"El hecho de que las mayorías de las Cámaras que sancionaron la ley 26080 pertenezcan a un partido u otro, no conduce a la inconstitucionalidad de la misma. Ello fue el resultado de la interacción de las fuerzas libremente elegidas, característica de la democracia representativa donde -por lo demás- la periodicidad de las elecciones asegura una alternancia de los representantes. Si hubo -o no- concentración de poder, si el resultado es valioso o dis valioso políticamente, son cuestiones ajenas a la función jurisdiccional asignada al Poder Judicial por la Constitución Nacional."

"No se puede ejercer un control político a través de un proceso judicial. Tampoco se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en base a planteos conjeturales."

"La competencia para reglamentar lo atinente al Consejo de la Magistratura corresponde al Congreso Nacional. Las valoraciones que éste haga acerca de la conveniencia del número de miembros y de la composición, tanto del órgano como de sus comisiones, pertenecen a su exclusiva zona. de reserva."

"Las atribuciones que corresponden al Poder Judicial se limitan al control de su conformidad con el mandato constitucional. La primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta (conf. C.S., Fallos: 313:1007; 325:1525; 326:4909; entre otros). En el caso, dicho análisis se circunscribe a la noción de equilibrio, que -como ya se dijo- no es sinónimo de equivalencia o igualdad, sino que se debe interpretar más bien como proporción, la cual respecto de la representación de los abogados ha sido respetada en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura." 

EMPLEO PUBLICO. Incompatibilidades. Percepción de haber previsional y desempeño de un cargo público. Opción. Constitucionalidad del Dec. 894/01. Cambio jurisprudencial. Aplicación del precedente de CSJN "Saralegui"  
 CAUSA 18460/2004 - "Gimenez de Devesa Mabel Norma c/ EN- PEN- DTO 894/01 s/amparo LEY 16986" - CNACAF - SALA V - 05/04/2006 
 "Esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la inconstitucionalidad del decreto 894/01. sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido recientemente en sentido contrario al expuesto, al dictar sentencia en autos caratulados "Saralegui, Francisco c/ Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo" el 14 de febrero del corriente."

"Siguiendo los fundamentos del Sr. Procurador Fiscal el más Alto Tribunal se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del decreto 894/01.-
Ha entendido, en tal sentido, que el Poder Ejecutivo actuó dentro de las atribuciones que le son propias al introducir modificaciones solamente al régimen de incompatibilidades, sin contradecir el estatuto de empleo público dictado por el Congreso. Además consideró razonable aquella norma, en cuanto no obliga a los agentes a continuar trabajando pero sin percibir retribución, ya que establece una segunda opción cual es suspender el cobro del beneficio jubilatorio mientras dure la función o contrato."

"Por motivos de economía procesal, cabe estar al criterio sustentado por el más Alto Tribunal respecto de la temática planteada. Ello así toda vez que los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las del más Alto Tribunal, salvo que pueda justificarse su apartamiento en razones novedosas y fundadas -las cuales no se dan en las presentes actuaciones- por tratarse de la autoridad definitiva según la propia carta magna e intérprete supremo de la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia." 

OPOSICION AL TRASLADO DE UNA DETENIDA FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE SUS HIJOS. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. AMPARO -CON MEDIDA DE NO INNOVAR- presentado por la guardadora de los menores ante un juzgado provincial de menores. Juzgado que hace lugar a la medida cautelar, disponiendo se deje sin efecto el traslado de la detenida. Juez de ejecución que rechaza el requerimiento de su colega provincial y dispone el traslado. REMISION DE LA CAUSA AL JUEZ DE EJECUCION PENAL. La cuestión constitucional referente a la vulneración de las garantías que protegen al procesado debe ser promovida ante el juez de la causa, con arreglo a las formas legales, y no ante un magistrado distinto.  
    
  Competencia N° 387. XLII. – “Quintana, Norma Beatriz s/ recurso de amparo - medida de no innovar” – CSJN – 18/07/2006 
    
  “Surge que la justicia de menores, al ordenar la medida de no innovar, excedió ese límite jurisdiccional y afectó las facultades del juez nacional de ejecución que emanan del carácter de la condena a quien fue sometida a proceso ante sus estrados y que sólo a esta autoridad incumbían.” (Del dictamen del Procurador Fiscal)

“Al resolver un antecedente similar al aquí en trato, la Corte sostuvo que la cuestión constitucional referente a la vulneración de las garantías que protegen al procesado debe ser promovida ante el juez de la causa, con arreglo a las formas legales, y no ante un magistrado distinto (Fallos: 283: 116).” (Del dictamen del Procurador Fiscal)

“En tal inteligencia, dado que la petición se encuentra íntimamente relacionada con el cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, como así también que se dictaron resoluciones contradictorias en torno al lugar de detención en que Armanini debería cumplirla, estimo que corresponde declarar la competencia de ese tribunal federal para continuar entendiendo en la cuestión.” (Del dictamen del Procurador Fiscal)

“En consecuencia, como dije, es el juez federal de ejecución quien deberá evaluar la conveniencia, o no, de alojar a la madre lejos de sus hijos, atendiendo tanto a todas las circunstancias comprobadas en el proceso que culminó con su condena, como al régimen de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, fundamentalmente, a las conclusiones de los informes y estudios psicológicos respecto de la salud psico-física de los niños, colectados por el juez de menores cuya actuación fuera encomendada por el tribunal oral de conformidad a las disposiciones del artículo 36 de la ley 23.737. Y todo ello, a la luz de lo que ordena la Convención de los Derechos del Niño.” (Del dictamen del Procurador Fiscal)

“Oído el señor Procurador Fiscal, se declara que deberá remitirse la presente causa al juez de ejecución penal, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, para que resuelva la oposición de la guardadora de los menores al traslado de la interna. Hágase saber a la Defensoría General de la Nación y al Juzgado de Primera Instancia del Menor de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. (Del voto de los Ministros de la Corte en mayoría) 

JUSTA CAUSA DE DESPIDO: Fumar en lugares no habilitados. Reincidencia. Advertencia previa del empleador de suspender disciplinariamente al trabajador ante la reiteración del hecho. Improcedencia del despido. Medida desproporcionada  
    
  "Martino Eduardo Daniel c/ Transportes Edar SA s/despido" - CNTRAB - 09/06/2006 
    
  "El despido del trabajador luce desproporcionado en atención a los propios términos vertidos por la demandada, cuando en ocasión de un episodio de similares características (fumar en lugares no habilitados) se lo apercibió, y se le advirtió que la próxima vez sería suspendido por 5 días y que de persistir tal actitud en nueva oportunidad, sería despedido con justa causa. Sin embargo, en ocasión de tener que resolver la situación de haber sido encontrado fumando en la playa de carga y descarga de Molfino Rafaela en Julio de 2003, no se lo suspendió como fue advertido sino que directamente se lo despidió. En consecuencia, propongo se revoque el fallo apelado y se haga lugar al reclamo indemnizatorio." (Del voto del Dr. Fernández Madrid)

"La tesitura adoptada al despedir al actor, cuando con anterioridad le había comunicado que si reincidía en su conducta se lo suspendería por 5 días, constituye en realidad una reflexión tardía de la parte que resulta inadmisible y deja ver que el despido fue desproporcionado." (Del voto del Dr. Stortini) 

COMPRAVENTA DE INMUEBLE - COMODATO - DESALOJO del vendedor por vencimiento de comodato. Extensión de la acción contra el grupo familiar del vendedor que continuó ocupando el inmueble como comodatario. Concubina del vendedor. Ocupación precaria. Desalojo. Procedencia  
    
  "Casalnovo Hipólito Leandro c/ Túñez José María y otros s/desalojo:comodato" - CNCIV - 08/06/2006 
    
  "El solo hecho de haber ocupado la demandada con su concubino un inmueble propiedad de éste no la transforma en coposeedora y menos aún que por su sola voluntad defina adquirir la calidad de poseedora como una forma de resarcirse de la conducta que califica de agraviante materializada por su pareja. Corresponde recordar que la mera voluntad del tenedor no es suficiente para la interversión de título (art. 2353 Cód. Civil). Se ha considerado que "sería inconcebible la eficacia de la mera voluntad interna, pero tampoco basta que la voluntad se manifieste, ya que 'la posesión subsiste, aun cuando el que poseía a nombre del poseedor, manifestare la voluntad de poseer a nombre suyo'(art. 2447 y su anotación). Es menester que existan actos exteriores que reflejan la voluntad del tenedor de provocar la pérdida de la posesión, pero sólo 'cuando sus actos producen ese efecto'" (Jorge Horacio Alterini en "Código Civil Anotado" dirigido por Jorge Joaquín Llambías T. IV-A, p.207/208, Abeledo-Perrot, Bs. As. 1981). No constituyen esos actos posesorios el mero desconocimiento de la compraventa celebrada por el ex compañero de la demandada con el actor, ni el hecho de que ella hubiera demandado la simulación de esa operación."

"Nos encontramos ante el supuesto del "constituto posesorio" previsto por el art. 2462, inc. 3º, del Código Civil, en cuanto el grupo familiar del vendedor continuó ocupando el inmueble como comodatario. En esta figura "quien revestía el carácter de poseedor en estricto sentido, 'desciende' de rango y se convierte en tenedor, sin necesidad de ningún tipo de actos materiales; así, por ejemplo, el dueño poseedor vende un inmueble y se queda en él como inquilino, o sea tenedor..." (Jorge Horacio Alterini, en "Código Civil Anotado" dirigido por Llambías, T. IV-A, p. 213/214)."

"De modo tal el comprador adquirió la posesión y el vendedor o, en el caso su grupo familiar, quedó como tenedor. La continuidad en la ocupación por la concubina y de la hija de Túñez con posterioridad a la separación de la pareja, le dan a esa ocupación el mismo carácter de tenencia, del que gozaban con anterioridad al alejamiento del concubino."

"La ocupación del inmueble propiedad de su concubino, junto con éste y con la hija de ambos, no era óbice para que el titular de dominio lo vendiera, sin perjuicio de los derechos alimentarios de la hija que puedan ser motivo de reclamo por la vía pertinente."

"Aun cuando la ocupación no se encuadrara como contrato de comodato, como la actora nunca fue poseedora, su situación sería la de una ocupante precaria. Así se ha resuelto en el caso de concubinato cuando uno de ellos es el propietario del inmueble y al poner fin a la vida en común con una mujer, abandona el inmueble. Si ella pretende seguir habitando el inmueble, se ha entendido que su situación es la de una ocupante precaria (Ramírez, op. cit., p. 23/24 y jurisprudencia citada: SCBA, " D.J.J. B.A.", t. 74, p.237; "A. y S.", 1965-J-200)." 

TRANSPORTE DE PERSONAS. Contrato de transporte aéreo. Trato discriminatorio. Daños. COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL  
    
  Competencia 1841. XLI - "Triaca, Alberto Jorge c/ Southern Winds Líneas Aéreas S.A. s/ daños y perjuicios" - CSJN - 11/07/2006 
    
  "V.E. ha admitido que se sometan a consideración de los jueces federales las cuestiones regladas por la legislación aeronáutica (v. doct. de Fallos 322:589 y 324:1792). Asimismo, que en litigios donde se ventilaba la realización de actos discriminatorios en violación al artículo 1 de la ley 23.592, también se pronunció por la competencia federal, valorando al efecto el predominio de la cuestión federal (Fallos 320:1842, 322:3578, entre otros), la naturaleza federal de la ley y la circunstancia de reglamentar directamente un principio constitucional de tal magnitud que excede el concreto interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad -art. 16 y cc. de la Ley Fundamental y pactos internacionales incorporados a ella- (Fallos 322:3578 y 324:392)." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante) 

TITULOS PUBLICOS. Emergencia económica. Pesificación. Pretensión de que declare la inconstitucionalidad de los Arts. 1° y 3° del Dec. 471/02, de las Resoluciones ME 73/02 158/03, de los Arts. 7 y 62 de la Ley 25725, el Art. 59 de la Ley 25827, el Art. 46 de la Ley 25967 y el Art. 1° del Dec. 1735/04. Inadmisibilidad de la vía del amparo  
 "Berdini Orlando Nestor c/ PEN-ley 25561-dto 471/02 y 1735/04 s/ amparo ley 16986" - CNACAF - 16/06/2006 
 "La parte actora inició acción de amparo contra el Estado Nacional en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos y de la ley 16.986, con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 3° del decreto 471/02, de las resoluciones ME 73/02 158/03, de los artículos 7 y 62 de la ley 25.725, el artículo 59 de la ley 25.827, el artículo 46 de la ley 25.967 y el artículo 1° del decreto 1735/04 en cuanto alteraban los términos y condiciones originalmente pactadas respecto de los títulos públicos de los que era tenedor."

"En el caso, se pretende el mantenimiento de las condiciones pactadas originalmente para el pago de la deuda estatal instrumentada en los títulos públicos de los que la actora es tenedora. Cabe señalar que la naturaleza misma del instituto del empréstito público se encuentra debatida en doctrina, como así también las atribuciones del Estado en punto al mantenimiento o modificación de los términos de la relación trabada. Entre las diferentes posiciones adoptadas por los tratadistas, cabe señalar, entre las más importantes, aquella que lo caracteriza como un contrato administrativo en el que cobra especial relevancia la facultad del Estado de modificar unilateralmente sus condiciones por razones de interés público con el único límite de no afectar su sustancia (conf. Marienhoff, Miguel Santiago, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1978, p. 662). A ella debe sumarse aquella corriente negadora de la naturaleza contractual para identificarlo como un acto emanado de la soberanía del Estado (Giuliani Fonrouge, Carlos M., "Derecho Financiero", obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, Volumen II, Depalma, Buenos Aires, 1997, ps. 1204 y ss.)."

"El ejercicio de la potestad de variación de los términos del empréstito -reconocida por aquéllos- hallaría, en principio, sustento en la situación de emergencia que atraviesa nuestro país y que ha sido declarada por ley y admitida como legítima por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mas advertir si las normas dictadas en su consecuencia importan una alteración sustancial del contrato celebrado, requiere necesariamente un estudio minucioso de diversas circunstancias fácticas, para lo que resultaría indispensable contar con elementos que no obran en la causa y que -aun cuando estuvieran- excedería el acotado marco de conocimiento propio de esta acción."

"De todo lo expuesto, puede concluirse en que la cuestión sub examine no puede ser resuelta por la excepcional vía elegida toda vez que, en las actuales circunstancias, la normativa impugnada no se presenta como manifiestamente ilegítima o arbitraria." 

La criminalización del piquete
La Cámara Federal de La Plata confirmó por mayoría el procesamiento de dos dirigentes piqueteros. Según los camaristas, el derecho de petición no es absoluto y está limitado por otros derechos constitucionales. Afirmaron que el ejercicio de un derecho constitucional no sirve de excusa para la violación de otros derechos constitucionales. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30139

El Estado y sus silencios
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un amparo por mora presentado por los trabajadores de la Administración General de Puertos para poder adherir al programa de propiedad participada. El tribunal señaló que quien se encontraba en mora era la administración y le otorgó 30 días para despachar la solicitud de los empleados. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30140


Se acabó lo que se daba
La Cámara Civil admitió una demanda iniciada por varios afiliados de una mutual por la modificación del estatuto que regía la misma y condenó a la institución a pagarle $10.000 a cada uno por daño moral. Los jueces reconocieron la facultad de la asamblea de alterar, ampliar o reducir prestaciones siempre y cuando no traiga aparejado el incumplimiento de los compromisos regularmente contraídos, ni el desbaratamiento del derecho de sus asociados. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30143

Los libros no muerden
La Cámara en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia, reconociendo la validez de los libros comerciales presentados por la actora. El tribunal afirmó que la demandada debió probar su posición y no limitarse simplemente a afirmar que los libros contables no le pueden ser opuestos a su parte. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30131

Las asambleas tienen sus vicios
La Cámara Nacional en lo Comercial definió a la luz de la Resolución General Nº 28/04 de la IGJ, los requisitos de validez de la ratificación de una asamblea viciada. La ratificación no puede ser genérica, sino que debe indicarse en qué consistió el vicio y la voluntad de subsanarlo.
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30111

Un tractor en el camino
La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó parcialmente la sentencia recurrida, imponiendo a la sociedad titular del tractor el 90% de la responsabilidad del choque ocurrido en una ruta de Tres Arroyos. El tractor transitaba de noche y con pocas luces, mientras el vehículo embistiente se desplazaba a más de 140 km/h. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30108

Hay que usar los espejos
La Cámara del Crimen procesó a un hombre por la supuesta comisión del delito de lesiones culposas agravadas por haberse ocasionado por la conducción de un vehículo automotor. El imputado salió manejando su auto y le pisó el pie izquierdo al portero del Hotel Hilton mientras éste cargaba unas valijas en un taxi. El hecho ocurrió en una rampa del hotel donde ingresan y salen autos constantemente. Los jueces entendieron que el conductor había violado el deber objetivo de cuidado. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30110


RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERMERCADOS. Accidente. Caída de cliente en el interior de sus instalaciones. Lesiones sufridas por menor de edad. Falta de prueba sobre el incumplimiento del deber de seguridad o indemnidad de la demandada. Rechazo de la demanda. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES. Desaprensiva actitud de los progenitores al no controlar debidamente a los menores, evitando que se desprendieran de la mano de alguno de ellos o de ambos  
 "M., L. H. y otro c/ COTO C.I.C.S.A. y otro s/ daños y perjuicios" - CNCIV - 13/06/2006 
 "Resulta indiscutible la responsabilidad de los padres en tanto se encuentra reconocida la circunstancia de que las dos mellizas, de apenas dos años de edad, con todas las limitaciones que ello implica, dada su edad y condición circulaban alegre y despreocupadamente, como era de esperar, por las instalaciones de la demandada; en esas condiciones, sea que tropezaran con un hierro, hecho no probado en forma convincente, que se hubieran subido a una "góndola", se enredaran con la ropa allí colgada y cayeran al suelo o, por último, que tropezaran con el travesaño central de los percheros móviles como el que ilustra la foto de fs. 862, debe concluirse que el accidente no parece haberse originado en un incumplimiento del deber de seguridad sino en la desaprensiva actitud de los progenitores, que no las controlaron debidamente, evitando que se desprendieran de la mano de alguno de ellos o de ambos." 

DERECHO A LA SALUD. AMPARO. Obesidad. Cirugía de by pass gástrico. Acción dirigida contra una provincia y contra el Estado Nacional. COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CSJN: Improcedencia  
 R. 764. XLII - ORIGINARIO - "Rebull, Gustavo Prion c/ Misiones, Provincia de y otro s/ amparo" - CSJN - 18/07/2006 
 "En el pronunciamiento dictado el pasado 20 de junio de 2006 en la causa M.1569.XL "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)", cuyos desarrollos argumentativos efectuados en los considerandos 11 a 16 se dan por reproducidos, esta Corte ha abandonado el supuesto de competencia originaria que había reconocido a partir del precedente "Celina Centurión de Vedoya" de Fallos: 305:441, retornando de este modo a su tradicional doctrina con arreglo a la cual si ninguna de las partes que pretenden litigar, o son llamadas a intervenir, ante sus estrados es aforada de modo autónomo, la acumulación subjetiva de pretensiones no es un instrumento apto para sostener una competencia restringida y de excepción, que en ningún caso hubiera correspondido de haberse introducido individualmente cada una de las pretensiones."

"Con esta comprensión, no se verifica en este proceso ninguno de los supuestos de la competencia originaria de este Tribunal reglada en el art. 117 de la Constitución Nacional y en el art. 24, inc. 1?, del decreto-ley 1285/58. Ello es así, pues al ventilarse en el sub lite un asunto que, como la tutela del derecho a la salud, no postula de modo exclusivo una materia federal sino concurrente con el derecho público local según lo ha considerado y definido el Tribunal en dos casos substancialmente análogos (causas P. 943.XLI "Peralta, María Florencia c/ Buenos Aires, Provincia de s/ amparo" y L.253.XLII "Luzuriaga, Lisandro Marcelo c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ amparo", sentencias del 7 de julio de 2005 y del 20 de junio de 2006, respectivamente), la acumulación de pretensiones no justifica esta competencia en tanto el privilegio federal de la Nación permite que sea demandada ante los tribunales inferiores de la Nación, y la Provincia de Buenos Aires no es aforada ante esta Corte para cuestiones de la naturaleza indicada. De ahí, pues, que para situaciones como la que dio lugar a estas actuaciones cabe remitir a la precisa conclusión enfatizada en el considerando 16 del pronunciamiento al cual se reenvía, en el sentido de que esta clase de pretensiones deben promoverse en las jurisdicciones respectivas que correspondiesen según la persona que, en uno u otro caso, se optare por demandar: ante la justicia federal de serlo el Estado Nacional, o ante los tribunales locales en caso de emplazarse a la provincia."

"Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Declarar que la presente causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación." 

CONCURSOS. Verificación tardía. Improcedencia. Pretensión del acreedor renuente de ejecutar sentencia sin haber obtenido pronunciamiento verificatorio en el concurso preventivo. Prescripción  
 38970/2003 - "Castelletti Rosana Beatriz c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/ daños y perjuicios" - CNCOM - SALA A - 04/05/2006 
 "Tal como ha sido entendido por la reiterada jurisprudencia de este Tribunal y por calificada doctrina, la posterior homologación recaída en el juicio universal no produce la consecuencia de hacer cesar los efectos del instituto del fuero de atracción, en tanto esa situación no está específicamente contemplada por la LC: 59 y, como bien lo informa la Sra. Fiscal General, el proceso se encuentra en plena etapa de cumplimiento del acuerdo (esta Sala, in re: "Castrillo, Olga M. c/ Sanotex S.C.A. s/ indemnización art. 248 LCT", del 22.05.02; id. Sala "C", in re: "Deliceland S.A. c/ Cadehsur s/ sumario", del 7.5.02; Lorente, Javier A., "Ley de Concursos y Quiebras", Ediciones Gowa, Buenos Aires, 2000, T° 1, pág. 625 y ssgtes.; y demás jurisprudencia citada en el dictamen que antecede)."

"La prescripción que prevé el actual régimen concursal, resulta de aplicación a todo acreedor de causa o título anterior al concurso preventivo que no reclama la verificación de su crédito, en forma tempestiva o tardía, dentro de los dos años desde la presentación en concurso de su deudor (LC: 56)."

"Al actor le fue aplicado este instituto cuando pretendió verificar el crédito que surge de la sentencia dictada en autos, por haber formulado su pedido verificatorio una vez transcurrido dicho plazo; ese decisorio resulta fatal para la acreencia invocada, pues produjo la extinción de toda acción y/o derecho respecto de la misma, con todos los efectos de la cosa juzgada material."

"Esta limitación del plazo a dos años, o abreviación, acortamiento o inaplicabilidad de plazos mayores de prescripción, tiene por finalidad la cristalización del pasivo del concursado en un tiempo relativamente prudencial (aunque existe discrepancia entre los autores acerca de si es adecuado o no el fijado por la LC), y tiende a brindar seguridad a todos los sujetos que mantienen directa o indirectamente relación con el concursado (vgr. acreedores, proveedores, dependientes, entidades bancarias con las que opera el deudor para evaluar la posibilidad de otorgar financiamiento, etc.) con el fin de permitir su reinserción en el mercado y mantener la actividad productiva y las mentes de trabajo (confr. Fassi-Gebhardt, "Concursos y Quiebras", Editorial Astrea, Buenos Aires, mayo 2004, pág. 222; Rivera, Julio Cesar, "Instituciones de Derecho Concursal", Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003 T° I, pág.414)."

"Por lo expuesto, la resolución dictada en fs. 445/447 resulta ajustada a derecho, pues no puede pretender el acreedor renuente ejecutar la sentencia tal como fue dictada en autos, sin haber obtenido pronunciamiento verificatorio en el concurso preventivo, para encontrarse en mejor situación que aquél que concurrió tempestivamente al juicio universal a verificar su acreencia, con las consecuencias que todo ello implica: quedar comprendido en las pautas del acuerdo, asumiendo lo que hubiere contenido la propuesta (vgr. quita, espera o ambas), y sus implicancias: novación de sus créditos (LC 55)." 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Educación. Exención. Tratamiento impositivo de los intereses provenientes de la financiación de las cuotas cobradas a los alumnos por el pago fuera de término de las mismas. INCONSTITUCIONALIDAD del Art. 10 del Dec. 692/98, reglamentario de la Ley de IVA  
 CAUSA 15793/2004 - "Belgrano Day School SA (TF 18678-I) c/DGI" - CNACAF - SALA V - 13/03/2006 
 "El TFN expone que "el artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de impuesto al valor agregado (texto según decreto 692/98), que reconoce como origen el mismo texto incorporado por el Decreto 2.633/92 (con vigencia a partir del 1/7/92), dispone que los intereses originados en la financiación el pago diferido o fuera de término, del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan alcanzadas por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar su determinación se encuentren exentas o no gravadas. A juicio de quienes suscriben, esta norma reglamentaria creó un hecho imponible autónomo por el cual se incorporaron al ámbito de aplicación del gravamen los intereses accesorios de operaciones principales exentas o no gravadas. De tal modo, se consagró de modo ilegal para dichos intereses el principio de la divisibilidad, menospreciando la subsunción que razonable y legítimamente hubiera correspondido asignar a tales conceptos. Su inconstitucionalidad, por tanto, es manifiesta."

"En coincidencia con el Tribunal Fiscal de la Nación cabe declarar la inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de impuesto al valor agregado (texto según decreto 692/98) y; en consecuencia dejar sin efecto la resolución de fecha 16/5/2000 dictada por la AFIP, por la cual se determina de oficio la obligación tributaria de la actora respecto del Impuesto al Valor agregado correspondiente a los períodos fiscales enero 1994 a julio de 1998 (con más intereses resarcitorios y multa por omisión de impuestos." 

RECURSO AD INFINITUM. Rechazo in limine. Poder-deber del tribunal de evitar que los profesionales deduzcan sucesivamente planteos que quebrantan la buena marcha del proceso  
 Expte. Nº 13753/98 - "Incidente de medida cautelar: en autos: "Dansey Carlos Alberto c/ Gobierno de la Provincia de Corrientes s/ accion de amparo" - TSJ DE CORRIENTES - 30/06/2006 
 "... El relato que antecede nos conduce necesariamente al ejercicio del poder-deber de evitar que el citado profesional continúe deduciendo planteos que quebrantan la buena marcha del proceso. Acudimos a la herramienta procesal que la doctrina califica como un accionar que reúne las características ad infinitum (CFR. Lineamientos del Recurso Ad Infinitum, Jorge W. Peyrano, LA LEY, 2006-C, viernes 21 de abril de 2006 y JA, Boletín del día 29 de marzo de 2006). Ello es cuando un profesional acumula una sucesión de recursos notoriamente improcedentes interpuestos uno detrás de otro y tan pronto es notificado de la resolución del último que le ha sido adverso, sirve de excusa para plantear nuevas impugnaciones ostensiblemente, valga la redundancia, improcedentes y que al ser dirimidas de modo desfavorable dan lugar a un nuevo recurso y así hasta el "infinito"."

"Frente a ello, estamos en condiciones de rechazar "in limine" este nuevo planteo de nulidad obrante a fs. 202, pues a todas luces, se está traicionando los fines técnicos que le ha asignado el ordenamiento (Cfr. Peyrano, Jorge W. "El rechazo in limine y sin trámite de ciertas postulaciones... dentro de la economía del CPC Santafesino"; en jurisprudencia Rosarina, 2005/2, p.16). Y al mismo tiempo ordenar sean devueltos estos autos a la instancia de origen." 

Si hubo acuerdo, no hay demanda
La Cámara Civil rechazó la pretensión de un pasajero de demandar a Metrovías por un accidente que sufrió en la línea B de subterraneos. El tribunal explicó que ambas partes habían llegado a un acuerdo económico. A su vez el actor se había comprometido a desistir de las acciones legales. La alzada señaló que en el caso ninguna parte se aprovechó de la ligereza, necesidad o inexperiencia de la otra, tal como establece el artículo 954 del Código Civil. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30065

No era el verdadero deudor
La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP-, ya que el verdadero deudor era el Estado Nacional –quien no fue demandado- en virtud del Decreto 197/97. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30066


CONTRATO DE TRABAJO. Contratación y subcontratación. Art. 30 Ley 20744. Solidaridad. Improcedencia. Trabajador que presta tareas de vigilancia en un club de campo. Pretensión de extender la condena al consorcio de propietarios del club en el que prestaba servicios. Rechazo  
 "Salcedo Adelqui Roberto y otro c/ Organización R.B. Seguridad SRL y otro s/ despido" - CNTRAB - 23/06/2006 
 "Debe tenerse en cuenta que el Art. 30 de la LCT gira en torno al concepto de establecimiento, unidad técnica o de ejecución de la realización del proceso productivo (elaboración de bienes y prestación de servicios), que constituye el objeto de la empresa (Art. 6 L.C.T.) lo que permite sostener que la mera circunstancia de que el Consorcio de Propietarios Los Cardales Country Club haya decidido discrecionalmente contratar los servicios de una empresa que brindara seguridad al mismo, -decisión lícita ya que el Consorcio no es una empresa de seguridad- obsta a la tesis de que habría contratado con los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del propio establecimiento. De allí que no quepa la condena solidaria de que fuera objeto en la anterior instancia por que la responsabilidad del empleador, en estos supuestos, debe ceñirse al caso que encomiende a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, extremos éstos que son, ausencia en autos. De allí que corresponda revocar lo decidido en origen respecto de la co-demandada Consorcio de Propietarios Los Cardales Country Club." 

COMPETENCIA. Impedimento de contacto. Denuncia formulada por el padre del menor no conviviente. Competencia del juez del domicilio actual de la imputada, lugar donde se estaría llevando a cabo el impedimento de contacto. Interés superior del Niño.  
 Competencia N° 1750. XLI. - "P., M. I. s/ impedimento de contacto de hijos menores con padres no conviventes" - CSJN - 06/06/2006 
 "Sin perjuicio de advertir que la conducta a investigar se habría iniciado en el lugar donde residía el grupo familiar hasta que la mujer y su hijo se trasladaron a Misiones, estimo que las características del caso y "el interés superior del niño" -principio consagrado en el artículo 3º de la "Convención sobre los Derechos del Niño", reconocida en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional- aconsejan dar intervención al tribunal del domicilio actual de la imputada." (del dictamen del señor Procurador Fiscal)

"Al respecto, resultan relevantes sus manifestaciones acerca de que no tiene previsto regresar a Buenos Aires -donde habrían pasado penurias económicas- por cuanto en El Dorado consiguió trabajo, logró construir su vivienda y el menor se encuentra sometido a tratamiento médico." (del dictamen del señor Procurador Fiscal)

"En mérito a lo expuesto, opino que corresponde declarar la competencia del juzgado de instrucción misionero, para conocer en la causa." (del dictamen del señor Procurador Fiscal) 

SOCIEDADES. Sociedad Anónima. Síndico. Remoción. Impugnación de asamblea extraordinaria. Legitimación pasiva. Art. 251 Ley 19550. Acción de nulidad dirigida contra los accionistas. Rechazo. Ausencia de interés legítimo. Art. 287 Ley de Sociedades  
 110.258/00 - "Bertone, Félix Alberto c/ Vallejo, Fernando César y otros s/ordinario" - CNCOM - SALA E - 18/05/2006 
 "La presente acción de nulidad de asamblea extraordinaria interpuesta por el síndico contra los accionistas que intervinieron en la misma adolece un defecto sustancial en su génesis que la torna irremediablemente improcedente. La demanda de nulidad de asamblea debe ser promovida contra la sociedad (art. 251, último párr. de la ley 19.550, t.o. por ley 22.903) y, en el caso, sólo ha sido dirigida contra los accionistas. La disposición legal es ineludible y se justifica en que la las decisiones que adopte la asamblea son atribuibles al ente y, por tal motivo, mal podría atacarse nulidad un acto que emana dé uno de sus órganos sin traerla al juicio."

"Lo expuesto determina el rechazo de los agravios y la confirmación del fallo."

"De todos modos, y aún prescindiendo de las conclusiones precedentes, la acción tampoco podría prosperar, porque no existe un interés legítimo que proteger con la declaración de nulidad, en tanto el síndico no podría haber resistido su remoción decidida por unanimidad y con fundamento en lo dispuesto por el 287 de la ley de sociedades (v. "Pirnath, Monica c/ Estexa S.A. s/ Nulidad de Asamblea-Sumario" del 19.4.89, referido al caso del accionista ausente). Recuérdese que el síndico de la sociedad anónima, conforme el citado art. 287, puede ser removido por sola decisión de la asamblea y ninguna cláusula estatutaria en contrario debe limitar ese derecho. Así, si la ley permite a la asamblea revocar por mayoría la designación del síndico, sin expresión de causa, éste no tiene vía legal para discutir la decisión (cfr. CNCom, Sala D, "Bongonovo, Félix c/ La Rinconada S.A.", del 10.4.78)." 

CONCURSOS. Verificación de créditos laborales. Incumplimiento de acuerdo conciliatorio homologado. MULTAS fundadas en lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 24635. Morigeración
 "Casamen S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación (por Scarpino Norberto Daniel)" - CNCOM - 08/05/2006 
 "En cuanto a las multas fundadas en lo dispuesto por la ley 24.635:26, juzga la Sala que el incumplimiento previsto en la norma se ha configurado en fecha anterior a la declaración de quiebra de la empleadora (diciembre de 2003 y 30/8/2004, respectivamente). Siendo ello así, y aún cuando la cuantía ordenada por el juez laboral no pueda reputarse como cosa juzgada pues fue fijada en fecha posterior a la falencia, es decir, cuando dicho magistrado había perdido competencia para resolver, lo cierto es que su procedencia sustancial se encuentra demostrada en tanto Casamen S.A. incumplió con el pago del acuerdo celebrado ante el SECLO. No obstante ello, meritando la situación de crisis que atravesaba la concursada -lo que culminó con la declaración de quiebra y posterior conversión a concurso- y los elevados intereses que habían sido pactados, el importe de dichas multas debe ser morigerado hasta el 10% del monto acordado ante el SECLO." 

MEDIDA CAUTELAR. Embargo. Licencia de Radiodifusión. No se encuentra comprendida en la enumeración de bienes inembargables del art. 219 del Código Procesal  
 Expte 28:552/1996 - "Comité Federal de Radiodifusión c/ Video Cable Comunicación Victoria S.R.L. s/ejecución fiscal" - CNACAF - SALA III - 16/02/2006 
 "La licencia de radiodifusión constituye un objeto inmaterial susceptible de valor que, conjuntamente con los objetos materiales afectados a un servicio de radiodifusión constituyen bienes de la persona jurídica y concurren a conformar su patrimonio. Además estas licencia pueden ser transferidas, sin que se encuentren comprendidas en la enumeración de bienes inembargables del art. 219 del Código Procesal."

"En tales condiciones, la licencia de radiodifusión es un bien susceptible de embargo y, en consecuencia, corresponde proceder con arreglo a lo establecido por los arts. 499 y sgtes. del Código Procesal." 

Voces: Caducidad de instancia 
Partes: s/ 
Fecha: 
Cita: REJ20179    ()  

 

Sumario
Caducidad de instancia

I- Generalidades

 

11- Si cabe alguna duda respecto de la procedencia de la caducidad de instancia,
se impone la interpretación restrictiva que es norma en la materia (CNCiv., Sala F,
Febrero 4 1981, Annoni, Delfina, A. C. Ferrari, Luis y Otros).

Voces: Caducidad de instancia 
Partes: s/ 
Fecha: 
Cita: REJ20221    ()  

 

Sumario
Caducidad de instancia

IX- Cómputo del término

A) Comienzo

 

49- El plazo de perención debe contarse a partir del día siguiente- desde la cero
hora del día siguiente- del último acto impulsorio y termina a las venticuatro horas
del día en que el plazo expira (CNCiv., Sala G, Febrero 5 1981, Carrillo, Eddie c.
Copropi Edificio Montevideo 665/9).

Voces: Caducidad de instancia 
Partes: s/ 
Fecha: 
Cita: REJ20221    ()  

 

Sumario
Caducidad de instancia

IX- Cómputo del término

A) Comienzo

 

49- El plazo de perención debe contarse a partir del día siguiente- desde la cero
hora del día siguiente- del último acto impulsorio y termina a las venticuatro horas
del día en que el plazo expira (CNCiv., Sala G, Febrero 5 1981, Carrillo, Eddie c.
Copropi Edificio Montevideo 665/9).

 

 

Voces: Otras 
Partes: s/ 
Fecha: 
Cita: REJ65108    ()  

 

Sumario


Caducidad de Instancia

III - Fundamento - Interpretación - Finalidad

 

2 - El fundamento de la caducidad de instancia radica en que el Estado, luego de
un período prolongado de inactividad, debe liberar a sus propios órganos de la
necesidad de pronunciarse sobre las demandas y todas las obligaciones
derivadas de la existencia de una relación procesal, jugando en ello el interés
público (del dictamen del FISCAL DE CAMARA que en la sala comparte y hace
suyo) (CNCom., Sala C, Octubre 18-1988). ED, 132-149.

Voces: Otras 
Partes: s/ 
Fecha: 
Cita: REJ65108    ()  

 

Sumario


Caducidad de Instancia

III - Fundamento - Interpretación - Finalidad

 

2 - El fundamento de la caducidad de instancia radica en que el Estado, luego de
un período prolongado de inactividad, debe liberar a sus propios órganos de la
necesidad de pronunciarse sobre las demandas y todas las obligaciones
derivadas de la existencia de una relación procesal, jugando en ello el interés
público (del dictamen del FISCAL DE CAMARA que en la sala comparte y hace
suyo) (CNCom., Sala C, Octubre 18-1988). ED, 132-149.

CASSABA. Suspensión de los efectos de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Medida cautelar. Concesión del recurso de apelación con efecto suspensivo. Admisión de recurso de queja por la forma de concesión del recurso. Aplicación del art. 498 in fine del CPCCN  
 CAUSA 23536/2006 - "CASSABA RQU (autos Rizzo Jorge 39215/04) s/ queja" - CNACAF - SALA V - 10/07/2006 (sentencia no firme) 
 "El art. 498, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que la apelación contra las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias deberá concederse, por principio, con efecto devolutivo, salvo cuando su cumplimiento pudiere generar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará con efecto suspensivo." (Del dictamen del Fiscal General)
"Cabe señalar, ante todo, que si bien la magistrada de primera instancia, sobre la base del examen de los hechos y pruebas de la causa concluyó que la demandada no acreditó suficientemente que la medida cautelar decretada pudiere generarle tal perjuicio irreparable y tal índole de cuestiones, como regla, son ajenas al dictamen de este Ministerio Público, corresponde hacer excepción a esto último cuando lo decidido adolece de la tacha de arbitrariedad." (Del dictamen del Fiscal General)
"Desde mi punto de vista, tal es lo que acontece en el sub examine, toda vez que la juzgadora se limitó a tener en cuenta uno solo de los aspectos discutidos, esto es, que la demandada no acreditó suficientemente el monto de sus erogaciones, pese a no desconocer y estar acreditado que la cautelar por ella concedida con efecto erga omnes respecto de los profesionales matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, le irrogará a la demandada una merma de $166.624,46 de promedio diario durante el plazo que tarde en resolverse la apelación. Ello, desde mi punto de vista, traduce una valoración sólo parcial de las probanzas arrimadas al expediente y aparece como contradictorio, además, con lo expresado por la jueza en torno a que el organismo profesional deberá seguir cumpliendo con las prestaciones a su cargo." (Del dictamen del Fiscal General)
"En apoyo de esta conclusión, me parece oportuno aludir a la doctrina de la Corte Suprema, según la cual, para decidir el desconocimiento de derechos de índole provisional o de carácter alimentario debe precederse con extrema cautela (Fallos: 316:3043, 3205 y 317:750,983). Pienso que tal doctrina es aplicable en la especie aunque se refiere a la interpretación de leyes que establezcan beneficios de dicha naturaleza y aquí se trata -como antes quedó expuesto- de establecer si una medida cautelar es susceptible de colocar a un organismo previsional en la imposibilidad de cumplir con las prestaciones a su cargo, pues indica, de todas maneras, que debe preferirse la solución que favorezca la continuidad de éstas." (Del dictamen del Fiscal General)
"Pienso que lo hasta aquí expuesto, que es cuanto atañe a este Ministerio Público, bastaría para dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto fue materia de esta presentación directa." (Del dictamen del Fiscal General)
"Este Tribunal hace suyos los fundados argumentos del Sr. Fiscal General a los que se remite en un todo formando el dictamen antes mencionado parte integrante de este decisorio. Por lo allí expuesto SE RESUELVE modificar el modo de concesión del recurso otorgado por la Sra. Juez Subrogante en los autos "Rizzo Jorge" Expte. Nº 39.215/04 el que debe ser con efecto suspensivo." (del voto de la mayoría) 
    
  Texto completo  VERSION PARA IMPRIMIR
  Buenos Aires, 10 de julio de 2006.//-
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I- Que se presenta en estas actuaciones la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires interponiendo recurso de queja en los términos del art. 284 del Código Procesal, contra el autos de fecha 6 de julio de 2006 por la cual la Sra. Juez Subrogante concedió con efecto meramente devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar dictada en los autos principales, en cuya virtud se dispuso suspender los efectos de la ley 1181 de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se creó la caja antes aludida.-
II- Que entiende la recurrente que el recurso debió haber sido concedido con efecto suspensivo;; y a tal fin agrega la documentación correspondiente y funda su pretensión.-
III- Que a fs. 305/306 dictamina el Sr. Fiscal General en cuanto al fondo de la cuestión se refiere; conforme lo ordenado a fs. 304.-
IV- Que este Tribunal hace suyos los fundados argumentos del Sr. Fiscal General a los que se remite en un todo formando el dictamen antes mencionado parte integrante de este decisorio.-
Por lo allí expuesto SE RESUELVE modificar el modo de concesión del recurso otorgado por la Sra. Juez Subrogante en los autos "Rizzo Jorge" Expte. Nº 39.215/04 el que debe ser con efecto suspensivo.-
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General en su público despacho; a las partes con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles debiéndose librar los oficios correspondientes a las autoridades involucradas;; los que serán confeccionados y notificados con habilitación de días y horas inhábiles por los aquí actores.-
Oportunamente vuelva al Juzgado Nº 1 para ser agregado al expediente principal nº 39.915/04.-
Se deja constancia que se encuentra vacante una de las vocalías de esta Sala (arg. art. 109 del R.J.N.)).-
Fdo.: Pablo O. Gallegos Fedriani - Jorge Eduardo Morán
Expte 23.536/06 Sala Cont. Adm. Fed. V
CASSABA RQU (AUTOS RIZZO JORGE 39215/04).-
EXCMA. CAMARA:
-I-
A fs. 1543/1547 de los autos principales (a los que corresponderán las siguientes citas), la Juez Subrogante a cargo del Juzgado N° 1 del Fuero resolvió como punto 5 "Disponer a título cautelar y previa caución juratoria... la suspensión de los efectos de la ley 1181 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y de toda otra norma legal y reglamentaria que derive de ella, sea federal o local, pública o privada, respecto a todos los profesionales matriculados en dicho Colegio Profesional (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), razón por la cual se dispone arbitrar los medios necesarios tendientes a no exigir el cumplimiento de la normativa impugnada en autos, hasta tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo de la cuestión...".-
"Ello sin perjuicio de dejar a salvo que lo aquí resuelto no () afecta los derechos subjetivos que hubiesen generado y que se estén cumpliendo en relación a los beneficios y prestaciones provisionales ya concedidos y otorgados a la fecha de este pronunciamiento (conf. art. 17 LNPA)".-
-II-
Contra tal pronunciamiento, la demandada interpuso de apelación obrante a fs. 1658/1661, oportunidad en la que solicitó -en lo que actualmente importa- que se conceda "con efectos suspensivos, en los términos del artículo 498º, inc. 6º del C.P.C.C.N.".-
Sostuvo a tal efecto -en lo sustancial- que la medida cautelar dispuesta afectará en forma directa y manifiesta prestaciones de carácter alimentario y social y que, con ello, quedará comprometido el interés público, con grave e irreversible perjuicio para los directos beneficiarios de CASSABA, que son los propios matriculados del Colegio Público y su grupo familiar.-
Agregó que, de acuerdo con lo declarado el 18 de junio ppdo. por el plenario de la Secretaría General Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, "...Las Cajas de Profesionales, entes de derecho público no estatal, cumpliendo con la satisfacción del interés general, deben tener aseguradas sus fuentes de financiamiento y cualquier restricción que suprima o disminuya sus recursos, violentará normas constitucionales".-
Dijo, además, que la suspensión de la medida apelada durante el plazo que dure la tramitación del presente recurso es la única forma de cumplimentar la manda en cuanto ordena dejar a salvo los derechos subjetivos que se hubiesen generado y que se estén cumpliendo en relación a los beneficios y prestaciones provisionales ya concedidos, sin mencionar las contingencias sociales que habrán de producirse (fallecimientos, nacimientos, jubilaciones por invalidez, etc.) y que la ejecución de la resolución impugnada generará mayores perjuicios para su parte de imposible reparación ulterior que aquellos que pudiera provocar la suspensión pretendida.-
-III-
A fs. 1672, la Juez interviniente estimó que la petición de que se conceda el recurso con efecto suspensivo no puede prosperar y lo concedió "al solo efecto devolutivo". Ello motiva la presente queja.-
Para así decidir, tuvo en cuenta que los propios beneficiarios del sistema previsional solicitaron que se suspendan los efectos de la ley de creación y que la existencia del gravamen irreparable esgrimida por la apelante no resulta suficientemente acreditada. Ello, por cuanto la documentación agregada sólo da cuenta del ingreso promedio diario del sistema de $ 166.624,66, pero no ha aportado ninguna documentación que indique los gastos que con ellos deben sufragarse en la actualidad, ni la estimación de cual sería su monto en el futuro, ni la suma total que hasta el momento hubiere sido recaudada y su relación con las erogaciones a las que ya se encontraría obligada la Caja de acuerdo -entre otros- con los subsidios que habría otorgado hasta el presente (uno por jubilación, 15 pensiones por fallecimiento, 129 subsidios por nacimiento, 83 subsidios por maternidad y 2 subsidios por adopción).-
-IV-
El art. 498, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que la apelación contra las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias deberá concederse, por principio, con efecto devolutivo, salvo cuando su cumplimiento pudiere generar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará con efecto suspensivo.-
Cabe señalar, ante todo, que si bien la magistrada de primera instancia, sobre la base del examen de los hechos y pruebas de la causa concluyó que la demandada no acreditó suficientemente que la medida cautelar decretada pudiere generarle tal perjuicio irreparable y tal índole de cuestiones, como regla, son ajenas al dictamen de este Ministerio Público, corresponde hacer excepción a esto último cuando lo decidido adolece de la tacha de arbitrariedad.-
Desde mi punto de vista, tal es lo que acontece en el sub examine, toda vez que la juzgadora se limitó a tener en cuenta uno solo de los aspectos discutidos, esto es, que la demandada no acreditó suficientemente el monto de sus erogaciones, pese a no desconocer y estar acreditado que la cautelar por ella concedida con efecto erga omnes respecto de los profesionales matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, le irrogará a la demandada una merma de $166.624,46 de promedio diario durante el plazo que tarde en resolverse la apelación. Ello, desde mi punto de vista, traduce una valoración sólo parcial de las probanzas arrimadas al expediente y aparece como contradictorio, además, con lo expresado por la jueza en torno a que el organismo profesional deberá seguir cumpliendo con las prestaciones a su cargo.-
En apoyo de esta conclusión, me parece oportuno aludir a la doctrina de la Corte Suprema, según la cual, para decidir el desconocimiento de derechos de índole provisional o de carácter alimentario debe precederse con extrema cautela (Fallos: 316:3043, 3205 y 317:750,983).-
Pienso que tal doctrina es aplicable en la especie aunque se refiere a la interpretación de leyes que establezcan beneficios de dicha naturaleza y aquí se trata -como antes quedó expuesto- de establecer si una medida cautelar es susceptible de colocar a un organismo previsional en la imposibilidad de cumplir con las prestaciones a su cargo, pues indica, de todas maneras, que debe preferirse la solución que favorezca la continuidad de éstas.-
Por otra parte, de acuerdo con lo declarado por la Sala II del Fuero en asunto que guarda cierta analogía con el presente, creo que la solución adoptada por el a quo tiende a proteger los intereses particulares de los actores por sobre la indudable finalidad pública que encierra la actividad del organismo afectado por la medida (conf. sentencia del 27 de abril de 1999 in re "Limperco S.R.L. C/ E.N. -Presidencia de la Nación- Sec. De Turismo de la Nación s/ amparo ley 16.986 Causa 4643/99), circunstancia que reafirma la existencia de arbitrariedad en el caso.-
-V-
Pienso que lo hasta aquí expuesto, que es cuanto atañe a este Ministerio Público, bastaría para dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto fue materia de esta presentación directa.-
Fiscalía, 10 de julio de 2006.//-
Fdo.: R. Bausset  

PROPIEDAD INTELECTUAL. Juego de mesa. Utilización como base el deporte del fútbol. Idea pública. Distintas técnicas y reglamentos de cada juego de mesa. Inexistencia de plagio. Rechazo de la demanda  
 "Salinas Analia Haydee c/ Tele Red Imagen S.A. y otros s/ daños y perjuicios" - CNCIV - 21/06/2006 
 "El objeto de estos autos fue según el pedido de la actora, obtener resarcimiento patrimonial y moral a raíz de la existencia de plagio entre el "ABC Fútbol", obra depositada por ella y según testimonios de autos conocida por los co-demandados Vitólo, Tele Red Imagen S.A. y el "Super Fútbol 6" difundido con la publicación de la revista "El Gráfico" atribuyendo la comercialización a Guillervil Internacional S.A., de propiedad de Torneos y Competencias S.A."

"La protección legal alcanza aquellas obras donde aparece un elemento sustancial que es la originalidad, concepto que se relaciona estrechamente con el de novedad y si no hay nada nuevo, sí ya existía antes, si sólo se trata de una copia de otra obra o estaba en la comunidad en forma pública y ostensible de manera alguna alcanza la tutela legal."

"Siendo que el juego base consiste en recrear el campo de fútbol adaptándolo a un juego de mesa en el que se enfrentan los participantes, logrando el triunfo por los goles obtenidos a raíz del puntaje que el azar otorgó, sin duda constituye la idea que la ley menciona como "pública" y que plasmada a determinados métodos o reglamentos alcanza la obra que esa norma protege, por contener la elaboración personal requerida para lograr la originalidad o novedad que constituye una innovación."

"Existe coincidencia en reconocer que ambos son juegos de mesa que mediante la representación de la cancha intentan avanzar hacia el arco contrario para lograr el gol, que en un caso concluye el juego y en otro otorga beneficio al participante con puntaje a su favor, pero en su desarrollo, figuras que imitan jugadores o equipos, estos mismos y sus habilidades resultan diferentes, lo que demuestra que de una misma idea que como se dijo es pública, fue realizada otra obra, con reglamentos y características distintas como fue aceptado por el mismo perito ingeniero industrial a fs. 878."

"De tal comparación la respuesta resulta categórica, los juegos no son iguales, pues la obra depositada por la actora responde a otra estructura distinta al Super Fútbol 6, con lo cual la copia o plagio invocado no aparece configurada, pues si bien fue utilizada la idea en los términos antes descriptos, el desarrollo y procedimiento de juego es diferente y alejado de la calificación pretendida, por lo que opino que la decisión de primera instancia desestimando la acusación formulada en el inicio debe ser confirmada."

"Las similitudes citadas en la demanda, así como las diferencias mencionadas a fs. 195/199, demuestran a mi entender que ambos juegos tomaron como base el deporte del fútbol, trasladaron el lugar donde se desarrolla a un tablero para convertirlo en un juego de mesa y es ahí donde comienzan las diferencias en la división de este, los jugadores, sus habilidades, forma de avance, posibilidades, modo en que se suceden las alternativas, concretar la anotación de los tantos, etc, situaciones que si bien resultan totalmente conocidas por los aficionados a ese deporte, determinan que en cada uno de los juegos quienes participan deban adaptarse a las técnicas y reglamentos propios y por ende, que no son iguales, pues solo tienen en común la idea base que constituye el deporte en el que están inspirados."

"Es de resaltar que de aceptar la petición sostenida por la actora, se llegaría a la errónea conclusión de que cada vez que se tome en consideración el juego del fútbol para representarlo en un tablero o apoyarlo en una mesa, siempre resultaría inflingida la obra por ella registrada como ABC Fútbol, a pesar de que se empleen reglas y alternativas específicas y propias del tema o juego diferentes a las propuestas por aquel." 

CONTRATO DE SEGURO. Cobertura. Siniestro. Responsabilidad contractual. Valor de reposición del vehículo. Suma asegurada  
 Natale Miguel Rodolfo c/Provincia Seguros SA s/ordinario - CNCOM - 05/05/2006 
 "De los testimonios obrantes en la causa se desprende que el vehículo tenía equipamientos especiales -grupo electrógeno, aire acondicionado, estaba en óptimas condiciones de mecánica, etc.- ergo elevaré el monto estimado para reparar el daño. Coadyuvante, como ya he dicho antes que ahora, debe ponderarse que carecería de sentido que la aseguradora -profesional en el ramo- aceptara celebrar un contrato de seguro por un valor ajeno a la realidad. Es que no puede soslayarse que el siniestro se produjo coetáneamente con su contratación, por lo que no pudo producirse un desfasaje de valor alguno (CNCom, esta Sala, "in re": "Martínez, Miguel Ángel el AGF Allianz Cia. de Seguros Generales S.A. s/ ordinario", del 26.05.05). Ello así, estimaré el valor de reposición del vehículo, en el valor de la suma asegurada ($ 50.000)." 

CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES. TENTATIVA. Aeropuerto. Intento de traspasar marihuana en un bolsillo de un pantalón. Sustancia envuelta en papel de diario. Existencia de dolo: conducta suficiente para dificultar el control aduanero. PROCESAMIENTO  
 C. 54.292 – “Incidente de apelación del procesamiento respecto de José Luis Giorgetta en causa nº 6262 "Giorgetta José Luis s/contrabando de estupefacientes" – CNPE – Sala B – 17/05/2006 
  “En oportunidad de traspasar el detector de metales se accionó la alarma; por este motivo, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a efectuar una inspección manual de GIORGETTA, detectando un bulto en el bolsillo superior delantero derecho del pantalón de aquél. Al ser preguntado por el contenido del bolsillo, GIORGETTA expresó que eran monedas. Acto seguido, se solicitó al nombrado que exhiba el contenido del bolsillo; aquél extrajo un envoltorio de papel de diario, afirmando que era marihuana, para consumo personal.”

"Sin perjuicio de la impugnación efectuada por la defensa con respecto al carácter de ardid atribuido (art. 863 del C.A.) al traspaso de sustancias estupefacientes en un bolsillo de un pantalón, lo cierto es que intentar traspasar los controles con la sustancia acondicionada de aquella manera resulta al menos, suficiente para dificultar aquel control (confr. art. 864 inc. b, del C.A.)"

“Por otro lado, el acondicionamiento de sustancias estupefacientes en un envase para rollo fotográfico que se encontraba en uno de los bolsos que despachó el imputado, aparece, al menos por el momento, como suficiente para ocultar aquella sustancia de los organismos de control (confr. art. 864 inc. d, del C.A.).”

“De esta manera, por encontrarse acreditada la calidad de la sustancia incautada -calidad que no fue cuestionada por la defensa-, cabe concluir que el caso se corroborarían, al menos y con el grado de convicción exigido para este momento del proceso, los elementos objetivos del tipo penal del art. 866 primer párrafo, en función del art. 864 incs. b y d, del Código Aduanero.”

“Asimismo, resulta insostenible que el imputado haya olvidado que tenía un paquete compacto con más de dos gramos de marihuana y lo haya confundido con monedas.”

“Dado que el imputado tendría conocimiento cierto de la existencia de los controles previa a la salida y ante el arribo de un vuelo internacional; que ha invocado el consumo ocasional de marihuana, y en atención a las consecuencias que por la detección de aquel tipo de sustancia se podría ocasionar al nombrado, no es verosímil suponer, al menos en este momento del proceso, que el imputado no haya tomado los recaudos debidos -en este caso, mínimos- para verificar que no tenía en su poder sustancias estupefacientes al momento de traspasar los controles mencionados.” 

APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS. Art. 6 de la ley 24.769. Omisión de depositar a la orden del Fondo Nacional de Turismo, los montos del impuesto nacional percibido de conformidad con el art. 24 de la ley 25.997, por la venta de pasajes aéreos. Calidad de mandatario del imputado. Existencia de un poder de administración a su nombre. REVOCACION DE PROCESAMIENTO: no se encuentra comprobado que fuera él quien percibió los importes de la venta de los pasajes y el importe de los impuestos  
 C. 54.964 - "Incidente de apelación del procesamiento de Alejandro Jorge Castro formado en causa caratulada: "Contribuyente: "Air Euroamérica S.A." sobre apropiación indebida de tributos" causa nº 841/2005, "N.N. Contribuyente Air Euroamérica S.A. sobre apropiación indebida de tributos" – CNPE – Sala A – 24/05/2006 
  “Si bien está admitido que el imputado suscribió las declaraciones juradas que dan cuenta de la venta de los pasajes y el importe de los impuestos percibidos, eso no demuestra que fuera él quien percibió esos importes. Tampoco se comprueba esa circunstancia por la existencia de un poder de administración a su nombre. Aunque el mandato fuera suficiente para percibir el precio de los pasajes vendidos y para pagar los impuestos, se trata de un acto unilateral del mandante que no prueba que el mandatario hubiese ejercitado esas facultades.”

"En tanto se encuentra pendiente la evacuación de las citas de descargo efectuadas, en las que se indica el nombre de quien sería verdadero responsable de la gestión societaria, la orden de procesamiento resulta prematura.” 

FALTAS. Club deportivo. Recital de grupo musical. INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DEL PERMISO CONCEDIDO PARA FINALIZACION DEL ESPECTACULO. Art. 4.1.1 de la Ley 451. Causal de justificación: producción de un desperfecto eléctrico fortuito que motivó la suspensión de la función por el mismo lapso que se reputó excesivo en el acta – posibilidad de que la masa asistente provocara desórdenes si se restaban veinte minutos a la actuación. Rechazo. Deber de la accionada de poner en práctica una extrema diligencia para garantizar el normal desenvolvimiento del espectáculo. Actividad riesgosa. MULTA  
 Causa nº 456-00/CC/2005 - “CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ Incumplimiento del horario del permiso concedido para finalización del espectáculo - APELACION” – CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – Sala II – 03/03/2006 
  “La sola instrumentación de un evento como el señalado implicaba para la accionada la puesta en práctica de una extrema diligencia para garantizar tanto a los espectadores como a los vecinos y transeúntes la indemnidad de los bienes jurídicos de su titularidad, actividad que le imponía disponer adecuadamente los elementos físicos para llevar a cabo el espectáculo y arbitrar los medios tendientes al repelimiento de situaciones que obstaran a su normal desenvolvimiento. En este orden, el proyecto materializado en la puesta en marcha de una actividad en sí riesgosa colocó a la encartada en posición de garante de la incolumnidad de aquellas relaciones de disponibilidad individuales y colectivas que podían verse vulneradas por la naturaleza y la magnitud del negocio concretado, entre las que se encontraban, también, la seguridad de los habitantes de la zona, la integridad física de los asistentes y los derechos adquiridos en su carácter de suscriptores de un acto jurídico que creó una relación de consumo, todo lo cual se tradujo en una intensificación de su deber de cuidado.”

“De esta forma, no aparece evidente que el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación se haya visto, al momento de los hechos, encerrado en una disyuntiva que implicaría la decisión de afectar un bien jurídico -la tranquilidad pública- para evitar la producción de estragos, pues eran precisamente su status precedente y los vínculos contractuales enlazados los que lo obligaban sólidamente a prevenir toda posibilidad de producción de daños de cualquier entidad.”

“Bajo esta óptica, no puede considerarse la alegada existencia de un deber jurídico de vulnerar la habilitación concedida, pues la verdadera obligación del impugnante consistía precisamente en cumplir todas y cada una de las mandas que le imponían las normas de diferente índole -contravencionales, administrativas, penales, de faltas y las civiles surgidas del contrato suscripto con los espectadores-. En este sentido, y por lo expresado en los párrafos precedentes, la hipotética “colisión de deberes” debe meritarse en sentido acumulativo. Lo contrario implicaría conceder al imputado una inadmisible dispensa judicial de ciertas obligaciones a su cargo a favor de otras, toda vez que tampoco surge de la normativa en su conjunto asignación de obligación jurídica ni precepto permisivo algunos que permitieran tener por justificada o debida la conducta reprochada.”

“La “peligrosidad de la situación” que el quejoso estima preterida por el Magistrado fue efectivamente considerada al decidir la disconformidad a derecho de la conducta infraccional, aun aportando una réplica fundada en las reglas de la experiencia común.” 

COUNTRIES. BARRIOS PRIVADOS. Falta de pago de cuotas sociales. Acción por cobro de pesos. Procedencia. Estatuto social. Propietario de lotes. Prueba de que el propietario no revestía la calidad de asociado. Carga de la prueba  
CAUSA 57978 REG. INT. N° D-125 - "Asociación de Residentes de San Carlos Countries c/ Figini, Hector A. s/ cobro de pesos" - CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN MARTIN - SALA I - 06/06/2006 
 "El objeto de la demanda es el cobro de pesos contra el demandado, en concepto de cuotas sociales, por el inmueble que usufructúa, sito en el San Carlos Country. El demandado, oponiendo excepción de falta de legitimación, niega que se hubiere asociado a la entidad actora y adeude pago de cuota alguna y, por ello, tenga alguna deuda a favor de la reclamante. Aduce, por la excepción de falta de legitimación pasiva, principalmente, que no siendo asociado ni habiendo utilizado sus instalaciones que ocupa la actora dentro del barrio, se encuentra exento del pago de cuota social alguna y, por la excepción de falta de legitimación activa, argumenta que no emerge del título de propiedad que existan bienes comunes de propietarios de la zona, ni indivisión forzosa, ni obligación de integrar una asociación de titulares de dominio, aunque admite haber abonado cuotas que implicaban el pago de servicios delegados por el Sr. Intendente municipal a la actora, con el convencimiento que tales rubros reemplazaban las tasas que debían abonarse por los mismos al municipio."

"Sabido es la importancia que los estatutos revisten en las Asociaciones, (art. 40 y cdtes. del Código Civil) a los cuales quedan sometidos tanto los socios fundadores como lo miembros que se asocien con posterioridad (arts. 7 a 10 del Estatuto Social, fs. 5/11)."

"Los registros contables de la asociación actora son llevados en legal forma, con cinco libros que designa y se encuentran rubricados por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. La experticia informa que el demandado está registrado como socio, como así sobre el estado de su deuda y demás informes, debidamente puntualizados por la sentencia en crisis."

"La letra del art. 8° de los Estatutos Sociales, que define como socios activos a propietarios y condóminos de lotes de terreno o viviendas ubicados en San Carlos Country. Así también, la "Asociación de Residentes de San Carlos Country" debe reglamentar el ejercicio de la actividad inmobiliaria, la construcción y la provisión de bienes y servicios dentro del San Carlos Country, pudiendo reclamar judicial y extrajudicialmente las cuotas sociales y el reintegro de los beneficios que otorga la Asociación a todos los residentes de San Carlos Country, según lo disponen los arts. 1° inc. G y H de los Estatutos. Si el accionado declara que es propietario de dos lotes ubicados en San Carlos Country, según lo documenta y lo acepta la actora, con las detenidas observaciones, al respecto, efectuadas por el señor juez de grado, cabe interpretar que también al mismo correspondía acreditar que no era asociado, pese a ser propietario de un inmueble ubicado dentro de los linderos del country. Igual carga probatoria le correspondía en la denunciada doble imposición que alegara, cuando reconoce haber abonado cuotas que implicaban el pago de servicios delegados por el Sr. Intendente municipal a la actora, convencido que era en reemplazo de las tasas que debían pagarse al municipio. Su acreditación, según bien lo encuadra el judicante, sólo pesaba sobre quien invocó tal irregularidad - arts. 375 y 384 del C.PC.C- (ítem. IV," in fine " de los Considerando)." 

Las peleas son cosa de guapos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó lo resuelto por la justicia penal neuquina al considerar que el tipo penal de los artículo 95 y 96 del código de fondo -lesiones y homicidio en riña- son constitucionales y fueron aplicados sin desmedro de las garantías penales. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29984

No le echen la culpa al pozo
La Cámara Civil condenó al Ministerio del Interior a indemnizar a una pareja que resultó gravemente herida tras chocar con un móvil de la Policía Federal en el ruta Nº 52, entre las localidades de Canning y San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. La demandada aseguraba que el accidente se produjo por un bache que había en el camino pero los jueces no le dieron la razón en base a las pericias técnicas. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29979


Jaque a la sociedad de cómodo
La Cámara Nacional en lo Comercial confirmó la Resolución 812 de la I.G.J. que rechazó la inscripción de lo decidido en la asamblea de la sociedad "Boca Crece S.A.", cuya participación societaria quedó distribuida en un 99% para un socio, y el restante 1% para el otro. Según los camaristas, no existió "affectio societatis", sino deseo de cumplir formalmente una normativa.
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29983
ESTABLECIMIENTO PSIQUIATRICO. Muerte de un paciente. Menor de edad. Obstrucción de las vías respiratorias por la ingesta de desechos alimenticios. Ausencia temporaria de la enfermera que lo asistía. Tendencia del occiso de alojar objetos en su boca. Necesidad de protección permanente. CASO FORTUITO. Hecho imprevisible e inevitable. Exoneración de responsabilidad de la enfermera. RECHAZO DE LA DEMANDA  
 442.317.- "C., C. A. y Otro c/Inst. Técnico Arg. de Rehabilitación al Discapacitado y Otros s/Daños y Perjuicios" - CNCIV - SALA E - 16/06/2006 
 "Es de destacar la esmerada atención brindada a A. en el instituto, según surge del legajo obrante en fotocopias a fs. 569/715, en el que aparecen sorteadas innumerables dificultades que presentaba el estado psíquico de la menor, con las consiguientes derivaciones físicas y fisiológicas. De sus constancias y de las declaraciones testimoniales prestadas en la ya citada causa penal surge el requerimiento de protección permanente para ella y el cuidado que le fuera proporcionado a pesar de las dificultades que le creaba al personal que la asistía -ello inconscientemente, por la índole de la patología irreversible que padecía, que puede resumirse en la expresión debilidad mental grave, que la hacía dependiente de terceros en un ciento por ciento-, exponiéndose a sí misma al peligro, como es el caso de alojar objetos en su boca, o creándolo para terceros mediante agresiones y mordeduras."

"Después de recordar la tendencia de la occisa a llevarse a la boca los objetos que se hallaban a su alcance, quedó establecido que A. "se había tragado o intentado tragar un objeto de las características del carozo e incluso, el cesto en cuestión no se encontraba en el inmediato alcance de la menor, sino que la misma se dirigió hasta él, sin la observación de su guardadora, todo lo cual alejó aún más la factibilidad de prever aquel fin lesivo". Y acto seguido: "si bien es cierto que la niña, aparentemente tenía un impulso para introducirse cosas en la boca, circunstancia esta conocida por la enfermera, también lo es que las escupía y las masticaba sin problemas, aun cuando no discernía qué le podía hacer daño o qué no". Por fin, si la enfermera distrajo su atención unos instantes por otros cuidados, no podía prever lo que iba a acontecer."

"En el caso, la conjunción de la ausencia temporaria de una de las enfermeras, la decisión de la niña de acceder al cubo de desperdicios y tomar de él el carozo allí depositado y, por sobre todo, la circunstancia sin precedentes en quien habitualmente llevaba las cosas a su boca y las escupía o las masticaba, de atragantarse con aquel elemento de modo irreversible para su salud física, configuran el hecho imprevisible e inevitable del que hizo mérito la sentenciante para exculpar a la deudora."

"Voto, en definitiva, por la confirmatoria de la sentencia apelada con las costas de la Alzada en el orden causado, por haber sido consentida igual decisión en la instancia de grado." 

ACCIDENTE DE TRANSITO. Colisión de automóviles. Maniobra peligrosa. Invasión del carril contrario. Estado de ebriedad del conductor embistente. ASEGURADORA DEL DEMANDADO. Pretensión de exclusión de la cobertura argumentando el dolo del asegurado en la denuncia del siniestro por no mencionar su estado de ebriedad. Negligencia de la aseguradora en la compulsa del sumario penal. Rechazo de la pretensión  
 "Szwarc Mario c/Bombicino, José Luis, s/daños y perjuicios" - CNCIV - 24/04/2006 
 "La citada en garantía se queja ante el rechazo de la defensa por exclusión de cobertura basada en el estado de ebriedad del asegurado al momento del accidente. Considero que no le asiste razón a la quejosa ya que compartiendo el criterio expresado por el anterior sentenciante, debe recordarse que el art. 46 de la Ley 17.418 establece que: "el tomador, o derecho habiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño. Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No es válido convenir la limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal"."

"Asimismo el art. 56 de la mencionada ley establece que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46 y la omisión de pronunciarse importa aceptación. Teniendo ello presente debe destacarse que el Sr. Bombicino denunció el accidente a la aseguradora dentro del plazo establecido en el art. 46 antes transcripto (o sea dentro de los tres días de producido el accidente), no siendo un hecho menor que por el accidente se instruyó una causa penal cuya acta inicial data del día 30/6/94 y en la que se dejó expresa constancia que el demandado estaba alcoholizado cuando ocurrió el siniestro, asimismo se observa que el apoderado de la quejosa recién se presento en dichas actuaciones penales con fecha 26/8/1996, y rechazó la cobertura con fecha 18/9/1996 es decir más de dos años después de producido el accidente. Lo expuesto torna poco seria la actitud de la aseguradora que pretende la exclusión de la cobertura argumentando el dolo del asegurado en la denuncia del siniestro por no mencionar su estado de ebriedad, cuando con el solo hecho de haber sido diligente para la compulsa del sumario penal - y no esperar dos años para hacerlo- hubiera tomado conocimiento de la realidad de los hechos con suficiente tiempo para declinar la cobertura, máxime cuando se trata de una empresa especializada en siniestros."

"Por los argumentos expresados y los del anterior sentenciante que se comparten, corresponde desestimar las quejas planteadas sobre el tema." 
APE -ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL-. Ejecución de sentencia homologatoria. Publicación de edictos. Suspensión. Improcedencia. Existencia de un conflicto debatido en los Tribunales norteamericanos en punto al reconocimiento integral del APE en aquel país (art. 304 del Código de Bancarrotas de EEUU). Sentencia extranjera pendiente. Se otorga al apista un plazo de seis meses, a contar desde la notificación de la resolución, para que cumplimente la publicación de edictos ordenada bajo apercibimiento de declarar incumplido el acuerdo homologado (LC 76)  
 "Multicanal S.A. s/Acuerdo Preventivo Extrajudicial" - CNCOM - 04/05/2006 
 "Mas allá de la evidente falta de certezas sobre la incidencia que pudiera tener el avance de este proceso en las actuaciones ventiladas ante el Tribunal de Bancarrotas norteamericano, lo real es que existe un conflicto en aquella jurisdicción en punto a la posibilidad de entregar a los bonistas minoritarios estadounidenses (no institucionales), los títulos que fueron ofrecidos por el apista que derivó en el acuerdo que recibió homologación por los Tribunales argentinos y que hoy se encuentra firme. Posibilidad que condiciona, según las decisiones y actas de audiencias cumplidas en el proceso norteamericano que han sido traídas a esta causa, el total reconocimiento de APE en aquel país, pues aquello permitiría descartar la imputación de una conducta discriminatoria de Multicanal S.A. hacia los minoritarios. Sin embargo aquel proceso, que en principio parecería afectar a una porción mínima del universo de los acreedores de Multicanal S.A., no puede suspender sine die este APE difiriendo en el tiempo el cobro dejas acreencias de un sinnúmero de créditos de relevante cuantía."

"Superados los dos años del inicio de las actuaciones en Estados Unidos, y sin certezas sobre su rápida conclusión, no es pertinente en derecho, ni justo desde una óptica económica, hacer aguardar al conjunto de acreedores afectados por el APE para percibir sus acreencias o, cuanto menos, para contar con los títulos que eventualmente le permitan su negociación en el mercado."

"Ninguna de las partes involucradas ha invocado alguna norma específica, de nuestro derecho positivo, que autorice la suspensión de este proceso o norma internacional que amerite conceder al fallo norteamericano cierta prejudicialidad en punto al avance de este procedimiento."

"De mediar alguna contingencia que afecte sustancialmente el cumplimiento del acuerdo homologado, cabrá en tal hipótesis y frente a un conflicto concreto y actual, que el Magistrado que sea competente dirima la controversia conforme la ley positiva y los principios generales del derecho concursal."

"Quedó acreditado en esta causa, como ya ha sido dicho, que existe un conflicto que está siendo debatido en los Tribunales norteamericanos en punto al reconocimiento integral del APE en aquel país (artículo 304), que requiere concluir que el trato para los minoritarios estadounidenses no ha sido discriminatorio."

"No existe base legal o fáctica que justifique mantener la decisión del señor Juez a quo -en cuanto rechazó la intimación a que se imponga a la apista el cumplimiento de la publicación de los edictos ordenada en la sentencia homologatoria del APE-, pues importa una suspensión sine die de este proceso. Empero no es posible tampoco fallar con total independencia de actuaciones que probadamente se están cumpliendo en el exterior y que según se dice podrían incidir, de algún modo, en el cumplimiento del acuerdo. No es posible ahora, con los elementos colectados, definir si una eventual sentencia desestimatoria del planteo de Multicanal en aquella jurisdicción podría afectar sustancialmente a este APE."

"De igual modo, nada puede concluirse sobre si una eventual prosecución de estas actuaciones perjudica fatalmente la utilidad de la encauzada por vía del artículo 304 de la ley de quiebras estadounidense; y menos que tal situación, de ocurrir, podría perjudicar el cumplimiento íntegro de este acuerdo homologado. Pero lo cierto es que el resultado de tal procedimiento, cualquiera fuere su resultado, difícilmente pasará inadvertido en este proceso."

"Todo esto justifica que, si bien será revocada la sentencia en crisis, se concederá a la apista seis meses desde la notificación de la presente para que proceda a publicar los edictos."

"No es posible que un proceso casi concluido en esta jurisdicción sea suspendido sin plazo, cuando no existe norma local o de derecho internacional que así lo disponga. A su vez esta dilación provoca un perjuicio patrimonial claro a una significativa mayoría de los acreedores concurrentes, lo cual conspira contra la propia télesis de una reestructuración de deuda."

"El atípico plazo que se conferirá, tiene sustento fáctico en la ausencia de cuestionamiento de esta tácita suspensión operada en este último tiempo, por parte de acreedores de porcentaje relevante."

"Por lo hasta aquí expuesto, la Sala RESUELVE: Revocar la resolución dictada en fs. 20134/20136, y conferir a Multicanal S.A. un plazo de seis meses, a contar desde la notificación de esta decisión, para que cumplimente la publicación de edictos ordenada en fs. 18351/18398 punto 4. c), bajo apercibimiento de declarar incumplido el acuerdo homologado (LC 76)." 

DERECHO A LA SALUD - PROTECCION INTEGRAL DEL DISCAPACITADO. Obra social del Estado Provincial. Provisión de prótesis ortopédica en forma gratuita. Amparo. Procedencia. Amparista comprendido por la adhesión que efectuara la provincia de Formosa a la Ley Nacional Nº 24901  
 Fallo N° 11.250/06 - "Peña Jose Luis c/ I.A.S.E.P. s/ amparo -LEY 749-" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE FORMOSA - 26/06/2006 
 "El principal punto a resolver es si le asiste razón a la recurrente en cuanto a que no resulta obligatorio para el Estado la provisión en forma gratuita de la prótesis requerida por el demandante y, en su caso, si resulta pertinente la reglamentación al respecto del I.A.S.E.P. que dispone la financiación de la misma sin intereses y en función a los ingresos que percibe el afiliado. Puesto a explayarnos acerca de la cuestión, hemos de marcar la diferencia básica que aparece entre la situación planteada en autos, donde existe un marco jurídico especial y propio, cual es la ley nacional Nº 24.901, a raíz de la cual la provincia ha suscripto un convenio de adhesión que fuera expresamente ratificado por el Poder Ejecutivo a partir del Decreto Nº 858/2000 y la situación analizada en el Fallo Nº 10.655/05 de este Tribunal, citado en apoyo de sus fundamentos por la apelante."

"En el presente caso lo que resulta imposible obviar es una norma de referencia que ha sido creada entre otras cosas para garantizar la "Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos...", como lo establece en su art. 27 inciso b) la mencionada norma nacional, ante lo cual plantea la accionada que dichas prestaciones hasta que sean de igual forma dispuestas en una normativa a dictarse en la provincia, quedan supeditadas al régimen establecido en las prestaciones de la Obra Social del Estado Provincial."

"Bueno es recordar al comenzar el enfoque jurídico de la cuestión que nuestra Corte Suprema de Justicia en fallo del 16 de octubre del 2001 in re "M. M. c/ MSyAS" se ha pronunciado en un caso donde precisamente se trataban los alcances y limitaciones de las prestaciones a las que daba lugar una situación de discapacidad, diciendo que: "El derecho a la vida -comprensivo de la preservación de la salud- es el primer derecho de la persona humana reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, ya que siendo el hombre el centro del sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable y constituye el valor fundamental respecto del cual los demás valores tienen siempre carácter instrumental"."

"Permítasenos recordar, incluso ante las consideraciones referidas a las reglas a las que ajusta su proceder la Obras Social provincial, que las mismas no podrán en forma alguna obviar la gratuidad de la prestación en la medida que tal gratuidad se halla dispuesta en la Ley de referencia Nº 24.901, incluso para las personas que carecen de cobertura social, diciendo su art. 4º que "Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado". De ello se deduce que si puede alguien no cubierto por el sistema de seguridad social reclamar las prestaciones a lo que lo autoriza su discapacidad, aquel que se encuentre dentro del sistema no podrá verse en condiciones más desfavorables, so pena de una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley que cuenta con la garantía del art. 16 de nuestra Constitución Nacional."

"En definitiva, hallándose claramente comprometido y afectado el derecho a la salud que como Derecho Humano hoy con jerarquía constitucional (Art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25 -inc. 1º- de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y Art. 12 -inc. 1º- del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) le asiste al Sr. José Luis Peña, en su carácter de discapacitado, y con específica referencia a la posibilidad de exigirle a su obra social la provisión gratuita de la prótesis que le permita por consejo médico paliar su incapacidad motriz, cabe desestimar el agravio en contra sostenido por la demandada, por las razones de hecho y el derecho expuesto precedentemente." 

Sobre la circunvención de incapaz
Por Eduardo Sirkin *  
 
  Partiendo de la base que sintéticamente la "circunvención de incapáz" se refiere a una de las conductas tipificadas en el art. 174 inc. 2º del Código Penal, es decir defraudación por abuso de las necesidades, pasiones o inexperiencia de persona incapaz, el tema mantiene actualidad tanto desde el punto de vista civil como el penal.
Art. 174 del C.Penal: Sufrirá prisión de dos a seis años:
 
… 2º) El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo.
  No obstante que está equiparada a la estafa y otras defraudaciones, la norma transcripta se aparta de las características básicas que fija la ley penal para que se den la defraudación o la estafa "…ya que no son aquí el medio idóneo el abuso de confianza, el ardid o el engaño. No están en juego la buena fe, ni el error de la víctima. El menor o el incapaz actúan sin ser sorprendidos y conociendo las circunstancias que rodena al hecho o pudiendo fácilmente conocerlas, pero acuciados por sus necesidades o a causa de su inexperiencia, de que se aprovecha quien consuma el abuso…" (NÚÑEZ, José Manuel "Defraudación de Incapaces (Circunvención de menores y explotación de incapaces) en Enciclopedia Jurídica Omeba, tº VI, pag. 115.
" La actitud espiritual del sujeto se basa, pues, en el conocimiento de la situación de incapacidad de la víctima, conocimiento del cual parte un fin de lucro para sí o para un tercero. Si no existe es fin, lucri faciendi causa, no podría hablarse de abuso. Por eso decíamos que este delito se presenta como una estafa específicamente caracterizada. No es necesario un ardid positivo, porque las condiciones objetivas permiten ver que no es necesario desplegarlo; que bastan los halagos culpables. Es un caso de ardid excepcionalmente definido sobre la base de existencias menores. La mentira, que ordinariamente no alcanza a constituir ardid, basta en este caso…" SOLER; Sebastián "Derecho Penal Argentino" tº IV, pag. 347 y sig)
  Se ha resuelto:
"Corresponde ordenar el procesamiento de la imputada, por el delito de circunvención de incapaces, si puede advertirse que ésta, aprovechándose de la necesidad de la víctima -en el caso, ésta traspasó la titularidad del inmueble en la suposición de que algo le tenía que dar a la acusada para que se hiciera cargo de su hija, debido a su edad avanzada-, persona incapaz, con la que la unía una relación de confianza, le hizo firmar un documento por el cual le causaba un perjuicio patrimonial, al haberle cedido la vivienda en donde la víctima vivía con su hija, también incapaz, quien a raíz de esta venta queda en desamparo.
2. A los fines del delito de circunvención de incapaces, se entiende por necesidad a todo interés o inclinación pronunciada del ánimo como manifestación de la edad o incapacidad -en el caso, aprovechándose del temor de una mujer mayor de dejar desamparada a su hija incapaz cuando ella falleciera, la imputada había logrado que le transfiriera la titularidad de dominio de la única casa de la víctima- y es claro que no se trata sólo de necesidad económica, sino de cualquier orden, siempre que sea producto del padecimiento de la víctima o de su edad y alcancen tal intensidad que disminuyan considerablemente su juicio crítico y las funciones volitivas y afectivas.
3. Tal como surge de la propia letra del inc. 2° del art. 174 del Cód. Penal, no es exigible para que se configure el tipo de circunvención de incapaces, que el incapaz haya sido declarado en juicio -en el caso, se trataba de una anciana de 74 años que le cedió su única vivienda a la imputada- pues la ley se satisface con un cuadro de deterioro psíquico que puede surgir de las mismas pericias efectuadas en sede penal.
CN Crim y Correc Sala I, 05/08/2003 "Fernández, Margarita A." La Ley: Sup.Penal 2004 (julio)
  Por supuesto que la casuística nos brinda un abanico de situaciones más allá de los previsible y depende de los sujetos participantes de cada conducta.
1. .- El delito de circunvención de incapaces exige que el sujeto activo ejerza un abuso y, además, que esa acción no sea tan sólo sobre la mente del incapaz globalmente considerada sino sobre necesidades, pasiones e inexperiencia. No se trata de que la necesidad, pasión o la inexperiencia sean la causa del abuso sino que dadas esas situaciones, el sujeto activo abuse de ellas.
2. .- Con relación a los escribanos intervinientes en un acto viciado, se debe tener en cuenta que no excusar sin más su responsabilidad por determinadas comprobaciones fácticas que realicen al momento de celebrarse los actos pasados bajo su autoridad respecto de personas que no conocen con anterioridad, ni por que la práctica notarial indique que se llegue a esas personas por el conocimiento de parientes o allegados del disponente. Ello es así porque la ley les exige que les conste personalmente, por un conocimiento anterior, la identidad del celebrante del acto.
3. .- Si la prueba reunida no ha podido pasar del estadio de lo que los escribanos, intervinientes en el acto, debían haber sabido o les debía haber constado al momento de los hechos, sólo podría tener lugar una responsabilidad culposa pero nunca una dolosa como exige la figura de circunvención de incapaces.
4. . - Cuando un peritaje aparece fundado en principios científicos serios y no existe otra prueba que lo desvirtúe, ante la imposibilidad de oponerle argumentos científicos de mayor valor, deben aceptarse sus conclusiones.
CN Crim y Correc. Sala IV 01/06/1999 Hourcade, Blanca A. y otros. La Ley 2000-C, 296 - DJ 2000-2, 581
  Otro:
1. - La figura de delito circunvención de incapaces no exige que se esté frente a un incapaz civilmente declarado, bastando que en el momento del hecho padezca una disminución de su inteligencia, voluntad o juicio, que lo incapacite para resguardar debidamente sus intereses económicos.
2. - El delito de circunvención de incapaces exige que el sujeto activo se abuse del incapaz, sin requerir engaño por parte del autor ni error de la víctima, sino aprovechamiento del autor, esto es utilización de la situación.
CN Crim y Correc Sala III 14/09/1992 M., J. A. La Ley 1993-B, 111 - DJ 1993-1, 848
  Es interesante la descripción de la conducta relatada en el fallo que antecede:
"..En efecto, tengo para mí que en noviembre de 1983 la querellante R. M. P. B, ya de avanzada edad pues estaba próxima a cumplir 90 años, sintiéndose incapaz de administrar sus bienes, cosa que hasta dicho año se había encargado de hacerlo su hermana H. hasta su fallecimiento, resolvió donar la nuda propiedad de 3 departamentos ubicados en esta Capital y una quinta sita en la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, a su conocido J. A. M., reservándose el usufructo de los mismos debiendo aquél atender a las necesidades de la perjudicada debidamente especificadas, de por vida.
Al principio M. cumplió sus obligaciones; cosa que tiempo después dejó de hacer por lo que se cursaron insistentes reclamos de la anciana concretados por medio de distintos telegramas colacionados enviados por su abogado doctor R.S. Tal situación alarmó al acusado quien aviesamente resolvió aprovecharse de que la perjudicada que ya contaba con 92 años, se encontraba con sus facultades mentales parcialmente disminuidas lo que le afectaba para llevar a cabo la disposición de sus bienes.
Para ello, mediante astucias y engaños, la llevó a una escribanía, previo a lo cual la indujo y obtuvo sus fines consistentes en hacerle firmar diversos documentos y escrituras por los que se desapoderaba de todos sus bienes a favor de M., al que previamente liberó de sus obligaciones quedándose así ella prácticamente en la indigencia…"
  Otro caso
1. - El tipo penal de la circunvención de incapaces exige que la incapacidad sea manifiesta, bastando con que el autor conociera la disminución del juicio de la víctima.
2. - El aspecto objetivo del tipo de circunvención de incapaces no exige que se compruebe que una persona se encontraba en estado de inconsciencia o que se trataba de un demente, sino únicamente que se compruebe una apreciable disminución de sus capacidades.
CN Crim y Correc Sala II 18/10/1991 Manchego, Daniel. La Ley 1992-C, 326 - DJ 1992-2, 192
  Allí se relató:
"… En lo que atañe a Daniel G. Manchego, entiende que el plexo probatorio autoriza a responsabilizar al imputado por el delito contemplado en el inc. 2° del art. 174. La acción que le atribuye resulta de haberse abusado de las falencias psíquicas, necesidades e inexperiencia de Virginio Echeverría --incapaz no declarado como tal--, haciéndose firmar la escritura traslativa de dominio del inmueble propiedad de la víctima a su favor, el 27 de diciembre de 1983.
 
Señala básicamente, que el encartado conocía el deterioro psíquico que presentaba su tío y que el tipo penal no exige que la incapacidad sea notoria, sino que sólo sea conocida por quien intenta el fraude. Por otra parte, hace notar que el haber concertado el contrato traslativo de dominio por la suma que allí se establece --cien mil pesos argentinos-- implicaba un daño al patrimonio de la víctima, termina exponiendo que las explicaciones que dieran el incuso y su madre, en relación al modo de cómo se concertó la compraventa y el precio que se pagó, no resultan ser razonables.
 
"De acuerdo a las constancias de autos a fs. 39 (Historia Clínica del Hospital Naval y de la Clínica San Jorge), el causante presenta el cuadro antes descripto desde hace 25 años, con ciertos altibajos, y dada la cronicidad del cuadro y su evolutividad, presumiblemente el 27 de diciembre de 1983, padecía de igual cuadro mental por lo que considera que, "el mismo no poseía capacidad para realizar operaciones de compra-venta de inmuebles, y en especial, posibilidad de comprender el acto que se realiza".
Ahora bien, el tipo penal bajo análisis exige, para que una conducta se encuentre atrapada por el mismo, que el sujeto pasivo se encuentre en inferioridad para resistir a la voluntad de quien lo induce a la realización de lo que constituye la objetividad del delito. En este sentido, cabe entender que el aspecto objetivo de la norma, no exige que se compruebe que una persona se encontraba en estado de inconsciencia, o que se trataba de una persona demente, sino únicamente que se compruebe una apreciable disminución de sus capacidades psíquicas (conf. C.C.C., 2/6/44, Fallos, t. V, p. 151).
De dicho informe y del que obra a fs. 50/51, se advierte en la víctima la presencia de ideas delirantes, aplanamiento afectivo, incoherencia y trastornos del juicio y raciocinio, que son los rasgos típicos de los estados paranoides (conf. Vidal Alarcón, "Psiquiatría", ps. 304/306).
Como lo hacen notar los médicos forenses, la enfermedad diagnosticada, dado su estado evolutivo, impedía comprender el acto negocial que celebraba.
 
"..Pronto que se analicen los distintos datos probatorios se aprecia que el sobrino no podía desconocer la ausencia por parte de su tío de capacidad psíquica suficiente para celebrar el convenio de compraventa, máxime cuando el imputado estuvo conviviendo con quien resultó damnificado (ver fs. 36 vta., 86, 207, 208 y fs. 59, 99 y los propios dichos del encartado al prestar declaración indagatoria).
En cuanto al deterioro patrimonial exigido por el tipo penal, resulta evidente que la maniobra, aprovechando el estado psíquico referido, lo produjo. Se asevera ello, habida cuenta que el tasador designado en autos, refiere que el valor en plaza del inmueble objeto de la compraventa resultaba.."
  Realmente se trata de la captación de la voluntad de la persona que por incapacidad o inhabilidad es utilizada como sujeto pasivo para apropiarse de uno, varios o la totalidad de sus bienes.
 
  Es usual el caso de personas mayores que son "depositadas en geriátricos" por sus familiares y en muchos casos sólo abonando los costos, sin brindarles asistencia afectiva, que aquellos reciban el cariño de enfermeros / as y terminen suscribiendo poderes generales de administración y disposición; o ventas de bienes aprovechando alguna salida de paseo u otra variante.
 
  Se ha investigado la actividad desplegada por vecinos o familiares lejanos receptores de inmuebles o poderes para cuyo otorgamiento concurriese un escribano dejando constancia del estado cognoscitivo de la paciente -internada en un hospital-, descubriéndose con posterioridad que para la firma "alguien" habría colaborado con el movimiento de la mano de la demente aún no declarada.
 
  También los casos tan comentados en que gente de la llamada "mayor" se "enamore" de personas mucho más jóvenes de otro sexo contrayendo matrimonio después de haberle transmitido propiedades, rodados y otros bienes o que no sea necesario celebrar el matrimonio una vez firmada la documentación correspondiente.
 
  En muchos de estos casos, los actos son realizados sin conocimiento de los familiares quienes creen que el afecto es sincero.
 
  La duda del estado mental habilita al ejercicio de las disposiciones previstas en el art. 152 bis del Código Civil y el pedido de las cautelares apropiadas a fin de proteger el patrimonio del causante:
 
Art. 152 bis. Podrá inhabilitarse judicialmente:
 
2º A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio.
 
3ª A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.
 
Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación….."
  Este tópico implica por la redacción de la norma impuesta por la ley 17.711 que el pródigo debería haber dilapidado una parte importante de su patrimonio, lo que puede llegar a ser fatal o tardío para evitar perjuicios y al limitar la legitimación al cónyuge, ascendientes y descendientes, coloca a los mayores –solteros o viudos sin hijos- que tienen como herederos a sus sobrinos, en bandeja para ser sujetos pasivos del delito de circunvención de incapaz, sin perjuicio de la nulidad de los actos que eventualmente puedan declararse con posterioridad.
 
  Para evitarlo habría que invocar las disposiciones del código civil además de las transcriptas y recurrir a lo dispuesto en los arts. 624 y sig.; 637bis y sig. del CPCCN tanto en demencia como en cuanto a la declaración de inhabilitación, sin llegar a aquella..
 
  En ese capítulo está previsto en el art. 631 del CPCCN que los médicos psiquiatras deberán expedirse con la mayor precisión posible, sobre:
1. Diagnóstico
2. Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó
3. Pronóstico.
4. Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.
  El estado de inhabilitación o demencia aún no declarada habilita a formular denuncia penal; a demandar por nulidad de los actos celebrados entre la fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó, etc.
 
  En publicación reciente se aludió:
"La operación que originó esta demanda se celebró el 6 de junio de 2000, por ante el escribano Adolfo M. Mealla, y se refería a la venta de la nuda propiedad de un departamento de la señorita Zorrilla (quien se reservó el usufructo vitalicio) en favor de su vecina, la señora Anderle. La superficie total del bien era de 23,23 metros pero el precio convenido fue de sólo $ 9.000.
 
La actora asegura que la compra estuvo basada en los vicios del dolo y lesión subjetiva. En la demanda también cuenta que su salud se fue agravando a través del tiempo y, especialmente, a partir del año 1999, motivo por el cual su vecina comenzó a acompañarla y a ayudarla no sólo con la realización de las tareas de la casa y de su aseo personal, sino también en la compra de medicamentos, lo que estableció entre ellas un vínculo cada vez más estrecho.
 
Por es emotivo, la actora decidió recompensar económicamente a su vecina, dejándole su propiedad a través de un testamento. Promediando el año 2000 concurrieron juntas a una escribanía, creyendo –la actora- que firmaría un testamento. Su vecina pagó los $500 del trámite para no ocasionarle ningún gasto a su benefactora.
 
Teniendo en cuanta la definición de acción dolosa del artículo 931 del Código Civil, los jueces manifestaron en el fallo que "no existen en autos elementos que hagan presumir, con suficiente fundamento, que la actora fue engañada, en el sentido de que, creyendo estar otorgando un testamento en favor de su contraria, en realidad le estaba enajenando su única propiedad inmueble, reservándose para sí el usufructo vitalicio, y ni siquiera se cuenta con presunciones que indiquen, con las características que exige el segundo párrafo, del Cód. Procesal, que fue víctima del° art. 163, inc. 5 engaño aducido".
 
Con respecto al vicio de lesión -también alegado por la actora-, los jueces hicieron algunas apreciaciones técnicas antes de analizar los hechos. En primer lugar, definieron al vicio como "el daño que en un acto a título oneroso, se deriva de la falta de equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe".
 
Además, recordaron que con la reforma introducida al Código Civil por la ley 17.711, se incorporó a nuestra legislación el vicio de lesión como causal de nulidad de los actos jurídicos, requiriendo la nueva redacción otorgada al art. 954 la concurrencia de dos elementos: el objetivo, que radica en la notable desproporción entre las prestaciones de ambas partes; y el subjetivo, que consiste en la explotación de la situación de inferioridad de uno de los contratantes por el otro.
 
Para analizar si en el caso se encuentra presente el elemento objetivo, esto es, si existe una notable desproporción entre las prestaciones de las partes, el tribunal tuvo en cuenta el informe de la perito arquitecta designada de oficio, para quien el valor venal del departamento a la fecha de la escritura de venta oscilaba entre u$s 25.500 y u$s 27.800, en tanto el de la nuda propiedad se encontraba en un rango de u$s 21.000 a u$s 23.
 
"Ello así, es evidente que existe una desproporción notable, la que no se justifica por el hecho puesto de relieve por el escribano y el testigo Weber de que se calculó para establecer el precio los gastos en que la demandada habría incurrido en favor de la actora. Es que, hubiera sido más pulcro y sencillo que hubiese otorgado un testamento, pero -sin lugar a dudas- fijar un valor para la compraventa tan reducido podía ser -como de hecho lo fue- objetable. Por lo demás, ello revela que ningún precio recibió la vendedora y beneficiaria del usufructo vitalicio, mientras que, atendiendo a su edad a la época de la contratación (más de 86 años), superaba holgadamente -como es de público conocimiento- la edad promedio que proporcionan las diversas tablas de mortandad, lo que hacía menor el álea del contrato", sostuvo el tribunal al respecto.
 
En cuanto a los elementos subjetivos -la necesidad, ligereza o inexperiencia del sujeto que sufre la lesión y el aprovechamiento de tal situación por el otro contratante- los jueces destacaron que no fueron rebatidos por la demandada" Dju
439.247.- "ZORRILLA FANNY REMIGIA C/ ANDERLE LILIANA S/  NULIDAD DE ACTO JURÍDICO"
CNCIV SALA E 02-12-2005
www.diariojudicial.com del 22-02-2006.
  Concluyendo con la casuística, también se ha dado un caso en que con motivo de las disposiciones de fines de 2001, la pesificación, corralito y accesorios una señora con edad cercana a los 80 años cotitular de un plazo fijo en dólares estadounidenses en una entidad bancaria fue "acompañada" por familiares al banco, firmó la pesificación, dio orden de entrega de un cheque y fueron retiradas las sumas. Asimismo utilizando un poder que había otorgado a una de esas personas fue vendido el inmueble que habitaba a la hija de la apoderada y llevada a vivir a casa de ésta última por un tiempo.
 
  Querella mediante devino en procesamientos confirmados por la Cámara, pero por razones de confidencialidad debo omitir datos al estar aún en trámite. La damnificada después de las operatorias fue declarada insana en los términos del art. 633 del CPCCN.
Configura el delito de circunvención de incapaces la actividad del imputado quien, abusándose de la incapacidad mental de la víctima, logra hacerle suscribir un boleto de compraventa y, después, la escritura traslativa del dominio de su inmueble, causando a ella y su hija un daño patrimonial que implicó la transferencia de dicho inmueble a nombre del victimario.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I - 01/09/1988- Leone, Julio A.
DJ 1989-1, 497, con nota de Salvador F. Scimé.
________________________________________
(*)  Profesor Adjunto de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UBA. Docente desde hace 41 años de la materia en dicha Facultad. Abogado en ejercicio desde hace 43 años. Subdirector del Departamento de Derecho Procesal de dicha Facultad. Ex docente de la Escuela de Iniciación profesional del CPACF. Presidente de la Comisión de Derecho Procesal de la AABA. Director y Docente del Curso de Iniciación Profesional Área Procesal Civil y Comercial de dicha Entidad. Ex Profesor Adjunto de Derecho Procesal en las facultades de derecho de las Universidades de Belgrano y El Salvador. Ex Subdirector de Doctrina Judicial de Editorial La Ley. Director de la Sección Procesal del Instituto de Asuntos Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Miembro de la Sección Procesal de la Comisión de 26 Juristas del país, designada por el Ministerio de Justicia de la Nación para el Digesto Jurídico Nacional. Autor de más de 100 trabajos sobre la materia; disertante en Jornadas, Cursos y Conferencias en Capital e interior del país. Designado "Profesor Consulto" por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires el 29-06-06.
 
info@estudiosirkin.com.ar 

EXILIADOS POLITICOS. Indemnización. Beneficio de la Ley 24043. Procedencia  
 D. 730. XLI - "Dragoevich, Héctor Ramón c/ M°. J. y DD.HH - art. 3° ley 24.043 (resol. 612/01)" - CSJN - 20/06/2006 
 "Entre los casos citados en la sentencia en los cuales el tribunal realizó similar interpretación de las normas indemnizatorias a la que hizo en el presente (confr. f. 119, punto V "in fine"), esta Procuración General en oportunidad de analizar la situación traída a examen in re Y. 43, XXXVIII, "Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ Ministerio del Interior (Resolución MJDH 221/00) - expte. 443.459/98" opinó -contrariamente a lo sostenido por la Cámara- que sí encontraba cabida en la ley 24.043 y sus complementarias y, por ende, que correspondía otorgar la compensación peticionada, "...en tanto las condiciones en las que la actora tuvo que permanecer y luego abandonar el país -sobre las que no existen controversias- demuestran que su decisión de ampararse, primero, bajo la bandera de una nación amiga, y emigrar después, lejos de ser considerada como "voluntaria" o libremente adoptada, fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas o, cuanto menos, de recuperar su libertad pues, como desarrollo a continuación, considero que al momento de su decisión de extrañarse, ya sufría la mengua de tal derecho básico.", toda vez que "...detención, no solo en esa ley sino también para el sentido común, significa distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria...Por ello, no me cabe duda que también se encuentra insito en el concepto de detención de la ley en análisis, el confinamiento obligado de toda una familia -abuelos, hijos, cónyuges y nietos- en el recinto de una embajada extranjera, y su posterior exilio inexorable como único medio de torcer el destino de muerte que ya habían sufrido dos de sus integrantes." (del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante)

"La Corte, al resolver en esas actuaciones, remitió al referido dictamen en razón de brevedad por sentencia del 14 de octubre de 2004. A mi modo de ver, la circunstancia apuntada constituye razón suficiente para proponer que la sentencia recurrida sea dejada sin efecto, sin que ello implique abrir juicio sobre si debe ser concedido el beneficio solicitado, toda vez que a tal efecto, deben examinarse cuestiones de hecho y prueba para determinar si en el sub lite se reúnen las condiciones señaladas en el citado fallo, que no fueron evaluadas por el a quo atento a la forma en que resolvió." (del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante) 

CONSOLIDACION. Existencia de fondos a disposición del Tribunal depositados por la demandada con anterioridad a la vigencia de la ley 25.344. Aplicación del régimen de consolidación del pasivo estatal  
 H. 351. XXXIX - "Hewlett Packard Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva" - CSJN - 30/05/2006 
 "El recurso extraordinario es admisible pues la decisión impugnada es asimilable a definitiva, en tanto la exclusión de la deuda del régimen de consolidación de la ley 25344 causa a la demandada un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 317:1071; 322:1201; 324:826), y se halla en juego, además, la inteligencia de normas federales y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que la recurrente fundó en ellas."

"Las obligaciones alcanzadas por el art. 13 de la ley 25.344 se consolidan después del reconocimiento firme, en sede judicial o administrativa, de la deuda (art. 1°, ley 23.982). Como consecuencia de ello, se produce -en ese momento- la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo, en los plazos fijados por aquélla, o la entrega de los bonos que correspondan (art. 17 ley citada)."

"En tales condiciones, la existencia de fondos a disposición del Tribunal depositados por la demandada con anterioridad a la vigencia de la ley 25.344, no obsta a la aplicación del régimen de consolidación del pasivo estatal. De allí que el art. 9 inc. a del decreto 1116/00 precisa que la consolidación alcanza a "los efectos no cumplidos de las sentencias (...) aunque hubiesen tenido principio de ejecución, o sólo reste efectivizar su cancelación"."

"La aplicación de la ley 25.344 a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas pasibles de ser consolidadas resulta inexcusable toda vez que sus disposiciones -en razón de su carácter de orden público- son imperativas e irrenunciables (art. 16, ley 23.982; Fallos: 317: 739; 319:2931; 326:1637)." 

CONCURSOS. Inmueble de propiedad de la fallida. Vencimiento del contrato de locación. Desalojo. COMPETENCIA del Juez del concurso  
 Expte. 46613/05 - "Molino Santa Anita SRL s/ quiebra s/ Incidente de apelación (ART. 250)" - CNCOM - SALA C - 18/04/2006 
 "Admitido el vencimiento del contrato de locación, no concretando la recurrente las razones que pudieran fundar seriamente su derecho a mantener la ocupación, y siéndole ajena la suerte del inmueble como consecuencia del acatamiento de la intimación -más allá de las facultades y deberes del síndico y de la jurisdicción para preservar el inmueble-, resulta correcta la directiva apelada." (Del voto de la mayoría)

"La posibilidad de efectuar el desalojo de un inmueble de propiedad de la fallida a subastar, debe tramitar ante el juez que interviene en el citado juicio universal (conf. analog. "Loussarian Juan Carlos s/ quiebra s/ inc. de apelación (art. 250 C.P.C.C.N.), dictamen nro. 68.384 del 15-6-93; "Mareovich Beatriz Lujan s/ quiebra s/ inc. de concurso especial por Secade S.A.", dictamen 107.728 del 31-8-05 con fallo de la Sala A que remitió a sus fundamentos)." (Del dictamen de la Sra. Fiscal General) 

CONCURSOS Y QUIEBRAS. Fallido. Prestación de tareas en relación de dependencia. Sumas percibidas con posterioridad a la fecha de rehabilitación. Sumas afectadas a la quiebra. Improcedencia  
 "Polakoff Marcelo s/ quiebra" - CNCOM - 27/04/2006 
 "En el caso, el fallido fue rehabilitado atento haber transcurrido el plazo de un año desde la fecha de declaración de quiebra (19.5.03). En razón de tal situación, el desapoderamiento de los bienes no puede ir más allá de los bienes existentes a la fecha de declaración de la quiebra y los adquiridos hasta la rehabilitación del fallido (LCQ: 107). Las sumas que percibe el fallido por la retribución de sus tareas prestadas como dependiente y con posterioridad a la fecha de rehabilitación, no pueden quedar afectadas por la quiebra, ya que su devengamiento se produce periódicamente luego de su prestación; máxime si se tiene en cuenta que en autos fueron realizados dos depósitos cuyos fondos se encuentran a disposición del proceso para afrontar gastos del concurso y que no ha sido dispuesta la clausura por falta de activo del presente proceso falimentario." 

HONORARIOS PROFESIONALES. Abogados. Crédito del abogado contra el vencido en costas. PRESCRIPCION de la acción de honorarios. Oportunidad del planteo de prescripción. La prescripción resulta oponible en el trámite de regulación. Cambio de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Prescripción bienal o decenal según el hecho de que los honorarios estén o no regulados  
 Expte. 12537/96 - "Balbi de Ordenavia Marta B. - Espinoza María D. - Romero José R. - Sanchez de Caneva Lourdes T. - Gonzalez Alberto L. - Hernandez de Zampedri Elcira I. - Quiroz de Aguirre Laura C. - Monticelli Omar V. - Baez Pedro M. - Vigano Rubén A. c/ Estado de la Pcia. de Corrientes - Poder Ejecutivo s/ acción de amparo" - STJ DE CORRIENTES - 12/06/2006 
    
  "La prescripción resulta oponible en el trámite de regulación. Con ello se evita un dispendio jurisdiccional que significa postergar el tratamiento al momento de la iniciación de la ejecución del cobro de los honorarios, introducida por el ejecutado como excepción o defensa. En consecuencia, corresponde modificar el criterio sentado por este Superior Tribunal en autos: "Godoy Norma c/Superior Gobierno de la Provincia s/Acción de Amparo", Expte. Nº 12.542 (S.T.J., Res. Nº 158/04) y tratar la prescripción incoada en el presente trámite regulatorio."

"Un importante sector de la doctrina afirma que la prescripción bienal contenida en el art. 4032 inc. 1º del Código Civil, sólo abarca la relación del abogado con su cliente. Y no alcanza a la relación del letrado con el vencido en costas, que se encuentra en el término ordinario previsto en el art. 4023 C.C. Tal exégesis está en el hecho de que el crédito del abogado contra el vencido en costas -cuando no es su cliente- proviene de la propia sentencia que impone el pago, teniendo, en consecuencia, origen procesal. En cambio, el crédito contra el cliente surge de la relación contractual que los vincula."

"No puede establecerse, dos términos diferentes según que la acción se dirija contra el cliente o contra el condenado en costas, toda vez que cuando los honorarios fueron regulados la obligación tiene su origen en la actio iudicati. (BUERES-HIGHTON, op. cit., págs.850/851). Ergo, en este caso corresponde estarse al plazo ordinario de prescripción decenal contenida en el art. 4023 Código Civil."

"La aplicación del término de prescripción bienal o decenal está dado por el hecho de que los honorarios estén o no regulados. Si hay condena en costas pero no hay honorarios regulados, debe estarse al plazo de prescripción de dos años, mientras que si están regulados corresponde el de diez años, sea quién fuere el deudor."

"Para el juicio terminado, entendemos que corresponde determinar si los honorarios han sido regulados o no. En el primer supuesto, la prescripción es la ordinaria de diez años, como se dijo anteriormente, y en el segundo (honorarios no regulados) debe aplicarse la prescripción bienal, sin distinguir en ninguno de los casos entre cliente y condenado en costas" (BUERES-HIGHTON, op. cit., pág. 852)." 

LEYES SECRETAS y decretos de igual carácter. CONSTITUCIONALIDAD. Necesidad de preservación del Estado. Normas relativas a la seguridad externa e interna. Carácter excepcional. Ley Secreta 18.302 sobre gastos de carácter reservado correspondientes a diferentes organismos del Estado. Constitucionalidad  
 "Monner Sans Ricardo c/ Estado Nacional s/Amparo Ley 16.986" - CNACAF - 15/06/2006 
  “Resulta verdaderamente contradictorio hablar de leyes secretas cuando justamente la ley es, según nuestra doctrina constitucional Clásica, la expresión del pueblo que a través de sus representantes se dicta normas para regular sus conductas y las propias del Estado.”

“Sin embargo, tal extrañeza o contradicción desaparece cuando se reconoce que el secreto en determinadas cuestiones hace a la preservación misma del Estado; como lo han sido desde siempre las cuestiones de seguridad externa e interna.”

“Todo principio no es absoluto y todo derecho es relativo, conforme las normas que reglamentan su ejercicio (arg. art. 28 de la Constitución Nacional).”

“Hagamos por un momento un ejercicio de imaginación y pensemos que frente a un ataque externo el Estado Nacional publique en el Boletín Oficial, Internet y/o por cualquier otro medio de circulación su plan de defensa, la ubicación de sus tropas, el armamento con que cuenta, día y hora de los ataques que realizará contra el enemigo o medios presupuestarios específicos para las tareas a desarrollar. Tal hipótesis, a todas luces sería no sólo imposible, sino - casi seguro- el final de la propia Nación.”

“En síntesis, las llamadas "leyes secretas" y los decretos de igual carácter, son algo no querido pero necesario y deben ser aceptados como tales.”

“La sentencia recurrida, peca en exceso al declarar la inconstitucionalidad genérica de toda norma secreta que no encuentre su causa en el estado de necesidad "porque su público conocimiento ponga en riesgo la subsistencia de la República o la seguridad de la comunidad".”

“En efecto, la utilización de un concepto jurídico indeterminado y la declaración de la invalidez constitucional de normas cuya existencia se desconoce, resultan impropias de una condena judicial y como tal, debe ser revocada en cuanto a este punto se refiere.”

“También la Sra. Juez declara la Inconstitucionalidad del carácter secreto otorgado a la ley 18.302 y aquí también no puedo coincidir con la sentenciante. Así, adviértase que la norma que consta sólo de tres artículos se refiere a los gastos de carácter reservado y/o secreto correspondientes a la Presidencia de la Nación, a los Comandos en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como así también de la Secretaría de Informaciones del Estado, Dirección Nacional de Gendarmería, la Prefectura Nacional Marítima, la Policía Federal y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.”

“La sola enumeración de los organismos antes indicados, nos da la idea de que se trata de aquellos que se dedican a la seguridad del estado y que encuentran su razón de ser en el carácter excepcional de las llamadas leyes secretas.”

"En definitiva, toda norma secreta es excepcional y su excepcionalidad debe estar justificada, pero no le corresponde al juez resolver en forma genérica de aquí y para siempre qué leyes o normas podrán ser secretas o no. O, como pareciera pretenderlo la Sra. Juez, decreta a partir de este momento la inexistencia de normas que a pesar de su excepcionalidad son propias de todo Régimen Republicano. Aceptar lo contrario, por mas loable que fuese, dejaría el Estado inerme a quienes pudiesen atacar su propia existencia o su forma de gobierno, situación que todos los ciudadanos están obligados a defender.” 

CONTAMINACION AMBIENTAL. Pretensión de obtener un resarcimiento derivado de los perjuicios físicos, morales y psicológicos ocasionados por las emanaciones, sustancias y residuos manipulados por las empresas de la zona denominada "Polo Petroquímico de Dock Sud". COMPETENCIA FEDERAL. Rechazo  
 V. 930. XLI. - "Verga, Angela y otros c/ Tagsa S.A. y otros s/ daños y perjuicios." - CSJN - 20/06/2006 
 "En el sub lite, según los términos de la demanda -a los que cabe atender a fin de determinar la competencia, según el art. 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- los actores accionan contra distintas empresas privadas y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la pretensión de obtener un resarcimiento derivado de los perjuicios físicos, morales y psicológicos que les habrían ocasionado las emanaciones, sustancias y residuos manipulados por las empresas demandadas en la zona denominada "Polo Petroquímico de Dock Sud", ubicado frente a sus viviendas sitas en los barrios de Villa Inflamable e Isla Maciel, en el Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y la limpieza y restauración del medioambiente de la zona." (del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante)

"De tal exposición no surge que el reclamo efectuado se sustente en la contaminación ambiental fuera de los límites de la localidad de Dock.-Sud, razón por la cual estimo que asiste razón al a quo en cuanto señala que rige el art. 71 de la ley 25675 en cuanto dispone que su aplicación corresponde a los tribunales ordinarios por el territorio, la materia o las personas, y sólo en los casos en que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal." (del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante) 

RELACION DE TRABAJO. Art. 23 Ley 20744. Médico de guardia del PAMI. Atención domiciliaria de pacientes. Contrato realidad. Existencia de contrato de trabajo  
 S. 83610 CAUSA 11308/03 - "Maggi Ismael Onofre c/P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/regularizacion ley 24.013" - CNTRAB - SALA I - 23/05/2006 
 "El hecho que el accionante, en su carácter de profesional médico, no se encontrara sometido técnicamente a aquellos para quienes prestó servicios no implica, en modo alguno, que deba descartarse la existencia de una relación laboral si se dan, como en este caso particular, los demás elementos que la configuren. Estimo que lo importante es verificar si el trabajador estaba integrado -junto con otros medios personales y materiales- a la demandada para el logro de los fines de ésta. En tal sentido, analizada la totalidad de los elementos probatorios colectados en la causa, surge que el accionante se desempeñó a las órdenes del PAMI, prestando un servicio -atención domiciliaria de pacientes, ver posiciones primera, segunda, décima y undécima, de fs.255/256-, y que se halla inserto en la organización asistencial de la accionada, extremo que se encuentra también verificado a través de los dichos de los testigos ofrecidos."

"Resta agregar que, respecto a los recibos que extendía el actor en concepto de honorarios, considero que la mera facturación por parte del trabajador no deja de ser una cuestión de índole formal. Estimo que la circunstancia que el actor percibiera una retribución bajo la denominación de "honorarios" no reviste trascendencia a los fines de caracterizar la relación que pretende la demandada. Ello en tanto la relación de trabajo es un contrato "realidad" así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieren decir de la relación o sus denominaciones o formas que adopten para poner un velo sobre lo realmente ocurrido. En consecuencia, la circunstancia que el actor facturara sus servicios en concepto de honorarios, resulta irrelevante para determinar la inexistencia de la relación laboral."

"Por todos los motivos expuestos, reconocida la prestación de servicios por parte de la demandada y teniendo en cuenta la continuidad de la prestación del actor mediante su retribución periódica (desde abril de 1992 hasta julio de 2002), su desempeño a las órdenes de la demandada como médico de guardia -en el sentido de efectuar los reconocimientos médicos de afiliados expresamente encomendados por la accionada- y la disponibilidad en favor de su empleador, estimo que resultan reveladores de una verdadera relación de naturaleza laboral (arg.arts.23 y cc.LCT)." 

CONCURSOS. Emergencia económica. CONTRATOS DE LICENCIA DE EXHIBICION EN TELEVISION. Obligaciones contraídas en moneda extranjera (dólares). Art. 1197 del Código Civil. Aplicación del derecho extranjero por voluntad de las partes. Art. 410/02. Exclusión del régimen de pesificación. Principios generales en el Derecho Argentino  
 "TELEARTE S.A. Empresa de Radio y Televisión s/ Concurso Preventivo (incidente de rev. por la conc. al cred. de WARNER BROS INT.)" - CNCOM - 21/04/2006 
 "Conforme surge de las constancias de autos y no ha sido controvertido por los litigantes, al celebrar los diversos contratos de licencia de exhibición en televisión (todos en dólares estadounidenses), las partes acordaron que los mismos se encontraban regidos por las leyes del Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que los contratantes, en uso de la libre autonomía de la voluntad establecida en el citado artículo 1197, pactaron la sujeción de la relación que las vinculó, a las disposiciones de la normativa de ese país; y estado."

"El art. 1 inc. e) del 410/02, dispone que no se encuentran incluidas en la conversión a pesos establecida por el art. 1° del decreto 214/02, las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera."

"Esta solución es aplicable no sólo porque surge del expreso texto del decreto, sino porque a idéntico resultado se llegaría aún en ausencia de esta norma por aplicación de las normas y principios generales -y preexistentes- de Derecho Internacional Privado (también conocido como "de conflicto de leyes") imperantes en el Derecho argentino y que, consecuentemente, no puede interpretarse que las normas sobre pesificación resultan aplicables a obligaciones regidas por un ordenamiento jurídico distinto al argentino. Ello porque el régimen de pesificación consiste en normas de Derecho privado patrimonial, destinadas a regir obligaciones entre particulares y susceptibles de desplazamiento por la aplicación extraterritorial de un eventual Derecho extranjero, siempre que así lo permitieran las normas argentinas en conflictos de leyes (Sonoda, Juan, "Los efectos de la pesificación sobre los contratos internacionales" en Revista de Derecho Privado y Comunitario-2002-1, pág. 465)."

"Por lo demás, y en la medida en que no se afecten principios de orden público internacional o no se produzca el desplazamiento de la aplicación de las llamadas "normas de policía", nuestro derecho admite la aplicación extraterritorial del derecho extranjero en aquellas materias de derecho privado en las que las propias normas de conflicto argentinas remitan a él o en las que el Estado argentino hubiera consentido su aplicación mediante la suscripción y ratificación de tratados y convenciones internacionales. Además, en las relaciones de fuente contractual como las alcanzadas por los artículos 1° y 8° del decreto 214, es unánimemente reconocido el poder de las partes para elegir el derecho y hasta el contenido que regirá su vínculo jurídico mediante el ejercicio de la autonomía de voluntad (Sonoda, ob. cit., pág. 471)."

"El Derecho extranjero tampoco puede ser aplicado si una "norma de policía" remite a la aplicación exclusiva y excluyente del Derecho argentino sobre la materia. En el caso que nos ocupa, no existen normas de policía que remitan a la aplicación del Derecho argentino respecto de obligaciones en moneda extranjera regidas por el Derecho extranjero. Muy por el contrario, el decreto 410/2002 expresamente reconoce la eficacia de dichos Derechos foráneos para regular las obligaciones bajo su órbita sin interferencias por parte de la normativa de emergencia argentina (Sonoda, ob. cit. pág. 475)." 

CONCURSO PREVENTIVO. Pequeño concurso. Solicitud de apertura. Rechazo. Comerciante. Ausencia de libros contables. Falta de acreditación de la situación patrimonial y la impotencia para afrontar las deudas  
 Causa 57.928 REG. INT. N° D-121 - "De Luca, Eduardo s/concurso preventivo" - CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN MARTÍN - SALA I - 01/06/2006 
 "No puede pretenderse, conforme argumenta el apelante, que, con fundamento en las facultades otorgadas al juez del concurso y a la sindicatura en orden a esclarecer la situación patrimonial del concursado, se omita acompañar aquellas constancias que permitan apreciar, si bien no exhaustivamente pero sí con suficiente claridad, el estado económico de quien inicia un proceso universal, que no sólo debe buscar la solución a una situación particular sino también la de evitar un conflicto con aristas sociales y de interés público.•

"Respecto a la posibilidad de invocar una situación de impotencia patrimonial por el incumplimiento de una sóla obligación, ha dicho este Tribunal (causa 52.729, con voto del suscripto), que si bien ello puede ser considerado como hecho revelador del estado de cesación de pagos, debe conjugarse con otros hechos reveladores por los cuales se demuestre la existencia de un patrimonio con imposibilidad de satisfacer regularmente y con medios normales, las obligaciones que lo gravan. Lo cual, conforme se ha explicitado hasta aquí, no ha sido acreditado en grado suficiente." 

Las leyes secretas son constitucionales
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia recurrida que había declarado inconstitucional el carácter secreto de ciertas leyes. Consideró el tribunal que el carácter secreto de una ley es un instrumento de un Estado de Derecho para asegurar su propia subsistencia, y en todo caso si de ella derivan delitos de corrupción, los culpables serán los que hicieron mal uso de este tipo de normativa.
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29916

Las expensas son 100 % embargables
La Cámara Nacional del Trabajo otorgó el embargo a favor de una ex empleada de un consorcio de 85 años de edad sobre la totalidad de las expensas que, en caso de no cubrir la suma mensual de $2.500, podrá solicitar el embargo de las unidades. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29906

Si estuvo en una embajada es como si hubiera estado detenido
La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia del magistrado de la instancia anterior al considerar que no puede rechazarse in limine el recurso de apelación presentado contra la denegación del beneficio dispuesto en la ley 24.043 y sus modificatorias, ya que el menoscabo en la libertad que sufrió el actor y su familia al deber confinarse en una embajada para luego exiliarse a España es equiparable a la detención. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29910

COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES. Abogado. PRESCRIPCION. Trabajos realizados ante el SECLO. Naturaleza extrajudicial. Aplicación del art. 4023 del Código Civil. Excepción de prescripción. Rechazo  
 "Noblia Marcela Ines c/ Repsol YPF s/ cobro honorarios profesionales" - CNCIV - 23/06/2006 
 "Existe reiterada jurisprudencia que ha considerado que los trabajos realizados por ante el SECLO -ley 24.635- resultan ser administrativos y, por ello, no pueden considerarse judiciales (conf. CNAT, sala II, 31/8/00, "Powaza, Miguele c/ Atanor S.A."; id, sala V, 14/3/01 "L, SRC Lacat SRL"; id. sala VIII, 31/5/04 "Ayala, Paula c. Deheza S.A. y otro; id. sala IX, 18/2/05, "Riani, Alfonso L y otro c. Seis Sigmas S.A."; id. sala I, 22/4/05 "Bello, Tulio c. Fiat Argentina S.A. y otros"). De ahí que, habiéndose determinado que en el caso no resulta de aplicación el citado art. 4032 del Código Civil, sino el art. 4023 del mismo cuerpo legal, cabe rechazar la excepción de prescripción opuesta por la accionada teniendo en cuenta que los trabajos fueron denunciados como realizados en los años 1999, 2000 y 2001 y la demanda fue interpuesta el día 19 de Octubre de 2005. No obsta a ello, el hecho de que la apelante hubiere citado un fallo del fuero laboral que entiende aplicable la prescripción bienal para los casos de trabajos realizados por ante el SECLO, dados los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden." 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA PRACTICA DEPORTIVA DE RIESGO. Vuelo en parapente. Lesiones. Responsabilidad del instructor de vuelo y de la empresa organizadora. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL de la Provincia y Municipalidad demandadas. Indemnizaciones. INTERESES. Cálculo con relación al daño reconocido en concepto de "incapacidad" y "daño moral" a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA. COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CSJN. Procedencia por razones de economía procesal. Necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia. Inaplicabilidad del precedente "Barreto"  
 C. 1563. XXXVI - "Cohen, Eliazar c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios" - CSJN - 30/05/2006 
 "Frente al prolongado trámite al que ha dado lugar la substanciación de este proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia de fs. 966 vta., evidentes razones de economía procesal como las señaladas por el Tribunal en el reciente pronunciamiento dictado en la causa P.238.XXVIII. "Punte, Roberto Antonio c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ cumplimiento de contrato", sentencia del 21 de marzo de 2006, así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia (Fallos: 319:2151 y sus citas), llevan a dejar de lado en el sub lite el nuevo contorno del concepto de causa civil definido por esta Corte el pasado 21 de marzo en la causa B.2303.XL. "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios" y, en consecuencia, a mantener su competencia originaria para dictar sentencia definitiva en este asunto."

"No es motivo de controversia el hecho denunciado por el actor en su demanda en el sentido de que en ocasión de efectuar un vuelo en parapente biplaza sufrió el accidente cuyas consecuencias describe. En cambio, se cuestiona la responsabilidad del piloto que tripulaba el artefacto y la de la empresa dedicada a esos vuelos. Esto es, si los daños físicos sufridos pueden atribuirse al incumplimiento de la convención preestablecida."

"Por haberse tratado en el caso de un contrato oneroso, la relación contractual se encuentra regida analógicamente por el art. 184 del Código de Comercio -que regula el contrato de transporte ferroviario- del que deriva la responsabilidad objetiva del porteador. Esta responsabilidad tiene su razón de ser en el deber de seguridad que el contrato impone al transportador, en virtud del cual debe trasladar o conducir a la persona transportada sana y salva al lugar convenido."

"En el presente caso no está demostrado que el actor haya asumido lo que el tribunal francés llama algún rol activo, esto es, que haya mediado una intervención culposa de su parte en la producción del siniestro. Asimismo, deben ponderarse otras circunstancias. En primer lugar que, como se dice en la demanda y lo admite el codemandado, soplaba un fuerte viento al momento del despegue, lo que exigía el necesario grado de prudencia del piloto (de quien se pondera su experiencia), el que no es dable pretender del actor y, por otro lado, que dicho demandado se encuentra registrado sólo en la categoría de "piloto monoplaza A" ante la Secretaría de Turismo provincial y asumió el rol de instructor para el que no estaba habilitado."

"La aceptación del riesgo no es por sí misma una causa de exoneración si no se demuestra una falta de la víctima, que no se ha acreditado en el caso según lo expuesto en el considerando precedente."

"Por otra parte tampoco se configuró un supuesto caso fortuito, desde que no se demostró que la "fuerte térmica" invocada por el piloto revistiera la condición de imprevisible e inevitable que requiere esa causal exoneratoria, ni se invocó finalmente la concurrencia causal de un tercero en la producción del accidente."

"Respecto de la responsabilidad extracontractual de la provincia demandada cabe señalar que, en ejercicio de su poder de policía, ésta reglamentó la práctica del deporte de que se trata mediante la resolución 176 de 1997, dictada por Secretaría de Turismo Provincial. Dicha reglamentación requiere la previa obtención de la correspondiente licencia de piloto, la utilización de cascos y paracaídas auxiliares, comunicación por radio durante el vuelo y, en particular, la contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros y para los pasajeros transportados. Sin embargo la mera existencia de ese reglamento es insuficiente para responsabilizar al Estado provincial por el accidente. En efecto, la circunstancia de que las actividades privadas se hallen sujetas a regulación estatal por razones de interés general o que inclusive dependan del previo otorgamiento de un permiso, licencia o habilitación, significa que están sometidas a condiciones y estándares mínimos para que los particulares puedan desarrollarlas lícitamente, pero no releva de responsabilidad personal a quien las desarrolla ni torna al Estado en co-responsable de los daños que pudieran resultar del incumplimiento de los reglamentos dictados a tal efecto."

"Quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama (Fallos: 317:1233). En la especie el demandante sostiene que la provincia omitió supervisar la actividad del instructor y de la empresa demandada, así como proveerle auxilio mediante un helicóptero sanitario inmediatamente después de ocurrido el accidente. Sin embargo, el deber de obrar en tal sentido (controlar y prestar auxilio inmediato) no resulta de la reglamentación aludida y tampoco se advierte que tales conductas fueran las exigibles en concreto, esto es, en las particulares circunstancias del caso, a la provincia demandada. Cuando la administración regula las actividades privadas, imponiéndoles a las personas que las llevan a cabo determinados deberes, la extensión hasta la cual ella supervisa y controla el cumplimiento de estos últimos depende, salvo disposición en contrario, de una variedad de circunstancias tales como lo son el grado de control practicable, la previsibilidad o regularidad del suceso que se trata de prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios, y las prioridades fijas de manera reglada o discrecional para la asignación de los medios disponibles. El deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa en materializar el deber indicado. Sostener lo contrario significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por quienes no está obligado a responder (confr. Fallos: 323:318 y 3599)."

"La circunstancia de que la provincia hubiere publicitado ampliamente ese y otro tipo de actividades recreativas y deportivas, más o menos riesgosas, en la zona de San Carlos de Bariloche carece manifiestamente de relación de causalidad con las lesiones resultantes del accidente. Tampoco se advierte la participación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el evento por lo que la demanda a su respecto debe ser rechazada."

"Los intereses se deberán calcular con relación al daño reconocido en concepto de "incapacidad" y "daño moral" a partir del 10 de febrero de 1999 hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 317:1921, votos en disidencia parcial de los jueces Nazareno, Fayt, Levene (h) y Boggiano; 326:1299, voto en disidencia parcial de los jueces Nazareno, Fayt y Maqueda, y causa S.457.XXXIV. "Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 19 de agosto de 2004)." (Del voto de la mayoría)

"Los intereses se deberán calcular con relación al daño reconocido en concepto de "incapacidad" y "daño moral" a partir del 10 de febrero de 1999 hasta su efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina (Fallos: 317:1921 y 326:1299 y causa S.457.XXXIV. "Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia del 19 de agosto de 2004, disidencia de los jueces Petracchi, Belluscio y Vázquez)." (Del voto en disidencia parcial de los Dres. Petracchi y Lorenzetti) 

CONCURSOS Y QUIEBRAS. SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO. Sociedad irregular. Incumplimiento de los requisitos del art. 118 de la Ley 19550. Unica actividad realizada en la Argentina. Juez competente. Aplicación del art. 124 Ley de Sociedades  
 40894/05 - "Boskoop SA s/ quiebra s/incidente de apelación" - CNCOM - SALA A - 18/04/2006 
 "Hallase comprobado que la sociedad fallida fue constituida en la República Oriental del Uruguay bajo las directrices de la ley 11.073 (con especial referencia a su art. 7°), y que tiene como actividad habitual la explotación como garaje de un importante inmueble que posee en nuestro país. Esa actividad habitual, que sería la única que realiza en el extranjero, no fue denunciada ni inscripta ante la Inspección General de Justicia, ello daría cuenta del incumplimiento de los recaudos establecidos por la LS 118, lo que impone que la recurrente deba ser juzgada como si se tratase de una sociedad local, sometida, en consecuencia, al contralor de los jueces de esta jurisdicción (LS 124)." 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. Solicitud. Sociedad comercial. Rechazo in limine. Improcedencia  
 1975/06 - "Numisys SA c/Archivos del Sur SA s/beneficio de litigar sin gastos" - CNCOM - SALA A - 27/04/2006 
 "Si bien la concesión de la carta de pobreza debe ser efectuada de modo riguroso y con carácter restrictivo en los casos en que la requirente es una sociedad comercial, esa circunstancia no implica privar al ente de la posibilidad de acreditar sus dichos mediante la producción de las probanzas que estime del caso. Producido ese material corresponderá al Juzgador decidir si el mismo abona la situación de carencia alegada, o si, por el contrario, resulta insuficiente a tales fines. Pero no existe dispositivo legal, o aún reglamentario, que prive a la demandante de su derecho a ser oída en justicia y a recabar el material convictivo necesario para abonar su postura. Por ello la Sala estima que el liminar rechazo decidido por la a quo carece de debido sustento, por lo que cabrá dejarlo sin efecto." 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO. Excepciones. PRESCRIPCION. Oportunidad procesal. Sentencia definitiva. Excepciones de previo y especial pronunciamiento  
 Expte. 13923/0 - "Albano, Héctor y Otros c/GCBA s/Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Médica)" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - SALA II - 18/05/2006 
 "Si bien es cierto que la prescripción puede ser opuesta -según el código de forma- como de previo y especial pronunciamiento en las formas y condiciones allí establecidas, de ello no debe irremediablemente colegirse que su oposición al contestar la demanda no habilite su tratamiento al momento de dictar la sentencia definitiva (confr. arg., esta Sala, "Huberman, Daniel Alberto [Grinberg, Luisa Beatriz] c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios", Expte. EXP 901/0, del 11/11/02). Máxime cuando, como en el caso, su resolución podría exigir dilucidar cuestiones que hacen a la naturaleza contractual o extracontractual de la relación que vinculaba a las partes o, en su caso, examinar -contando con las piezas pertinentes- circunstancias relativas a la eventual suspensión o interrupción del plazo correspondiente, supuestos éstos que enervarían la esencia de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que hallan sustento en los principios de saneamiento, celeridad y economía procesal (CACAF, Sala IV, 30-10-97, Bendomir, Jorge Pablo c/Estado Nacional -M° de Economía s/ proceso de conocimiento; y 17-2-98 y 18-5-99, Bottaro, Oscar Eduardo c/Estado Nacional - M° de Economía; entre muchos otros.)." 

Los ex combatientes tendrán su merecido reconocimiento
La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la compensación establecida en el Decreto 2000/91 y las asignaciones del Decreto 628/92 integran la remuneración básica de cabo, es decir, el monto que cobran los excombatientes de Malvinas en concepto de pensión. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29883

El blindaje puede fallar
La Cámara del Trabajo confirmó el fondo de la sentencia recurrida, al considerar que no resulta constitucional la aplicación de la limitación en la reparación establecida por el artículo 39, párrafo 1º, de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo responder los condenados por los daños sufridos por un custodio de un camión de caudales quien recibió heridas de bala por el deficiente blindaje del vehículo. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29882

 

PLENARIO. CUESTION A RESOLVER: ¿Subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re 'Seidman y Bonder S.C.A.' en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral?  
  (Expte. 56669/04) - "Club Atlético Excursionistas s/incidente de revisión promovido por Vitale Oscar Sergio" - CNCOM - EN PLENO - 28/06/2006 
 DOCTRINA LEGAL: "Subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re 'Seidman y Bonder S.C.A.' en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral." 

ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL. Pluralidad de hechos. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. Art. 41, inciso 1º del Código Penal. AGRAVANTE: OMISION DE UTILIZAR PROFILACTICOS AL COMETER LAS VIOLACIONES. Riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas o de embarazos no deseados. Inexistencia de atenuantes. Rechazo de la llamada “imputabilidad disminuida”  
  “CABAÑA, Víctor Germán s/recurso de casación” – CNCP - 26/05/2006 
  “En lo que hace al planteo relativo a la falta de uso de preservativo por parte de Cabaña al acceder carnalmente a sus víctimas, lleva razón la impugnante en cuanto a que nuestro sistema legal contempla expresamente esta omisión como un tipo agravado cuando el autor conozca su condición de portador de una enfermedad de transmisión sexual (art. 119, inciso c) del Código Penal). Lo cierto es que en la mayoría de los hechos similares al analizado en los que aquel extremo se encuentra ausente, el victimario no utiliza ningún medio de profilaxis y ello obedece, en buena medida, a la celeridad con la que se desarrollan los hechos. Repárese en este sentido en que Cabaña no permanecía mucho tiempo en la escena de los hechos, ya que logrado su cometido, o frustrado éste en parte, se daba inmediatamente a la fuga.” (Del voto del Dr. Madueño)

“Sin embargo, la razón de su valoración al momento de mensurar la pena atiende a las pautas señaladas en el artículo 41, inciso 1º del Código Penal, en cuanto impone al juzgador tener en cuenta “la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados”, al momento de fijar la condenación en los casos de penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad.” (Del voto del Dr. Madueño)

“En este orden de ideas cabe reparar en que varias de las víctimas debieron someterse a duros tratamientos tendientes a evitar un eventual contagio del denominado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a raíz de las violaciones que sufrieron. Resulta sobreabundante destacar la difusión que ha alcanzado en nuestro medio esta enfermedad y sus irreparables consecuencias.-

Surge palmaria, entonces, la innegable incidencia de las modalidades señaladas en la determinación del monto de la pena en el sub lite.” (Del voto del Dr. Madueño)

“Si bien es dable destacar la conflictividad en el área de la sexualidad del imputado delatada a raíz de los exámenes a los que fue sometido, tales conflictos no alcanzan a constituir perturbaciones. Así se ha establecido que el imputado posee capacidad para comprender y dirigir sus acciones, por lo que la incidencia de su perfil psicológico en la ejecución de los hechos acreditados en el caso de autos carece de virtualidad para lograr una disminución en la pena impuesta.” (Del voto del Dr. Madueño)

"Ad abundantiam, la alegada dificultad para refrenar sus impulsos sexuales por parte del encausado no encuentra apoyatura probatoria alguna, desde que los estudios psicológicos practicados no autorizan a arribar a tal conclusión.” (Del voto del Dr. Madueño)

“Sin perjuicio de lo expuesto, como juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional me he inclinado por rechazar la recepción por parte de nuestro sistema penal de la llamada imputabilidad disminuida, que entraña un mero debilitamiento en la capacidad volitiva o intelectiva.” (Del voto del Dr. Madueño)

“El semi-imputable es responsable penalmente excepto que haya atravesado por un verdadero estado de inconciencia, hipótesis prevista por el artículo 34 del Código Penal. Con arreglo a la fórmula psiquiátrico-psicológico-jurídica adoptada por el inciso 1º del mencionado artículo (que no contempla los supuestos llamados de “responsabilidad disminuida”) una alteración emotiva profunda no es base suficiente para poner en crisis la imputabilidad de un sujeto.” (Del voto del Dr. Madueño)

“Aún tratándose de un individuo de personalidad anormal, siempre que haya dirigido su conducta libremente y comprendido la criminalidad de sus actos, resulta imputable. El imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras que no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconciencia, circunstancia que, como queda expresado, no se ha acreditado en el caso sub estudio.” (Del voto del Dr. Madueño)

“A las razones dadas por el doctor Madueño sumo la de que la existencia de la agravante específica del art.119, inc. c), del Código Penal no es excluyente de la aplicación de la genérica del art. 41.1, tomada en cuenta por el tribunal de mérito, en otros tipos del Capítulo II del Título III del mencionado Código, más aún cuando el riesgo de un embarazo no deseado -en alguno de los hechos- es cuestión que también puede ser incluida en sentido convergente.” (Del voto del Dr. Bisordi)

“En cuanto al agravio restante, conviene recordar que el defensor oficial, al momento de alegar en el debate, planteó que los “severos conflictos en la esfera de la sexualidad y en la aptitud para controlarlos” que presenta el imputado “debían ser considerados como circunstancias atenuantes al momento de individualizar la pena.” (Del voto del Dr. Bisordi)

"El eje de la discusión que viene a plantearse es si, a causa de ciertas perturbaciones o alteraciones en las facultades mentales -psicopatías- que se describen en los peritajes técnicos -que, por cierto, según se reconoce, no afectan la imputabilidad del agente a tal punto de excluirla-, Cabaña tuvo menor capacidad de determinarse frente a la norma penal y de dirigir sus actos con arreglo a su comprensión, como para repercutir en el ámbito de la culpabilidad y determinar una sensible disminución del reproche y de su expresión en la medida de la pena dentro de la escala legislativamente prevista (es claro, a mi juicio, que no se pretende la individualización por debajo del mínimo, sino en poco más de este último).” (Del voto del Dr. Bisordi)

“La capacidad de culpabilidad disminuida, incorporada al derecho penal alemán en 1933 (parágrafo 21 del Código Penal), ofrece interés, sobre todo, para el tratamiento, ajustado a la culpabilidad, entre otros casos, de las psicopatías, neurosis y anomalías de los instintos. La diferencia con la capacidad de culpabilidad plena no radica en los requisitos biológicos sino en los “factores psicológicos”, en cuya virtud “la capacidad de entendimiento y acción no queda, ciertamente, excluida, pero sí notablemente disminuida”. No es una categoría intermedia entre la responsabilidad jurídicopenal plena y la incapacidad de culpabilidad, sino “un subcaso de capacidad de culpabilidad, por lo que sólo se presenta como causa facultativa de atenuación penal debido a esa culpabilidad menor” en los casos de personas “que, debido a perturbaciones psíquicas, sufran un fuerte menoscabo en su capacidad de entendimiento o de acción”. Por ello, si el autor, pese a esa disminución, comprendió el injusto del hecho, no es aplicable la figura, salvo que también estuviese disminuida su capacidad de acción. El juez puede atenuar la pena, pero no se halla obligado a hacerlo, porque aquella disminución puede ser compensada por circunstancias que aumenten la culpabilidad, vgr. por la producción culpable de la perturbación psíquica (embriaguez)” -cfr. Hans-Heinrich Jeschek, Tratado de Derecho Penal, Parte General, págs. 400/402, Ed. Comares, Granada, España, 1993-.”(Del voto del Dr. Bisordi)

“Parece claro, a mi modo de ver, que en nuestro derecho, cualquiera que sea la inteligencia que se le otorgue a la expresión “no haya podido” empleada por el art. 34, inc. 1º, del Código Penal -según Zaffaroni, afirmar que el código argentino no reconoce la posible disminución de la imputabilidad implica darle a la aludida expresión “un carácter de imposibilidad absoluta”-, no es posible extraer de tal fórmula el anclaje dogmático del instituto de la imputabilidad disminuida, más allá de que en verdad sea, como después lo dice el propio Zaffaroni, “un caso particular de menor culpabilidad” o una “regla para la cuantificación de la pena”, con lo cual el sustento legal se traslada al art. 41 del código sustantivo, que sería una “fórmula sintética” en la que “perduran las atenuantes como eximentes incompletas del código de 1886".”(Del voto del Dr. Bisordi)

“Andrés José D’Alessio, siguiendo a Carlos A. Tozzini, considera que entre nosotros “se ha aceptado tradicionalmente que la enfermedad psíquica no tan grave afectará únicamente la extensión de la reprochabilidad y, por tanto, deberá resolverse en el plano de la graduación de la pena, como cualquier otro caso de disminución de la culpabilidad”.” (Del voto del Dr. Bisordi)

“De igual modo, desde el ámbito de la medicina (psiquiatría forense) se destaca “que la existencia de un conjunto de entidades mórbidas tanto desde el punto de vista psiquiátrico cuanto psicológico, sin suficiente jerarquía como para consagrar una inimputabilidad pero de innegable valor atenuante de la condición de imputable, se constituye en una realidad que consideramos no puede ni debe ser ignorada por la psiquiatría forense ni por la justicia” (Riú, Jorge Alberto- Tavella de Riú, Guillermina, “Psiquiatría Forense”, p. 337, Lerner Ed. Asoc., Bs. As., 1987); aunque también se alerta que “el riesgo médico forense de la imputabilidad disminuida consiste en que se convierta en el gran recipiente de las dudas diagnósticas donde irían a parar todos los casos de indefinida filiación psicopatológica: sería el comodín de la incertidumbre y la fácil solución jurídica de todos aquellos border line cases lindantes entre la culpabilidad y la peligrosidad” (Cabello, Vicente P., “Psiquiatría forense en el derecho penal”, p.201, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1981).” (Del voto del Dr. Bisordi)

“El imputado deber ser incluido dentro de lo que actualmente se denomina “personalidad antisocial” o “personalidad psicopática”, términos reservados, según la definición del DSM-II, “a los individuos básicamente insociales, cuyos patrones de conducta les provocan continuos conflictos con la sociedad. Son incapaces de lealtad a valores individuales, grupales o sociales. Son egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos e incapaces de sentirse culpables o de aprender de los reveses de la experiencia. Su tolerancia a la frustración es baja y tienden a acusar a los otros de sus culpas o a hacer racionalizaciones de su conducta”. Esas características conductales aparecen en mayor o menor medida develadas por el examen psicodiagnóstico, incluso en el aspecto vinculado con los conflictos en el ámbito de la sexualidad.” (Del voto del Dr. Bisordi)

“Aparece, en consecuencia, arreglado a la sana crítica el juicio de valor emitido en la sentencia que se revisa en cuanto a que el planteo del defensor provisto por el Estado a Cabaña no encuentra apoyatura en las constancias de autos legalmente computables. El conocimiento científico -se ha visto recién- descarta que se trate de un minusválido en su capacidad de culpabilidad; y la valoración jurídica de la categoría de culpables con imputabilidad disminuida, a juzgar de lo que se ha estudiado más arriba respecto de sistemas que la tienen consagrada legislativamente, no deja dudas de que aquella pretensión defensiva no deber ser estimada. Es que, en fin, ni de las circunstancias de los hechos cometidos, ni de la información pericial con la que se cuenta, es posible derivar racionalmente que el acusado padecía, al momento de ejecutar aquéllos, dificultades para comprender el injusto de su conducta, ni que su capacidad de acción -entendida como posibilidad de inhibir sus impulsos de contenido sexual- estuviese notable, sustancial, grave o considerablemente disminuida. No es un caso en el que, evocando nuevamente el pensamiento de Roxin, “la constitución psíquica del sujeto se aparte claramente de la medida de la normalidad y se aproxime a la inimputabilidad”; sino de uno en el que se han detectado mermas o trastornos en la personalidad de grado inferior que “existen de ordinario en los delitos...relativos al instinto (sexual)”.” (Del voto del Dr. Bisordi) 

ACCIDENTE DE TRABAJO. Inexistencia de evento dañoso laboral. Trabajadora que presta tareas de encuestadora en la vía pública. Fallecimiento del cónyuge en ocasión de robo en momentos en que la acompañaba en sus tareas. Inexistencia de daño personal de la trabajadora. Ausencia de responsabilidad civil de la empleadora y de la ART. Rechazo de la demanda  
 "Ramos Duque Maria de Guadalupe c/ Información y Decisión Consultores S.A. y otro s/ accidente - acción civil" - CNTRAB - 26/05/2006 
 "La actora explica que con motivo de encontrarse realizando una encuesta (en Avellaneda), su esposo habíase quedado dentro del automóvil esperándola, oportunidad en que resultan sorprendidos por unos delincuentes que intentan robarle el mismo, y en el forcejeo le disparan a su marido, de lo que toma conocimiento al acercarse al automóvil (pues se encontraba a escasos metros realizando su trabajo). Este hecho, indicado, epiloga en el fallecimiento de su cónyuge al día siguiente."

"La responsabilidad civil que se pretende enrostrar en autos a la empleadora, como consecuencia de un accidente de trabajo, no procede. Tal como lo señaló la Sra. Juez de grado, ninguno de los testigos aportan noticias que concretamente permitan considerar el desempeño de sus tareas en zonas altamente riesgosas, ni que el lugar donde ocurrió el "hecho", tuviese características que justifiquen la invocación de especial peligrosidad (más allá de el riesgo que corre cualquier ciudadano que circula en la vía pública). Tampoco se acreditó la realización de reclamos para la asignación de personal de seguridad, y menos aún que se hubiese informado a la demandada que el esposo de la actora actuaría como su custodio en el cumplimiento de sus tareas (ni que lo hiciera habitualmente)."

"Sobre tal base considero que el evento invocado no puede ser imputado en sus consecuencias al empleador que aparece como un tercero ajeno al hecho y en un ámbito extraño al de la Empresa. Además, del propio relato de los hechos que realiza la actora en su demanda, ella no ha sido víctima del hecho delictivo que narra, pues se encontraba a unos metros del lugar haciendo una encuesta. Los delincuentes fueron directamente a el automóvil Ford Escort estacionado (dentro del cual estaba su esposo) que era el objetivo de aquéllos."

"Debo señalar que el reclamo de la actora, encuentra su razón de ser, según se desprende claramente de su descripción del evento, en el daño que le produjo el fallecimiento de su marido y las propias circunstancias del mismo, presenciados por ella. Empero, tanto el regimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo como el propio Código Civil , requieren el daño personal y el reclamo al productor del mismo."

"El daño propio de la aquí actora no puede considerarse padecido con motivo o en ocasión del trabajo, que es lo que caracteriza el evento dañoso laboral que habilita la vía del reclamo ante el empleador. Es obvio que la accionante debe haber padecido (y tal vez siga padeciendo) por el lamentable suceso, pero su dolor (que es el daño reclamado) no es consecuencia de su trabajo porque ella no fue la víctima directa y su condición de doloroso testigo presencial, no guarda nexo causal alguno con las labores desarrolladas para la demandada."

"En suma, no observo en autos la existencia de evento dañoso laboral, que en su verdadera acepción pueda encontrar reclamo por vía alguna frente a la empleadora." 

ESPECTACULOS PUBLICOS. Espectáculos deportivos. Lesiones sufridas por un espectador. Caída a una fosa al intentar acceder al campo de juego. Estado de alcoholización. RECHAZO DE LA DEMANDA  
 L.443.153 - Expte. n° 101.986/2001 - "Caceres Daniel Edgardo c/ Club Atletico River Plate s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA F - 16/05/2006 
 "Si bien por sí solos los testimonios de los dependientes del demandado que tenían a su cargo la seguridad en el club no hubieran bastado como prueba de la culpa del actor, hay aspectos de sus declaraciones que resultan útiles para ilustrar sobre el ámbito en el que sucedieron los acontecimientos tales como: las características del estadio, de las tribunas, de las defensas existentes para separar la parte baja de ellas y el campo de juego, la forma paulatina en que fueron habilitándose cada una de las tres tribunas en las que se permitió el ingreso de simpatizantes, cuál fue la más concurrida (tribuna Centenario) y que en las otras dos (San Martín y Belgrano) había poca gente o no estaban llenas."

"Más allá de que en el escrito inicial el actor afirma que se ubicó en la platea San Martín y lo mismo había manifestado al declarar días después del hecho en sede policial, de las pruebas producidas surgiría que estaba caído en el lateral donde se encuentra la tribuna Belgrano, debajo del cartel electrónico. De cualquier manera, los encargados de la seguridad del club indican que ninguna de estas dos tribunas estaba llena. Si se descartaran estos testimonios, igualmente el comisario Cherino aclara que las tribunas no estaban tan pobladas o apretadas para que hubiera una avalancha o apretujones o empujones."

"Esta circunstancia y las características de la tribuna (mampostería y baranda ubicada hacia la cancha en 40 o 45 grados), tornan poco verosímil que el hecho hubiera sucedido como lo relata el actor en su demanda: ...en momentos en que los Jugadores de Fútbol, que se encontraban subidos en una autobomba, pasaron frente a dicha platea, se produjo una tumultuosa aglomeración de personas, las que saltaban y cantaban, festejando fervorosamente el paso de los mismos, lo que provocó que el actor cayera pesadamente a la fosa que separa la tribuna del campo de juego. Concretamente no hace mención alguna a la existencia de avalancha o de empujones que hubieran sido la causa de la caída. La tumultuosa aglomeración, los saltos y cantos a que hace mención, y la ausencia de toda prueba de parte de la actora en lo atinente a la forma en que la actitud del público pudo haber provocado que el actor hubiese sido levantado superando las defensas de la tribuna, obstan a que se considere probada la versión de los hechos invocada por el reclamante. Menos aún frente a las constancias del acta policial labrada en momentos próximos a la ocurrencia del hecho en la que el oficial de policía interviniente dijo que el lesionado le había manifestado que el accidente lo sufrió momentos antes en que intentaba pasar de la platea media baja (Belgrano), al campo de juego, lo cual bastaría para atribuir al hecho de la víctima -o a su culpa- la causa de la caída generadora a su vez de los daños cuya indemnización se pretende (art. 1111 del Código Civil). Si, además, se agregara el fuerte olor etílico al que hizo referencia el testigo comisario Cherino y a la actitud del lesionado por él descripta, se reforzaría la conclusión de que en el caso se ha probado la eximente de culpa de la víctima, con lo cual se ha producido la ruptura del nexo causal, por lo que el reclamo pierde sustento y la demanda debe ser rechazada."

"Por las consideraciones precedentes voto porque se revoque el pronunciamiento de fs. 413/421 y, en consecuencia, porque se rechace la demanda entablada a fs. 36/43 por Daniel Edgardo Cáceres contra el Club Atlético River Plate. Con las costas de ambas instancias a cargo del actor (art.68 Cód. Proc.)." 

PROCESO DE CONOCIMIENTO. Proceso ordinario. Designación de consultor técnico de parte con posterioridad al ofrecimiento de prueba. Procedencia  
 Expte. 33970/2004 - "Nidera S.A. c/ Yardin S.C.A. s/ ordinario" - CNCOM - SALA B - 05/04/2006 
 "Reprocha la recurrente que se le haya denegado el derecho a designar consultor técnico de parte; sostiene que en los términos del art. 459 Cpr., cuenta con la facultad de designar consultor técnico al momento de contestar la vista prescripta por el art. 367 del Cpr. En los términos del art. 459 Cpr., y sin perjuicio del error al que obedece la remisión al art. 367 Cpr. (que hace referencia a distinta cuestión como lo es el plazo de producción de prueba), de la proposición de la prueba pericial y puntos de pericia se correrá vista a la parte contraria, la que a su turno y en los términos prescriptos por el art. 478 Cpr., podrá impugnar su procedencia por no ajustarse a los parámetros del art. 457, manifestar su desinterés en su realización, proponer otros puntos de pericia, y observar los propuestos por quien ofreció la prueba, pudiendo designar consultor técnico. Es por ello que procede acoger la petición de la demandada, en tanto de una interpretación integral del plexo normativo se colige que el consultor técnico podrá ser designado con posterioridad al ofrecimiento de prueba sin que la oportunidad hubiera precluido."

"Nótese por lo demás que el art. 459 Cpr. reza "...si ejerciese la facultad...", por donde debe entenderse que goza de tal prerrogativa también al contestar la vista de los puntos de pericia, y no sólo en la oportunidad del art. 333 del Cpr., supuesto en el que la norma hubiese establecido "...si hubiera ejercido la facultad..."." 

DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES. Mordedura de un gato siamés. Actitud de la víctima que provoca la agresión del felino. Negligencia. Rechazo de la demanda  
CAUSA Nº 56.413 REG. INT. N° D- 148 - "Merello, Celia Monica Beatriz c/ Fagioli, Violeta Leolinda s/ Daños y Perjuicios" - CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN MARTIN - SALA I - 15/06/2006 
"La actora dice se encontraba en el patio, pero su hermano de "crianza", único testigo presencial refiere que la llamó porque a ella le gustaban los gatos, y que "cuando la llamó ella lo toca al gato le salta al brazo y le muerde todo el brazo. Posteriormente lo tomo de la cola al gato y lo tiré contra la pared". Diferente es el relato de la actora, cuando dice, en su escrito inicial, que sorpresivamente el animal "inexplicablemente se me abalanzó". Agregando luego "intenté separarlo pero fue en vano, él se safó cuando quiso". Pero el testigo Papiccio indica que él fue quien lo arrancó y tiró contra la pared."

"El hecho de ser el testigo José Papiccio, "hermano de crianza" de la actora, no descalifica su relato y apreciado éste según los parámetros de los arts. 384, y 456 CPCC, lo encuentro veraz. Resulta del mismo que fue la víctima quien con su actitud provocó la agresión del felino. Es la actora quien dice que lo vió enojado. No es actitud prudente acercarse y tocar un animal al que se lo vé enojado. Encuentro así que en el caso se dan los extremos previstos por la última parte del art. 1128 del Código Civil en concordancia con lo dispuesto por el art. 1111 del citado cuerpo normativo, eximiéndose el dueño del animal de la responsabilidad de lo sucedido por el actuar negligente de la víctima." 

DERECHO A LA EDUCACION. Supresión de aulas en escuela municipal. Falta de vacantes. Derecho superior del niño. Derecho a educación pública y gratuita. Derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. AMPARO. Procedencia. Se ordena a una municipalidad a que proceda a la inscripción de los menores en el ciclo de Educación General Básica 1° (EGB 1°)  
 Expte. N° 88/06 - "A. V. y otros vs. Municipalidad de las Talitas s/ Amparo" - Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán - SALA I - 08/06/2006 
 "Los actores incoaron la presente acción de amparo en contra de la Municipalidad de Las Talitas pretendiendo se ordene a dicho ente que proceda a la inscripción de sus hijos, en la escuela "Nueva Argentina" dependiente de ese municipio para que éstos cursen el ciclo de Educación General Básica 1°."

"Con el curso de la causa quedó acreditado que si bien existen otros establecimientos educativos en la zona las realidades que presentan estos establecimientos es similar a la de la Escuela Municipal toda vez que, tal como se detalla en el informe de fs. 97, las distintas divisiones del primer año de E.G.B. 1 de las Escuelas "Fortunata G. de García", "Martha Salotti" y "Pedro F. Riera", cuentan con un promedio de 30 o más alumnos por curso; esto es superior a lo considerado como "óptimo" por el Decreto nº 1743/5-MEyC-98."

"Las pautas de preferencias sentadas por las normas regulatorias cobran nueva relevancia, tornándose decisivas a la hora de determinar el establecimiento al que deben asistir los menores. En este sentido, el art. 17 del decreto Nº 119/14-SE-82 (no derogado por el Decreto nº 1743/5-MEyC-98, en esta parte) establece que, a los efectos de la inscripción, debe darse preferencia, entre otros, a la cercanía del alumno con el establecimiento y a los hermanos de alumnos que concurren a la escuela. A su vez, el art. 15 de la Ley 26.061 (dictada en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño) establece que las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a la educación pública y gratuita como así también el derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia."

"En este sentido debe resaltarse que según se desprende de la nota presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Legislatura de Tucumán, que corre agregada a fs. 25/28, la Escuela Municipal resulta la de mayor cercanía al domicilio de los actores a lo que se agrega que cada uno de estos niños tienen hermanos en dicho establecimiento educativo. Tales circunstancias no fueron negadas por el Municipio demandado, ni en oportunidad de evacuar el informe previsto por el art. 21 del CPC (fs. 63/66), ni al momento de contestar la demanda, limitándose en esta última a decir que los demandantes no acreditaron tener hermanos en la escuela pero sin negar la autenticidad de la referida documentación ofrecida por los actores como prueba de tal circunstancia."

"Así las cosas, la opción por la escuela Municipal Nueva Argentina se presenta como la más razonable y conveniente para satisfacer el interés de los menores actores en autos; interés superior, éste, que merece una consideración primordial por parte de este Tribunal a la hora de tomar una decisión (art. 3, ap. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño)."

"Por todo lo expuesto, voto porque se haga lugar a la acción de amparo intentada y, en consecuencia, se ordene a la Municipalidad de Las Talitas a que proceda, en el período lectivo en curso, a la inscripción de los actores en el primer año del ciclo de Educación General Básica 1° (EGB 1°) en la Escuela municipal "Nueva Argentina"." 

Al profe también hay que pagarle
La Cámara Nacional del Trabajo condenó a la sociedad explotadora de una cancha de golf al pago de las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto de un profesor de golf que, en el lugar, atendía también su propio puesto de venta de pelotas. Además lo obligaban a entregar facturas para el cobro de su salario. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29872

Color esperanza
La Cámara Nacional en lo Comercial confirmó la sentencia impugnada que condenó a Siembra Seguros al pago de las diferencias entre la prestación pesificada a u$s 1 = $1.40 y la cotización de la moneda extranjera en el mercado libre de cambios. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29874


"DÍAZ ELVIRA CLEOTILDES C/EMPRESA GUTIÉRREZ S.R.L.
Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". JUZGADO N  54. Expediente n
55.822/2000.

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a
los                                                                  
               días del mes de julio de dos mil cuatro, reunidos en
Acuerdo los Señores Jueces de la sala "G" de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil para conocer en el recurso de apelación
interpuesto en los autos caratulados: "DÍAZ ELVIRA CLEOTILDES C/
EMPRESA GUTIÉRREZ S.R.L. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de
la sentencia de fs.216/229 el Tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el
siguiente orden: Señores jueces de cámara Doctores: CARLOS ALFREDO
BELLUCCI- LEOPOLDO MONTES DE OCA- HUGO MOLTENI.

Ala cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Bellucci
dijo:     
I. El día 11 de junio de l999, aproximadamente a la hora 3, en
ocasión que la sra. Elvira Cleotildes Díaz era transportada en un
micro de la  Empresa "Gutiérrez S.R.L." desde la ciudad de Tucumán a
ésta hoy autónoma de Buenos Aires, al pretender ir al baño de esa
unidad, por una brusca maniobra del chófer, cayó al suelo y se
fracturó su miembro superior izquierdo en dos partes, y sufrió
traumatismos varios en el resto de su cuerpo.
Demandó a la porteadora y citó en garantía a la aseguradora de
aquella, por la indemnización de las yacturas que liquidó al tiempo
de postularse, con más réditos y las costas del proceso.
II. El sr. juez de la anterior instancia, a fs. 216/229 , admitió
aquel reclamo, y condenó a la transportista y a "La Economía
Comercial S.A. de Seguros Generales""-ésta última en los términos
estrictos que importara su citación-" (text. de fs. 228
vta. "Fallo"), a abonarle , dentro del décimo día, a la peticionaria
la suma de pesos vente mil setecientos ($ 20.700), más réditos por el
lapso y a la rata que allí fijó. Impuso costas a los cocondenados y
reguló honorarios a los sres. profesionales  intervinientes.
III. Suscita avocación de este colegiado el único remedio en pie de
la aseguradora, ya que el de la actora y el de la demandada fueron
declarados desiertos por la sala a fs. 272 punto 1.
Con la legitimación recursiva que a la apelante le reconoce la
plenaria doctrina de esta Excma. Cámara "in re" "Flores c/ Robazza" 
(publicada en E.D. tomo 144, págs. 510 y ss.; L.L., al tomo 1991-E-
662 y ss.), aquella rezonga por la condena que se le impuso en los
términos fallados, desde que sostiene, ha demostrado la existencia de
una franquicia por monto muy superior al definido en la sentencia que
critica (v.g. pesos cuarenta mil:$40.000), cuya revocatoria en este
único aspecto requiere. ("vide" pieza de fs. 263/264 con repulsa de
la actora a fs. 269/270 vta.).-
IV. Es cierto que al trabarse la litis con la citada hoy disidente, a
fs. 37/41, y en especial, a fs. 37/vta. punto II "Objeto", la
aseguradora reconoció la vigencia, a ese momento, de la póliza n
201.351, de cuya cláusula n4 de las condiciones generales insertas
en el anexo II que la integra, surge prístina la existencia de
convenida "franquicia" a cargo de la empresa asegurada, por y hasta
un importe de condena por su responsabilidad civil hacia terceros
transportados , de pesos cuarenta mil($.40.000). Tal documentación  y
el hecho jurídico que ella contiene, han sido debidamente comprobados
en autos a través del peritaje contable rendido a fs. 114/116,
respuesta afirmativa al punto 3 del pertinente cuestionario, y esa
experticia hecha conocer a las partes en litigio, no mereció objeción
alguna. (arts. 356, 377, 386, 477 y cc. de  la ley adjetiva).
La temática que suscita la queja en examen no es novedosa para esta
tríada jurisdiccional. Y, al propio tiempo me lleva a recordar que
debe quedar en claro que las obligaciones en cabeza de la explotadora
del transporte público de pasajeros y su chófer, frente a la
peticionaria reconocen su causa fuente en aquel contrato, mientras
que las de la citada en garantía, nacen del aseguramiento convenido
entre ésta y su asegurada, es decir  aquella explotadora del servicio
público. Entonces, existe concurrencia de  vínculos que, aún con
mismo objeto difieren en sus causas fuentes de las que nacen. El
afectado por el siniestro cubierto, no tiene acción directa contra la
aseguradora de quien lo lesionó. (SCJBA, en J.A. 1955-II-68;
Cam.Nac.Civ.,sala "C", en L.L. 134-889, fallo 62.868; sala "F", en
L.L., 128-675, 59.174; sala "E", en L.L., 117-178, fallo 53.046,
entre muchos otros)- Es decir, aquella (la citada) lo es en garantía,
y por ende, responde en la medida del seguro que concertó, límite en
el que resulta ejecutable en su contra el "dictum". ( arts. 118-3,
ley 17.418 (ADLA, XX-VII-B,1677).
Así, el cimero Tribunal Nacional lo ha sostenido en "Tarante
c/Eluplast  S.R.L., en L.L:, 1997,-C,995,J.Agrupada, caso n 11.557;
al admitir la oponibilidad a terceros ("rectius: respecto de terceros
ajenos al contrato de seguro), con la consiguiente exoneración de
responsabilidad fundada en tal cláusula de exclusión asumida en el
contrato pertinente, sin que el argumento de la obligatoriedad de
aseguramiento  derivada del artículo 68 de la ley 24.449 (ADLA, LV-
A,327) deje sin efecto las limitaciones asumidas voluntariamente por
las partes vinculadas al seguro, desde que por éstas, el asegurado no
pagó parte de prima alguna. (conf. Stiglitz Rubén S., en "Revista de
Derecho de Seguros", 72 Comentarios Jurisprudenciales-derecho
práctico73, "Responsabilidad y Seguros", año VI,  n 1, enero-febrero
de 2004 y todas sus citas que , por razón de brevedad, doy aquí por
reproducidas.).
En igual sentido, pueden consultarse los pronunciamientos de las
salas de esta Excma. Cámara, "E", en "Fernández Carnero c/ Trenes de
Buenos Aires-Línea Sarmiento, con preclaro voto del colega dr.
Dupuis, expediente con recurso libre n 361.275, fechado el 30 de
diciembre de 2002; "H", "in re" "Poza Juan José c/ García Óscar Jesús
s/ Daños ", libre n 317.876, fechado el 31 de agosto de 2001,
publicado en el Dial. com. del 31/10/2001, sala "I", libre  n
089.183, con data del 3 de octubre de 1996, con fundado voto de mi
colega dr. Ferme; esta sala en libre n 357.124, del 19 de noviembre
de 2002, autos "Aversa J.A. c/ Compañía de Microómnibus La Colorada
SACI, Línea 78 s/ daños", con igual  monto de franquicia, voto
conciso de mi querido colega de dr. Montes de Oca, al que adherimos
con mi otro estimado par, dr. Greco, y sus citas .
También, me remito a mi voto sobre el particular, "in re" "Benitez AJ
c/ Nuevos Rumbos SATACIFI y otros s/Daños", libre n 352.362, con
data del 6/4/2004 considerando VIII.-
Es dable apontocar que con respecto al artículo 68 de la ley de
tránsito, este litigio ha de ser decidido en el marco del seguro
voluntario automotor, cuyo móvil impulsor es absolutamente
potestativo. Aquella ley ha incorporado un seguro obligatorio, no lo
dudo, pero su contenido y extensión no ha sido regulado
legislativamente como correspondía hacerlo, toda vez que su contenido
normativo fue remitido "...a las condiciones que fije la autoridad en
materia aseguradora..", y por el principio de jerarquía
constitucional, (art. 31 L.F.), las resoluciones de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, n21.999/92 y 22.058/93, en
tanto legislaron sobre contratos y responsabilidad civil,
infringieron la cimera disposición fundamental que trae el artículo
75 inc. 12 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que lo reglado
es temática reservada y propia del Congreso Nacional. (ver por caso:
Stiglitz R.S., en "Medidas autosatisfactivas. Seguro obligatorio y
acción directa de la víctima contra el asegurador del responsable
civil" en Revista de Derecho Comercial  y de las Obligaciones" , en "
Lexis Nexis", ejemplar  n204  del mes de diciembre de 2003, pág.
951).
No desmerezco el fallo de la sala "M", ( libre n 314.298, en
autos "Ruiz c/ García s/ Daños", en el que el dr. Daray, precisamente
sobre la obligatoriedad de la existencia de seguro de responsabilidad
civil para el autotransporte, finca su opinión contraria a la
oponibilidad al tercero damnificado, sin advertir que lo que se
impone legalmente es la existencia de cobertura, más no su limitación
o cláusula de "franquicia", como tampoco el "no seguro" , o cualquier
otra limitativa de la cobertura asumida que, sin duda incidió en el
pago de primas. Loable su esfuerzo dialéctico, empero no convence  ni
se ajusta a los claros designios de la ley de marras( LS.  arts. 118-
3).
Tampoco se aviene tal tesitura a lo que expresamente dispone el
artículo 1199 del código civil, que regula el principio de
la "relatividad de efectos de los contratos"  en cuyo mérito y como
regla general que en el caso no se puede dejar de lado, dispone que
las partes no pueden imponer obligaciones a terceros, ni éstos
adquirir derechos contra aquéllos. (arts. concordantes: 503, 504,
851, 853, 1193, 1196, 1498, 1930, 3266 a 3268 todos del código civil;
118-3 ley 17.418). 
"Breviloquens": tal franquicia resulta oponible a la peticionaria
damnificada, y con ello propongo desprender de la condena (hasta su
límite: $ 40.000), a la citada en garantía, con costas en el orden
causado, atento que la actora, al citarla, pudo ignorar esa cláusula
y considerarse con derecho a litigar como lo hizo, y que pudo
aposentar en la jurisprudencia minoritaria que he indicado antes.
(arts. 68, 71 y cc. ley adjetiva).
Lo razonado precedentemente me lleva a acompañar la queja en examen,
en su mérito, a proponer al cónclave la modificación del resolutorio
en  crisis en el sentido que la condena diferida en dicho
pronunciamiento no alcanza a "La Economía Comercial S.A. de Seguros
Generales" en razón a que el monto de la franquicia convenida supera
al del capital de condena y sus accesorios calculados al día de esta
ponencia. Ello, sin perjuicio que al tiempo de liquidarse la manda
firme, tal aseguradora deberá concurrentemente responder ante
la "petitora" por la porción que pueda superar la cifra de pesos
cuarenta mil($40.000).-
Si mi ponencia es aceptada por mis distinguidos pares, deberá
modificarse el "dictum" en cuanto hizo extensiva la admisión de la
demanda en contra de la mencionada aseguradora que, en la medida de
la franquicia concertada, queda desligada con el alcance delineado en
el considerando que precede, con costas por su orden en la anterior
instancia, habida cuenta que la citadora pudo creerse con derecho a
traerla al pleito como lo hizo (art. 68 segunda parte, 71 y cc. cód.
Procesal Civil y Comercial de la Nación); y las erogadas en esta
alzada a cargo de la apelada que repelió las quejas auditadas, y por
ende, resultó devinta. (art. 68 y cc. cód. cit).
Los honorarios en adecuación serán tratados junto a mis colegas al
tiempo de celebrarse el pertinente acuerdo. (arts. 279 del rito).
Vueltos los autos, el juzgado de origen arbitrará lo conducente al
logro del ingreso del faltante tributo de justicia, y se recuerda la
personal responsabilidad que impone la ley 23.898.            
Tal mi parecer.
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Leopoldo Montes de Oca y Hugo
Molteni votaron en igual sentido por análogas razones a las
expresadas en su voto por el Doctor Bellucci. Con lo que terminó el
acto. CARLOS ALFREDO BELLUCCI- LEOPOLDO MONTES DE OCA- HUGO MOLTENI.
Es copia fiel de su original que obra a
fs.                                   del Libro de Acuerdos de la
sala "G" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Conste.-

 

 


Buenos
Aires                                                                
             de julio de 2004.
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que
antecede, SE RESUELVE: I. Modificar la sentencia dictada en lo que
fue materia de agravios . En su consecuencia y hasta la suma de pesos
cuarenta mil ($40.000) queda "La Economía Comercial S.A. de Seguros
Generales"desligada de la condena impuesta, sin perjuicio de la suma
que al liquidarse definitivamente, pueda superar la antes mencionada,
importe éste por el que recién entonces responderá en forma
concurrente con su asegurada condena frente a la actora, con costas
de primera instancia por su orden, y a cargo de ésta las devengadas
en alzada. II. En atención a la calidad, extensión y mérito de la
labor profesional desarrollada en este proceso, etapas cumplidas y
resultado obtenido; al monto condenado en autos; a lo que establecen
los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 37, 38  y conc. de la ley 21.839 y la ley
24.432, se reducen los honorarios regulados al letrado apoderado de
la parte actora, DR. DARIO ALEJANDRO BUSTELO, a la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS   ($3.500); los del letrado apoderado de la parte
demandada, DR. ALBERTO OSCAR TOMASSO se reducen a la suma de PESOS UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.250); los de los letrados y apoderados 
de la citada en garantía DRA. DEBORA ARENZON , DRES. GUILLERMO E.
SAGUES Y PABLO NESTOR NIEVAS  se elevan a la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($3.500) en
conjunto.                                                            
                       Con relación a los trabajos de alzada se fija
la remuneración del DR. DARIO ALEJANDRO BUSTELO en la suma de PESOS
UN MIL TRESCIENTOS ($1.300) y la de la letrada apoderada de la citada
en garantía DRA. GABRIELA CAVAGNARO en la suma de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.850).  
En atención a la calidad, naturaleza y mérito de la labor pericial 
desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10, 13 y conc. de
la ley 24432 y a la adecuada proporción que deben guardar las
retribuciones de los expertos con las de los letrados intervinientes
(E.D., 6-614; E.D. 88-423; E.D. 94-632; entre otros) se  reducen los
honorarios regulados a favor del perito: médico HUGO EDUARDO DI BELLO
a la suma de PESOS QUINIENTOS ($500) y se confirman, por
considerarlos ajustados a derecho, los de la perito contadora MARÍA
LAURA WOLFSDORF . Vueltos los autos, el Tribunal de origen arbitrará
lo conducente al logro del ingreso del faltante tributo de justicia,
y se recuerda la personal responsabilidad que en ello trae e impone
la ley 23.898. Notifíquese, regístrese y devuélvase.

DAÑOS Y PERJUICIOS. Muerte. Intoxicación con monóxido de carbono en un inmueble locado. Instalación antirreglamentaria de calefactores en un balcón con cerramientos convirtiéndolo en una habitación clandestina. Infracción al reglamento de copropiedad. Sofocamiento por exceso de calor. SOLIDARIDAD. Responsabilidad del Consorcio y del propietario del inmueble locado. Art. 1107 Cód. Civil. Rechazo de la demanda interpuesta contra la administradora del Consorcio. Indemnizaciones.  
 Expte. Nro. 109.976 - "Pietrafesa, Susana M. y Ot. c/ Ferrari, Osvaldo y ot. s/Daños y perjuicios" - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes (Pcia. de Buenos Aires) - Sala I - 15/06/2006 
 "Los encargados tenían obligación de comunicar a las autoridades del consorcio de toda obra que se hiciera en las unidades del edificio, y con mayor razón si se trataba de aquellas que pudieran generar un riesgo a la seguridad común. Si lo hicieron o no, no se sabe a ciencia cierta, pero en todo caso el consorcio debe asumir su responsabilidad por los hechos u omisiones de sus dependientes, bien entendido que estas normas no se refieren a daños directos causados por ellos, sino también a los indirectos. Caben dos posibilidades, o los encargados avisaron a la administración de la instalación de la estufa en el balcón y la misma no hizo nada para impedirlo o para arbitrar que se hiciera con la debida autorización y contralor de la autoridad de gas competente, o no le avisaron, caso en el cual, o la administración no los instruyó de que debían dar aviso de ese tipo de obras, o lo hizo pero los encargados incumplieron su deber, y el consorcio es igualmente responsable por la conducta de sus dependientes."

"El consorcio (a través de su consejo de administración o de su administrador) tiene un deber de cuidado y de vigilancia sobre lo que se construye e innova en el edificio, en especial si se trata de obras que pueden generar riesgos para la seguridad, pero, obviamente, no sólo de los propietarios de las unidades sino de cualquier persona que en forma permanente, transitoria u ocasionalmente habite o transite el edificio. No entenderlo así implicaría una inadmisible irresponsabilidad respecto de los daños que terceros pudieran sufrir por el descuido o falta de debido control sobre lo que en el edificio ocurra."

"En autos lo que se imputa a la administradora no es haber actuado fuera de los límites de sus poderes sino el haberlo hecho defectuosamente. Es decir, no haber cumplido sus obligaciones de vigilancia sobre las obras realizadas por el propietario de la unidad y no haber controlado debidamente al encargado del edificio (incumplimiento de los deberes previstos en el art. 55 incs. p) y t) del regl. de copropiedad de fs. 247/61, y art. 5 incs. b) y c) del regl. interno, fs. 262/68). No se trata de un obrar en exceso del mandato, sino de una actuación (omisiva) defectuosa, que podrá generar responsabilidad frente al mandante (art. 1904 C.C.), pero no responsabilidad frente a terceros. Tampoco se trata de hechos ilícitos del mandatario sino de un incumplimiento contractual, siendo de destacar, por lo demás, que aquellos sólo pueden dar origen a una acción de daños y perjuicios contra el mismo por parte de terceros cuando no se vinculan al contrato."

"En consecuencia, las razones por las cuales en el apartado anterior se ha llegado a la conclusión de que el consorcio debe responder por los daños que motivan este juicio no son extensibles a la administradora, estando demás señalar que el o los encargados del edificio no son dependientes de ésta (aún cuando los haya designado) sino del consorcio."

"La sentenciante considera que la actora Pietrafesa obró con imprudencia al dormir en el balcón-dormitorio con el calefactor encendido, contribuyendo causalmente a la producción del propio daño, dado que, según el curso natural y ordinario de las cosas, ello tenía entidad suficiente para producir tal resultado (art. 901 C.C.), motivo por el cual reduce la responsabilidad de la demandada en un treinta por ciento."

"Considero que le asiste razón a la actora en sus agravios al respecto. Se supone que si los calefactores están colocados en el departamento - cualquiera sea su ubicación - es porque pueden ser usados. No puede legítimamente exigírsele a un ocasional ocupante del inmueble que advierta que están colocados en infracción sin la debida autorización de la autoridad de control, o que, en caso de mantenerse prendidos se corre peligro de vida. No es lógico exigirle que en pleno invierno duerma con las ventanas abiertas; si los calefactores están instalados es precisamente para ser utilizados en esa época del año."

"No advierto, en consecuencia, que pueda hablarse de culpa de la víctima en este caso, por lo que propongo que se modifique la sentencia, atribuyéndose la totalidad de la responsabilidad al accionado Ferrari y al consorcio de propietarios.-

"De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es modificar la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda contra Consorcio de Propietarios "Bristol Center", y condenar a éste a abonar las sumas indemnizatorias fijadas en forma solidaria con el codemandado Osvaldo Ferrari. Revocar parcialmente la sentencia en cuanto disminuye la responsabilidad de los demandados, atribuyendo un treinta por ciento de culpa a la víctima Susana Pietrafesa.- 

Nadie esta obligado a declarar contra sí mismo
La Suprema Corte bonaerense revocó una sentencia y absolvió a una mujer acusada del delito de aborto. La imputada se practicó maniobras abortivas en su casa y concurrió a un hospital para atenderse. Ese informe médico llegó a la comisaría y un oficial la interrogó en el hospital. Los jueces anularon el procedimiento por entender que tenía vicios de origen, ya que se había transgredido el principio que preserva el derecho a no declarar contra uno mismo.
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29855

Mala praxis por error de diagnóstico
La Cámara Civil condenó al Insituto Furman a indemnizar a una mujer con 80.000 pesos por mala praxis. El tribunal afirmó que la secuelas de la mujer se produjeron en gran medida por un posible error de diagnóstico, a una mala selección de la enfermera o a una falla en la técnica operatoria. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29845

Vía Vía Bariloche
La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por cese de oposición respecto del signo “Bariloche 2010” por parte del titular de la ya registrada “Vía Bariloche” perteneciente al mismo nomenclador. Para los camaristas ninguna similitud se aprecian en los signos. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29850

Sociedad liquidada
La Cámara Nacional en lo Comercial confirmó la sentencia de grado en su totalidad al entender que no es posible responsabilizar al accionado, respecto de la falta de integración del capital social entre los años 1984 y 1997, ya que se encuentra acreditado que abandonó la sociedad de hecho en 1984. Se ordenó así practicar la liquidación de la sociedad. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29844


NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Declaración de caducidad de una patente por falta de pago del recargo por mora de la tasa anual. Nulidad del acto del INPI. Procedencia. Voto en disidencia.-
Causa N° 9.738/02 - "PIETER JOHANNES HENDRIKSE c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ nulidad de acto administrativo" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 27/04/2006
"No se me escapa, desde otro ángulo, que la norma en estudio, cuando contempla el incumplimiento de la obligación de pagar las tasas anuales de mantenimiento como causal de caducidad, lo hace con la finalidad de eliminar de los registros aquellas patentes sobre cuya explotación el titular haya perdido interés (conf. G. Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invención, Bs. As.2001, T. II, p. 571 y nota 193), propósito éste que tampoco debe ser obviado por los jueces (conf. C.S. Fallos 304:1803)."

"Para ese entonces ya había quedado en evidencia su voluntad de mantener la vigencia de su registro, por lo que parece evidente que sólo un juicio riguroso pudo prestar sustento a la aplicación de la sanción y que la decisión adoptada persiguió sólo el cumplimiento de la norma por la norma misma, en lugar de ponderar el contexto fáctico del caso, sobre cuya base la administración bien pudo otorgarle al titular un plazo suplementario razonable para que regularizara su situación (conf. Sala I, doctr. de la causa 4044/99 del 21.10.99)."

"En consecuencia, admitir la inteligencia que propone la recurrente importaría no sólo apartarse de la finalidad de la ley a la que he aludido, sino que conduciría a la pérdida de un derecho importando al propio tiempo hacer desvanecer el proceso de investigación y desarrollo y posterior explotación del fruto de dicho proceso por una omisión como la incurrida que -reitero- no es demostrativa de la falta de interés del titular de la patente en el registro."


NOMBRES DE DOMINIO – Tribunal Arbitral de la OMPI – cocacolo.com
El Tribunal Arbitral de la OMPI decidió la transferencia del nombre de dominio cocacolo.com considerándolo un caso de typosquatting y desechando los argumentos de interés legítimo esgrimidos por la demandada.
Mastellone HNOS. S.A. v. Link Comercial Corp.
WIPO Arbitration and Mediation Center
 
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
 
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.
Caso N° D2005-1139
 
 
1. Las Partes
 
La Demandante es The Coca-Cola Company, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Netitalia, S.L., España, representada por el Bufete Almeida, Abogados Asociados, España.
 
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
 
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio (cocacolo.com).
El registrador del citado nombre de dominio es BulkRegister.com.
 
3. Iter Procedimental
 
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de noviembre de 2005. Ese mismo día el Centro envió a BulkRegister.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de noviembre de 2005 BulkRegister.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los Párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2005. De conformidad con el Párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2005.
El Centro nombró a Gabriela Paiva Hantke, Alberto Bercovitz y Roberto Bianchi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”) el 30 de enero de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Aunque sin concertar un acuerdo al respecto las Partes han solicitado, por separado, que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, conforme al Párrafo 11(a) del Reglamento, el Panel resuelve que el idioma del procedimiento sea el español, sin exigir traducción de los textos presentados por las Partes en idioma inglés.
 
4. Antecedentes de Hecho
 
Por haber sido alegados sin haber sido controvertidos, o por estar respaldados en suficiente evidencia documental, no contestada, el Panel acepta como verdaderos los siguientes hechos:
En España la Demandante es titular del registro 35.930 para la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) concedido el 16/11/1920 para la clase 32, y también es titular de los registros 310.858/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869 de la marca COCA-COLA (en letras estilizadas) protegiendo productos de las clases 1, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33 y 34, otorgados durante 1957 y 1958. En la Unión Europea, además de otras marcas COCA-COLA, la Demandante es titular del registro de marca comunitaria 02091569, concedido el 6 de junio de 2002, para la marca “Coca-Cola”, que ampara varias clases de productos, además de servicios de las clases 38 (telecomunicaciones) y 42.
La marca COCA-COLA es mundialmente conocida y renombrada. En particular, se trata de una marca famosa en España.
La Demandada Netitalia, S.L. tiene registrado a su nombre el nombre de dominio (cocacolo.com). El registro del nombre de dominio fue creado el 7 de mayo de 2003.
Con fecha 18 de junio de 2003 los cónyuges Alberto Azzolini Fernández y Esther Díez Arenas constituyeron en Madrid una mercantil de responsabilidad limitada de nacionalidad española y de duración indefinida denominada “Netitalia, S.L.”. Administrador único de dicha entidad es el Sr. Azzolini  Fernández. El objeto de la sociedad es “realizar todo tipo de venta de productos y prestación de servicios a través de Internet”, “venta, contratación, promoción, planificación, de todo tipo de servicios en lo relativo a viajes y ocio”, y “compra, venta, alquiler, construcción y reforma de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y urbanos”.
El 26 de junio de 2003 el Sr. Azzolini Fernández presentó la Solicitud de Registro N° 2.548.104 para la marca “COCACOLO.COM”. Con fecha el 17 de marzo de 2004, ha pedido de la Demandante con fundamento en derechos anteriores de The Coca-Cola Company, la Oficina Española de Marcas y Patentes (“OEPM”) denegó la mencionada solicitud de marca.
Mediante carta BUROFAX de fecha día 8 de septiembre de 2003 y recordatorios de fechas 2 de octubre de 2003 y 7 de julio de 2004 la Demandante requirió a la Demandada que renunciara al nombre de dominio en disputa o se lo transfiriese por los costes inherentes a su registro. No hubo respuesta de la Demandada.
La Demandada también ha registrado el nombre de dominio (pepsicolo.com).
 
5. Alegaciones de las Partes
 
A. Demandante
La Demandante apoya sus pedimentos en las siguientes alegaciones:
- Fue fundada en 1886 y es una de las firmas más prestigiosas del mundo. Es la principal productora y distribuidora en el mundo de concentrado de bebidas refrescantes. Comercializa cuatro de las cinco marcas de refrescos más vendidas en el mundo: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite. Da empleo a 49.000 personas. En 2003 generó 21 mil millones de dólares de beneficio neto. Del informe INTERBRAND sobre marcas más valoradas, publicado en 2002, 2003, 2004 y 2005, surge que COCA-COLA ocupa la primera posición, con un valor de marca superior a los sesenta y siete mil millones de dólares.
- La identidad en las siete primeras letras de la marca y el nombre de dominio y la escasa diferenciación que introduce la modificación de la vocal final, unido a la ausencia total de distintividad del término “.com”, confirma que los términos COCA-COLA y COCACOLO resultan confundibles e incompatibles.
- En cuanto a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no es título habilitante el mero registro del nombre de dominio. La elección del nombre de dominio (cocacolo.com) no puede ser fruto de la casualidad.
- El requerido Alberto Azzolini Fernández no dio contestación a los requerimientos de la Demandante efectuados mediante Burofax, ni siquiera para manifestar cuáles eran sus derechos o intereses legítimos sobre la denominación en disputa. Dada la denegación de la solicitud de marca “COCACOLO.COM” por la OEPM la legitimación de Netitalia, S.L. no puede fundarse en dicho signo.
- En la página web de la Demandada no existe verdaderamente un supuesto de parodia, sino un intento con fines comerciales de desviar a los internautas a una página web distinta a la de la actora. El propósito de la Demandada al registrar (cocacolo.com) pudo ser o bien “extorsionar” a THE COCA-COLA COMPANY para hacer un negocio con la venta del nombre de dominio a la demandante o a un tercero, o bien atraer a su página web a aquellos consumidores que al tratar de acceder a la página web de la demandante a través de un buscador o directamente a través de la barra de su explorador incurriese en el error tipográfico de escribir COCACOLO en lugar de COCA COLA.
- En la página web de la demandada hay banners publicitarios de páginas de turismo, de venta de carátulas de discos, de empresas de alimentación, portales femeninos, de empresas de servicios de telefonía, etc. Se destaca el de la página web “http://www.eljamoncito.com/”, centrada en la comercialización de jamones y productos ibéricos en general. La titular del nombre de dominio (eljamoncito.com) es la Demandada Netitalia, S.L.
- La página web bajo el nombre de dominio en disputa tiene también por objeto denigrar a la Demandante. Una muestra de ello es la utilización de la expresión “DIET CAKA” en lugar de “DIET COKE”.
- La página web contiene un contador de visitas, el que tiene por objeto justificar el precio para el caso de que el nombre de dominio sea vendido. Al hacer click sobre el ícono “INICIO”, la URL inicial “http://www.cocacolo.com/index.html” se re-direcciona automáticamente a la URL “http://www.nemesis-i.com/botones/ver.php?uid=23”, en cuyo margen superior derecho se puede leer “BUY THIS DOMAIN!”.
- El propósito del registro del nombre de dominio en disputa es, consecuentemente, atraer a su página web a todas aquellas personas que en su intento de acceder a la página web de THE COCA-COLA COMPANY, escriben en forma incorrecta la marca, incluir la letra final “O” en lugar de la letra “A” en el navegador de Internet o en un buscador como Google o Yahoo. En definitiva, se trata de un fin ilícito: derivar a su página web a los clientes o consumidores de la demandante valiéndose de un simple error tipográfico. El contador de visitas y los banners publicitarios ilustran el propósito comercial del nombre de dominio.
- Es prueba de uso de mala fe que una página web contenga informaciones que, más que parodiar, denigran la imagen de THE COCA-COLA COMPANY, como es el spot publicitario en el que se incluye el gráfico de una lata de refresco bajo la marca DIET CAKA. En lugar de tener una finalidad altruista y de parodia, la realidad es que la página web “www.cocacolo.com” tiene una finalidad comercial.
 
B. Demandada
La Demandada apoya su contestación a la demanda en las siguientes alegaciones:
- Lo protegido por derechos de propiedad industrial de la Demandante es, a pesar de su escasa diferencia formal, manifiestamente distinto del nombre de dominio, sin posibilidad de confusión. “Cocacolo” no es simplemente el masculino de la marca “Coca-Cola”, sino que es una palabra que en sí misma tiene diversos significados propios, entre otros: un término usado por algunos colombianos para referirse a personas que pertenecen a una generación más joven que la propia, o a quien conduce mal; un usuario de los foros en “www.nevasport.com”; un miembro de la escudería “Pichaca”; el autor de un comentario en la Red sobre la cámara Olympus America D-40 Zoom; un usuario del sitio “www.mundoumule.net”; el nombre puesto por su dueño a un catamarán de modelismo; ídem, a un vehículo “jeep”; una taquería de Cancún, México; un personaje de la película “Caín”; el modo en que Francisco J. Vargas llamó en un comentario al presidente de México, Vicente Fox. Es decir, no hay coincidencia de significado, ni fonética. Se trata de una palabra que existía con anterioridad a la fecha del registro del dominio y que, dado su significado, resultó perfecta para dar nombre al contenido de la página web, cuyo objeto es parodiar diferentes aspectos de la vida cotidiana, instituciones, compañías y personajes, contar chistes, bromas, etc.
- La controversia sobre la posibilidad de confusión de los signos en conflicto excede con creces el ámbito definido por la UDRP, que se refiere a casos claros de aprovechamiento ilícito, circunstancia que requeriría un amplio proceso, que supera el ámbito definido por la UDRP y cualquier interpretación honesta que se haga de la misma.
- En cuanto a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, hasta mayo de 2003 en que se registró el nombre de dominio, el mismo podría haber sido registrado por cualquiera, incluida la Demandante. Si esta considera a “Cocacolo” como la masculinización de su marca, lo lógico habría sido que hubiera registrado el dominio con anterioridad. El no hacerlo así no puede interpretarse sino como que la Demandante no consideraba esta expresión como la versión masculina de su marca. Además, la Demandada lleva más de dos años usando de forma efectiva este dominio, por lo que, unido a lo anterior, la actuación de la Demandante parece extemporánea. El nombre de dominio ha tenido un uso efectivo, y se trata de un nombre de dominio conocido en la Red. El Demandado es conocido en la Red por el nombre de “cocacolo”, lo que acredita su interés legítimo, cumpliendo lo establecido en el artículo 4, apartado c)ii) de la Política.
- El contador de visitas de la página web tiene como única finalidad constatar la afluencia de público de la web. Considerarlo como indicio de que la misma está en venta resulta aventurado y temerario. La gran cantidad de visitantes que la página recibe a diario es suficiente para afirmar la existencia de un interés legítimo en el dominio, máxime teniendo en cuenta que la Demandante ha tardado más de dos años en iniciar acción alguna frente al mismo.
- La Demandada trató de inscribir sin éxito la marca “cocacolo.com” en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ello es una prueba del interés legítimo que ostenta Netitalia, S.L., dado que el 26 de junio de 2003 (tan sólo transcurrido algo más de un mes después de registrar el dominio), trató de dotar de mayor legitimación esta situación.
- En “www.cocacolo.com” se contiene una actividad completamente independiente de la actividad que desarrolla Coca-Cola. La Demandada nunca ha tenido intención de confundir a los usuarios. El caso Philip Morris Incorporated v. r9.net Caso OMPI N° D2003-0004 (marlboro.com), citado por la Demandante, difiere por completo de la web “www.cocacolo.com”, ya que si bien es cierto que esta incluye publicidad, lo hace como cualquier otra página web, no dedicándose de forma exclusiva a ello. La Demandada ni tiene el dominio en venta ni está realizando ningún ofrecimiento de venta, sino que en la página aludida por la Demandante se ofrece la posibilidad de hacer una oferta al titular del dominio, de la cual es responsable quien la hace y sin que la Demandada participe en ningún momento, hasta la decisión final.
 
6. Debate y conclusiones
 
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado a satisfacción del Panel que tiene derechos sobre la marca COCA-COLA en España, país de domicilio de la Demandada. Ver sección 4 supra. El primer registro en España de la marca COCA-COLA data de 1920, habiéndola registrado la Demandante nuevamente en 1957 para varias clases del nomenclador. Lo mismo ocurrió en los años 80 y posteriormente, de donde resulta que las marcas COCA-COLA son muy anteriores al registro del nombre de dominio, efectuado en 2003.
De una comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca COCA-COLA resulta que las siete primeras letras del nombre de dominio coinciden con las siete primeras de la marca. El nombre de dominio se diferencia de la marca sólo en la octava y última letra (una “O” en lugar de una “A”), y en que no existe ni el espacio que separa a “COCA” de “COLO”, ni figura un guión en su lugar. Ninguna de esas pequeñas diferencias, ni la adición del gTLD “.com”, tiene relevancia alguna para distinguir al dominio de la marca. El nombre de dominio es casi idéntico o, en cualquier caso, es confundiblemente similar a la marca de la Demandante. Ver Draw-Tite, Inc. v. Kevin Broderick Caso OMPI N° D2000-0017. (“el agregado o supresión de un guión o de un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insustancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los términos”). Ver también Christian Dior Couture SA v. Bill Rosenfeld Caso OMPI N° D2000-0098, J. García Carrión, S.A v. Ma José Catalán Frías Caso OMPI N° D2000-0239, Caixa d'Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa Orrite Caso OMPI N° D2001-0397, Retevisión Movil, S.A. v. Juan José Martín Cabero Caso OMPI N° D2001-1479, Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A v. Eugenio Bonilla Garcia Caso OMPI N° D2002-0908, Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A v. Jamones el Campo, S.L. Caso OMPI N° D2002-1114 y Banco Río de la Plata S.A. v. Alejandro Razzotti Caso OMPI N° D2001-0173.
De tal modo queda probado el primer extremo de la Política.
 
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo al Párrafo 4(c)(i) de la Política un registrante puede acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio si, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Sostiene la Demandada que eligió el nombre de dominio por sus connotaciones humorísticas o burlescas, y que lo viene usando desde 2003. Sin embargo, el uso que ha dado al sitio web correspondiente al nombre de dominio no es una oferta de buena fe, ya que no está ofreciendo los productos de la Demandante. En cambio, la Demandada se vale del error tipográfico menor que puedan cometer usuarios de Internet para atraerlos a un sitio web con banners publicitarios propios y ajenos, y donde se publican textos e imágenes que denigran la marca de la Demandante. Un uso bona fide requiere que se vendan en forma exclusiva los productos o servicios cubiertos por la marca. Ver Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com., Caso OMPI N D2001-0903, (“El demandado debe usar el sitio para vender únicamente los productos protegidos por la marca; de otro modo, podría estar usando la marca como cebo para atraer a usuarios de Internet y re-direccionarlos a otros productos. Nikon, Inc. (USA) Nikon Corporation (Nikon Japan) v. Technilab, Caso OMPI N D2000-1774 (el uso de nombres de dominio relacionados con Nikon para vender cámaras Nikon y cámaras que compiten con Nikon no es un uso legítimo); Kanao v. J.W. Roberts Co., Caso CPR N 0109-2001) (“usar un cebo y re-direccionar tráfico no es legítimo”).
La Demandada alega además que es conocida por el nombre o apodo de “cocacolo”, pero no suministra prueba alguna de ello. Al respecto carecen de fuerza probatoria las referencias de la Demandada a contenidos de distintas páginas de la Red según las cuales algunas personas u objetos -diferentes entre sí- serían denominados con la expresión “cocacolo”, ya que la Demandada no prueba en siquiera uno de esos casos que es ella misma la así conocida. Asimismo, según lo ha probado la Demandante sin negarlo la Demandada, ésta registró también el nombre de dominio (pepsicolo.com). Aunque un par de intentos del Panel por conectarse con el respectivo sitio web no tuvieron éxito, y no se pudo determinar si existe un sitio web bajo ese dominio, y con qué contenido, en poco contribuye ese simple registro a la credibilidad del argumento de la Demandada de que es “corrientemente conocida” –”commonly known” en el original de la Política- por el nombre o apodo de “cocacolo”. El registro de (pepsicolo.com) más bien sugiere que la Demandada está también tratando de aprovechar el renombre de otras marcas famosas mundialmente de refrescos.
En Ast Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken Caso OMPI N°D2001-1324, dijo el panel refiriéndose al Párrafo 4(b)(ii) de la Política: “Dado que probar que se tiene ‘interés legítimo’ puede desvirtuar un cargo de cybersquatting de acuerdo a la Política, un panel debe ser cuidadoso para asegurarse de que es legítima la pretensión de un demandado de que ‘ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio.” Ver Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz, Caso OMPI N°D2000-0204 (determinando que hay interés legítimo cuando el demandado presentó prueba de que ‘por muchos años ha sido conocido por el apodo de ‘Penguin’’). Son insuficientes los apodos simplemente casuales u otras alegaciones no probadas de un uso pasado. Ver, e.g., DIMC The Sterwin-Williams Company. v.Quang Phan, Caso OMPI N D2000-1519 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo ‘Krylon’ ante la ausencia de prueba de cuándo se había adoptado el apodo alegado, y de cómo se lo había usado); Red Bull GmbH v. Harold Gutch, caso OMPI N D2000-0766 (rechazando la pretensión de que el demandado era conocido por el apodo de “Red Bull” desde niño porque no proporcionó evidencia para apoyar esa alegación); Gambro Lundia AB / Healthcare, Inc. v. Family Health & Wellness Center, Caso OMPI N D2001-0447 (el demandado no presentó evidencia para apoyar la sugerencia de que su empleado era conocido por el apodo de “Gambro”); [...] Particularmente cuando las alegaciones de mala fe no son insustanciales, un panel debe exigir una prueba persuasiva de un uso bona fide del nombre.
La Demandada cita en su apoyo PRL USA Holdings, Inc. v. Ung Caso OMPI N D2002-0250, en que se confrontaba la marca “POLO” con el nombre de dominio (polo-home.com). El Panel opina que la cita es inapropiada, ya que los hechos fueron totalmente distintos del presente caso. En PRL USA Holdings dijo el panel actuante: “La evidencia sugiere que el nombre legal del demandado es Polo Ung y que se lo conoce por ese nombre. Por cierto, su sitio web confirma que ‘Polo’ no es simplemente su nombre, sino que es un medio por el cual él y su familia pueden identificar sus actividades, y por el cual sus amigos y familia pueden acceder a las fotos de su boda y otras. Esto sugiere que el sitio web es legítimo, y que la palabra descriptiva ‘home’ es un medio perfectamente apropiado para identificar lo que se encuentra en el sitio web.” Está claro que el presente caso ni siquiera se aproxima al mencionado.
Los banners que contiene el sitio web de la Demandada, en particular el de “www.eljamoncito.com” bajo un nombre de dominio también perteneciente a la Demandada, con el que se comercializan jamones ibéricos y otros productos, indican el propósito comercial del sitio web de la Demandada bajo el nombre de dominio en cuestión. No puede pasarse por alto que Netitalia, S.L, titular del dominio, es una sociedad de responsabilidad limitada, con objeto comercial, según se ha visto en la sección 4 supra. Queda por lo tanto desvirtuada la alegación de la Demandada de que su sitio web es simplemente humorístico. Dado que el sitio tiene finalidad comercial, que con el nombre de dominio se desvía de manera equívoca a los consumidores mediante el typosquatting, y que allí se denigra una marca del Demandante –ver sección siguiente-, la Demandada no puede sostener que tiene derechos o intereses legítimos sobre la base de un uso honesto (“fair use”) no comercial, conforme al Párrafo 4(b)(iii) de la Política. Ver Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino de Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L Caso OMPI N D2002-0830.
Alega asimismo la Demandada que el registro y uso del sitio web le otorga un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. El Panel no cree que se puedan fundar derechos o intereses legítimos a cualquier nombre de dominio sobre la base del simple uso o por el simple hecho de haberlo registrado. De aceptarse ese argumento, todo registrante tendría derecho o interés legítimo por el solo registro, con lo que la Política –que requiere que un demandante pruebe que el titular del dominio carece de derechos o intereses legítimos- sería inaplicable en todos los casos. Por conducir a un absurdo, el argumento debe descartarse. Ver Christie’s Inc. v. Nicholas Stirpe Caso OMPI N D2001-0044, (“El simple registro únicamente no puede constituir tales derechos”).
La Demandada tampoco puede establecer derechos o intereses legítimos en razón de una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar estos procedimientos. Además de que la Política no contiene exigencia alguna al respecto, ciertamente no parece extemporánea la actuación de la Demandante, ya que en septiembre de 2003, a cuatro meses del registro del dominio por la Demandada, aquella intimó por medio fehaciente a la Demandada para que cancelara el registro o le transfiriera el nombre de dominio por lo que costó registrarlo, reiterando dos veces ese requerimiento posteriormente. Ello no ha sido negado por la Demandada que fue quien dejó pasar todo ese tiempo sin enviar contestación alguna a la Demandante. No se puede considerar que exista aquiescencia, pasividad o extemporaneidad alguna de la Demandante.
Asimismo, la Demandante impugnó oportuna y exitosamente la solicitud de marca “COCACOLO.COM” presentada por el señor Azzolini Fernández ante la OEPM poco tiempo después de que la Demandada registrara el nombre de dominio. Desde el punto de vista del derecho de marcas esa actuación administrativa indica una falta de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “COCACOLO.COM”. Aunque el registro de nombres de dominio no sigue principios idénticos a los del derecho de marcas, de aquella denegatoria no se desprende derecho alguno de la Demandada para registrar un nombre de dominio casi idéntico a una marca famosa ajena.
El Panel considera probado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
 
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Sostiene la Demandante que el nombre de dominio fue registrado con el fin de ser vendido, y para ello indica que el dominio figura en el sitio “www.nemesis-i.com” bajo la leyenda “Buy this domain”. La Demandada niega que ese hecho constituya una oferta de venta, dado que en esa página web también se indica que quien haga una oferta por el dominio se considerará como único iniciador de la operación. Aunque el hecho de publicar el propio nombre de dominio en un sitio donde se reciben ofertas de compra de nombres de dominio podría indicar que es aplicable el Párrafo 4(b)(i) de la Política, el Panel no cree necesario llegar a una conclusión al respecto, considerando que – como puede verse a continuación- el nombre de dominio en cuestión se ha registrado y se usa de mala fe, independientemente de que haya existido o no un propósito de venta.
En primer lugar, el nombre de dominio registrado es prácticamente idéntico, y en todo caso confundiblemente similar, a una marca renombrada mundialmente. Es indudable que la Demandada tenía conocimiento perfecto de la existencia de la marca y de su renombre al registrar el nombre de dominio, con lo que quiso aprovecharse indebidamente de la reputación ajena. Siendo esto así y faltando todo interés legítimo no parece dudoso que el registro se hizo con mala fe. Ver Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave Caso OMPI N D2000-0018 (“el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe”). Ver también Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez Caso OMPI N D2000-0483.
En segundo lugar, al registrar un nombre de dominio casi idéntico a una marca mundialmente famosa y de altísimo valor económico -aspectos reconocidos en el escrito de contestación de la demanda- la Demandada buscó aprovechar el error dactilográfico que cometen los navegantes de la Red cuando, al intentar conectarse con el sitio de la Demandante, escriben una “o” en lugar de la “a” final. Eso es un claro ejemplo de typosquatting, realizado con la finalidad nada inocente de “atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea” (Párrafo 4(b)(iv) de la Política).
En tercer lugar, la Demandada muestra en su sitio web un envase idéntico al de la “Diet Coke”, conocido refresco de la Demandante, pero exhibiendo la leyenda “Diet Caka”. Eso es claramente denigratorio de las marcas de la Demandante, por lo que la Demandada incurre en un uso de mala fe del nombre de dominio en el sentido del Párrafo 4(a)(iii) de la Política. Este acto es prueba inequívoca de que la Demandada conocía y conoce los productos protegidos por la renombrada marca de la Demandante, lo que demuestra su mala fe. Por supuesto, el Panel no pone aquí en cuestión la libertad de expresión en Internet, ni el derecho a parodiar, o a burlarse (con buen o mal gusto) de quien se quiera, sino el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio casi idéntico a una marca famosa que se conoce de sobra. En CSA International a,k,a, Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc Caso OMPI N°D2000-0071., dijo el panel: “El reclamo de los demandados respecto de derechos e intereses legítimos se basa esencialmente en una pretensión de libertad de expresión y de opinión, pero ese derecho no requiere para ese propósito el uso de las marcas del Demandante en los nombres de dominio”. Ver también Metro Bilbao, S.A. v. Ignacio Allende Fernández Caso OMPI N D2000-0467.
En distintos momentos entre los días 2 y 10 de febrero de 2006 integrantes de este Panel intentaron visitar el sitio web en “http://www.cocacolo.com”, y se encontraron con una página web con este único texto: “DOMINIO DESACTIVADO – CONTACTE CON EL ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR”. Esta “desactivación” refuerza la credibilidad de las alegaciones de la Demandante en cuanto al contenido del sitio web de la Demandada, en particular sobre la existencia de banners comerciales, y textos e imágenes denigrantes para las marcas de la Demandante. Así lo acreditan las elocuentes impresiones en papel del sitio web acompañadas a la demanda, no cuestionadas por la otra Parte.
En conclusión, el Panel considera probado el tercer elemento de la Política.
 
7. Decisión
 
Por las razones expuestas, en conformidad con los Párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio (cocacolo.com) sea transferido a la Demandante.
 
________________________________________
Roberto Bianchi
Experto Presidente
________________________________________
Alberto Bercovitz
Experto
________________________________________
Gabriela Paiva Hantke
Experta
 
Fecha: 13 de febrero de 2006
 
 
(*) Reproducido con la amable autorización de la OMPI

DESPIDO DISCRIMINATORIO. Discriminación antisindical. Interpretación de normas de jerarquía constitucional y supralegal. Jus cogens. ONUS PROBANDI en caso de despidos lesivos de derechos fundamentales. Criterios. Despido arbitrario. Ilicitud. AMPARO. NULIDAD del despido discriminatorio. Derecho del trabajador a la readmisión en el empleo. Daño material. Daño moral  
 Expte. 144/05 S.D. 68536 - "Parra Vera Maxima c/ San Timoteo SA s/ accion de amparo" - CNTRAB - SALA V - 14/06/2006 
 "Uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que el derecho a la no discriminación arbitraria, no sólo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que -como intentaré fundamentar más adelante- ha ingresado en el dominio del jus cogens, cuando el trabajador se considera injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba. Existen circunstancias en las cuales la carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder a la víctima que alega una discriminación, y en todo caso la duda debe beneficiar a ésta (Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T., Estudio general de 1988 sobre Igualdad en el empleo y la ocupación)." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"Las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes, recomendaciones, estudios y demás opiniones constitutivas de la doctrina de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, y, en general, las opiniones y decisiones adoptadas por los organismos internacionales de fiscalización y aplicación de los tratados, pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional y supralegal deben servir de guía insoslayable para su interpretación y aplicación por los tribunales argentinos. En base a las pautas precitadas, considero razonable que en materia de despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales el onus probandi quede articulado de la siguiente manera. El trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél. Para ello no basta una mera alegación, sino que ha de acreditar la existencia de algún elemento que, sin servir para formar de una manera plena la convicción del tribunal sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, le induzca a una creencia racional sobre su posibilidad. Desde esta perspectiva, son admisibles diversos resultados de intensidad en el ofrecimiento de la prueba por el trabajador y que, aun pudiendo aportarse datos que no revelen una sospecha patente de vulneración del derecho fundamental, en todo caso habrán de superar un umbral mínimo, pues, de otro modo, si se funda el reclamo en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá pretender el desplazamiento del onus probandi al demandado." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"Una vez configurado el cuadro indiciario precitado, recae sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"El hecho de que la actora haya sido una permanente luchadora y activista por los derechos propios y de los demás trabajadores, se haya enfrentado permanentemente a la patronal, y que -pese a esas circunstancias- la demandada hubiera mantenido el vínculo laboral por más de 20 años, no basta para descartar en el "sub-lite" el panorama indiciario de discriminación antisindical del despido. En efecto, una decisión empresarial dirigida a sancionar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador puede adoptarse en respuesta a una determinada actuación de aquél, pese a no haberse tomado en el caso de otras actuaciones anteriores, o puede adoptarse en el momento en que la acción del trabajador alcanza una dimensión o intensidad determinadas, pese a no haberlo hecho en fases iniciales o anteriores del mismo proceso reivindicativo." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"La accionada no sólo ha vulnerado los derechos de la actora a la protección contra el despido arbitrario y al trabajo al constituir el despido un acto incausado y, por tanto, ilícito, sino también ha transgredido el derecho fundamental de la trabajadora a no ser discriminada por motivos antisindicales consagrado en normas constitucionales e internacionales de jerarquía constitucional y supralegal e integrante del jus cogens, configurándose de ese modo otra ilicitud escindible de aquélla cuya sanción no puede ser subsumida en las normas de la ley de contrato de trabajo que reglamentan el derecho a la protección contra el despido arbitrario y al trabajo." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"En caso de despido discriminatorio por motivos antisindicales, el trabajador puede demandar la nulidad del despido y la readmisión al empleo, pues ese es el modo más idóneo y eficaz para garantizar in natura el contenido esencial del principio fundamental vulnerado. En esa línea se inscribe el art. 1º de la ley 23.592." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"El despido discriminatorio vulnera el derecho fundamental del trabajador a no ser discriminado arbitrariamente amparado por las normas de jerarquía constitucional y supralegal mencionadas y por el jus cogens, razón por la cual la garantía plena y eficaz de ese derecho es la nulidad del despido y la reincorporación al puesto de trabajo. De no admitirse la invocación de la ley 23.592 por parte de un trabajador afectado por un despido discriminatorio, se estaría consagrando una discriminación jurídica inadmisible." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"En la medida que todos los habitantes tienen el derecho fundamental a no ser discriminados arbitrariamente, es irrefutable que también los trabajadores asalariados, categoría singular de personas integrantes del ámbito subjetivo general abierto por el pronombre "todos", son titulares del referido derecho en cualesquiera circunstancias, y también por ello, en el ejercicio de su actividad profesional debida en virtud del contrato de trabajo que les une a su empleador. Ese derecho fundamental no es ciertamente un derecho específicamente laboral, en el sentido que tenga su origen o razón de ser, exclusiva o principalmente, en el ámbito estricto de las relaciones laborales, y de modo que no sea posible técnicamente su ejercicio extramuros de las mismas." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón)

"El despido discriminatorio padecido por la actora es un acto nulo de objeto prohibido y, además, ilícito, por lo que propicio revocar la sentencia de grado, y hacer lugar a la acción de amparo, declarando la nulidad del despido, y condenando a la demandada a readmitir a la trabajadora en el empleo, y a resarcir los daños y perjuicios pertinentes (conf. arts. 18, 953, 1044, 1066, 1083 y concs., C. Civ.; 1º, ley 23.592)." (Del voto del Dr. Zas al que adhirió el Dr. Simón) 

MARCAS. SOFTWARE. Utilización de licencias sin haberlas adquirido. Carga de la prueba. DAÑOS. DAÑO MORAL. Reconocimiento a una sociedad. Rechazo. INDEMNIZACIONES. Acuerdo TRIP'S. Legislación aplicable. Determinación del monto de la indemnización. Moneda de pago. Aplicación del Dec. 704/2002  
 CAUSA 44/00 - "Microsoft Corporation c/ PARANA SA de Seguros s/varios propiedad industrial intelectual" CAUSA 1025/99 - "Microsoft Corporation y otros c/Parana Sociedad Anónima de Seguros s/ medidas preliminares y de prueba anticipada" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 02/05/2006  
 "El perito en informática señaló en su dictamen que "es necesario adquirir licencias por las computadoras que deseen acceder al server", y detalló a fs. 683 las licencias faltantes. Pero no se trata sólo de licencias faltantes: el mismo experto señala que algunas computadoras tenían instalado software de la actora con números de licencia "111111111", lo cual constituye un fuerte indicio de que fueron instalados mediante una copia en la se adulteró el verdadero número de licencia. La actora no puede probar un hecho negativo -esto es, la falta de licencia- por lo que la carga de la prueba fue adecuadamente impuesta en la demandada."

"El uso indebido de una marca no genera por sí solo un daño (cfr. causas 34438 del 2.11.95, 5822 del 23.12.96, 1889 del 12.10.00) y la actora no ha acreditado otro daño que el que proviene del empleo de sus licencias sin haberlas adquirido. Siendo por otra parte la actora una sociedad, la pretensión de que se la resarza por daño moral es inadmisible (cfr.causas 6348 del 30.6.78, 3081 del 28.4.80, 575 del 7.4.82, 284 del 10.8.90, 1611 del 27.8.91, 34438 del 2.11.95)."

"El segundo agravio se relaciona con la condena a pagar los daños más los intereses, que la recurrente encuentra inadmisible por su carencia de efecto disuasorio. Pero el Acuerdo Trip´s no habla de disuadir sino de compensar, de donde la pretensión de la actora no puede tener acogida. Ella pregunta retóricamente si con este tipo de indemnización deberá verse obligada a litigar contra cualquier infractor, y me temo que -con este tipo de legislación- la respuesta correcta es la afirmativa."

"En cuanto al agravio relativo a la indemnización por uso indebido de licencias. Ante todo, nunca podría concederse la suma de u$s 59899,55, mencionada en el memorial a fs. 773, pues ello implicaría fallar ultra petitio. En efecto: la actora precisó su reclamo a fs. 141 y estimó con exactitud este rubro en la cantidad de u$s 57799,30 (el reclamo total corresponde a un monto superior, pero he desestimado ya los restantes rubros). Aclarado esto, me ocuparé de la cantidad de licencias faltantes. El Acuerdo Trip´s no obliga a un cálculo preciso de indemnización, sino sólo -como ya he dicho- a la compensación del perjuicio. Aplicando entonces con prudencia el artículo 165 del Código Procesal, sobre la base de los presupuestos acompañados en autos, estimo adecuado un resarcimiento de u$s 52000. Esto me lleva a justificar la moneda de pago."

"Como bien recuerda la actora a fs. 769, las licencias Microsoft son importadas de los Estados Unidos, por lo que se trata de mercaderías cuyo valor se expresa en dólares. Esta circunstancia indica que la obligación de autos está excluida del régimen de conversión a pesos, en las condiciones del artículo 1, inciso g) del decreto 410/02, en la redacción que le asigna el decreto 704/02." 

DESPIDO INDIRECTO. Acoso moral y sexual en el ámbito del trabajo. In dubio pro operario. DAÑO MORAL. Solidaridad entre la empresa empleadora y el gerente. Indemnizaciones. Indexación. Constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 25561  
 SD. 39189 CAUSA 24725/04 - "R., M. R. c/ BOEDO 708 S.R.L. y otro s/ despido" - CNTRAB - SALA VII - 08/05/2006 
 "Los testimonios producidos dan noticia cierta del comportamiento obsesivo- persecutorio y de hostigamiento del Sr. D- hacia la trabajadora consistente en actitudes cambiantes ("...a veces de cariño y otras agresión...") y en ciertos "roces" o "contactos físicos" para con la trabajadora ("...pasaba por detrás de ella tomándola de la cintura, del brazo...", "...le tocaba la mano, le ponía la mano en el hombro, que cuando estaba haciendo el café, el se iba detrás de ella..."); como así también dan noticia cierta del malestar y disgusto que el rostro de la actora trasuntaba en aquellas situaciones. Ahora bien, el nudo hecho tal como viene acreditado por los testigos revela a todas luces que la trabajadora sin duda guardaba cierta bronca u ofuscación hacia la persona del Sr. D-, por lo que no resulta ilógico que viniera tolerando cierta situación que derrapó en el incidente suscitado y que el Sr. D- aprovechó para sancionarla y poder avalar así un distracto justificado (art. 386 antes cit.)."

"La decisión de proceder a aplicar a la trabajadora una suspensión de cinco días ante una conducta que a la luz de la testimonial analizada se presenta de manera aislada, aún prescindiendo de si hubo o no cierto "acoso sexual y moral" para con la actora, lo cierto y demostrado es que dicha medida se aprecia precipitada y desmesurada ante una empleada que tampoco registraba algún antecedente disciplinario desfavorable; máxime cuando es dato firme que el demandado teniendo oportunidad de modificar la medida ratificó su decisión."

"Resulta cierto y demostrado el estado de ánimo de la trabajadora para con D., lo que me forma convicción de que ésta se encontraba ofuscada con su empleador, y esto es lo que me lleva ante ambas conductas a ponderar más detenidamente la asumida por el Sr. D. ante la intimación telegráfica que le hiciera la trabajadora (reiteró su decisión amenazándola con proceder a su inmediato despido, v. teleg. fs. 5/7), todo ello desde la perspectiva de enfoque que brinda la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 242 cuando enuncia genéricamente el criterio con el cual deben ser juzgados los actos que constituyen inobservancias graves a los deberes de las partes en donde se prescribe entre otras cosas las modalidades y las circunstancias personales en cada caso."

"En el caso no puede interpretarse la situación sino mas bien a favor de la Sra. R. ("in dubio pro operario"); por lo que propicio sin mas la confirmatoria del fallo apelado en lo substancial que fuera materia de recurso y agravio de la parte demandada."

"Si bien en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluído en el concepto de injuria laboral y dá derecho a una indemnización tarifada (art. 242 L.C.T.), no resulta ser menos cierto que, en el presente caso, el distracto vino acompañado de una conducta adicional del empleador y ajena al contrato de trabajo que causó perjuicio a la trabajadora desde el punto de vista extracontractual, esto es, cuando se causa un daño que resulta indemnizable aún en ausencia de un vínculo laboral, dejando la ley en la discrecionalidad de los jueces fijar dicha reparación que, en el caso, la suma fijaba por la "a-quo" se aprecia acorde a las circunstancia comprobadas, por lo que sugiero su confirmación (arg. art. 522 del Cód. Civil)."

"Si bien al votar en los autos "VALLEJOS Marcelino Agustín c/ COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.R.L. Y OTRO s/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL" Exp. Nº 8.993/01 del Registro de la Sala VIa., en fecha 16 de noviembre de 2.005, adherí al voto del doctor Rodolfo Ernesto Capón Filas, en el sentido de confirmar la declaración de inconstitucionalidad de oficio declarada por la señora juez de primera instancia respecto del artículo 4 de la ley 25.561, atento las particularidades del caso, y con fundamento en la equidad, en los presentes autos debo expedirme en sentido contrario en lo que respecta a esta "vexata quaestio", ateniéndome a lo dispuesto por esta Excma. Cámara en el Acta Nº 2357, de siete de mayo de 2.002, en el sentido de que sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2.001 acuerda, a partir del 1º de enero de 2.002 la aplicación de la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, y para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplicará el promedio del mes anterior, por estimar que es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la respondabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea éste real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito." 

INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. Registro de una marca ajena como nombre de dominio. Registro en NIC ARGENTINA no otorga derecho irrevocable. Prioridad absoluta del primero que solicitó el nombre de dominio. Rechazo  
 "Industrias Solano SA c/ Gallo, Hugo y otro s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - 09/05/2006 
 "Con relación a la prioridad absoluta de quien primero solicita el registro del nombre de dominio, cabe resaltar que el art. 953 del Código Civil prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, en tanto que el art. 1071, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres."

"Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Regla Nº 10 de las Reglas para el Registro de Nombre de Dominio en INTERNET Argentina (Resolución 2226/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -B.O. 29/8/00-) el hecho de que NIC-ARGENTINA registre un nombre de dominio a favor de un registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante, y en virtud de ello, no le corresponde a NIC-ARGENTINA evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido al registro, no le otorga ningún derecho irrevocable a la accionada (cfr. esta Sala, causas 6150/00 del 7/9/00, 6600/00 del 30/11/00 y 4218/98 del 13/3/03)."

"Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la prioridad absoluta que el codemandado Hugo Gallo pretende con fundamento en que fue el primero en solicitar el nombre de dominio, y en la falta de prueba de la existencia de mala fe, no es atendible habida cuenta de la no controvertida precedencia de la actora como titular de la marca en la que sustenta su pretensión." 

CONTRATOS PARA FINES DETERMINADOS. Círculos cerrados. Compraventa de automotor. Emergencia económica. Determinación de la cuota. Reajuste según el valor móvil del bien. Pretensión del adquirente de que se mantenga el precio de las cuotas o se ajusten de acuerdo a las pautas inflacionarias publicadas por el INDEC. Improcedencia. Resolución conjunta n° 366/02 y 85/02 de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía. Inexistencia de violación al principio constitucional de igualdad  
 "Scolieri, Antonio c/Fiat Auto SA s/ordinario" - CNCOM - 26/04/2006 
 "El actor demandó que se ordene a Fiat Auto S.A., que: a) mantenga el precio de las cuotas relativas al contrato de compra de un automotor o, en su defecto, de considerarse que las mismas deben ser incrementadas, que lo sean de acuerdo a las pautas inflacionarias publicadas por el INDEC; b) se establezca, una vez fijada la cuota definitiva en un marco de justicia y equidad, un nuevo plan de pagos acorde a la nueva cifra que se especifique; c) se eliminen de la liquidación, en caso de no admitirse lo peticionado en los puntos anteriores, los gastos administrativos -o que se los reduzcan a la mínima expresión-, y los rubros seguro de vida y seguro del bien; y d) abone los daños y perjuicios causados, por privación del vehículo y daño moral."

"Aun cuando es cierto que la resolución de la Inspección General de Justicia n° 1/2002 previo la imposibilidad de incrementar las cuotas de acuerdo a la evolución del precio de los bienes objeto del contrato, también lo es que ulteriormente la resolución conjunta n° 366/02 y 85/02 de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, dio continuidad al régimen que surge de la Resolución Conjunta n° 950 y 351 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y ex Ministerio de Justicia del 23.8.94, aclaratoria del alcance del art. 7 de la ley 23.928, ratificado por decreto 601/95. Así resolvieron que en los contratos para fines determinados bajo la modalidad de "grupos cerrados", el importe de las cuotapartes podría quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en los contratos -art. 1-. De ello se deriva que no existía impedimento proveniente de la ley 25.561 y disposiciones complementarias para que, respetando la regla del art. 1197 del cód. civil, se continúe con ulterioridad a su vigencia con el sistema de cálculo de la deuda previsto en el contrato de ahorro previo para fines determinados -en el caso, determinación de la cuota de conformidad con el precio que tenga un producto determinado en el o los momentos que convengan las partes al efecto- (v. en ese sentido, esta Sala, "Estarellas, Rafael Elías c/ Círculo de Inversores S.A. de Ahorro p/f determinados s/ ordinario", del 31.10.05; id. "Circulo de Inversores S.A. de Ahorro p/f determinados c/ Oliva, Francisco Abel y otros s/ ejecución prendaria, del 7.11.02; entre otros)."

"Por ende, fue procedente el cálculo de la deuda con sujeción al reajuste pactado oportunamente por las partes en el contrato."

"Admitir la forma de cómputo propuesta por el accionante, implicaría colocar en situación de inequidad a los ahorristas que pagaron las cuotas mes a mes soportando la variación del valor de la cuota mensual según la fluctuación del precio del vehículo impuesta por el fabricante (cfr. esta Sala, precedente "Estarellas" referido, con cita de la CNCom., Sala D -integrada por los Dres. Cuartero y Díaz Cordero-, "Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados c/ Ayesteran, María s/ ejecución prendaria", del 10.6.04). En tal virtud, la queja sobre el punto no puede tener acogida."